STC699-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC699-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00089-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Alberto Romero Jaimes contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar \u00abal operador judicial [criticado], adoptar la decisi\u00f3n que corresponda de acuerdo con la legislaci\u00f3n, la doctrina y la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio declarativo de \u00abindignidad para suceder\u00bb que en contra del accionante, a principios del a\u00f1o 2013, incoaron Elsa Mar\u00eda Jaimes Solano y Alberto Romero Hern\u00e1ndez, surtidas las etapas de rigor, el 23 de julio de 2014 el Juzgado de Familia de Descongesti\u00f3n de Bucaramanga dict\u00f3 sentencia, en la cual declar\u00f3 a \u00abRomero Jaimes indigno para suceder a su progenitora\u2026 Jaimes Solano\u00bb y no accedi\u00f3 \u00aba la pretensi\u00f3n de indignidad\u2026 respecto de su padre\u2026 Romero Hern\u00e1ndez\u00bb. Determinaci\u00f3n apelada por ambos extremos procesales. <\/p>\n
2.2. Las alzadas, concedidas por el a-quo el 22 de agosto de 2014, las admiti\u00f3 la Colegiatura acusada el 16 de septiembre siguiente, el d\u00eda 29 posterior corri\u00f3 el traslado respectivo de acuerdo al art\u00edculo 360 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y el 14 de octubre del mismo a\u00f1o, con pronunciamiento de los apelantes, el asunto ingres\u00f3 al despacho para fallo, sin que a la fecha se haya dictado la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
2.3. Desde esa data las \u00fanicas actuaciones del Tribunal que registra el asunto se ci\u00f1en a una expedici\u00f3n de copias por parte de la Secretar\u00eda y una salida del despacho, con auto del 13 de marzo de 2018, en el que, en atenci\u00f3n a solicitud de impulso procesal que present\u00f3 el apoderado del quejoso, tras aludir al contenido del precepto 18 de la Ley 446 de 1998, se le indic\u00f3 que el caso est\u00e1 \u00abaguardando el turno que le corresponde para la adopci\u00f3n de la decisi\u00f3n de fondo, sin que haya lugar a alterar el orden\u2026, pues de proceder a ello se trasgredir\u00eda el derecho a la igualdad de los sujetos de otros asuntos que est\u00e1n a la espera de la resoluci\u00f3n de recursos de la misma naturaleza\u00bb; retornando al despacho el d\u00eda 21 siguiente. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela el actor se quej\u00f3, en concreto, de que \u00abhan transcurrido\u2026 SEIS (6) A\u00d1OS Y TRES (3) MESES M\u00c1S, sin que\u2026 hayan generado el correspondiente fallo\u2026 de segunda instancia, dentro de los t\u00e9rminos consagrados en el extinto C\u00f3digo de Procedimiento Civil o en el nuevo C\u00f3digo General del Proceso (art\u00edculos 117 a 121)\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga se\u00f1al\u00f3 que \u00abno le ha sido posible avanzar en el proferimiento de la decisi\u00f3n que en [el]\u2026 asunto [fustigado le] corresponde adoptar\u00bb porque \u00e9ste se encuentra \u00aben el turno 19 para proferir la sentencia que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n presentado por las partes contra la decisi\u00f3n de primer grado\u00bb, \u00abexiste un gran c\u00famulo de procesos pendientes de decisi\u00f3n de fondo, -tanto del sistema escritural como del sistema oral-, como [lo] ha informado en varias oportunidades\u2026, los cuales se han venido evacua[n]do en el respectivo orden, resultando inviable el adelantamiento del turno del proceso en el que el accionante es demandado, por no tratarse la decisi\u00f3n impugnada de una sentencia anticipada y no tener dicho asunto prelaci\u00f3n legal[,] conforme se le indic\u00f3 por auto del 13 de marzo de 2018\u00bb; y que \u00ablas acciones constitucionales y los tr\u00e1mites derivados de estas (incidentes de desacato y consultas) deben evacuarse de manera prioritaria, al igual que los dem\u00e1s asuntos que no hacen turno en el Despacho -como la sustanciaci\u00f3n de autos de mero tr\u00e1mite, la resoluci\u00f3n de solicitud de pruebas en segunda instancia, la tramitaci\u00f3n de los recursos extraordinarios de revisi\u00f3n, las acciones populares, los recurso de queja, conflictos de competencia, impedimentos, recusaciones, recursos de reposici\u00f3n-, aunado a que la Magistrada debe asistir de manera constante como ponente y en calidad de integrante de Sala de Decisi\u00f3n, a las diferentes audiencias programadas\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero de Familia de la capital santandereana pidi\u00f3 desestimar el resguardo porque desde el 26 de junio del a\u00f1o 2014 remiti\u00f3 el juicio fustigado, por competencia, al entonces despacho hom\u00f3logo de descongesti\u00f3n, sin que desde esa data lo tenga a cargo. <\/p>\n
3. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga se\u00f1al\u00f3 que \u00abninguna injerencia h[a] tenido en los hechos planteados, pues no h[a] conocido de esas particulares diligencias, raz\u00f3n por la que deprec[\u00f3] se declare improcedente el amparo en [su] contra\u00bb. <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa y examinados los fundamentos de la queja constitucional, esto es, que han trascurrido m\u00e1s de seis (6) a\u00f1os sin que la autoridad judicial accionada haya proferido la sentencia de segunda instancia en el juicio declarativo que incoaron Elsa Mar\u00eda Jaimes Solano y Alberto Romero Hern\u00e1ndez contra el accionante, pertinente es recordar que con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se critican situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n supralegal, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC5559-2019, 8 may., rad. 2019-01082-00). <\/p>\n
3. Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse, ya que la Magistratura censurada ha incumplido, abiertamente, el t\u00e9rmino fijado por el art\u00edculo 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil1, vigente en el caso concreto para cuando el asunto pas\u00f3 al despacho para la emisi\u00f3n de la sentencia de segundo grado (14 de octubre de 2014), m\u00e1xime cuando las razones que expuso para justificar tal tardanza no compensan la notoria dilaci\u00f3n ni demostr\u00f3 situaci\u00f3n alguna que lleve a considerar que se est\u00e1 frente a un caso de alta complejidad. <\/p>\n
3.1. En un asunto de contornos similares al de ahora, plenamente aplicable al presente, en raz\u00f3n a que la demora all\u00ed criticada ascend\u00eda a algo m\u00e1s de 6 a\u00f1os, como ocurre en esta oportunidad, el resguardo se otorg\u00f3 al considerar que: <\/p>\n
Revisado el registro de actuaciones del decurso cuestionado, se encuentra que la magistrada accionada super\u00f3 ampliamente el t\u00e9rmino de cuarenta (40) d\u00edas concedido en el art\u00edculo 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u2026 para definir la alzada incoada frente a la citada determinaci\u00f3n de 30 de agosto de 2012. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el proceso le fue repartido en octubre de 2012, luego, el 15 de enero de 2013, admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n, ingresando el expediente a su despacho para decidir el 19 de febrero siguiente y registr\u00e1ndose el proyecto de sentencia el 27 de marzo de 2015. No obstante, a\u00fan no existe la providencia con la cual se pondr\u00e1 fin a la instancia. <\/p>\n
Se resalta, como lo ha dicho esta Corte en juicios an\u00e1logos2, que ante la falta de evidencia o alegaci\u00f3n de la cual se derive la complejidad del asunto materia de debate, no puede tenerse por justificada la mora por ese aspecto. En esta ocasi\u00f3n, resulta claro que el tribunal debe determinar si ratifica o no el fallo del a quo en el asunto materia de queja, a la luz de los presupuestos legales para la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria, cuesti\u00f3n que as\u00ed expuesta, no revela mayor complicaci\u00f3n. <\/p>\n
En otros decursos donde la misma Magistrada del Tribunal Superior de Medell\u00edn dej\u00f3 vencer ampliamente el t\u00e9rmino para resolver, la Sala indic\u00f3: <\/p>\n
\u201cY, en ese mismo pronunciamiento, se dijo: <\/p>\n
\u201cEs preciso se\u00f1alar, en este punto, que la orden constitucional que se imparta debe ser id\u00f3nea y efectiva para restablecer el derecho fundamental vulnerado. As\u00ed, si se trata de una omisi\u00f3n, como aqu\u00ed acontece, la directriz del juez de tutela, siguiendo lo reglado en el inciso segundo del art\u00edculo 23 del Decreto 2591 de 1991, ser\u00e1 la de realizar la actuaci\u00f3n omitida por parte del funcionario que desatendi\u00f3 el cumplimiento del mandato legal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn los t\u00e9rminos descritos, la instrucci\u00f3n pertinente para superar la mora judicial injustificada, es conceder el amparo para ordenarle a la Magistrada accionada que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas proceda a registrar el proyecto de decisi\u00f3n, y dentro de los cinco (5) siguientes convoque a Sala de decisi\u00f3n para que desate el litigio (Sentencia de cinco de diciembre de 2012, exp. 2012-02638-00) (\u2026)\u201d3 (CSJ STC4768-2018, 12 abr., rad. 2018-00754-00; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC5559-2019, 8 may., rad. 2019-01082-00). <\/p>\n
3.2. En id\u00e9ntico sentido, en otro tr\u00e1mite an\u00e1logo a \u00e9ste, en el cual se accion\u00f3 contra la misma Colegiatura aqu\u00ed convocada por la tardanza en definir un asunto a su cargo, para derruir las alegaciones de la acusada tendientes a justificar la mora judicial que se le enrostr\u00f3, dej\u00f3 dicho esta Corporaci\u00f3n, in extenso, que: <\/p>\n
\u2026En el sub examine, con el libelo se reprueba la \u201cmora\u201d de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga porque han pasado m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os sin que desate el ataque vertical con que el extremo demandado impugn\u00f3 el veredicto de primer grado en el aludido debate, conforme se comprueba con la impresi\u00f3n obrante en el plenario de la consulta al Sistema de Gesti\u00f3n Judicial Siglo XXI. <\/p>\n
Como se observa, se trata de un lapso cuya amplitud en s\u00ed misma evidentemente frustra cualquier expectativa de quienes renuncian a la disputa privada y acuden confiados con el anhelo que la judicatura dirima sus controversias, sin que existan excusas de recibo, por cuanto en la estad\u00edstica \u00faltima de rendimiento se ve que entre los despachos de la citada Corporaci\u00f3n el que regenta la denunciada es el que presenta una acumulaci\u00f3n ostensiblemente superior de expedientes para fallar y que la respuesta igualmente es notoriamente m\u00e1s lenta, en tanto egresan menos, sin que por otra parte se advierta alguna situaci\u00f3n especial que dispense esa diferencia, am\u00e9n de que desde el punto de vista de la parte afectada, no tiene por qu\u00e9 soportar una tardanza semejante. <\/p>\n
Apreciadas las cosas desde esta perspectiva, el amparo suplicado se erige en un dispositivo apropiado para conminar a que se proceda a elaborar el correspondiente proyecto y emitir el pronunciamiento de fondo, pues mal podr\u00eda atendiendo razones de diversa \u00edndole someterse al usuario a una espera mayor e indefinida, no siendo poca la que hasta el momento ha padecido. <\/p>\n
En un caso similar, en el que la Corte resguard\u00f3 a los entonces accionantes frente a otra Corporaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
Lo propio, habida cuenta que en el caso concreto, sin que medie justificaci\u00f3n valedera por parte del tribunal acusado que permita vislumbrar circunstancias que en el particular y espec\u00edfico asunto pudieran dispensar la demora evidenciada, y no obstante a haber transcurrido un ostensible lapso a partir de la radicaci\u00f3n del sub examine en la colegiatura accionada, hasta ahora no ha habido el pronunciamiento que es menester, conforme se desprende de los elementos de acreditaci\u00f3n recaudados en esta acci\u00f3n constitucional. Y es que, si bien la togada accionada pone de presente que la demora acontecida en el sub judice obra a secuela del \u00abalto grado de congesti\u00f3n que tiene [su] despacho\u00bb, aparte que \u00abno ha tenido intervenciones eficaces, ni oportunas\u00bb desde el punto de vista administrativo, lo cierto es que esas manifestaciones no se vislumbran soportadas en manera alguna en acreditaciones que den cuenta, por v\u00eda de ejemplo, del n\u00famero de procesos que tiene asignados, o de la cantidad de sentencias que haya podido proferir, ni tampoco de los litigios que est\u00e1n en turno para su resoluci\u00f3n ocupando un lugar antes del sub lite, motivo por el cual, es de ver, que \u00abuno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales [\u2026]\u00bb (CSJ STC, feb. 15 1995 rad. 1937, reiterada, entre otras, en CSJ STC, 19 dic. 2012, rad. 00814-00), lo que aqu\u00ed no acaece. Por dem\u00e1s, el \u00abplan de trabajo abril 15 a junio 30 de 2016\u00bb arrimado a esta actuaci\u00f3n, da cuenta de gestiones desarrolladas por la magistrada enjuiciada pero de hace dos a\u00f1os, lo que en nada aporta para clarificar la raz\u00f3n de la demora, desde ese entonces hasta ahora, persistente, misma que por tanto no qued\u00f3 justificada (CSJ STC5172-2018, reiterado STC10225-2018) (CSJ STC13180-2019, 27 sep., rad. 2019-03041-00). <\/p>\n
4. Bajo esa perspectiva, no cabe duda de que la Colegiatura acusada ha trasgredido las garant\u00edas del accionante, habida cuenta que ha superado con holgura y sin justificaci\u00f3n razonable, el t\u00e9rmino previsto por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil -vigente para cuando el caso fustigado ingres\u00f3 al despacho para fallo y, por tanto, actualmente aplicable a esa actuaci\u00f3n- para emitir la sentencia de segunda instancia dentro del juicio fustigado, toda vez que desde el 14 de octubre de 2014, esto es, hace m\u00e1s de seis (6) a\u00f1os, est\u00e1 pendiente de resolver la alzada interpuesta frente a la sentencia del a-quo. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, se conceder\u00e1 el amparo demandado y se ordenar\u00e1 a la Magistrada accionada que dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, convoque a la Sala de Decisi\u00f3n en la que se desatar\u00e1 el litigio, y en un lapso adicional de veinte (20) d\u00edas, contados a partir del fenecimiento del t\u00e9rmino inicial, emita la providencia que en derecho corresponda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Alberto Romero Jaimes. En consecuencia, ordena a la Magistrada Neyla Trinidad Ortiz Ribero, de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que en el t\u00e9rmino de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, convoque a la Sala de Decisi\u00f3n en la que se desatar\u00e1 la apelaci\u00f3n incoada por ambos extremos procesales frente a la sentencia proferida el 13 de julio de 2014 por el Juzgado de Familia de Descongesti\u00f3n de esa ciudad, en el proceso declarativo que contra el accionante incoaron Elsa Mar\u00eda Jaimes Solano y Alberto Romero Hern\u00e1ndez (radicado 68001-31-10-751-2013-00102); y dentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes a la finalizaci\u00f3n de aquel lapso, emita la providencia que en derecho corresponda. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento del \u00faltimo t\u00e9rmino. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, si el presente fallo no es impugnado, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
En los mismos t\u00e9rminos los magistrados deber\u00e1n dictar las providencias que les corresponde o presentar los proyectos de las que sean del conocimiento de la sala; esta dispondr\u00e1 de la mitad del respectivo t\u00e9rmino para proferir la decisi\u00f3n a que hubiere lugar, que se contar\u00e1 desde el d\u00eda siguiente a aqu\u00e9l en que se registre el proyecto en un cuadro especial que se fijar\u00e1 en lugar visible de la secretar\u00eda…\u00bb. <\/p>\n
2 CSJ STC, 11 abr. 2014, rad. 2014-00674-00; ratificada el 24 abr. 2014, rad. 2014-00731-00; el 3 jul. 2014, rad. 2014-01337-00; el 25 sep. 2014, rad. 2014-02061-00; y el 18 sep. 2014, rad. 2014-02009-00, entre otras. <\/p>\n
3 Ib\u00eddem. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC699-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC699-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00089-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Alberto Romero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53650","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53650","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53650"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53650\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53650"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53650"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53650"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}