STC705-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC705-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00101-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Servicios Especiales Pintado Londo\u00f1o Ltda contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como la parte demandante y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la \u00abprevalencia del derecho sustancial\u00bb y al \u00abrespeto del precedente jurisprudencial\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional de segundo grado convocada, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n que la parte demandante interpuso contra la sentencia de primer grado, en el marco del pleito de responsabilidad civil contractual que en su contra y en la de Jacqueline Corredor Rueda y Luis Enrique Arteaga Cabiedes, adelantaron las se\u00f1oras Flor Mar\u00eda Villab\u00f3n de Guti\u00e9rrez y Yolanda Guti\u00e9rrez Villab\u00f3n, radicado con el No. 2018-00214-01. <\/p>\n
Exige, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se \u00abanul[e] por ilegal y carencia de competencia funcional, lo actuado en la segunda instancia por la Sala Civil Mayoritaria del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, conforme lo prescribe[n] [los] (\u2026) art[s]. 322 y 372 del C\u00f3digo General del Proceso en concordancia con lo dispuesto en el art. 14 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, normas aplicables y de obligatorio cumplimiento por mandato Constitucional, como se desprende de la jurisprudencia reiterada en la sentencia SU \u2013 418 del 2019, en consideraci\u00f3n a que la apelante no dio cumplimiento a la sustentaci\u00f3n del recurso interpuesto en la forma ordenada en la citada disposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo aduce en s\u00edntesis la interesada, que el 26 de septiembre de 2019, el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de esta capital zanj\u00f3 de fondo el mentado pleito, por lo que i) declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n por pasiva respecto a la demandada Jaqueline Corredor Rueda; ii) conden\u00f3 a Luis Enrique Artega Caviedes, en calidad de conductor y guardi\u00e1n del veh\u00edculo de transporte p\u00fablico que colision\u00f3 y ocasion\u00f3 la muerte de la hija y nieta de las demandantes, respectivamente, al pago de los perjuicios morales a favor de la abuela de la v\u00edctima; iii) declar\u00f3 probadas las excepciones de transacci\u00f3n y pago de lo no debido por ella propuestas en calidad de demandada; y, iv) frente a los perjuicios tanto materiales como morales solicitados por la progenitora, dijo que los mismos ya se encontraban resarcidos por el pago que le hizo la empresa aseguradora Seguros del Estado. <\/p>\n
Explica, que inconformes con esa determinaci\u00f3n, las demandantes la apelaron, recurso que fue admitido por la Sala Civil del Tribunal de Bogot\u00e1 el 28 de noviembre de 2019; que cuando tal autoridad corri\u00f3 traslado por el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas para que sustentaran la alzada, de conformidad a lo normado en el art\u00edculo 9\u00b0 del Decreto 806 de 2020, las recurrentes, en vez de presentar el respectivo escrito solicitado, lo que hicieron fue promover un incidente de nulidad argumentando que dicha normatividad no era aplicable al caso sub examine, pedimento que fue denegado. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 20 de enero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa, quienes fueron notificados en debida forma de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela, cuando tiene por finalidad controvertir actuaciones judiciales, s\u00f3lo deviene procedente si en ellas el juez natural ha incurrido en causal de procedencia del amparo, entendi\u00e9ndose por tal, aquella actividad jurisdiccional que carece de fundamento jur\u00eddico y que, por lo mismo, se muestra ostensiblemente arbitraria y caprichosa, y siempre y cuando, el interesado no disponga de otros medios de defensa id\u00f3neos para la protecci\u00f3n de sus derechos, puesto que, en el supuesto de haber contado o de contar con ellos, el mecanismo constitucional no tiene cabida, ya que tales formas ordinarias de defensa vienen a constituir el sendero por medio del cual debe obtenerse la protecci\u00f3n o el restablecimiento de los derechos superiores amenazados o efectivamente conculcados por los jueces. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio, la sociedad Servicios Especiales Pintado Londo\u00f1o Ltda se duele, concretamente, de la sentencia pronunciada el 25 de septiembre del a\u00f1o pasado, a trav\u00e9s de la cual, y de manera anticipada, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 advirti\u00f3, que aun cuando la parte apelante (contendiente de la aqu\u00ed interesada), no sustent\u00f3 la alzada dentro el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas que le fue concedido, conforme a lo normado en el canon 14 del Decreto 806 de 2020, lo cierto era que no hab\u00eda lugar a declarar la deserci\u00f3n del recurso, en tanto que, de manera suficiente y adecuada, las demandantes hab\u00edan procedido a sustentar la censura vertical ante el ad quo, todo lo anterior, en el marco del juicio de responsabilidad civil contractual que las se\u00f1oras Flor Mar\u00eda Villabon de Guti\u00e9rrez y Yolanda Guti\u00e9rrez Villabon adelantaron contra la tutelante, y los se\u00f1ores Jacqueline Corredor Rueda y Luis Enrique Arteaga Cabiedes. <\/p>\n
3. Con el prop\u00f3sito de brindar soluci\u00f3n a la controversia memorada, para la Corte resulta necesario verificar los documentos allegados electr\u00f3nicamente al presente tr\u00e1mite, los cuales permiten apreciar lo siguiente: <\/p>\n
3.1. En prove\u00eddo del 28 de noviembre de 2019, el ad quem admiti\u00f3 el mentado recurso vertical, y el 23 de junio de 2020, en virtud de las medidas excepcionales tomadas por el Gobierno Nacional para afrontar la actual crisis sanitaria, y conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo No. 806 del 4 de junio de 2020, concedi\u00f3 a las recurrentes (demandantes), el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas para que sustentaran por escrito el recurso. <\/p>\n
3.2. El 7 de julio siguiente, \u00e9stas presentaron incidente de nulidad con base en la causal 6\u00aa del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, alegando que el auto mediante el cual se corri\u00f3 el citado traslado vulneraba los principios rectores del debido proceso, al aplicarse indebidamente el Decreto 806 de 2020, pues lo cierto es que, como la alzada se admiti\u00f3 antes de la entrada en vigencia del mismo, a lo que deb\u00eda procederse era a la citaci\u00f3n de las partes para la audiencia de que trata el inciso 2\u00b0 del canon 327 ejusdem. <\/p>\n
3.3. A paso seguido, esto es, el 7 de septiembre del a\u00f1o pasado, la Colegiatura criticada \u00abdeneg[\u00f3] la solicitud de nulidad\u00bb, luego de esgrimir al efecto, b\u00e1sicamente, que \u00aba pesar de que, en efecto, el curso de la apelaci\u00f3n en el asunto de marras se encontr\u00f3 reglado por el cap\u00edtulo II, t\u00edtulo \u00fanico, secci\u00f3n 6\u00aa de la Ley 1.564 de 2.012, lo cierto es que, en el marco del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica decretado ante la crisis sanitaria que desde el mes de marzo de la anualidad que avanza est\u00e1 afrontando el pa\u00eds -lo que mereci\u00f3 la adopci\u00f3n de medidas extraordinarias por parte de la Presidencia de la Rep\u00fablica y de los dem\u00e1s entes gubernamentales, a fin de mitigar el impacto socioecon\u00f3mico devenido por esta sui generis situaci\u00f3n-, el Gobierno Nacional expidi\u00f3 el Decreto 806 de 2.020, el cual se fundament\u00f3 en que las medidas judiciales all\u00ed contempladas deb\u00edan ser adoptadas \u2018en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedici\u00f3n de[l] decreto\u2019; lo que, sin lugar a equ\u00edvocos, impon\u00eda a los administradores de justicia, in generi, la observancia cabal de tales ordenanzas en los t\u00e9rminos all\u00ed establecidos. <\/p>\n
Si esto es as\u00ed, luce descaminado que se sostenga por la incidentante que la mencionada regulaci\u00f3n no pueda aplicarse a litigios que se encontraban adelant\u00e1ndose con anterioridad a su vigencia, pues el alcance de dicha legislaci\u00f3n extraordinaria, ciertamente, cobija a las referidas acciones judiciales, as\u00ed como las impetradas luego de su expedici\u00f3n. <\/p>\n
Es por eso que, con independencia de la prelaci\u00f3n que se le dio a la virtualidad para que los jueces pudieran adelantar las distintas acciones judiciales en esta \u00e9poca de dificultades epidemiol\u00f3gicas, lo espec\u00edficamente estatuido frente al recurso de apelaci\u00f3n en materia civil, fue que, ante la ausencia de pruebas a practicar en segunda instancia, la sustentaci\u00f3n y el proferimiento de la sentencia ser\u00edan de forma escrita. De ah\u00ed que ning\u00fan desafuero constitucional o procesal, con la entidad para invalidar lo hasta aqu\u00ed actuado, pueda avistarse en el sub judice por el proferimiento de la providencia del 23 de junio de 2.020.\u00bb (Resalta la Corte). <\/p>\n
3.4. En firme la anterior determinaci\u00f3n, y encontr\u00e1ndose el asunto al Despacho para resolverse lo pertinente, el Tribunal decidi\u00f3 en auto del 14 de septiembre de 2020, \u00abcorrer traslado a la parte de apelante\u00bb, seg\u00fan las previsiones del art\u00edculo 14 del mencionado Decreto. <\/p>\n
3.5. Ingresado nuevamente el asunto al Despacho del magistrado ponente el d\u00eda 25 del mismo mes y a\u00f1o, se emiti\u00f3 sentencia modificatoria del fallo confutado, aun cuando la parte apelante guard\u00f3 silencio en el t\u00e9rmino de traslado brindado para tal cometido, tras considerarse que \u00abel extremo convocante, durante la audiencia de que trata el art\u00edculo 373 del C. G. del P., ante el juzgador de primer orden, expuso de manera suficiente, expresa y cabal las razones argumentativas en las que fund\u00f3 su discrepancia contra la decisi\u00f3n proferida por el a quo, las que ut supra fueron compendiadas, labor\u00edo dial\u00e9ctico que, en el criterio mayoritario de es[e] Colegiado, tiene la entidad jur\u00eddica para tener debidamente sustentado el recurso de apelaci\u00f3n instaurado, sin que sea procedente exigirle que realice una sustentaci\u00f3n ante el superior, adicional a la ya efectuada ante la funcionaria de cognici\u00f3n, como lo reiter\u00f3 la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia STL 2976 de 2019 (\u2026). <\/p>\n
En concordancia con lo manifestado, debe apuntarse que, si bien el comunicado de prensa No. 35 de 2019, la Corte Constitucional inform\u00f3, en t\u00e9rminos generales, que la sentencia unificadora No. SU-418-2019, \u2018(\u2026) el recurso de apelaci\u00f3n debe sustentarse ante el superior, en la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, y la consecuencia de no hacerlo as\u00ed, es la declaratoria de desierto el recurso (\u2026)\u2019 lo cierto es que esa providencia, a la fecha, no ha sido objeto de publicaci\u00f3n, por consiguiente, no ha adquirido fuerza vinculante (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Puestas de ese modo las cosas, debe precisarse en principio, que independientemente de la norma que se hubiera aplicado, asunto que no discute la sociedad apelante, lo cierto es que lo ocurrido en el proceso en forma visible, es que el Tribunal acogi\u00f3 una posici\u00f3n contraria a la jurisprudencia decantada de esta sala, dando por v\u00e1lidas las alegaciones presentadas en primera instancia, sin tener en cuenta que la intenci\u00f3n del legislador, ratificada por la sentencia unificadora SU 418 de 2019 de la Corte Constitucional, es que la sustentaci\u00f3n ante el juez de segunda instancia es obligatoria, sea en forma oral como lo establece el C\u00f3digo General del Proceso, ya por escrito como lo se\u00f1ala el decreto 806 de 2020, pero en todo caso ante el juez ad quem, y que no son v\u00e1lidos los argumentos acogidos por el fallador acusado de dar validez y eficacia a los argumentos allegados cuando se propuso el recurso o sea los presentados ante el juez de primera instancia as\u00ed sean muy completos. <\/p>\n
En esa forma, le asiste raz\u00f3n a la accionante en tutela cuando se\u00f1ala el error en que incurri\u00f3 el fallador civil al dar tr\u00e1mite completo al recurso de apelaci\u00f3n sin la sustentaci\u00f3n del recurso en segunda instancia. Otra cosa ser\u00eda la discusi\u00f3n sobre la norma aplicable al recurso que no es procedente ahora porque no es objeto de discusi\u00f3n ent re las partes. <\/p>\n
En consecuencia, se proceder\u00e1 a dejar sin efectos todo lo actuado en segunda instancia y en su lugar se ordena que no estando sustentado el recurso como lo ordena el C\u00f3digo General del Proceso, se declare por parte del Tribunal la deserci\u00f3n del recurso. <\/p>\n
Se advierte que las apelantes bien pudieron recurrir las providencias que escogieron la forma y legislaci\u00f3n aplicable al tr\u00e1mite del recuso propuesto, y no lo hicieron al menos por medio de los recursos ordinarios dentro del proceso, ello sin perjuicio de que a\u00fan les puedan quedar oportunidades procesales extraordinarias. <\/p>\n
Colorario de lo expuesto, se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada, para que el ad quem convocado proceda a decidir nuevamente sobre el recurso vertical en comento frente a la falta de sustentaci\u00f3n del recurso ante el fallador de segunda instancia, lo que necesariamente acarrea la deserci\u00f3n del recurso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONCEDE el resguardo reclamado por Servicios Especiales Pintado Londo\u00f1o Ltda. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que tras DEJAR sin valor ni efecto la providencia pronunciada el 7 de septiembre de 2020, en el marco del proceso declarativo de responsabilidad civil antes referenciado, as\u00ed como todas las dem\u00e1s actuaciones posteriores que dependan de ella, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda a decidir sobre la admisi\u00f3n del recurso teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional al respecto, tal y como se expone en esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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