STC697-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC697-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00114-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Meridiano Catering Services S.A.S. En Liquidaci\u00f3n contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva al Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de esta misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origina la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a \u00abobtener una decisi\u00f3n judicial acorde con la legalidad\u00bb, a la \u00abjuricidad\u00bb y a la \u00abnormatividad vigente\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar sin efecto \u00abla providencia judicial proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1\u2026 el 16 de diciembre de 2020\u00bb y, en consecuencia, \u00abse ordene al juez de conocimiento proferir la decisi\u00f3n que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Meridiano Catering Service S.A.S. promovi\u00f3 demanda de responsabilidad civil contra GS1 Colombia y Fundaci\u00f3n Logyca con la finalidad de que se declarara dicha acci\u00f3n y, en consecuencia, se le indemnizara por da\u00f1o emergente y lucro cesante; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, autoridad que, con prove\u00eddo de 22 de marzo de 2018, fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la audiencia de alegatos y fallo el 20 de agosto de 2019. <\/p>\n
2.2. Luego, atendiendo lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA18-11097 de 25 de septiembre de 2018, el proceso se remiti\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito Transitorio de esta ciudad, quien el 12 de octubre siguiente avoc\u00f3 conocimiento y fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la audiencia antes se\u00f1alada para el d\u00eda 24 del mismo mes y a\u00f1o; el 14 de noviembre posterior, el despacho dict\u00f3 sentencia escrita, accediendo a las pretensiones iniciales. <\/p>\n
2.3. Seguidamente, la parte actora solicit\u00f3 la ejecuci\u00f3n de la sentencia, por lo que el estrado de conocimiento libr\u00f3 mandamiento de pago y, el 29 de abril de 2019 orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El 29 de mayo siguiente, la parte demandada solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado con posterioridad al prove\u00eddo de 22 de marzo de 2018, pues, de un lado, no se le enter\u00f3 de la remisi\u00f3n del expediente al despacho transitorio, en aplicaci\u00f3n de las medidas de descongesti\u00f3n del Consejo Superior de la Judicatura; y, por otra parte, porque se dict\u00f3 sentencia en el juicio declarativo sin practicarse una prueba decretada previamente en el referido auto, de ah\u00ed que se configuren las causales contempladas en los numerales 5\u00b0 y 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso; el 30 de mayo de 2019 el Juzgado rechaz\u00f3 dicha petici\u00f3n anulatoria; determinaci\u00f3n recurrida en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 la sociedad actora que el despacho \u00abal desatar el recurso horizontal el 11 de febrero de 2020, var\u00eda sustancialmente su decisi\u00f3n y, luego de una larga elucubraci\u00f3n, resuelve anular toda la actuaci\u00f3n a partir del auto de 12 de octubre de 2018, proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Transitorio de Bogot\u00e1, inclusive, \u201c\u2026y adem\u00e1s los actos consecuentes con la ejecuci\u00f3n de la sentencia.\u201d\u00bb; determinaci\u00f3n que, el 16 de diciembre siguiente, confirm\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
2.6. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, deduce, las causales de nulidad alegadas no est\u00e1n configuradas, habida cuenta que la contemplada en el numeral 8\u00b0, procede para cuando no se notifica el legal forma el auto admisorio, no se emplaza a los indeterminados o a los sucesores procesales o no se cita en debida forma al Ministerio P\u00fablico, lo que, de cara al caso concreto, no es lo alegado; sumando al hecho de que \u00abno hab\u00eda providencia que ordenara la remisi\u00f3n o la recepci\u00f3n de los expedientes y, por ende, no hab\u00eda qu\u00e9 notificar sino, \u00fanicamente, anotar la remisi\u00f3n y el recibo directo\u00bb. <\/p>\n
2.7. Anot\u00f3 que lo pretendido por los demandados es revivir t\u00e9rminos legales fenecidos, \u00abque no puede ser causa de nulidad, [pues], es imputable, exclusivamente, a quien desatendi\u00f3 el juicio\u00bb; adem\u00e1s, que lo relativo a la omisi\u00f3n de la practica de la prueba, tampoco puede considerarse como causal de anulaci\u00f3n, toda vez que, dicha probanza \u00absi bien fue decretada, su pr\u00e1ctica fue tambi\u00e9n dos veces aplazada por petici\u00f3n de quien la pidi\u00f3 y, adem\u00e1s, porque nueve meses despu\u00e9s de su decreto y a seis de dictada la sentencia, la parte ejecutada reclama, en forma totalmente extempor\u00e1nea\u00bb. <\/p>\n
2.8. Agreg\u00f3 que \u00aben vigencia de ninguna de las dos legislaciones a que hace referencia el Tribunal de Bogot\u00e1, se present\u00f3 incidente de nulidad, ya que se venci\u00f3 el momento de alegar cualquier vicio ocurrido en devenir procesal, as\u00ed como tambi\u00e9n, la oportunidad de alegar el que se pudo presentar en la sentencia\u00bb <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Pablo Andr\u00e9s C\u00f3rdoba Acosta, quien indic\u00f3 actuar como apoderado judicial de GS1 Colombia y Fundaci\u00f3n Logyca, alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; anot\u00f3 que el juzgado de conocimiento no se percat\u00f3 que no hab\u00eda concluido la etapa probatoria, pues estaba pendiente la pr\u00e1ctica de un testimonio que fue decretada en su oportunidad; que el despacho transitorio adelant\u00f3 la diligencia de alegatos y fallo sin enterar en debida forma a las partes; que decisi\u00f3n censurada no luce arbitraria y est\u00e1 debidamente motivada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales manifest\u00f3 que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada al fracaso, por cuanto no se encuadra dentro de las causales de procedibilidad, adem\u00e1s que, la decisi\u00f3n criticada no resulta carente de un sustento jur\u00eddico ni insuficiente; que dicha entidad no ha vulnerado las garant\u00edas de la actora. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no es una tercera instancia para discutir una situaci\u00f3n que ya fue zanjada ante los falladores naturales; pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por cuanto no ha vulnerado de forma directa o indirecta las prerrogativas de la sociedad gestora. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal criticado, en el prove\u00eddo 16 de diciembre de 2020, que confirm\u00f3 el que dict\u00f3 el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el 11 de febrero anterior, expres\u00f3 los motivos por los cuales resultaba viable dar tr\u00e1mite a la petici\u00f3n invalidatoria que elev\u00f3 la parte demandada, donde previamente analiz\u00f3 las reglas de tr\u00e1nsito legislativo, consignando que: <\/p>\n
El proceso de la referencia comenz\u00f3 en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy derogado, y como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante, est\u00e1 en curso de hacer tr\u00e1nsito al sistema procesal previsto en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
17. Sugiere lo anterior que las nulidades sobre las que se pronunci\u00f3 la juez a quo debieron ser las consagradas en los numerales 6\u00b0 y 9\u00b0 del art. 140 CPC, aludidas en los fundamentos de esta decisi\u00f3n, y no las previstas en el C\u00f3digo General del Proceso; sin embargo, en la medida que los hechos en que se fundan est\u00e1n contemplados en ambos sistemas procesales, tal imprecisi\u00f3n a juicio de este Tribunal, no tiene trascendencia. <\/p>\n
Seguidamente, estudi\u00f3 lo relativo a la omisi\u00f3n de la pr\u00e1ctica de la prueba testimonial, precisando que: <\/p>\n
Este Tribunal al resolver anterior apelaci\u00f3n record\u00f3 lo acaecido con la declaraci\u00f3n de la testigo Diana Cubillos Moreno, la cual echan de menos las demandadas: <\/p>\n
(\u2026) Por auto del 2 de julio de 2014 se abri\u00f3 a pruebas, y entre otras se decret\u00f3, por solicitud de la parte demandada, el testimonio de la se\u00f1ora Diana Cubillos Moreno para ser practicado el 5 de agosto del mismo a\u00f1o (\u2026), pero se reprogram\u00f3 mediante prove\u00eddo del 27 de agosto del a\u00f1o en menci\u00f3n, para el 24 de septiembre siguiente, por estar en tr\u00e1mite un recurso de reposici\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
El apoderado de las demandadas inform\u00f3 al juzgado el 19 de septiembre de 2014 que la testigo no pod\u00eda comparecer a declarar en la \u00faltima data asignada para tal fin, por cuanto empezaba licencia de maternidad, y aduciendo la importancia de la prueba solicit\u00f3 fijar una nueva fecha (\u2026). Acredit\u00f3 su dicho con el registro civil de nacimiento del hijo de la declarante (\u2026). <\/p>\n
En virtud de lo anterior, el juzgado en audiencia de septiembre 24 de 2014 fij\u00f3 el 20 de octubre del mismo a\u00f1o para escuchar a la se\u00f1ora Cubillos (\u2026), sin que tampoco pudiera evacuarse la prueba, pues obra constancia secretarial seg\u00fan la cual entre el 16 de octubre y el 19 de diciembre de 2019 no corrieron t\u00e9rminos por efectos del paro judicial (\u2026). <\/p>\n
20. Lo expuesto deja en evidencia que no asiste raz\u00f3n a la apelante en cuanto que el medio de prueba no se practic\u00f3 por negligencia de las demandadas, por el contrario, hubo motivos fundados para que la convocada no pudiera comparecer a rendir la declaraci\u00f3n decretada. <\/p>\n
21. En el mismo auto proferido por este Tribunal qued\u00f3 claro, por una parte, que no obra en el expediente manifestaci\u00f3n de las demandadas que indique que desistieron del medio de prueba, ni auto que reprograme la diligencia o exponga las razones para no practicarla, por otra, se consider\u00f3 que la etapa probatoria deb\u00eda culminar conforme con las reglas procesales del CPC, y una vez agotada, convocar a la audiencia de que trata el art. 373 CGP exclusivamente para evacuar la etapa de alegatos y fallo. <\/p>\n
22. Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de la referencia no correspond\u00eda a aquellos que deb\u00edan remitirse a los juzgados transitorios, pues se recuerda que los procesos cobijados con estas medidas de descongesti\u00f3n eran aquellos que se encontraban en la etapa de alegaciones y fallo, no as\u00ed los que se hallaban en instrucci\u00f3n, lo cual puede explicar por qu\u00e9 el juzgado transitorio una vez avoc\u00f3 conocimiento entendi\u00f3 que lo procedente era escuchar los alegatos finales y proferir sentencia. <\/p>\n
23. Lo expuesto, adem\u00e1s de contravenir las normas del tr\u00e1nsito legislativo, del CPC al CGP, atent\u00f3 contra la garant\u00eda que en el marco del derecho fundamental al debido proceso, tienen las demandadas de solicitar pruebas y que las mismas sean practicadas en debida forma. <\/p>\n
24. Si bien lo aqu\u00ed considerado ser\u00eda suficiente para confirmar el auto apelado, conviene efectuar un pronunciamiento de fondo respecto de la solicitud de nulidad por indebida notificaci\u00f3n del auto que cambi\u00f3 la fecha de la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento. <\/p>\n
Luego, estudi\u00f3 lo relativo al enteramiento de la determinaci\u00f3n del cambio de fecha para la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, consignado que: <\/p>\n
26. Supone lo anterior que el proceso no tendr\u00eda mayor actividad durante el prolongado espacio de tiempo que deb\u00eda transcurrir hasta la fecha de la audiencia de alegatos y fallo, y por tal raz\u00f3n, no resultaba imperioso acudir a las sedes judiciales para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
27. Durante ese periodo de tiempo, el CSJ profiri\u00f3 el Acuerdo PCSJA18-11097 del 25 de septiembre de 2018 (que cre\u00f3 los juzgados civiles del circuito transitorios), y en el art. 2\u00b0 dispuso que el Juzgado 50 Civil del Circuito, deb\u00eda remitir 125 procesos que se encontraran en la etapa de alegatos y fallo al Juzgado 4\u00b0 Civil del Circuito Transitorio, dentro de los procesos remitidos, err\u00f3neamente se envi\u00f3 el proceso de la referencia. <\/p>\n
28. Sostiene el a quo que la remisi\u00f3n del proceso al juzgado transitorio fue debidamente publicitada, no obstante, el Tribunal no halla evidencia de ello en el expediente, pues la actuaci\u00f3n subsiguiente al auto de 22 de marzo de 2018 es el informe secretarial del 11 de octubre de 2018 de ingreso al despacho del Juzgado 4\u00b0 Civil del Circuito Transitorio de Bogot\u00e1, (fl. 426, c. 1). <\/p>\n
29. El juzgado transitorio avoc\u00f3 conocimiento del proceso el 12 de octubre de 2018, es decir, al d\u00eda siguiente del ingreso del expediente, y adelant\u00f3 la fecha en que se llevar\u00eda a cabo la audiencia antes mencionada, fij\u00e1ndola para el 24 de octubre de 2018, decisi\u00f3n que se notific\u00f3 por estado (fl. 427, c. 1). <\/p>\n
30. El Tribunal no desconoce que la fijaci\u00f3n de una fecha m\u00e1s pr\u00f3xima para la celebraci\u00f3n de la audiencia de que trata el art. 373 CGP tuvo por finalidad imprimir celeridad al proceso, antes que sorprender a las partes; sin embargo, tal prop\u00f3sito sin la debida comunicaci\u00f3n a las partes tiene entidad suficiente para vulnerar el derecho de defensa. <\/p>\n
31. La notificaci\u00f3n por estado del auto del 12 de octubre de 2018 debi\u00f3 estar acompa\u00f1ada de otros medios de comunicaci\u00f3n efectiva, fuera a trav\u00e9s de los correos electr\u00f3nicos de las partes o mediante telegrama a las direcciones dispuestas para ese fin, incluso, publicitando la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, sin embargo, al efectuar la consulta no se observa el registro de actuaci\u00f3n alguna entre el 10 de septiembre de 2015 y el seis de junio de 2019\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
32. Resalta el Tribunal que la debida comunicaci\u00f3n del cambio de fecha de la audiencia era apenas necesaria, no solo por la importancia del acto procesal al cual convocaba, sino adem\u00e1s porque las demandadas ten\u00edan la convicci\u00f3n fundada en que dicho acto tendr\u00eda lugar m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s. <\/p>\n
33. En la fecha y hora se\u00f1alada por el juzgado transitorio se llev\u00f3 a cabo la audiencia (fl. 431, c. 1) y el 14 de noviembre de 2018 el juzgado transitorio profiri\u00f3 sentencia escrita estimando las pretensiones de la demanda y condenando a las demandadas a indemnizar a la demandante (fls. 436 a 450, c. 1). <\/p>\n
34. Las demandadas se pronunciaron hasta el dos de mayo de 2019, seis meses despu\u00e9s de proferida la sentencia de primera instancia, y solicitaron la nulidad de lo actuado, precisamente por las presuntas irregularidades advertidas en la notificaci\u00f3n del auto que modific\u00f3 la fecha de la audiencia. <\/p>\n
35. Por ser pertinente para resolver el problema jur\u00eddico planteado, y por considerar que la ratio decidendi es aplicable al presente asunto, el Tribunal pasa a citar las consideraciones efectuadas por la Corte Suprema de Justicia en un caso de contornos similares: <\/p>\n
Ahora, aun cuando en principio, la fijaci\u00f3n de la fecha para la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, en virtud de la disposici\u00f3n procesal antes citada, solo puede ser determinada oralmente durante la celebraci\u00f3n de la audiencia inicial; ello no es \u00f3bice para que su reprogramaci\u00f3n pueda hacerse por escrito, cuando por alg\u00fan evento no sea posible desarrollarla en la data inicialmente establecida. <\/p>\n
Sin embargo, dada la relevancia de este acto procesal, el juzgador est\u00e1 obligado a poner en conocimiento de las partes esa determinaci\u00f3n por el medio m\u00e1s efectivo, con miras a no vulnerar su derecho al debido proceso, espec\u00edficamente, al de defensa del cual deriva el ejercicio de la doble instancia. <\/p>\n
F\u00edjese o no en forma p\u00fablica en audiencia o, por escrito cuando las circunstancias lo impongan, jam\u00e1s puede esquilmarse el derecho a la tutela judicial efectiva, uno de cuyos elementos centrales es el debido proceso, y, por tanto, debe notificarse efectivamente a las partes de la realizaci\u00f3n de ese acto. <\/p>\n
En el caso subj\u00fadice, la sola notificaci\u00f3n por estado resultaba insuficiente para asegurar la publicidad de una decisi\u00f3n que al no ser comunicada eficazmente conllev\u00f3 consecuencias gravosas para el aqu\u00ed accionante, pues su inasistencia a la referida diligencia le impidi\u00f3 impugnar la sentencia emitida en esa oportunidad, adversa a sus intereses. <\/p>\n
Con ese proceder, el sentenciador acusado constitucionalmente borr\u00f3 de tajo el derecho de las partes para ser convocadas, o\u00eddas y vencidas en juicio (resaltado del Tribunal). <\/p>\n
36. Sobre la efectiva notificaci\u00f3n de las actuaciones judiciales, y en contraste, la insuficiencia de la notificaci\u00f3n por estado de decisiones como el cambio de la fecha de una audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, tambi\u00e9n se ha pronunciado este Tribunal: <\/p>\n
(\u2026) Muestra lo expuesto hasta el momento sin lugar a duda que la se\u00f1ora (\u2026) no fue enterada de las actuaciones judiciales frente a las cuales exist\u00eda el deber legal de hacerlo eficazmente y en igualdad de condiciones que a su contraparte en el tr\u00e1mite ordinario. Igualmente, tampoco se hizo lo propio en relaci\u00f3n con alguno de los apoderados que tuvo al estimar que no era necesario por cuanto presentaron respectivamente renuncia que les fue aceptada. <\/p>\n
Podr\u00e1 alegarse que hubo intentos para tales efectos, sin embargo, se quedaron en eso, en intentos que no se concretaron por cualquier otro medio de notificaci\u00f3n previsto en el C\u00f3digo General del Proceso que permitiera garantizar la adecuada publicidad de las actuaciones, y por supuesto, diferente a la notificaci\u00f3n por estado que para este tipo de casos se tiene por insuficiente. <\/p>\n
37.1. Les impidi\u00f3 solicitar prontamente la nulidad por pretermitir la prueba testimonial que fue decretada bajo la ley procesal anterior. <\/p>\n
37.2. Aunque se convalidar\u00e1 lo anterior, les impidi\u00f3 hacer comparecer a la testigo cuya declaraci\u00f3n echa de menos y adem\u00e1s presentar sus alegatos finales. <\/p>\n
37.3. Se desconoci\u00f3 el principio constitucional de la doble instancia, pues no contaron con la posibilidad de apelar la sentencia desfavorable y obtener una decisi\u00f3n de fondo por cuenta del superior funcional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n enjuiciada interpret\u00f3 las disposiciones que regulan las nulidades procesales, concluyendo, que las circunstancias alegadas como fundamento de la solicitud de invalidez, estaban debidamente probadas, pues, de una parte, se omiti\u00f3 la pr\u00e1ctica de una prueba previamente decretada; y, por otro lado, el cambio a fin de adelantar la audiencia de alegatos y fallo, no fue enterada a la parte de manera correcta, ubicando a las demandadas en un escenario de indefensi\u00f3n judicial; de ah\u00ed que sea procedente dicha anulaci\u00f3n pretendida. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC697-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC697-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00114-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Meridiano Catering […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53649","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53649","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53649"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53649\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53649"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53649"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53649"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}