STC702-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC702-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00174-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Vargas Fl\u00f3rez y Carlos Vargas Fl\u00f3rez contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que dijeron vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Solicitaron entonces, ordenarle \u00abal Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta el pronunciamiento de fondo frente a [su] pedido de restablecer el derecho conculcado con la invasi\u00f3n que legaliz\u00f3 el fallo de tutela, en deterioro de [su] propiedad\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
2.1. Ana Raquel L\u00f3pez L\u00f3pez, Blanca Nelly Cuevas Rodr\u00edguez, \u00c1lvaro Otalora Li\u00f1\u00e1n, Ana Teresa Ferrer Ortega y Jean Carlos Alvear Li\u00f1\u00e1n promovieron una primera acci\u00f3n de tutela en contra del Juzgado Promiscuo Municipal de Tib\u00fa, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda y la Alcald\u00eda Municipal de esa misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a la Ana y Carlos Vargas Fl\u00f3rez, con la finalidad de que se suspendiera la diligencia de entrega de los lotes 1 y 2 ubicados en la carrera sexta del barrio libertadores. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado 6\u00b0 Civil del Circuito de C\u00facuta, quien con fallo de 28 de noviembre de 2018 neg\u00f3 el amparo suplicado; determinaci\u00f3n revocada el 6 de febrero siguiente por el Tribunal, por lo que dispuso \u00abla suspensi\u00f3n temporal del desalojo por t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 2 meses\u00bb, al tiempo que orden\u00f3 a la Unidad de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral de V\u00edctimas, al Fondo Nacional de Vivienda y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social \u00abgarantizar albergue provisional a los invasores que fungen de desplazados\u00bb, as\u00ed como que \u00abincluyera a los favorecidos con la sentencia de tutela, siempre y cuando cumplieran con los requisitos de ley, en los planes de vivienda para los desplazados y los conmin\u00f3 a rendir informes permanentes al Juez de primer grado\u00bb. <\/p>\n
2.3. Anotaron los ahora accionantes que, en calidad de propietarios de los predios y vinculados en el referido tr\u00e1mite supralegal, incoaron incidente de desacato, pues transcurrieron m\u00e1s de los 2 meses dados por el ad quem para la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega, sin embargo, la misma no se ha efectuado; que el estrado judicial \u00abel 16 de julio de 2019 abri\u00f3 incidente de desacato y el 10 de diciembre de 2019 el Juzgado lo fall\u00f3 sin pronunciarse de [su] solicitud y remitido a consulta el 21 de enero de 2020, el Tribunal decret\u00f3 la nulidad. A la fecha de la presente acci\u00f3n\u2026 el Juzgado Sexto Civil del Circuito o el Tribunal Superior de C\u00facuta en la Sala Civil no han dado a conocer de decisi\u00f3n alguna en este tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
2.4. Indicaron que solicitaron la modulaci\u00f3n parcial del fallo a fin de que se les reconozca a su favor el pago de c\u00e1nones de arrendamiento, o se les repare \u00abla omisi\u00f3n de proteger por igual derechos\u2026 que hizo ilusorios el fallo, para lo cual aporta[ron] el aval\u00fao comercial realizado por el profesional\u2026, para que se determinara el da\u00f1o perpetrado y la forma y valor de protegerlo\u00bb, sin embargo, respecto del mismo, tampoco ha existido pronunciamiento. <\/p>\n
2.5. Relataron que el fallo de tutela quebrant\u00f3 sus garant\u00edas de primer grado, pues \u00abno los recono[ci\u00f3] como propietarios de los predios el derecho a percibir un arrendamiento por la interrupci\u00f3n violenta por invasi\u00f3n que legaliz\u00f3 la sentencia del Tribunal\u00bb; adem\u00e1s que \u00abhan transcurrido 1020 d\u00edas de la invasi\u00f3n que fue legalizada y 930 d\u00edas de la decisi\u00f3n que ampar\u00f3 el derecho de los invasores y [les] impuso perder la posesi\u00f3n de los predios, habi\u00e9ndose consumado los dos meses otorgados de suspensi\u00f3n de la diligencia de desalojo, sin que [la misma] se reinicie\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado 6\u00b0 Civil del Circuito de C\u00facuta inform\u00f3 que conoci\u00f3 de la acci\u00f3n de tutela 2018-00246, que con fallo de 28 de noviembre de 2018 neg\u00f3 el amparo, decisi\u00f3n que revoc\u00f3 el Tribunal el 6 de febrero de 2019; que los ac\u00e1 accionantes han formulado incidente de desacato, dentro de los cuales ha emitido sanci\u00f3n en dos oportunidades, sin embargo, el ad quem, en grado de consulta, ha decretado la nulidad \u00abencontr\u00e1ndose actualmente el tr\u00e1mite incidental para dar inicio a la etapa probatoria\u00bb; a\u00f1adi\u00f3 que en lo relativo a la modulaci\u00f3n del fallo \u00abla misma no es de la esfera de la competencia de e[sa] unidad judicial, toda vez que la sentencia respecto de la cual se duelen los actores fue proferida por el superior jer\u00e1rquico, Sala Civil del Honorable Tribunal\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, remiti\u00f3 copia escaneada de todo el tr\u00e1mite impartido al desacato, relievando que el 29 de enero de 2021 emiti\u00f3 pronunciamiento sobre la etapa actual del desacato y sobre la petici\u00f3n de modulaci\u00f3n del fallo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio indic\u00f3 que los hechos de la acci\u00f3n de tutela escapan de la \u00f3rbita de la competencia de esa entidad; que lo relativo al subsidio de vivienda le corresponde al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Fondo Nacional de Vivienda; que Ana y Carlos Vargas Fl\u00f3rez no aparecen postulados en las convocatorias para subsidio; pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda- manifest\u00f3 que atendiendo el fallo de tutela dado por el Tribunal, cumpli\u00f3 a cabalidad lo all\u00ed dispuesto, pues brind\u00f3 los programas de vivienda que tiene disponible el Gobierno Nacional, empero, \u00abla asignaci\u00f3n exige cargas rec\u00edprocas y los accionantes no cumplen requisitos para acceder a un subsidio en virtud a la no postulaci\u00f3n, siendo un requisito indispensable para la asignaci\u00f3n, por lo que se les inform\u00f3 cada uno de los programas y requisitos que tiene actualmente Fonvivienda, para que puedan cumplir requisitos y ser beneficiario de un subsidio de vivienda\u00bb, de ah\u00ed que ha adelantado las acciones positivas orientadas al cumplimiento de la acci\u00f3n, sin que los interesados hubiesen agotado el procedimiento pertinente. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -Findeter- solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, al considerar que en el fallo de tutela 2018-00249 proferido por el Tribunal, no se le impuso carga u obligaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Agencia Nacional de Tierras asever\u00f3 que los hechos formulados en la presente acci\u00f3n constitucional no versan sobre acciones u omisiones administrativas adelantadas por esa entidad. <\/p>\n
<\/p>\n
6. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social anot\u00f3 que las acciones encaminadas a dar efectivo cumplimiento al fallo de tutela, conforme a su funci\u00f3n y competencia, fue debidamente acreditada ante el despacho judicial; que consultada la herramienta de gesti\u00f3n documental de la entidad, los accionantes no han formulado ninguna petici\u00f3n, ni tampoco remitidas de otra entidad; que los hechos motivo del resguardo no tienen relaci\u00f3n con la competencia de esa autoridad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En primer lugar, no cabe duda de que el objeto del presente reclamo recae sobre el fallo de tutela dictado por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 6 de febrero de 2019, que revoc\u00f3 el proferido el 28 de noviembre anterior por el despacho 6\u00b0 Civil del Circuito de esa ciudad, accediendo a la solicitud de amparo deprecada por Ana Raquel L\u00f3pez L\u00f3pez, Blanca Nelly Cuevas Rodr\u00edguez, \u00c1lvaro Otalora Li\u00f1\u00e1n, Ana Teresa Ferrer Ortega y Jean Carlos Alvear Li\u00f1\u00e1n, suspendiendo temporalmente la entrega del predio por dos meses; determinaci\u00f3n que, los ahora accionantes, aducen, vulner\u00f3 sus prerrogativas, pues no se atendi\u00f3 su condici\u00f3n de propietarios del predio, a m\u00e1s que no impuso un canon de arrendamiento a su favor, mientras se procede a su entrega. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna. (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00. (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
2.1. Bajo esa perspectiva, surge palmario que los inconformes tienen dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una sentencia de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez constitucional. <\/p>\n
De modo que la petici\u00f3n elevada por la actora no podr\u00e1 ser atendida, m\u00e1xime cuando la tutela cuestionada fue excluida de revisi\u00f3n, conforme se verific\u00f3 en el portal web de la Corte Constitucional. <\/p>\n
2.2. Ahora, no olvida la Sala que, en casos excepcionales, ha aceptado la procedencia del mecanismo de amparo contra sentencias de tutela, espec\u00edficamente \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u00bb (STC11156-2014, 22 ag., rad. 01804-00; STC15516-2015, 11 nov., rad. 02680-00; STC-2015, 2 dic., rad. 03067-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC- 2016, 7 abr., rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141). <\/p>\n
Sin embargo, en el caso de autos no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguno de los eventos antes rese\u00f1ados y que permitir\u00edan un an\u00e1lisis respecto de tal situaci\u00f3n, toda vez que la queja de los peticionarios no se contrae a dichas situaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En segundo lugar, respecto a la mora en el pronunciamiento sobre la petici\u00f3n de la modulaci\u00f3n del fallo, as\u00ed como en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, se advierte la configuraci\u00f3n de carencia actual de objeto, comoquiera que, seg\u00fan las probanzas allegadas al plenario, con auto del pasado 29 de enero el estrado encausado emiti\u00f3 determinaci\u00f3n encaminada a evacuar la etapa actual del desacato -pruebas-, disponiendo que \u00abuna vez notificada vuelva al despacho para emitir la decisi\u00f3n correspondiente\u00bb. <\/p>\n
De la misma manera, en dicho prove\u00eddo se pronunci\u00f3 sobre los escritos presentados por los actores el 17 de septiembre, 13 de diciembre de 2019 y 14 de julio de 2020 de cara a la modulaci\u00f3n del fallo constitucional, por lo que, se itera, frente a este reparo de ausencia de pronunciamiento, tambi\u00e9n se destaca la carencia actual de objeto. <\/p>\n
Entonces, en cuanto a ese aspecto, advierte la Corte la improcedencia del resguardo impetrado porque actualmente no existe la actuaci\u00f3n a la cual se le endilg\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de los actores, pues el Juzgado accionado emiti\u00f3 pronunciamiento respecto del tr\u00e1mite del desacato, al tiempo que se refiri\u00f3 a las peticiones de modulaci\u00f3n, al margen de que no fuera favorable para aquellos, cumpli\u00e9ndose as\u00ed, en \u00faltimas, su pretensi\u00f3n constitucional al respecto, por lo cual carece de objeto impartir una orden con miras a su satisfacci\u00f3n, pues ello ya ocurri\u00f3. <\/p>\n
En ese sentido, tiene por sentado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
Si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En adici\u00f3n, se observa que al momento de la interposici\u00f3n del presente resguardo no exist\u00eda decisi\u00f3n del fallador acusado respecto de la modulaci\u00f3n del fallo; y si bien en el curso de la presente tutela el estrado accionado emiti\u00f3 dicho pronunciamiento, no es viable que el juez constitucional examine la determinaci\u00f3n proferida ni el fondo del asunto, pues este es un hecho nuevo, no incluido en el libelo inicial, frente al que no puede entrar a manifestarse la Sala en esta instancia, toda vez que desconocer\u00eda el derecho de defensa de los involucrados en esta situaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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