STC704-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC704-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00195-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Virgilio Mej\u00eda Ruiz contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos al debido proceso, \u00abvida concordante con el\u2026 m\u00ednimo vital\u00bb, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 que \u00abse declare la nulidad del auto de\u2026 4 de septiembre de 2020\u00bb y, adem\u00e1s, \u00abse declare impedido el Tribunal [criticado], para seguir conociendo del presente recurso, por no existir garant\u00edas de acuerdo a lo actuado, en su defecto se remita a una entidad judicial de otro departamento con las misma calidades\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 Virgilio Mej\u00eda Ruiz, Tulia Luc\u00eda Cantillo de Mej\u00eda, Jos\u00e9 David Mej\u00eda Mesa, Ciro Alberto, Jos\u00e9 Fernando y Julitza Milagro Cantillo Mej\u00eda promovieron acci\u00f3n de responsabilidad m\u00e9dica contra Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica Bonnadona Prevenir SAS, Giovannys Enrique Guzm\u00e1n Fern\u00e1ndez y Franklin Antonio Vives Rivera, que fue desestimada con sentencia del 10 de febrero de 2020, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la parte actora. <\/p>\n
2.2. Admitida la alzada por el Tribunal criticado, el 10 de junio de la anualidad pasada, corri\u00f3 traslado a las partes, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 4 de agosto de 2020, \u00abpara que en orden y por escrito sustenten el recurso y aleguen de conclusi\u00f3n\u00bb, decisi\u00f3n que censuraron en reposici\u00f3n los demandados, siendo revocada con auto del 27 de agosto siguiente. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, mediante determinaci\u00f3n del 4 de septiembre de 2020, el Tribunal accionado declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n interpuesta por la parte demandante, al considerar que \u00abde conformidad con el art. 14 del\u2026 decreto 806, el t\u00e9rmino para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n en segunda instancia, corri\u00f3 para la\u2026 recurrente de manera autom\u00e1tica y sin necesidad de anuncio (como qued\u00f3 establecido en el auto anterior), a partir de la ejecutoria del auto admisorio\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.4. Cumplido lo anterior, el extremo actor, el 21 de septiembre de 2020, reclam\u00f3 la aclaraci\u00f3n de la prenotada providencia de 4 de septiembre y, adem\u00e1s, el 3 de noviembre siguiente, elev\u00f3 \u00absolicitud de nulidad de orden constitucional\u00bb. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que la sede judicial acusada, al declarar desierta la apelaci\u00f3n, desconoci\u00f3 \u00absus propios autos sin ninguna justificaci\u00f3n legal\u00bb, espec\u00edficamente, el auto de 4 de agosto de 2020, con el que corri\u00f3 traslado para alegar; y que no ha dado respuesta a las peticiones de aclaraci\u00f3n y nulidad que formul\u00f3. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla remiti\u00f3 copias del proceso cuestionado, sin hacer pronunciamiento alguno sobre las quejas del tutelante. <\/p>\n
2. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa, advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que se torna prematuro, en la medida en que, revisados los elementos de juicio aportados al plenario, se verifica que el quejoso pidi\u00f3 al Tribunal criticado, con fundamento en circunstancias similares a las planteadas como soporte del reclamo constitucional, la nulidad del atacado auto de 4 de septiembre de 2020, solicitud que a\u00fan no ha sido decidida por la sede judicial accionada. <\/p>\n
Lo anterior traduce que como el referido mecanismo judicial est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n
\u2026 resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
3. En lo que concierne a las peticiones enfiladas a que se ordene el cambio de radicaci\u00f3n del juicio criticado, considera la Sala que dicha s\u00faplica resulta inviable, por cuanto se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb, toda vez que no se verifica que el querellante lo hubiese solicitado por la v\u00eda que establece el C\u00f3digo General del Proceso, siendo ese el escenario propicio para debatir dicho asunto. <\/p>\n
4. Finalmente, respecto a la demora de la que duele el promotor, de resolver las solicitudes de aclaraci\u00f3n e invalidez que elev\u00f3 la anualidad pasada, pertinente es recordar que, frente a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse, ya que la Magistratura censurada ha incumplido, abiertamente, los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso para el tr\u00e1mite del proceso objeto de reproche constitucional, teniendo en cuenta que la primera de las solicitudes mencionadas (de aclaraci\u00f3n) se present\u00f3 por el tutelante el 21 de septiembre de 2020, sin que a la fecha de proferimiento de esta decisi\u00f3n se le hubiese dado impulso alguno, as\u00ed como tampoco se ha resuelto la petici\u00f3n de invalidez que elev\u00f3 el actor el 3 de noviembre de esas calendas; m\u00e1xime cuando la sede judicial acusada no adujo ninguna explicaci\u00f3n para justificar tal tardanza, as\u00ed como tampoco se avizora el grado de complejidad del asunto objeto de examen. <\/p>\n
No da cuenta la accionada de circunstancias especiales que ameriten una valoraci\u00f3n particular frente a la dilaci\u00f3n presentada, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, \u2018la justificaci\u00f3n del retraso judicial s\u00f3lo resulta posible frente a situaciones de hecho sobrevivientes e insuperables, que tiene[n] lugar a\u00fan a pesar de la gesti\u00f3n diligente del juez\u2019. Situaciones como la congesti\u00f3n de los despachos judiciales en raz\u00f3n del creciente n\u00famero de litigios sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n -algunos de ellos con apreciable grado de complejidad-; el incremento de los negocios civiles que se asignan a los tribunales superiores a efectos de resolver recursos atribuidos a su competencia, o las enfermedades que padecieron la funcionaria judicial y su familia, no constituyen razones suficientes que puedan explicar una demora como la que ella misma admite en la decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, que a la fecha es de tres a\u00f1os y nueve meses (STC, 28 sep. 2012, rad. 2012-02083-00; reiterada en STC12696-2014, 18 sep. 2014, rad. 2014-2009-00) (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
As\u00ed, en otro asunto de similares contornos, la Corte anot\u00f3: <\/p>\n
\u2026 la queja de[l] promotor est\u00e1 llamada a prosperar, destacando que si bien no puede desconocer la Corporaci\u00f3n los altos grados de congesti\u00f3n que presentan algunos despachos judiciales, igualmente es indiscutible que en el presente caso se est\u00e1 frente a un asunto en el que est\u00e1 pendiente la resoluci\u00f3n de un recurso de reposici\u00f3n desde el 22 de julio de 2014, es decir, hace poco m\u00e1s de siete meses, lapso que sin duda impide considerar que la tardanza criticada tenga justificaci\u00f3n, destacando que si bien la decisi\u00f3n es de naturaleza interlocutoria, el tiempo para emitirla no puede equipararse al que demanda la sentencia de fondo dentro de un asunto y que \u00e9stas actualmente deben dictarse en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o en primera instancia y en seis meses en la segunda, de donde, en verdad, resulta un desprop\u00f3sito que la censura referida por la inconforme no haya sido resuelta aun (STC1860-2015, 25 feb. 2015, rad. 2014-00882-01). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no cabe duda de que el despacho accionado ha trasgredido las garant\u00edas del accionante, habida cuenta de que ha superado con holgura y sin justificaci\u00f3n razonable, los t\u00e9rminos previstos para tramitar las peticiones que formul\u00f3 el quejoso. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, se conceder\u00e1 parcialmente el amparo demandado, ordenando al Tribunal accionado que en el t\u00e9rmino de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, tome las determinaciones pertinentes para impulsar el juicio fuente de reclamo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso del accionante y, en consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a trav\u00e9s del ponente correspondiente, que en el t\u00e9rmino de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, adopte las decisiones necesarias para el impulso del proceso criticado (radicaci\u00f3n 08001-31-53-004-2017-00116). <\/p>\n
Segundo. La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. Rem\u00edtasele copia de esta providencia. <\/p>\n
Tercero. En lo dem\u00e1s, negar la protecci\u00f3n constitucional reclamada. <\/p>\n
Cuarto. Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC704-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC704-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00195-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Virgilio Mej\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53655","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53655","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53655"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53655\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53655"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53655"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53655"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}