STC707-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC707-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00200-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Alberto Cadavid Ben\u00edtez contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abrestituci\u00f3n de tierras\u00bb y buena fe, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia se ordene \u00abdeclarar la nulidad de la sentencia 09 del 24 de mayo de 2018\u2026 y de todas las actuaciones posteriores\u00bb, sin dejar de \u00abconsiderar los elementos materiales probatorios relevantes presentados, espec\u00edficamente la Resoluci\u00f3n N\u00b0 RA \u2013 2188 del 8 de septiembre de 2015, expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas present\u00f3 acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras en nombre de Alberto Cadavid Ben\u00edtez, tr\u00e1mite en el que el juzgador reconoci\u00f3 como opositora a Orfa del Socorro Vel\u00e1squez D\u00edaz. <\/p>\n
2.2. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, en sentencia de 24 de mayo de 2018, deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda y orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares impuestas. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que en la Resoluci\u00f3n N\u00b0 RA \u2013 2188 del 8 de septiembre de 2015, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente resolvi\u00f3 inscribirla en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, puesto que prob\u00f3 haber sido despojada de su tierra; y que el predio objeto del proceso se encuentra ubicado en el municipio de San Roque. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que la sentencia emitida desconoci\u00f3 la titularidad de su predio, aduciendo no tener el dominio, pero si la posesi\u00f3n del bien, tal como lo reconoci\u00f3 la autoridad competente; y que no se le dijo por qu\u00e9 razon no se tuvo en cuenta la prueba decretada por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, que dio como resultado que lo inscribieran en el mencionado Registro de Tierras. <\/p>\n
2.5. Adujo que la aludida inscripci\u00f3n se hizo en su calidad de poseedor; que no se valor\u00f3 a la luz de la sana cr\u00edtica y de manera objetiva la prueba decretada por la referida Unidad Administrativa; que la parte accionada se limit\u00f3 a hablar de nuda propiedad y del derecho de dominio \u00edntegro, pero dej\u00f3 de lado la posesi\u00f3n como requisito para adquirir la propiedad. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que el Tribunal criticado desconoci\u00f3 el contenido de la resoluci\u00f3n mencionada; que se consider\u00f3 que no ten\u00eda el derecho porque su ingres\u00f3 al predio se dio en virtud de unos contratos que fueron cancelados o quedaron sin efecto, empero, la falsedad la cometi\u00f3 otra persona, por lo que no pod\u00eda resultar afectado; y que se transgrede el principio de la buena fe. <\/p>\n
2.8. Agreg\u00f3 que se enter\u00f3 de la decisi\u00f3n criticada hace poco; que fue complejo tener buena comunicaci\u00f3n con el Defensor asignado por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y abandonadas Forzosamente; y que la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso contin\u00faa y es actual. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia indic\u00f3 que se remit\u00eda a la actuaci\u00f3n surtida, destacando que se expusieron con amplitud y claridad las razones de derecho por las cuales, en criterio de la Sala mayoritaria, resultaba improcedente acceder a las s\u00faplicas presentadas; que la determinaci\u00f3n criticada valor\u00f3 en su integridad el acervo probatorio, conforme al cual se concluy\u00f3 que el solicitante no reun\u00eda las exigencias legales y jurisprudenciales para reputarse poseedor del fundo reclamado, adem\u00e1s que tampoco acredit\u00f3 los restantes elementos estructurales de la posesi\u00f3n; que no concurr\u00edan los requisitos de procedibilidad, por cuanto la decisi\u00f3n se encuentra soportada en las pruebas legal y oportunamente adosadas, no es fruto de una interpretaci\u00f3n antojadiza e irracional, se garantizaron a plenitud las garant\u00edas propias del juicio a sus intervinientes, y que no cumpl\u00eda con el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre el fallo criticado de 24 de mayo de 2018; y la interposici\u00f3n de la tutela el 26 de enero de 2021, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Es de destacar que, conforme los medios suasorios allegados al plenario, la mentada determinaci\u00f3n fue notificada a las partes e intervinientes, quedando ejecutoriada el 9 de junio de 2018, e incluso el 17 de julio siguiente el gestor intervino en la actuaci\u00f3n, sin que sea de recibo el argumento con el que el accionante pretende superar el mentado requisito, pues el t\u00e9rmino se contabiliza a partir de la decisi\u00f3n que denuncia como vulneradora de sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026 si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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