STC692-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC692-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2020-00204-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de diciembre de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene \u00abnotificar a la entidad\u2026 amparado art 5 ley 472 de 1998 (sic)\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Banco de las Microfinanzas Bancam\u00eda SA (radicaci\u00f3n 2019-00150), que fue admitida por el juzgado criticado con prove\u00eddo del 3 de septiembre de 2019. <\/p>\n
2.2. Una vez vinculada la accionada, se dict\u00f3 sentencia anticipada de 24 de febrero de 2020, que declar\u00f3 la existencia cosa juzgada. <\/p>\n
2.3. Expres\u00f3 el gestor del resguardo que el estrado querellado \u00abse niega sistem\u00e1ticamente a aplicar art 5, 84 ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago resalt\u00f3 que \u00aben ning\u00fan caso ha actuado al margen del ordenamiento legal como lo quiere hacer ver el gestor del resguardo\u00bb; e inform\u00f3 que \u00abid\u00e9ntica acci\u00f3n fue interpuesta por [el accionante]\u2026, la cual fue fallada mediante providencia de septiembre 18 de 2020 [2020-00126] y confirmada el 29 de octubre del mismo a\u00f1o por la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Provincial de Cartago solicit\u00f3 desestimar el amparo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el amparo por temeridad, \u00abya que sobre el mismo existe decisi\u00f3n judicial (sentencia del 18 de septiembre de 2020, radicaci\u00f3n 2020-00126-00), cuya impugnaci\u00f3n fue desatada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia a trav\u00e9s de fallo del 29-10-2020 mediante fallo que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor del resguardo manifest\u00f3 que \u00absolo pid[e] seguridad jur\u00eddica amparado en las tutelas que cit[\u00f3] donde la h csj scc (sic)\u2026 ordena aplicar art 5 ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinado el presente caso, de manera liminar se advierte que, en ocasi\u00f3n anterior, el quejoso formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela fundada en similares hechos, que fue negada, en sede de impugnaci\u00f3n, por esta Sala Especializada con sentencia del 29 de octubre de 2020 (STC9298-2020), raz\u00f3n por la cual est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, en aquella \u00e9poca se destac\u00f3 que: <\/p>\n
Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El impulsor formul\u00f3 acci\u00f3n popular frente al Banco de las Microfinanzas Bancam\u00eda S.A., ante el despacho confutado, quien la admiti\u00f3 a tr\u00e1mite mediante auto de 3 de septiembre de 2019. <\/p>\n
Notificada, la pasiva, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, basada en la excepci\u00f3n de \u201ccosa juzgada\u201d, pues la misma controversia ya hab\u00eda sido sometida a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
El 24 de febrero de 2020, el fallador de conocimiento dict\u00f3 sentencia anticipada, al hallar acreditada la defensa esgrimida por la sociedad demandada. <\/p>\n
El 8 de septiembre de 2020, el promotor acudi\u00f3 a este mecanismo excepcional para reclamar el impulso oficioso y la definici\u00f3n de la salvaguarda colectiva, tal como lo dispone la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
Frente a dichos planteamientos, la Sala consider\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
El querellante reprocha, particularmente, la supuesta falta de impulso oficioso y definici\u00f3n de la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00famero \u201c2019-00150\u201d. <\/p>\n
2. Dicha queja no prospera, por cuanto las aseveraciones del gestor carecen de veracidad; por tanto, resulta desacertado emitir cualquier decisi\u00f3n al respecto, dado que el motivo sustento de la lesi\u00f3n endilgada no existi\u00f3 ni siquiera antes de la formulaci\u00f3n de esta salvaguarda, pues la queja colectiva mencionada fue resuelta seis meses atr\u00e1s a la fecha de presentaci\u00f3n de esta salvaguarda -8 de septiembre de 2020-. <\/p>\n
Sobre ese tema, ha dicho esta Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe (\u2026), en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha o en realidad nunca se ha visto violado], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ante eventos como el narrado, el amparo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, como quiera que \u00e9stos no fueron infringidos por el accionado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, queda en evidencia el uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda por parte del censor, quien invoca hechos infundados e inexistentes como sustento de su reclamo, lo cual, no solo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los Jueces encargados de resolver el caso, en un asunto sin fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por la cual el Constituyente implement\u00f3 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En este orden de ideas, evidente es que la inconformidad que en esta ocasi\u00f3n plante\u00f3 el tutelante, es una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico es pertinente recordar que si bien el ejercicio de la acci\u00f3n judicial es un derecho potestativo que cautela los derechos subjetivos y asegura la observancia del derecho como lo se\u00f1ala Enrique Barros Bourie, no se puede incurrir en abuso de tales acciones1. <\/p>\n
En asuntos que guardan similitud al presente caso, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
3. Baste lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 BARROS BOURIE Enrique (2009), Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Cap\u00edtulo IX Abuso de Derecho, Editorial Jur\u00eddica de Chile, Santiago-Chile. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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