STC706-2021 <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC706-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00017-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Sandra Milena Real Soto contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como por solicitud expresa de la interesada, a la Cl\u00ednica Valledupar S.A. y a Saludcoop EPS en liquidaci\u00f3n, adem\u00e1s de las partes e intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora del amparo a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional de segundo grado convocada, con la \u00abindebida\u00bb notificaci\u00f3n de los prove\u00eddos a trav\u00e9s de los cuales, en su orden, i) se corri\u00f3 traslado a la apelante para sustentar la alzada propuesta contra la sentencia de primera instancia, de conformidad a lo normado en el canon 14 del Decreto 806 de 2020; y, ii) se declar\u00f3 desierto el recurso por falta de la referida sustentaci\u00f3n, dentro del juicio de responsabilidad civil que promovi\u00f3 contra la Cl\u00ednica Valledupar S.A. y Saludcoop EPS en liquidaci\u00f3n, con radicado No. 2016-00041-01. <\/p>\n
Por lo anterior, exige para la protecci\u00f3n de su debido proceso, que se ordene a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, \u00abprograma[r] (\u2026) una audiencia virtual para la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n o en su defecto correr nuevamente traslado para presentar la sustentaci\u00f3n por escrito, el cual ser\u00e1 previamente notificado al correo electr\u00f3nico de las partes, enter\u00e1ndolos de su contenido\u00bb. <\/p>\n
2. Para sustentar su queja relata la promotora de la salvaguarda, en s\u00edntesis, que una vez desestimadas las pretensiones por ella elevadas en el juicio declarativo atr\u00e1s referenciado, el abogado que la representaba present\u00f3 oportunamente recurso de apelaci\u00f3n, el cual, una vez concedido, fue admitido por la Colegiatura convocada mediante auto del 4 de julio de 2017; que desde esa \u00e9poca, y por diferentes razones, se ha venido dilatando el tr\u00e1mite, motivo por el cual otorg\u00f3 mandato a diferentes profesionales del derecho, \u00faltimo de ellos quien fue reconocido como su representante en prove\u00eddo adiado15 de febrero de 2019, por lo que el 5 de marzo siguiente solicit\u00f3 que se fijara fecha y hora para la realizaci\u00f3n de audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo; que no obstante lo anterior, dice, el 2 de octubre de 2020 el Tribunal resolvi\u00f3 correr traslado a las partes para alegar de conclusi\u00f3n, de conformidad a lo normado en el canon 14 del Decreto 806 de 2020, determinaci\u00f3n que no le fue comunicada directamente, motivo por el cual, al no haber allegado el respectivo escrito, en auto del 23 de noviembre postrero se declar\u00f3 desierta la alzada, circunstancias \u00e9stas por las que acude a la presente v\u00eda excepcional, pues \u00abla norma procesal que debi\u00f3 aplicar el ad quem fue el inciso segundo del numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 20 de enero hoga\u00f1o, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal de Valledupar indic\u00f3, en lo esencial, que \u00aben primer lugar, resulta cierto que ante esta corporaci\u00f3n se surti\u00f3 el tr\u00e1mite de segunda instancia del proceso al que se refiere la solicitud de tutela, bajo radicado 20001-31-03-001-2016-00041-01, que fue admitido por auto del 04 de julio de 2017, y mediante providencia de fecha 23 de noviembre de 2020, en la que actu\u00e9 como magistrado sustanciador, se declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la demandante, contra proferida el 11 de mayo del 2017 emanada del Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar. En raz\u00f3n a ello, este despacho profiri\u00f3 auto de fecha 02 de octubre de 2020, teniendo en cuenta las medidas tomadas por el gobierno nacional y el Consejo Superior de la Judicatura con ocasi\u00f3n a la pandemia del Covid-19, adecuando el tr\u00e1mite del proceso a lo reglado en el Decreto Legislativo 806 de 2020 y corriendo traslado a la parte apelante, de Asunto: Respuesta tutela Radicado \u00fanico: 11001-02-03-000-2021-00017-00 P\u00e1gina 2 de 4 conformidad con el art\u00edculo 14 de la norma referida, el cual fue notificado a trav\u00e9s de los estados electr\u00f3nicos del Tribunal, en el portal web de la Rama Judicial, el 07 de octubre de 2020. Posteriormente, ante la falta de sustentaci\u00f3n, con base en la misma disposici\u00f3n, se declar\u00f3 desierto el recurso, a trav\u00e9s de auto de fecha 23 de noviembre de 2020, que tambi\u00e9n fue notificado a las partes a trav\u00e9s de estados electr\u00f3nicos, sin que ninguna de esas providencias fuera objeto de recurso\u00bb, motivo por el cual, se incumple con el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
b. Por su parte, el apoderado judicial de la Cl\u00ednica de Valledupar SA refiri\u00f3, \u00abque se equivoca el apoderado judicial de los actores al afirmar en el escrito de tutela que la Secretar\u00eda del Tribunal ten\u00eda la obligaci\u00f3n de enviar a su direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico alg\u00fan tipo de notificaci\u00f3n en cuanto, a pronunciamientos del despacho como lo prev\u00e9 el C\u00f3digo General del Proceso y el Decreto 806 de 2020, afirmaci\u00f3n carente de sustento jur\u00eddico y legal, pues contrario sensu debido a que con ocasi\u00f3n de la situaci\u00f3n sanitaria generada por la pandemia del Covid-19, que ha forzado a todos los estamentos a adoptar medidas que posibiliten no solo el impulso de los procesos, sino un acceso efectivo de los usuarios con respeto al debido proceso\u00bb, por lo que solicita denegar el amparo reclamado. <\/p>\n
c. De otra parte, el mandatario judicial de Allianz Seguros se\u00f1al\u00f3, que \u00abla presente acci\u00f3n de tutela resulta infundada, y m\u00e1s bien [tiene que ver con] la negligencia y desidia del apoderado de la parte demandante dentro del referido proceso declarativo\u00bb, al dejar de sustentar la alzada. <\/p>\n
d. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Ahora, trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n constitucional rogada por la se\u00f1ora Sandra Milena Real Soto resulta procedente, pues con las determinaciones emitidas el 2 de octubre y 23 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, por medio de las cuales resolvi\u00f3, en su orden, correr traslado a la demandante para que sustentara por escrito el remedio vertical propuesto contra la sentencia desestimatoria proferida por el Juzgado Quince Civil del Circuito de la misma ciudad, y, declarar desierto el citado recurso, dentro del proceso declarativo de responsabilidad civil que la aqu\u00ed interesada promovi\u00f3 frente a la Cl\u00ednica Valledupar S.A. y Saludcoop EPS en liquidaci\u00f3n, ciertamente se incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por los defectos sustantivo y procedimental, al adoptar una decisi\u00f3n que luce arbitraria frente a la normatividad adjetiva aplicable al citado litigio, como pasa a verse. <\/p>\n
2.1. En efecto, en relaci\u00f3n con los mecanismos que se encontraban en tr\u00e1mite en el marco de los procesos judiciales para el momento en que entr\u00f3 en vigor el Decreto Legislativo 806 del 4 de junio hoga\u00f1o, esta Sala en reciente pronunciamiento, fue enf\u00e1tica en se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abcomo el Decreto Legislativo 806 de 4 de junio de 2020, nada indic\u00f3 sobre la transici\u00f3n entre una y otra reglamentaci\u00f3n, (\u2026) [se] debi\u00f3 atender a la directiva general establecida en el art\u00edculo 625 de la Ley 1564 de 2012, para los eventos en donde se introducen modificaciones a los procedimientos. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, si el Decreto Legislativo 806 de 4 de junio de 2020 modific\u00f3 la manera para sustentar la apelaci\u00f3n, as\u00ed como la forma de resolver un mecanismo defensivo de ese talante y, adem\u00e1s, nada esboz\u00f3 en torno a los remedios verticales propuestos en vigencia del art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso deb\u00eda finiquitarse con la Ley anterior y no con la nueva. <\/p>\n
Al punto, el numeral 5\u00b0, art\u00edculo de la Ley 1564 de 2012, es claro en se\u00f1alar: <\/p>\n
\u2018(\u2026) Art\u00edculo 625. Tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n. Los procesos en curso al entrar a regir este c\u00f3digo se someter\u00e1n a las siguientes reglas de tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n: (\u2026)\u2019. <\/p>\n
\u2018(\u2026) No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la pr\u00e1ctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los t\u00e9rminos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se est\u00e9n surtiendo, se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los t\u00e9rminos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
\u2018(\u2026) Art\u00edculo 40. Las leyes concernientes a la sustanciaci\u00f3n y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir (\u2026)\u2019. <\/p>\n
\u2018(\u2026) Sin embargo, los recursos interpuestos, la pr\u00e1ctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los t\u00e9rminos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se est\u00e9n surtiendo, se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los t\u00e9rminos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones (\u2026)\u2019. <\/p>\n
\u2018(\u2026) La competencia para tramitar el proceso se regir\u00e1 por la legislaci\u00f3n vigente en el momento de formulaci\u00f3n de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad (\u2026)\u2019 (\u00e9nfasis ajeno al original) <\/p>\n
As\u00ed, de manera general, el art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887 y el canon 625 del C\u00f3digo General del Proceso, consignan el principio retrospectividad como regla general y, de forma excepcional, el de ultraactividad en materia de recursos, de modo que, seg\u00fan el \u00faltimo, es del caso conceder el amparo invocado\u00bb (STC6687- 2020). <\/p>\n
2.2. En el caso concreto, estando ejecutoriado el auto de 7 de julio de 2017, que admiti\u00f3 el remedio vertical aludido l\u00edneas atr\u00e1s, la Colegiatura acusada procedi\u00f3 a correr traslado por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas a la recurrente, aqu\u00ed actora, para que sustentara por escrito dicho recurso de acuerdo con lo previsto en el inciso tercero del art\u00edculo 14 del mentado Decreto Legislativo (decisiones que aparecen registradas en el sistema Siglo XXI), y como la inconforme no cumpli\u00f3 con la carga que le fue impuesta, mediante prove\u00eddo del 23 de noviembre siguiente declar\u00f3 la deserci\u00f3n del mecanismo impugnatorio. <\/p>\n
2.3. Conforme con dicho recuento procesal, enseguida se advierte el yerro cometido por el Tribunal cuestionado, pues, pese a que la alzada propuesta por la tutelante se promovi\u00f3 en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, no tuvo en cuenta el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n que media entre el art\u00edculo 327 de dicho Estatuto Procesal y el precepto antes citado, en virtud de las previsiones del canon 625 ib\u00eddem, lo cual lo obligaba a seguir el tr\u00e1mite del recurso en los t\u00e9rminos de esa codificaci\u00f3n procedimental, m\u00e1s no bajo el abrigo del Decreto Legislativo 806 de 2020. <\/p>\n
3. Finalmente, y aunque no escapa a la atenci\u00f3n de la Corte el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad en que incurri\u00f3 la peticionaria, por guardar silencio respecto de las decisiones que orden\u00f3 correr traslado para presentar la sustentaci\u00f3n de la alzada y la subsecuente deserci\u00f3n, como se ha dicho en casos similares donde la vulneraci\u00f3n es muy evidente, como en el sub examine, en el que el proceso se encuentra desde hace casi cuatro a\u00f1os en tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n, la incuria en que incurri\u00f3 la se\u00f1ora Real Soto, \u00abno constituye un obst\u00e1culo infranqueable para que [el amparo] proceda, si se tiene en cuenta que, se itera, la decisi\u00f3n comentada est\u00e1 amparada en un actuar contrario a derecho, lo que hace evidente y grave la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso del accionante, y por ende necesaria la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional para conjurar la afectaci\u00f3n que gener\u00f3 tal proceder\u00bb (CSJ STC2508-2020). <\/p>\n
4. En conclusi\u00f3n, es claro que ante el defectuoso tr\u00e1mite impartido por la Colegiatura accionada respecto del recurso vertical propuesto por la parte demandante en el litigio tantas veces referido, se justifica la intervenci\u00f3n del Juez de tutela en aras de restablecer la garant\u00eda superior al debido proceso que le fue conculcada a la aqu\u00ed interesada, por lo que se dejar\u00e1n sin valor ni efecto las providencias cuestionadas, para que la citada autoridad proceda nuevamente a tramitar, en lo que corresponda, el mencionado remedio. <\/p>\n
5. Por todo lo expuesto, se conceder\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONCEDE el amparo incoado por Sandra Milena Real Soto. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, que tras dejar sin valor ni efecto las providencias proferidas el 2 de octubre y 23 de noviembre de 2020, por en el marco del proceso declarativo de responsabilidad civil antes referenciado, as\u00ed como las dem\u00e1s que dependan de ella, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, rehaga la actuaci\u00f3n en punto de fijar fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo a proferirse al interior del aludido juicio, teniendo en cuenta las consideraciones vertidas en el presente fallo. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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