STC708-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC708-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00124-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Gloria Luc\u00eda Escalante Manzano contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con las costas aprobadas en su contra, en el marco del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual que promovi\u00f3 contra la Asociaci\u00f3n Civil Club Colombia, con radicado No. 2011-00088-01 <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, \u00abdej[ar] sin efecto el auto interlocutorio de fecha 16 de diciembre de 2020 (\u2026) y en su lugar reajuste el valor de la condena en costas y agencias en derecho atendiendo el criterio de ser inversamente proporcional al valor de las pretensiones\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que apelada por su contraparte la sentencia que el 13 de abril de 2012 emiti\u00f3 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali accediendo a las pretensiones dentro del citado juicio, el 7 de abril de 2014 la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad revoc\u00f3 lo determinado, conden\u00e1ndola a pagar $18\u00b4000.000 por agencias en derecho, de manera que, al no haber sido casado ese fallo por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 6 de diciembre de 2019, se liquidaron las costas en su contra, determinaci\u00f3n que objet\u00f3 con sustento en que en la aludida liquidaci\u00f3n no se hab\u00edan respetado los par\u00e1metros del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
Explica que dicha normativa permit\u00eda fijar en su caso las agencias en derecho en un 0.5% del valor de las pretensiones, ya que el proceso \u00abno es de naturaleza relevante sino que es un proceso com\u00fan de responsabilidad civil extracontractual, ninguna de las partes ostenta una calidad especial, la duraci\u00f3n del proceso fue propia el sistema escritural, las gestiones de los apoderados fueron las propias del proceso [y] no ocurri\u00f3 ninguna otra circunstancia especial dentro [del mismo]\u00bb, y adem\u00e1s, dice, las tarifas por porcentajes deb\u00edan aplicarse inversamente proporcionales al monto de los pedimentos, lo que deb\u00eda arrojar unas agencias en derecho por unos $7\u00b4274.000, suma m\u00e1s acorde a lo que la Colegiatura accionada suele se\u00f1alar para asuntos similares; no obstante lo anterior, asegura, el 14 de junio de 2020 el Tribunal convocado no atendi\u00f3 su objeci\u00f3n, por lo que atac\u00f3 la decisi\u00f3n mediante el recurso de s\u00faplica, el que tambi\u00e9n result\u00f3 desfavorable a sus intereses el 16 de diciembre del mismo a\u00f1o, decisiones que, en su criterio, vulneran sus garant\u00edas esenciales y habilitan la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 21 de enero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a). La Sala Civil del Tribunal Superior de Cali por intermedio del Magistrado que conoci\u00f3 del recurso de s\u00faplica propuesto dentro del asunto criticado, se\u00f1al\u00f3 que en la decisi\u00f3n objeto de reproche est\u00e1n plasmados los motivos que llevaron a fijar las agencias en derecho en un 1.24% del valor de las pretensiones de la demanda, siendo que el l\u00edmite se\u00f1alado en el Acuerdo 1887 de 2003 es del 5%. <\/p>\n
b). La misma Colegiatura, pero por intermedio del Magistrado que resolvi\u00f3 la objeci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n de costas, manifest\u00f3 atenerse a los argumentos que plasm\u00f3 en su decisi\u00f3n, los que adem\u00e1s, respondieron a motivos de inconformidad similares a los expuestos en este escenario. <\/p>\n
c). Martha Luc\u00eda L\u00f3pez Zambrano, apoderada judicial del Club Colombia dentro del proceso objeto de cuestionamiento, pidi\u00f3 negar la protecci\u00f3n invocada por tratarse de un reclamo econ\u00f3mico; adem\u00e1s, no hay defecto sustantivo, \u00abcapricho o arbitrariedad\u00bb en lo decidido, en el decurso se respet\u00f3 el debido proceso, el juez de tutela no pude intervenir en la autonom\u00eda judicial, y, los procesos cuya condena en costas se pretenden comparar, son notablemente diferentes al de la referencia. <\/p>\n
d). Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Por regla, es improcedente frente a decisiones judiciales, debido al respeto que corresponde garantizar a la autonom\u00eda de la actividad jurisdiccional, no obstante, por v\u00eda jurisprudencial se ha establecido su viabilidad excepcional y extraordinaria, siempre que no existan mecanismos ordinarios para atacar la decisi\u00f3n, el reclamo se eleve con prontitud y exista causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente caso, la ciudadana Gloria Luc\u00eda Escalante cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo, en lo fundamental, la decisi\u00f3n emitida el 14 de julio de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, confirmada en sede de s\u00faplica el 16 de diciembre siguiente por los dem\u00e1s integrantes de esa Sala, con que no se atendi\u00f3 la objeci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n de costas presentada dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual que aqu\u00e9lla promovi\u00f3 contra la Asociaci\u00f3n Civil Club Colombia, pues en su criterio, el monto de las agencias en derecho fijadas dentro del asunto no obedeci\u00f3 a los par\u00e1metros de la normativa que los regula, ni a los valores establecidos por el mismo concepto en procesos similares. <\/p>\n
3. Sin embargo, atendidos los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n con que se resolvi\u00f3 la s\u00faplica, sobre la que recaer\u00e1 el estudio por ser la que cerr\u00f3 la discusi\u00f3n sobre las agencias en derecho debatidas, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la misma no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales de la promotora de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
As\u00ed, no son antojadizas o caprichosas las consideraciones expuestas por parte del H. Magistrado Ponente, ya que la Sentencia C-539 de 1999, proferida por la Corte Constitucional lo respalda, tal y como expone: \u201cAGENCIAS EN DERECHO (\u2026) las agencias en derecho representan una contraprestaci\u00f3n por los gastos en que la parte incurri\u00f3 para ejercer la defensa judicial de sus intereses, es el juez quien, de manera discrecional, fija la condena por este concepto con base en los criterios establecidos en el art\u00edculo 393-3 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (tarifas establecidas por el Ministerio de Justicia o por el colegio de abogados del respectivo distrito y naturaleza, calidad y duraci\u00f3n de la gesti\u00f3n realizada por el representante judicial o la arte que litig\u00f3 personalmente)\u201d. <\/p>\n
Conforme con lo expuesto, y descendiendo a los reparos esbozados por el recurrente, quien solicita fijar las respectivas agencias en derecho en un porcentaje equivalente al 0,5%, lo cierto es que, el valor fijado se encuentra determinado en el 1,24%, lo que, no ofrece reparo alguno, pues, dentro de la misma discrecionalidad del juzgador, refulge el acatamiento de los l\u00edmites legales estipulados, que, adem\u00e1s, corresponden al an\u00e1lisis de las circunstancias f\u00e1cticas que rodearon el tr\u00e1mite del presente proceso, como lo es su duraci\u00f3n, naturaleza de la acci\u00f3n y gestiones realizadas dentro del mismo. <\/p>\n
Concluye, entonces la Sala, que el auto suplicado se encuentra ajustado a derecho, por lo que deber\u00e1 confirmarse, ratificando el valor de las agencias en derecho aprobadas en el auto recurrido de fecha 14 de julio de 2020. <\/p>\n
4. De este modo, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por la accionante, la decisi\u00f3n proferida por la Colegiatura criticada se soport\u00f3 en el razonable entendimiento de la normatividad aplicable al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto. <\/p>\n
Y es que, como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, se parti\u00f3 de observar que las agencias en derecho no solo se encontraban dentro del monto que autoriza la norma que las regula, sino que fueron fijadas cercanas al l\u00edmite inferior permitido, dentro de la discrecionalidad que para esa labor asiste al juzgador, sin que pueda por ende alegarse el detrimento al derecho fundamental a la igualdad, pues, como consider\u00f3 esta Sala en un asunto de contornos similares, \u00abesta herramienta excepcional fue concebida para la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, y no para invocar pretensiones de \u00edndole patrimonial o de contenido eminentemente econ\u00f3mico, m\u00e1xime cuando no se demostr\u00f3 un da\u00f1o irreparable, ni mucho menos la vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad con relaci\u00f3n a los otros litigios que puso de referencia para alegar que en ese casos, se tas\u00f3 un porcentaje m\u00e1s alto por concepto de agencias en derecho, pues lo cierto es que, aun cuando dichos montos hubieren sido decretados por la misma autoridad judicial, cada proceso, pese a que exista identidad en su naturaleza, reviste diferente grado de complejidad y visos propios tanto de car\u00e1cter f\u00e1ctico como jur\u00eddico, que lo hacen \u00fanico, y son precisamente esas particularidades las que valora, a su arbitrio, y bajo los lineamientos de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, el Juez de conocimiento\u00bb (STC1638-2020).. <\/p>\n
5. En consecuencia, como la sola divergencia conceptual expuesta por la actora no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
6. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Con impedimento <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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