STC689-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC689-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00012-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Nelson Jaramillo Estrada, quien afirma representar a la sociedad Jaramillo Estrada Ltda., frente a la Fiscal\u00eda Veinticinco Seccional, la Personer\u00eda Municipal, el Procurador Delegado Para Asuntos Ambientales, Departamento Administrativo de Gesti\u00f3n del Medio Ambiente, -DAGMA-, todos de Cali, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Valle del Cauca -C.V.C-, el y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali; extensiva a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor suplica la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por los accionados. <\/p>\n
2. Del confuso y extenso ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
En el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, se tramita, en contra del quejoso y la empresa Jaramillo Estrada Ltda., juicio ejecutivo hipotecario adelantado por la sociedad Mejor Vivir Constructora S.A., asunto en el cual se decret\u00f3 el embargo y secuestro de los inmuebles identificados con los folios de matr\u00edculas inmobiliarias No. 370-17638 y 370-38368. <\/p>\n
Mediante sentencia STC7237-2019, esta Sala, orden\u00f3 al citado despacho vincular al pleito sublite, a la Personer\u00eda Municipal de esa ciudad y a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Ambientales, \u201ccon el fin de constatar la veracidad de las denuncias elevadas por el aqu\u00ed actor\u201d, respecto de la protecci\u00f3n ambiental de la que gozan los predios objeto de cautela. <\/p>\n
Cumplido lo anterior, el extremo pasivo de ese compulsivo requiri\u00f3 el levantamiento de las referidas medidas, aduciendo que los bienes hacen parte de las \u201creservas forestales de las cuencas h\u00eddricas del pa\u00eds\u201d, pedimento denegado en auto de 20 de septiembre de 2020, pues, seg\u00fan adujo el fallador, uno de los fundos no hace parte del Sistema Municipal de \u00c1rea Protegida (SIMAP) y, el otro, aunque s\u00ed est\u00e1 situado en una Zona Rural de Regulaci\u00f3n H\u00eddrica (ZRH), puede ser objeto de remate, pues de practicarse esa diligencia \u00fanicamente se afectar\u00eda la titularidad del bien y no los valores ambientales del cual es \u201csujeto de protecci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Esa providencia fue apelada por el tutelante, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, quien, el 18 de agosto de 2020, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo. <\/p>\n
El actor censura las mencionadas decisiones, pues, en su sentir, se tuvo en cuenta un informe rendido por la Personer\u00eda Municipal de Cali, el cual contiene \u201c(\u2026) la presunta falsa interpretaci\u00f3n de los convenios internacionales firmados por Colombia ante las Naciones Unidas para la protecci\u00f3n de las cuencas h\u00eddricas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Aduce el gestor que, por los hechos anteriormente narrados, impetr\u00f3 en la Fiscal\u00eda Veinticinco Seccional de la mencionada capital, acci\u00f3n penal contra la empresa Mejor Vivir S.A. por el delito de \u201cfraude procesal\u201d; sin embargo, esa autoridad ha \u201cguardado silencio\u201d ante su denuncia. <\/p>\n
3. Implora, en concreto, ordenar a la referida Personer\u00eda corregir el \u201cinforme\u201d emitido en el caso bajo estudio, y exigirle al citado ente investigativo adelantar el correspondiente \u201cjuicio oral\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. La Corporaci\u00f3n Regional Aut\u00f3noma del Valle del Cauca solicit\u00f3 ser desvinculada del presente ruego, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
2. El juzgado querellado remiti\u00f3 el \u201clink\u201d digital de consulta del expediente contentivo del pelito subex\u00e1mine. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. Para resolver el caso, la corporaci\u00f3n recriminada comenz\u00f3 indicando que el inmueble registrado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-17638, se encuentra \u201cal interior de uno de los pol\u00edgonos prioritarios para declaratoria\u201d en el Sistema Municipal de \u00c1reas Protegidas (SIMAP), sin aun estar incluido dentro de \u00e9ste, pues as\u00ed lo certific\u00f3, tanto la Personer\u00eda, como el Departamento Administrativo de Planeaci\u00f3n Municipal de Cali, motivo por el cual, se adujo, no existe limitaci\u00f3n alguna para que sobre ese bien recaiga la cautela criticada por el quejoso, <\/p>\n
\u201c(\u2026) sin perjuicio de que, una vez el mismo sea declarado dentro de los bienes que integran el Sistema Municipal de \u00c1reas Protegidas de Cali \u2013 SIMAP, e hipot\u00e9ticamente tal inclusi\u00f3n var\u00ede su naturaleza de bien privado a de uso p\u00fablico (en caso de que por las especiales circunstancias del bien ello deba ser as\u00ed), su situaci\u00f3n jur\u00eddica sea nuevamente revisada por la judicatura antes de ordenar su venta forzada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ahora, respecto del predio con folio N\u00b0 370-38368, adujo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]e entrada es menester advertir que las normas que regulan las zonas protegidas por el SIMAP no limitan la posibilidad de que un inmueble de propiedad privada, afectado por tal protecci\u00f3n ambiental, sea objeto de embargo y un posterior remate ya que, toda vez que el mismo, al no haber sido objeto de negociaci\u00f3n directa-voluntaria o de expropiaci\u00f3n, tal como lo dispone el Decreto 953 del 2013, en su art\u00edculo 6, que regula el procedimiento especial para la adquisici\u00f3n de predios priorizados que propenden la conservaci\u00f3n de recursos h\u00eddricos, no ha mutado su condici\u00f3n a un bien de uso p\u00fablico, inalienable\u201d. <\/p>\n
\u201cEn raz\u00f3n a lo antes expuesto, si el predio tiene la titularidad del derecho de dominio en cabeza de un particular, y a la fecha, no se ha sometido a una negociaci\u00f3n directa voluntaria o no ha sido objeto de expropiaci\u00f3n \u201cni sometido por la ley a la reserva de dominio privado\u201d (art\u00edculo 63 C.P.), en principio puede soportar una medida cautelar como la decretada y, por ende, no se encuentra inmerso en la causal 3 del art\u00edculo 594 del C.G.P.\u201d. <\/p>\n
\u201cLo anterior, claro est\u00e1, sin perder de vista que, (\u2026) la propiedad privada sobre los recursos naturales renovables est\u00e1 sujeta a todas las limitaciones y restricciones que derivan de la funci\u00f3n ecol\u00f3gica de la propiedad, como en el presente asunto, en donde el propietario de los bienes afectos debe atender limitaciones a su utilizaci\u00f3n a fin de garantizar la conservaci\u00f3n de las \u00e1reas de protecci\u00f3n ambiental, y no as\u00ed que la misma protecci\u00f3n no pueda mantenerse si el bien cambia de titular de dominio\u201d. <\/p>\n
\u201cConforme a lo anterior, errado ser\u00eda concluir que la medida de embargo y secuestro decretada sobre el inmueble que hace parte del Sistema Municipal de \u00c1reas Protegidas (SIMAP) deba ser levantada, toda vez que, si bien se trata de un predio protegido, eso no imposibilita su enajenaci\u00f3n, y por tanto, ser objeto de embargo y posterior venta forzada; situaci\u00f3n \u00e9sta que tambi\u00e9n ha sido contemplada por la Personer\u00eda Municipal al se\u00f1alar que: \u201cLo anterior deja claro que los valores ambientales que posee el inmueble identificado con Numero Predial Nacional 760010000560000080041000000000 y el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 370-38386, especialmente los relacionados con la Zona Rural de Regulaci\u00f3n H\u00eddrica (ZRH), no impiden su embargo o posterior remate si es el caso, puesto que lo que est\u00e1 en juego es la titularidad del inmueble y no los valores ambientales que lo sujetan a especial protecci\u00f3n, los cuales permanecen independientemente de quien sea su titular\u201d. <\/p>\n
3. La rese\u00f1ada argumentaci\u00f3n demuestra la equivocaci\u00f3n cometida por el tribunal, pues en el asunto puesto a su conocimiento no atendi\u00f3 a todas las normas de rango superior que, sobre el tema de espacio p\u00fablico, rigen el caso. Veamos: <\/p>\n
El art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2245 del 29 de diciembre de 2017, emitido por el Ministerio de Medio Ambiente, se\u00f1ala que una ronda hidr\u00e1ulica \u201cse constituye en una norma de superior jerarqu\u00eda y determinante ambiental\u201d y est\u00e1 integrada por la \u201c(\u2026) faja paralela a la l\u00ednea de mareas m\u00e1ximas o a la del cauce permanente de r\u00edos y lagos, hasta de treinta metros de ancho (\u2026)\u201d y por \u201c(\u2026) el \u00e1rea de protecci\u00f3n o conservaci\u00f3n aferente (\u2026)\u201d, para cuyo cuidado la autoridad competente debe establecer \u201cdirectrices de manejo ambiental\u201d, seg\u00fan la Gu\u00eda T\u00e9cnica elaborada para tal efecto1. <\/p>\n
A voces del art\u00edculo 206 de la Ley 1450 de 2011, corresponde a las Corporaciones Aut\u00f3nomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos P\u00fablicos Ambientales efectuar, en el \u00e1rea de su jurisdicci\u00f3n y en el marco de sus facultades, el acotamiento de las referidas zonas de preservaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU- 842 de 2013, destac\u00f3: <\/p>\n
\u201cLa protecci\u00f3n al medio ambiente obliga al Estado a adoptar medidas encaminadas a evitar o minimizar su deterioro y a que el desarrollo econ\u00f3mico y social se realice de manera arm\u00f3nica con el ambiente. Este mandato de conservaci\u00f3n impone la obligaci\u00f3n de preservar ciertos ecosistemas, as\u00ed como tambi\u00e9n las \u00e1reas de especial importancia ecol\u00f3gica, y admitir como usos compatibles con los mismos aquellos que resulten arm\u00f3nicos o afines con su salvaguarda y distantes de su explotaci\u00f3n. Dentro de las \u00e1reas de especial importancia ecol\u00f3gica se encuentran los humedales, precisamente por las funciones regenerativas, de preservaci\u00f3n y equilibrio ambiental que cumplen, a nivel de flora, fauna y sistemas h\u00eddricos, con miras a lograr mejores condiciones naturales de vida digna. Son definidos por la Convenci\u00f3n de Ramsar, aprobada mediante la Ley 357 de 1997, como \u201cLas extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean \u00e9stas de r\u00e9gimen natural y artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros\u201d. Los humedales no solo est\u00e1n conformados por el cuerpo de agua o zona de inundaci\u00f3n, sino por \u00e1reas de transici\u00f3n tales como la ronda hidr\u00e1ulica y la zona de manejo y preservaci\u00f3n ambiental.\u201d <\/p>\n
\u201cEl constituyente de 1991 consider\u00f3 necesario brindar al espacio p\u00fablico una protecci\u00f3n constitucional. Esto lo concreta en los art\u00edculos 82, 63 y 102 de la Carta Pol\u00edtica, entre otros, cuando (i) le atribuye al Estado el deber de velar por su protecci\u00f3n e integridad y por su destinaci\u00f3n al uso com\u00fan, el cual prevalece sobre el particular; (ii) le asigna la calidad de inalienable, imprescriptible e inembargables a los bienes de uso p\u00fablico; y (iii) consagra que el territorio, con los bienes p\u00fablicos que de \u00e9l forman parte, pertenecen a la naci\u00f3n. Respecto de estas disposiciones la Corte ha dicho que con ellas el Constituyente de 1991 ampli\u00f3 la idea tradicionalmente aceptada en los art\u00edculos 674 y 678 del C\u00f3digo Civil, teniendo en cuenta que no se limita a los bienes de uso p\u00fablico (calles, plazas, puentes, caminos r\u00edos y lagos) se\u00f1alados en dicha legislaci\u00f3n, sino que se extiende a todos aquellos inmuebles p\u00fablicos, y a algunos elementos espec\u00edficos de los inmuebles de propiedad de los particulares, que al ser afectados al inter\u00e9s general en virtud de la Constituci\u00f3n o la ley, o por sus caracter\u00edsticas arquitect\u00f3nicas naturales, est\u00e1n destinados a la utilizaci\u00f3n colectiva.\u201d <\/p>\n
Luego, todo terreno adyacente al margen paralelo de un caudal h\u00eddrico, en extensi\u00f3n m\u00e1xima de treinta metros, forma parte de una zona de especial protecci\u00f3n por su importancia para la preservaci\u00f3n de un medio ambiente sano y, por tanto, es considerado espacio p\u00fablico sobre el cual no est\u00e1 permitido levantar ning\u00fan tipo de construcci\u00f3n, dada la evidente afectaci\u00f3n al ecosistema que tales edificaciones generan. <\/p>\n
Incluso, desde el a\u00f1o 1974 el Decreto Ley 2811 preve\u00eda en su art\u00edculo 83, la inalienabilidad e imprescriptibilidad de las siguientes porciones de terreno, entre ellas, la que aqu\u00ed nos interesa: <\/p>\n
\u201ca.- El \u00e1lveo o cauce natural de las corrientes; <\/p>\n
b.- El lecho de los dep\u00f3sitos naturales de agua; <\/p>\n
c.- La playas mar\u00edtimas, fluviales y lacustres; <\/p>\n
d.- Una faja paralela a la l\u00ednea de mareas m\u00e1ximas o a la del cauce permanente de r\u00edos y lagos, hasta de treinta metros de ancho; <\/p>\n
e.- Las \u00e1reas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares; <\/p>\n
f.- Los estratos o dep\u00f3sitos de las aguas subterr\u00e1neas\u201d (S. N.). <\/p>\n
El art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso, por su parte, tambi\u00e9n establece que son bienes inembargables, adem\u00e1s de los se\u00f1alados en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica o en leyes especiales, \u201c(\u2026) [l]os bienes de uso p\u00fablico (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4. Ata\u00f1edero a la naturaleza jur\u00eddica de los predios ubicados en el territorio nacional, esta Corporaci\u00f3n en pret\u00e9rita oportunidad conceptu\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Entre las clasificaciones que nuestro sistema jur\u00eddico hace de los bienes, se encuentra la distinci\u00f3n entre bienes susceptibles de dominio particular y bienes de dominio o de uso p\u00fablico. Esta diferenciaci\u00f3n se remonta al Derecho Romano, que distingu\u00eda entre cosas que pueden entrar al patrimonio privado y cosas por fuera de \u00e9l (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Desde aquella \u00e9poca hasta nuestros d\u00edas las cosas p\u00fablicas han estado por fuera del r\u00e9gimen de la propiedad privada, siendo su titular el Estado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) As\u00ed lo dispone el art\u00edculo 102 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, a cuyo tenor: \u201cEl territorio, con los bienes p\u00fablicos que de \u00e9l forman parte, pertenecen a la naci\u00f3n\u201d. Y m\u00e1s adelante, el art\u00edculo 332 ibidem se\u00f1ala: \u201cEl Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por su parte, el art\u00edculo 674 del C\u00f3digo Civil estatuye: \u201cSe llaman bienes de la Uni\u00f3n aquellos cuyo dominio pertenece a la Rep\u00fablica. Si adem\u00e1s su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Uni\u00f3n de uso p\u00fablico o bienes p\u00fablicos del territorio. Los bienes de la Uni\u00f3n cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Uni\u00f3n o bienes fiscales\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La potestad del Estado sobre las cosas, sin embargo, no se limita a los bienes que son de su propiedad, sino que ejerce adem\u00e1s un dominio eminente sobre todo el territorio nacional en raz\u00f3n a su soberan\u00eda. Este concepto no excluye el de propiedad privada, porque no se refiere a la titularidad sobre las cosas, sino a un poder de ordenaci\u00f3n sobre los bienes que se encuentran dentro de los l\u00edmites del Estado (Art. 101 C.P.), bien sean de propiedad p\u00fablica o privada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Actualmente, la definici\u00f3n de bien p\u00fablico va m\u00e1s all\u00e1 de la tradicional clasificaci\u00f3n que se hac\u00eda de las cosas a partir de la titularidad que el Estado o los particulares ejercen sobre ellas, para incluir tambi\u00e9n elementos que conciernen a la afectaci\u00f3n o destinaci\u00f3n de los bienes seg\u00fan las necesidades y fines del Estado Social de Derecho y de la funci\u00f3n social que cumple la propiedad. A tal respecto, la Corte Constitucional explica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Existe un tercer grupo de propiedad, normalmente estatal y excepcionalmente privada, que se distingue no por su titularidad sino por su afectaci\u00f3n al dominio p\u00fablico, por motivos de inter\u00e9s general (art. 1\u00ba C.P.), relacionados con la riqueza cultural nacional, el uso p\u00fablico y el espacio p\u00fablico (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los bienes que deben comprenderse en el dominio p\u00fablico se determinan no s\u00f3lo por las leyes que califican una cosa o un bien como de dominio p\u00fablico; adem\u00e1s es necesario que concurra el elemento del destino o de la afectaci\u00f3n del bien a una finalidad p\u00fablica; es decir, a un uso o a un servicio p\u00fablico o al fomento de la riqueza nacional, variedades de la afectaci\u00f3n que, a su vez, determinan la clasificaci\u00f3n de los bienes de dominio p\u00fablico (Sentencia T-292 de 1993) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los bienes p\u00fablicos (de propiedad p\u00fablica, fiscales, de uso p\u00fablico o afectados a uso p\u00fablico), est\u00e1n desligados del derecho que rige la propiedad privada, y en cuanto tales comparten la peculiaridad de que son inembargables, imprescriptibles e inalienables (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En efecto, el art\u00edculo 63 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica se\u00f1ala: \u201cLos bienes de uso p\u00fablico, los parques naturales, las tierras comunales de grupos \u00e9tnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueol\u00f3gico de la naci\u00f3n y los dem\u00e1s bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables\u201d (CSJ SC1727, 15 Feb. 2016, Rad. 2004-01022-00(\u2026)\u201d (destacado del texto original). <\/p>\n
Ahora, ante las evidentes afectaciones a los sistemas naturales, que han conllevado a la crisis clim\u00e1tica mundial, paulatinamente, se ha abierto paso a las ideas que propende por la conservaci\u00f3n de aquellas zonas de gran relevancia para las especies animales y vegetales, por lo cual, se dise\u00f1an pol\u00edticas p\u00fablicas que, a riesgo de afectar la propiedad privada, propenden por la restricci\u00f3n a las actividades econ\u00f3micas que pudieran afectar el ecosistema del lugar. <\/p>\n
Frente al punto, esta Sala, en una sentencia hito sobre los derechos de conservaci\u00f3n de los recursos naturales, reflexion\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por m\u00faltiples causas simult\u00e1neas, derivadas, conexas o aisladas que impactan el ecosistema negativamente, las cuestiones ambientales ocupan un lugar preponderante en la agenda internacional, no s\u00f3lo de cient\u00edficos e investigadores, sino tambi\u00e9n de pol\u00edticos, de la gente del com\u00fan y, como no pod\u00eda ser de otra manera, de los jueces y abogados. D\u00eda a d\u00eda abundan las m\u00faltiples noticias, los art\u00edculos e informes de diferentes estamentos, poniendo presente la variaci\u00f3n grav\u00edsima de las condiciones naturales del planeta. Hay amenaza creciente, inclusive, a la posibilidad de existencia del ser humano (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Esos inminentes peligros se hacen evidentes en fen\u00f3menos tales como el aumento excesivo de las temperaturas, el deshielo de los polos, la extinci\u00f3n masiva de especies animales y vegetales o la ocurrencia cada vez m\u00e1s frecuente de eventos meteorol\u00f3gicos y desastres por fuera de los m\u00e1rgenes anteriormente considerados normales. Hay inusitadas e imprevistas temporadas de lluvia, permanentes sequ\u00edas, huracanes o tornados destructores, fuertes e impredecibles, maremotos, desecamientos de r\u00edos, desaparici\u00f3n creciente de especies, etc (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los ecosistemas est\u00e1n expuestos a situaciones muy extremas que impiden su subsistencia; ello trae consigo un agotamiento de los recursos naturales, sean o no renovables. Nos enfrentamos a i) una ascendente dificultad para obtener los medios indispensables de subsistencia para la poblaci\u00f3n mundial; y ii) a la contaminaci\u00f3n y mutaci\u00f3n de nuestro entorno por la colonizaci\u00f3n irracional de bosques y ampliaci\u00f3n de las fronteras urbanas, agr\u00edcolas, industriales y extractivas que aumentan la deforestaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La humanidad es la principal responsable de este escenario, su posici\u00f3n hegem\u00f3nica planetaria llev\u00f3 a la adopci\u00f3n de un modelo antropoc\u00e9ntrico y ego\u00edsta, cuyos rasgos caracter\u00edsticos son nocivos para la estabilidad ambiental, a saber: i) el desmedido crecimiento demogr\u00e1fico; ii) la adopci\u00f3n de un vertiginoso sistema de desarrollo guiado por el consumismo y los sistemas pol\u00edtico- econ\u00f3micos vigentes; y iii) la explotaci\u00f3n desmedida de los recursos naturales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) No obstante, paulatinamente ha venido cre\u00e1ndose conciencia de la obligaci\u00f3n de cambiar nuestros comportamientos. Hay surgimiento de movimientos favorables a una nueva ideolog\u00eda de sociedad \u201cecoc\u00e9ntrica antr\u00f3pica\u201d, que supere la desmedida \u201chomomensura\u201d2 \u201cautista\u201d antropocentrismo; que tome en consideraci\u00f3n al medio ambiente dentro del ideal de progreso y de la noci\u00f3n efectiva de desarrollo sostenible, para alcanzar \u201c(\u2026) un equilibrio entre el crecimiento econ\u00f3mico, el bienestar social y la protecci\u00f3n ambiental, bajo el entendido de que las actuaciones presentes deben asegurar la posibilidad de aprovechamiento de los recursos en el porvenir (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [A]nte la existencia de [los] riesgos y problemas de car\u00e1cter planetario (\u2026)\u201d4, la judicatura debe propugnar en el Estado Constitucional, por el reconocimiento efectivo de los derechos que aun cuando en principio pareciera \u201c(\u2026) se orient[a]n a la protecci\u00f3n de intereses colectivos y a la satisfacci\u00f3n de necesidades generalizables (\u2026)\u201d5, sustancialmente, apuntan a la defensa de los derechos esenciales de la persona (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Lo anterior significa que todos los individuos de la especie humana debemos dejar de pensar exclusivamente en el inter\u00e9s propio. Estamos obligados a considerar c\u00f3mo nuestras obras y conducta diaria incide tambi\u00e9n en la sociedad y en la naturaleza. En palabras de Peces- Barba, es necesario pasar de una \u201c\u00e9tica privada\u201d, enfocada al bien particular, a una \u201c\u00e9tica p\u00fablica\u201d, entendida como la implementaci\u00f3n de valores morales que buscan alcanzar una cierta concepci\u00f3n de justicia social6, para esto, deben redefinirse los derechos, concibi\u00e9ndolos como \u201cderechos-deberes\u201d. Seg\u00fan el citado autor: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l titular del derecho tiene al mismo tiempo una obligaci\u00f3n respecto de esas conductas protegidas por el derecho fundamental. No se trata que frente al derecho del titular otra persona tenga un deber frente a ese derecho, sino que el mismo titular del derecho soporta la exigencia de un deber. Se trata de derechos valorados de una manera tan importante por la comunidad y por su ordenamiento jur\u00eddico que no se pueden abandonar a la autonom\u00eda de la voluntad sino que el Estado establece deberes para todos, al mismo tiempo que les otorga facultades sobre ellos\u201d7 (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
En el marco de las regulaciones constitucionales sobre la protecci\u00f3n ambiental, es pertinente resaltar la naturaleza constitucional del derecho fundamental a un ambiente sano y de la obligaci\u00f3n de conservar el ecosistema: <\/p>\n
El art\u00edculo 8 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, estipula: \u201cEs obligaci\u00f3n del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Con el fin de salvaguardar el medio ambiente de da\u00f1os irremediables, se regula la funci\u00f3n preventiva de las autoridades ambientales en el art\u00edculo 80 de la Carta al imponer el deber del Estado de planificar el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales, con el fin de garantizar su desarrollo sostenible, su conservaci\u00f3n, restauraci\u00f3n o sustituci\u00f3n; asimismo, dispone que le corresponde prevenir y controlar los factores de riesgo ambientales. <\/p>\n
Del mismo modo, el art\u00edculo 88 ib\u00eddem respecto de los deberes y obligaciones del Estado con el de fin proteger y salvaguardar los recursos naturales, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201cEl Estado planificar\u00e1 el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaci\u00f3n, restauraci\u00f3n o sustituci\u00f3n. Adem\u00e1s, deber\u00e1 prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os causados. As\u00ed mismo, cooperar\u00e1 con otras naciones en la protecci\u00f3n de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas\u201d. <\/p>\n
Asimismo, el art\u00edculo 95 numeral 8 de la Carta, reitera el compromiso del Estado y de las personas para preservar el ambiente, instituyendo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constituci\u00f3n implica responsabilidades. Toda persona est\u00e1 obligada a cumplir la Constituci\u00f3n y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: (\u2026) 8. Proteger los recursos culturales y naturales del pa\u00eds y velar por la conservaci\u00f3n de un ambiente sano;\u201d <\/p>\n
En el art. 226 de la C.N., se aboga por la internacionalizaci\u00f3n de las relaciones ecol\u00f3gicas, por los deberes de protecci\u00f3n y prevenci\u00f3n de los da\u00f1os al medio ambiente, en consonancia con los arts. 78,79 y 80 de la C.N. <\/p>\n
Desde el plano legislativo y administrativo, la defensa del medio ambiente es un imperativo legal a\u00fan en disposiciones anteriores a la Carta del 1991, como obligaci\u00f3n de proteger los recursos naturales. Por ello, se expidi\u00f3 una regulaci\u00f3n que priorizara el inter\u00e9s p\u00fablico sobre el privado en materia ambiental. <\/p>\n
En la Ley 23 de 1973, se concedieron facultades extraordinarias al Presidente de la Rep\u00fablica para expedir el C\u00f3digo de Recursos Naturales y de Protecci\u00f3n del medio ambiente, y se se\u00f1al\u00f3 en su art\u00edculo 2: <\/p>\n
\u201cEl medio ambiente es un patrimonio com\u00fan; por lo tanto, su mejoramiento y conservaci\u00f3n son actividades de utilidad p\u00fablica, en las que deber\u00e1n participar el Estado y los particulares. Para efectos de la presente Ley, se entender\u00e1 que el medio ambiente est\u00e1 constituido por la atm\u00f3sfera y los recursos naturales renovables\u201d. <\/p>\n
En el mismo sentido, el C\u00f3digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protecci\u00f3n del Medio Ambiente- Decreto 2811 de 1974, en su art\u00edculo 1\u00b0 se consagr\u00f3 \u201cEl ambiente es patrimonio com\u00fan. El Estado y los particulares deben participar en su preservaci\u00f3n y manejo, que son de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social\u201d <\/p>\n
En el desarrollo legislativo posterior al cambio constitucional, la Ley 99 de 1993 cre\u00f3 el ministerio del medio ambiente, y organiz\u00f3 el Sistema Nacional Ambiental -SINA. <\/p>\n
En su art\u00edculo 107, los c\u00e1nones ambientales constituyen normas de orden p\u00fablico, innegociables e intransables en las relaciones jur\u00eddicas que puedan surgir entre los particulares o las autoridades, disponiendo: \u201cLas normas ambientales son de orden p\u00fablico y no podr\u00e1n ser objeto de transacci\u00f3n o de renuncia a su aplicaci\u00f3n por las autoridades o por los particulares\u201d. <\/p>\n
Siguiendo en esa l\u00ednea de pensamiento, la Ley 1333 de 2009 consagr\u00f3 que las medidas preventivas tienen como fin prevenir, impedir o continuar la ocurrencia de hechos da\u00f1inos ambientales, la realizaci\u00f3n de actividades que atenten contra el medio ambiente, contra los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. <\/p>\n
En su el art\u00edculo 13 determina c\u00f3mo debe procederse: \u201cIniciaci\u00f3n del procedimiento para la imposici\u00f3n de medidas preventivas. Una vez conocido el hecho, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la autoridad ambiental competente proceder\u00e1 a comprobarlo y a establecer la necesidad de imponer medida (s) preventiva (s), la (s) cual (es) se impondr\u00e1 (n) mediante acto administrativo motivad\u201d. <\/p>\n
El art\u00edculo 32 de esta Ley, establece: \u201cLas medidas preventivas son de ejecuci\u00f3n inmediata, tienen car\u00e1cter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicar\u00e1n sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar\u201d. <\/p>\n
El art\u00edculo 36 ej\u00fasdem se\u00f1ala los <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tipos de medidas preventivas. Mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracci\u00f3n alguna o algunas de las siguientes medidas preventiva: \u201c[1] Amonestaci\u00f3n escrita. [2] Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracci\u00f3n. Aprehensi\u00f3n preventiva de espec\u00edmenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres. [3] Suspensi\u00f3n de obra o actividad cuando pueda derivarse da\u00f1o o peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesi\u00f3n, autorizaci\u00f3n o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los t\u00e9rminos de los mismos\u201d. <\/p>\n
La Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010, analizando la Ley 1333 de 2009, en relaci\u00f3n a las medidas preventivas en materia ambiental, plasma: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]as medidas preventivas responden a un hecho, situaci\u00f3n o riesgo que, seg\u00fan el caso y de acuerdo con la valoraci\u00f3n de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente y que, como su nombre lo indica, su prop\u00f3sito consiste en concretar una primera y urgente respuesta ante la situaci\u00f3n o el hecho de que se trate, para precaver la eventual ocurrencia de un da\u00f1o irreversible o de muy dif\u00edcil o costoso tratamiento que podr\u00eda generarse si no se interviene oportunamente o para hacer cesar la actividad o situaci\u00f3n causante de la afectaci\u00f3n previamente valorada por la autoridad ambiental que adopta la medida. <\/p>\n
\u201cDe conformidad con lo expuesto la medida preventiva, si bien exige una valoraci\u00f3n seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posici\u00f3n absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectaci\u00f3n, tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del da\u00f1o, ni una atribuci\u00f3n definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su car\u00e1cter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo t\u00e9rmino se decide acerca de la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
Las medidas preventivas de protecci\u00f3n ambiental, son una manifestaci\u00f3n del principio de precauci\u00f3n ambiental, siguiendo los par\u00e1metros internacionales para la protecci\u00f3n del medio ambiente, instituidos en el ordenamiento interno en el art\u00edculo 1.1 de la Ley 99 de 1993, al disponer que el proceso de desarrollo econ\u00f3mico y social se orientar\u00e1 conforme a los principios universales y de desarrollo sostenibles previstos en la Declaraci\u00f3n de Rio de 1992. Abordando el da\u00f1o ambiental el instrumento internacional, en el art\u00edculo 15 orienta: <\/p>\n
\u201cCon el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deber\u00e1n aplicar ampliamente el criterio de precauci\u00f3n conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de da\u00f1o grave o irreversible, la falta de certeza cient\u00edfica absoluta no deber\u00e1 utilizarse como raz\u00f3n para postergar la adopci\u00f3n de medidas eficaces en funci\u00f3n de los costos para impedir la degradaci\u00f3n del medio ambiente\u201d10. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la Corte Constitucional en la Sentencia C-293 de 2002 formul\u00f3 los siguientes par\u00e1metros para la aplicaci\u00f3n del principio de precauci\u00f3n: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Al leer detenidamente el art\u00edculo acusado, se llega a la conclusi\u00f3n de que, cuando la autoridad ambiental debe tomar decisiones espec\u00edficas, encaminadas a evitar un peligro de da\u00f1o grave, sin contar con la certeza cient\u00edfica absoluta, lo debe hacer de acuerdo con las pol\u00edticas ambientales trazadas por la ley, en desarrollo de la Constituci\u00f3n, en forma motivada y alejada de toda posibilidad de arbitrariedad o capricho. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Para tal efecto, debe constatar que se cumplan los siguientes elementos: <\/p>\n
1. Que exista peligro de da\u00f1o; <\/p>\n
3. Que exista un principio de certeza cient\u00edfica, as\u00ed no sea \u00e9sta absoluta; <\/p>\n
4. Que la decisi\u00f3n que la autoridad adopte est\u00e9 encaminada a impedir la degradaci\u00f3n del medio ambiente. <\/p>\n
5. Que el acto en que se adopte la decisi\u00f3n sea motivado. (\u2026)\u201d11. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, en el \u00e1mbito internacional se han creado instrumentos de defensa del medio ambiente, tales como: <\/p>\n
El Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de 1966 en su canon 12 concedi\u00f3 a las personas la prerrogativa de \u201cdisfrut[ar] del m\u00e1s alto nivel posible de salud f\u00edsica y mental\u201d, y en pro de garantizar tal mandato, asign\u00f3 a los Estados el deber de propender por el \u201c(\u2026) mejoramiento, en todos sus aspectos, (\u2026) del medio ambiente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La Declaraci\u00f3n de Estocolmo de 197212, que introdujo en la agenda pol\u00edtica global la dimensi\u00f3n ambiental, entendi\u00e9ndola como condicionante del modelo tradicional de crecimiento econ\u00f3mico y del uso de los recursos naturales. <\/p>\n
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en R\u00edo de Janeiro en 1992: Concertada con el objetivo de \u201c(\u2026) elaborar estrategias y medidas para detener e invertir los efectos de la degradaci\u00f3n ambiental en el contexto de los esfuerzos dirigidos a promover un desarrollo sostenible y ambientalmente equilibrado, realizados tanto en el plano internacional como nacional (\u2026)\u201d13. <\/p>\n
A ese evento asistieron 176 Estados y, como principales resultados, se conform\u00f3 la Comisi\u00f3n de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y se elaboraron los siguientes instrumentos: i) la Declaraci\u00f3n de R\u00edo sobre Medio Ambiente y Desarrollo; ii) la Declaraci\u00f3n Autorizada de Principios para un Consenso Mundial respecto de la Ordenaci\u00f3n, la Conservaci\u00f3n y el Desarrollo Sostenible de los Bosques de Todo Tipo: iii) la Convenci\u00f3n sobre la Diversidad Biol\u00f3gica; y iv) la Convenci\u00f3n Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Clim\u00e1tico14. <\/p>\n
Acorde con lo anterior, en el \u00e1mbito local, se han adoptado diversas normativas tendientes a dar preponderancia a la protecci\u00f3n de los derechos ecol\u00f3gicos, imponiendo ciertas restricciones al uso de zonas de especial representatividad ambiental, cual se expuso en pret\u00e9rita oportunidad15: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El \u201cC\u00f3digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protecci\u00f3n al Medio Ambiente\u201d16, se funda, seg\u00fan as\u00ed lo precept\u00faa el art\u00edculo 2\u00ba, en el principio de que \u00abel ambiente es patrimonio com\u00fan de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo econ\u00f3mico y social de los pueblos\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abEl Estado y los particulares deben participar en su preservaci\u00f3n y manejo\u00bb, que son de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social. La preservaci\u00f3n y manejo de los recursos naturales renovables tambi\u00e9n son de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social\u00bb (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El compromiso del Estado y de los particulares frente a la protecci\u00f3n del medio ambiente se consagr\u00f3 en la Carta Pol\u00edtica de 1991, que tiene una clara concepci\u00f3n ecologista, y muestra de ellos las previsiones contenidas en los art\u00edculos 2, 8, 49, 58, 67, 79, 80 y 95 (numeral 8), conjunto normativo de que la jurisprudencia constitucional ha dicho: <\/p>\n
\u201c(\u2026) mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas \u2013quienes a su vez est\u00e1n legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservaci\u00f3n\u2013, por la otra se le imponen al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Naci\u00f3n, 3) conservar las \u00e1reas de especial importancia ecol\u00f3gica, 4) fomentar la educaci\u00f3n ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para as\u00ed garantizar su desarrollo sostenible, su conservaci\u00f3n, restauraci\u00f3n o sustituci\u00f3n, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os causados al ambiente, y 8) cooperar con otras naciones en la protecci\u00f3n de los ecosistemas situados en las zonas de frontera (C.C., C-431-00, 12 Abr. 2000, Rad. D-2589) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De acuerdo con el art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2811 citado, son recursos naturales renovables: la atm\u00f3sfera y el espacio a\u00e9reo nacional; las aguas en cualquiera de sus estados; la tierra, el suelo y el subsuelo; la flora; la fauna; las fuentes primarias de energ\u00eda no agotables; las pendientes topogr\u00e1ficas con potencial energ\u00e9tico; los recursos geot\u00e9rmicos; los recursos biol\u00f3gicos de las aguas y del suelo y el subsuelo del mar territorial y de la zona econ\u00f3mica de dominio continental e insular de la rep\u00fablica; y, los recursos del paisaje (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Sin embargo, esos preceptos estatuyen que en cuanto a su ejercicio, tales derechos \u00abestar\u00e1n sujetos a las disposiciones de este C\u00f3digo\u00bb (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La exequibilidad de esas disposiciones fue declarada por la Corte Constitucional de manera condicionada, pues deb\u00eda entenderse que \u00abconforme al art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n, la propiedad privada sobre los recursos naturales renovables est\u00e1 sujeta a todas las limitaciones y restricciones que derivan de la funci\u00f3n ecol\u00f3gica de la propiedad\u00bb (CC, C-126, 1\u00ba Abr. 1998, Rad. D-1794) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el citado pronunciamiento de control de constitucionalidad se indic\u00f3 que \u201c(\u2026) se entiende que cuando el art\u00edculo 4\u00ba de ese mismo estatuto reconoce \u201clos derechos adquiridos por particulares con arreglo a la ley sobre los elementos ambientales y los recursos naturales renovables\u201d, est\u00e1 aceptando tambi\u00e9n la propiedad que algunos particulares pueden haber adquirido sobre determinados recursos naturales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y a\u00f1adi\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La Constituci\u00f3n establece l\u00edmites a la propiedad privada sobre ciertos bienes. As\u00ed, frente a determinados bienes, el ordenamiento puede establecer una reserva al dominio privado, pues la Carta establece que determinados bienes son inembargables, imprescriptibles e inalienables (CP art. 63). Igualmente la Constituci\u00f3n establece que los recursos no renovables o que se encuentren en el subsuelo son propiedad del Estado, sin perjuicio de los derechos adquiridos con arreglo a las leyes preexistentes (CP art. 322). Sin embargo, en la medida en que la Constituci\u00f3n reconoce de manera gen\u00e9rica la propiedad privada (CP art. 58), se entiende que en principio \u00e9sta puede recaer sobre los recursos naturales renovables, que no hayan sido sometidos por la ley a la reserva de dominio privado previstas por la Carta (CP art. 63) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Luego, en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano es posible que los recursos naturales renovables y las zonas necesarias para su protecci\u00f3n sean de propiedad privada, aunque eso puede conllevar ciertas limitaciones o restricciones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y se insisti\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Ese reconocimiento a los derechos adquiridos de forma leg\u00edtima por los particulares, tanto sobre recursos naturales como respecto de otros elementos ambientales, se consagr\u00f3 expresamente en el art\u00edculo 42 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Empero, en todo caso, la propiedad privada debe ejercerse, seg\u00fan lo estatuido por el art\u00edculo 43, como una funci\u00f3n social y sujeto a las limitaciones impuestas por el ordenamiento constitucional y legal, particularmente las que derivan de su funci\u00f3n ecol\u00f3gica (C-126 de 1998) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Conforme al art\u00edculo 80 de esa codificaci\u00f3n, \u00absin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio p\u00fablico, inalienables e imprescriptibles. Cuando en este C\u00f3digo se hable de aguas sin otra calificaci\u00f3n, se deber\u00e1n entender las de dominio p\u00fablico\u00bb (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y establece el art\u00edculo 83 que salvo los \u00abderechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: <\/p>\n
a.- El \u00e1lveo o cauce natural de las corrientes; <\/p>\n
b.- El lecho de los dep\u00f3sitos naturales de agua; <\/p>\n
c.- La playas mar\u00edtimas, fluviales y lacustres; <\/p>\n
d.- Una faja paralela a la l\u00ednea de mareas m\u00e1ximas o a la del cauce permanente de r\u00edos y lagos, hasta de treinta metros de ancho; <\/p>\n
e.- Las \u00e1reas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares; <\/p>\n
f.- Los estratos o dep\u00f3sitos de las aguas subterr\u00e1neas (se subraya) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El citado decreto ley rige a partir de la fecha de su expedici\u00f3n, esto es, desde el 18 de diciembre de 1974, sin que sea viable aplicarlo retroactiva o retrospectivamente, pues por regla general, las normas rigen hacia el futuro, para evitar desconocer los derechos adquiridos y las situaciones consolidadas antes de su entrada en vigor (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El art\u00edculo 11 del Decreto 1541 de 1978 defini\u00f3 el cauce natural como \u00abla faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles m\u00e1ximos por efecto de las crecientes ordinarias\u00bb y el lecho de los dep\u00f3sitos naturales de aguas como \u00abel suelo que ocupan hasta donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo\u00bb, en tanto la playa fluvial es \u00abla superficie de terreno comprendida entre la l\u00ednea de las bajas de aguas de los r\u00edos y aquellas a donde llegan \u00e9stas, ordinarias y naturalmente en su mayor incremento\u00bb (art\u00edculo 12). <\/p>\n
Esa misma norma reglamentaria se\u00f1ala que son aguas de uso p\u00fablico, cuyo dominio no se prescribe en ning\u00fan caso, las siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los r\u00edos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo permanente o no;<\/p>\n
2. Las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas de un cauce natural;<\/p>\n
3. Los lagos, lagunas, ci\u00e9nagas y pantanos;<\/p>\n
4. Las aguas que est\u00e9n en la atm\u00f3sfera;<\/p>\n
5. Las corrientes y dep\u00f3sitos de aguas subterr\u00e1neas;<\/p>\n
6. Las aguas y lluvias;<\/p>\n
7. Las aguas privadas, que no sean usadas por tres (3) a\u00f1os consecutivos, a partir de la vigencia del Decreto-Ley 2811 de 1974, cuando as\u00ed se declara mediante providencia del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, previo el tr\u00e1mite previsto en este Decreto, y<\/p>\n
\u201c(\u2026) Seg\u00fan el art\u00edculo 126, se considera \u00abde utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social la preservaci\u00f3n y el manejo del recurso agua al tenor de los dispuestos por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto-ley 2811 de 1974\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 209 establezca que es deber de los propietarios, poseedores o tenedores de fundos \u00aben los cuales nazcan fuentes de aguas o predios que est\u00e1n atravesados por corrientes o dep\u00f3sitos de aguas o sean aleda\u00f1os a ellos\u00bb el de \u00abcumplir todas las obligaciones sobre practica de conservaci\u00f3n de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con las normas vigentes\u00bb (el subrayado es propio) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5. Desde esa perspectiva, si en el caso bajo estudio, existe informaci\u00f3n sobre la posible existencia de \u201cespacio p\u00fablico\u201d dentro de los predios objeto de cautela, la corporaci\u00f3n fustigada, haciendo uso de sus facultades oficiosas consagradas en el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso17 y en atenci\u00f3n con el compilado legal y constitucional antes transcrito, ha debido realizar un control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades en el litigio, espec\u00edficamente, para el caso, evitar un eventual remate de un bien inalienable. <\/p>\n
Si bien al inicio del juicio compulsivo no exist\u00eda noticia de la protecci\u00f3n ambiental sobre la cual recae uno de los bienes inmiscuidos y el proceso que atraviesa el otro para ser incluido en el Sistema Municipal de \u00c1reas Protegidas de Cali \u2013SIMAP-, y por esa raz\u00f3n fue posible llevar a cabo las medidas cautelares de embargo y secuestro, lo cierto es, ahora, existe informaci\u00f3n fidedigna y suficiente para obrar con prudencia y verificar las resultas del tr\u00e1mite administrativo en aras de evitar, mediante venta forzada, la tradici\u00f3n acelerada de un posible bien p\u00fablico. <\/p>\n
6. En consecuencia, se ordenar\u00e1 al tribunal convocado que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, previa recepci\u00f3n del asunto censurado, deje sin efecto la decisi\u00f3n de 18 de agosto de 2020, y las que de ella se desprendan y, en su lugar, resuelva de fondo la alzada conforme a los par\u00e1metros aqu\u00ed se\u00f1alados. <\/p>\n
7. De igual modo y atendiendo a la normatividad y jurisprudencia antes relacionada, dada la naturaleza de las zonas involucradas en el litigio -reserva ambiental-, se exhortar\u00e1 a la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Valle del Cauca, con miras a adelantar, con celeridad, los procedimientos administrativos, de su competencia, correspondientes en aras de salvaguardar, activa y permanentemente, dichos m\u00e1rgenes h\u00eddricos y, de haber lugar a ello, recuperar los terrenos que se encuentren en manos de particulares para su debida protecci\u00f3n. <\/p>\n
8. Al margen de lo esbozado, no procede el amparo frente a la fiscal\u00eda convocada, pues si el querellante estima injustificada la demora de esa autoridad para adelantar la investigaci\u00f3n de su denuncia, tiene a su alcance la posibilidad de recusarla, en caso de encontrarse en presencia de las circunstancias contempladas en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 99 de la Ley 600 de 2000 y 56 de la Ley 904 de 2004. <\/p>\n
Sobre ese aspecto, esta Corporaci\u00f3n en un caso an\u00e1logo expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El accionante se queja por la demora en que ha incurrido la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Bajo ese contexto, la Sala aprecia que tal y como lo consider\u00f3 el juez constitucional de primer grado, el accionante tiene a su disposici\u00f3n \u00abla figura jur\u00eddica de la recusaci\u00f3n\u00bb, (CSJ STC 27 sep 2013, rad. 01645-01). Al respecto, en un caso de contornos similares la Corte estim\u00f3 que: <\/p>\n
\u201cEl ordenamiento procesal penal, en el numeral 7 del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004, establece la posibilidad de formular impedimento en caso de \u2018que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada\u2019, y en el art\u00edculo 60 de la misma normatividad prev\u00e9 que \u2018si el funcionario en quien se d\u00e9 una causal de impedimento no la declarare cualquiera de las partes podr\u00e1 recusarlo (\u2026)\u2019, raz\u00f3n por la cual, dichos mecanismos de resguardo no pueden ser reemplazados o sustituidos a trav\u00e9s de la tutela, pues de lo contrario se invadir\u00edan injustificadamente las privativas funciones y competencia de otras autoridades (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026). <\/p>\n
\u201c(\u2026) En una cuesti\u00f3n similar, dijo la Sala de Casaci\u00f3n Penal que \u2018tanto en la Ley 600 de 2000 como 906 de 2004 se ofrece a las partes dentro del proceso penal el instrumento al cual acudir cuando consideren que la no resoluci\u00f3n de los casos por parte de los funcionarios judiciales pone en grave riesgo sus derechos, as\u00ed el art\u00edculo 99 y 56 respectivamente, numeral 7, que establecen las causales de impedimentos y recusaciones: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c\u2018(\u2026) De manera que puede proponer el actor su insatisfacci\u00f3n a trav\u00e9s del instituto de la recusaci\u00f3n, sin que le sea al juez de tutela suplir funciones ordinarias\u2019 (CSJ STC 29 jun 2011, rad. 54769, reiterada en las de 20 jun 2012, rad. 011221-01; 25 jul 2012, rad. 01254-01, 13 mar 2013, rad. 00178 -01) (\u2026)\u201d18. <\/p>\n
9. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, solo en relaci\u00f3n con el juicio ejecutivo censurado, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196919, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d20, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
9.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio21. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
9.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados, incluido Colombia22, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales23; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas24. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
10. Por los argumentos anteriores, el amparo deprecado ser\u00e1 concedido. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la tutela solicitada por Nelson Jaramillo Estrada, quien afirma representar a la sociedad Jaramillo Estrada Ltda., frente al Procurador Delegado Para Asuntos Ambientales, Departamento Administrativo de Gesti\u00f3n del Medio Ambiente, -DAGMA-, todos de Cali, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Valle del Cauca -C.V.C-, y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali; extensiva a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad. <\/p>\n
En consecuencia, se le ordena al tribunal convocado que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, previa recepci\u00f3n del asunto censurado, deje sin efecto la decisi\u00f3n de 18 de agosto de 2020, y las que de ella se desprendan y, en su lugar, resuelva de fondo la alzada puesta a su conocimiento conforme a los par\u00e1metros aqu\u00ed se\u00f1alados. Rem\u00edtasele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: EXHORTAR a la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Valle del Cauca en los t\u00e9rminos consignados en el N\u00ba 7 del ac\u00e1pite considerativo de esta providencia. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de este expediente, incluyendo esta sentencia. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n
CUARTO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u00daltimo inciso del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.2.3\u00aa.2., del Decreto 1076 de 2015, adicionado por el Decreto 2245 de 2017. <\/p>\n
2 PROT\u00c1GORAS DE ABDERA: \u201cEl hombre es la medida de todas las cosas, de las que existen en cuanto existen y de las que no son en cuanto no son\u201d. CALVO T. \u201cDe los Sofistas a Plat\u00f3n. Pol\u00edtica y Pensamiento\u201d. Madrid: Cincel. 1986. <\/p>\n
3 Corte Constitucional, sentencia C-389 de 2016. <\/p>\n
4 RODR\u00cdGUEZ PALOP, Mar\u00eda Eugenia, \u201cClaves para entender los nuevos derechos\u201d. <\/p>\n
5 \u00cddem. <\/p>\n
6 PECES BARBA, Gregorio, \u201c\u00c9tica p\u00fablica- \u00e9tica privada\u201d, en \u201cAnuario de Filosof\u00eda del Derecho\u201d, N\u00ba XIV (1997), p\u00e1gs. 531- 544. <\/p>\n
7 PECES-BARBA, Gregorio. \u201cEscritos sobre Derechos Fundamentales\u201d. Eudema Universidad. Madrid 1.968. P\u00e1g. 209. Citado por la Corte Constitucional en la sentencia T-411 de 1992. <\/p>\n
8 CSJ, STC4360 de 2018. <\/p>\n
9 Corte Constitucional. Sentencia C-703 de 6 de septiembre 2010. <\/p>\n
10 Declaraci\u00f3n de R\u00edo sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Habi\u00e9ndose Reunido del 3 al 14 de junio de 1992. <\/p>\n
11 Corte Constitucional. Sentencia C-293 de 23 de abril de 2002. <\/p>\n
12 Documento disponible en: <\/p>\n