STC700-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC700-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00135-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Olga Concepci\u00f3n Palmas Rivas contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al Tribunal accionado \u00abdecida sobre el recurso de apelaci\u00f3n negativa o positivamente contra el auto de fecha 18 de diciembre de 2019 proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta, en un t\u00e9rmino prudencial\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Olga Concepci\u00f3n Palma Rivas, Jarben Efrey Ternera Sosa, en nombre propio y de su menor hija; Wilfredo Palma Ar\u00e9valo y Mar\u00eda Elena Rivas Ospino, promovieron demanda de responsabilidad civil en contra de la Cl\u00ednica de la Mujer S.A., tr\u00e1mite al cual fue llamada en garant\u00eda Viginorte Ltda. y Compa\u00f1\u00eda Aseguradora de Finanzas S.A. -Confianza; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado 1\u00b0 Civil del Circuito de Santa Marta, quien con sentencia de 7 de junio de 2018 accedi\u00f3 a las pretensiones; determinaci\u00f3n confirmada parcialmente por el Tribunal el 11 de julio de 2019. <\/p>\n
2.2. Seguidamente, solicitaron la ejecuci\u00f3n de la sentencia, por lo que con prove\u00eddo de 30 de septiembre de 2019 se libr\u00f3 mandamiento de pago; determinaci\u00f3n que mantuvo el 18 de diciembre siguiente, al tiempo que concedi\u00f3 la alzada interpuesta subsidiariamente. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la mora judicial por parte del Tribunal, pues desde el 10 de julio de 2020 -fecha en la que arrib\u00f3 el proceso a esa colegiatura- a la fecha de presentaci\u00f3n de la salvaguarda, la alzada formulada contra la orden de apremio no ha sido resuelta, pese a las tres solicitudes de impulso procesal presentados. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que el estrado enjuiciado incumpli\u00f3 los t\u00e9rminos dispuestos en el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso, pues \u00abhan pasado m\u00e1s de 6 meses sin que se haya proferido auto decidiendo el recurso de apelaci\u00f3n\u2026 es decir, el proceso tiene m\u00e1s de un a\u00f1o solo para decidir un recurso de apelaci\u00f3n contra el mandamiento de pago, sin que exista un pronunciamiento definitivo\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que la mora por parte del Tribunal los \u00abrevictimiza\u2026 dado que [son] personas de escasos recursos, que tuvie[ron] que soportar la p\u00e9rdida de un ser querido por la negligencia de la Cl\u00ednica\u2026 en hechos repudiables\u2026 para ahora tener que padecer no poder hacer efectiva la sentencia que [les] dio la raz\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta inst\u00f3 la improcedencia del resguardo por hecho superado, pues con prove\u00eddo de 25 de enero de 2021 resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n echada de menos; remiti\u00f3 copia de dicha decisi\u00f3n. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u201cel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u201d (sentencia de 11 de mayo de 2001, exp. 11001-22-03-000-2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el sub lite se configura lo que la doctrina constitucional denomina hecho superado, comoquiera que con prove\u00eddo calendado 25 de enero de 2021, notificado por estado virtual del d\u00eda 26 del mismo mes y a\u00f1o, el Tribunal enjuiciado resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n que predicaba insatisfecha la quejosa. <\/p>\n
Entonces, como se observa que en el decurso de la presente acci\u00f3n tuitiva fue resuelta la alzada, es indudable que ces\u00f3 la causa de vulneraci\u00f3n o amenaza de la prerrogativa esencial invocada, lo cual de conformidad con el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991, constituye un hecho superado, pues carecer\u00eda de sentido impartir una orden constitucional cuando la finalidad de la misma ya se cumpli\u00f3. <\/p>\n
Luego, teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n de hecho que causaba la supuesta amenaza al derecho fundamental del quejoso ha desaparecido, la solicitud de amparo perdi\u00f3 toda raz\u00f3n de ser como mecanismo m\u00e1s apropiado y expedito de protecci\u00f3n judicial, toda vez que la decisi\u00f3n que pudiese adoptar el juez respecto del caso espec\u00edfico resultar\u00eda a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acci\u00f3n, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
7 <\/p>\n
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