STC690-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC690-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00388-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el once de diciembre de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origina la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
El promotor del amparo constitucional deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada en la acci\u00f3n popular que \u00e9l instaur\u00f3 contra el Banco Fundaci\u00f3n de la Mujer, radicada bajo el n\u00famero 2015-01161. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el juzgado criticado no cumple lo establecido en los art\u00edculos 5 y 6 de la ley 472 de 1998, adem\u00e1s carece de competencia para conocer del juicio, de conformidad con el mandato 16 ib\u00eddem pues el domicilio principal de la entidad bancaria accionada no es Pereira sino Arauca. <\/p>\n
Solicit\u00f3, en consecuencia, ordenar al despacho accionado que: (I) decrete la nulidad de lo actuado en la acci\u00f3n popular por falta de competencia; (II) informe en qu\u00e9 ocasiones aplic\u00f3 el numeral 5 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso en acciones de la misma naturaleza a la que \u00e9l tiene en ese juzgado, as\u00ed como que entregue un listado de las demandas a las cuales se ha rehusado darle tr\u00e1mite cuando no es Pereira el domicilio principal de la entidad cuestionada; y (III) que le brinde seguridad jur\u00eddica al definir en qu\u00e9 sentido le da aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 16 del le Ley 472 de 1998. <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda manifest\u00f3 que en la oportunidad correspondiente fue notificada de la acci\u00f3n popular objeto de reproche, por lo que design\u00f3 un agente del ministerio p\u00fablico para cumplir su misi\u00f3n de verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, y que su labor al no ser la demandante en la acci\u00f3n popular se limita a atender el llamado de la autoridad judicial que conozca del caso para asistir la suscripci\u00f3n del pacto de cumplimiento; por lo cual solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo, Regional Risaralda, expres\u00f3 cu\u00e1les son las funciones de ese ente de conformidad con la Resoluci\u00f3n No. 638 de 2008, y asever\u00f3 que las pretensiones enunciadas por el accionante no le competen, por lo tanto, solicit\u00f3 ser desvinculada de esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3. La Fundaci\u00f3n de la Mujer adujo su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en raz\u00f3n a que las pretensiones del quejoso no se dirigen en su contra, por lo que pidi\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
4. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira aport\u00f3 copia digital del expediente que corresponde a la acci\u00f3n popular 2015-01161. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el resguardo invocado por inexistencia de vulneraci\u00f3n en tanto el propio accionante fue quien radic\u00f3 su libelo en la ciudad de Pereira manifestando que all\u00ed era el domicilio de su convocada; por subsidiariedad porque lo deprecado por v\u00eda constitucional no lo ha solicitado ante el juzgado accionado; e inmediatez de la queja ya que el auto admisorio de la acci\u00f3n popular data de hace 5 a\u00f1os. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor del amparo opugn\u00f3 la sentencia de primera instancia sin manifestar la raz\u00f3n de su disenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC de 11 may. 2001, rad. 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisadas las inconformidades esbozadas por el peticionario, de entrada la Corte colige su infructuosidad, como pasa a exponerse: <\/p>\n
2.1. Lac\u00f3nicamente sostuvo el promotor del resguardo que el despacho accionado no cumple a cabalidad con los art\u00edculos 5 y 6 de la ley 472 de 1998, los cuales consagran que el tr\u00e1mite dado a la acci\u00f3n popular debe ser preferente, sumario, con plena observancia de las garant\u00edas procesales y con prevalencia del derecho sustancial. <\/p>\n
De este modo la Sala concluye que la queja est\u00e1 encaminada a criticar el impulso y la celeridad que debe darse al proceso. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con problem\u00e1ticas donde se cuestionan situaciones de mora judicial, que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026Aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (Sentencia de 29 de abril de 2011, Exp. T. No. 11001-22-10-000-2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC de 20 de septiembre de 2011, rad. 11001 02 03 000 2011 01853 -00). <\/p>\n
Con base en tal premisa y examinados los fundamentos de la queja constitucional, concluye la Sala que el amparo debe desestimarse, en la medida en que revisado el dossier encuentra la Corte que en la acci\u00f3n popular de marras ya fue celebrada la audiencia de cumplimiento el ocho (8) de septiembre de 2020, el recaudo de todas las pruebas decretadas y se encuentra para el proferimiento de fallo, luego no se evidencia la mora judicial alegada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, aunque el tr\u00e1mite lleva varios a\u00f1os ese lapso obedece a la falta de diligencia del accionante, al punto que correspondi\u00f3 al juzgado realizar la notificaci\u00f3n del auto admisorio a la entidad convocada, previos requerimientos al convocante para que aportara los datos para ese efecto; como tambi\u00e9n debi\u00f3 el operador judicial motu proprio realizar la publicaci\u00f3n de convocatoria a todos los interesados en el rito. <\/p>\n
2.2. Finalmente, en lo que ata\u00f1e a las restantes quejas relativas a la nulidad del tr\u00e1mite dado a la acci\u00f3n popular por falta de competencia, tras aducir que el despacho criticado no debi\u00f3 admitirla por las presuntas violaciones que ocurren en la sucursal ubicada sobre la calle 22 # 19 \u2013 62 de la ciudad de Arauca, factor territorial en donde reposa la jurisdicci\u00f3n del fallador natural del caso; y la entrega de datos estad\u00edsticos o explicaci\u00f3n doctrinal acerca de la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 16 de la ley 472 de 1998; la Sala advierte que la decisi\u00f3n del a-quo constitucional est\u00e1 llamada a ser confirmada, porque la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que lo pretendido por la reclamante no ha sido pedido en el proceso. <\/p>\n
Es decir que al existir otros mecanismos de defensa judicial para pedir ante el juzgador ordinario lo planteado en sede constitucional, el resguardo se torna improcedente de conformidad con el art\u00edculo 6 del decreto 2591 de 1991, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al medio regular de protecci\u00f3n. <\/p>\n
3. Lo sucintamente consignado impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio m\u00e1s expedito a las partes e interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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