STC709-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
STC709-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00120-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por C\u00e1ndida Rosa Araque de Navas y Carlos Enrique Navas Merlano, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclaman la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con ocasi\u00f3n del incidente de oposici\u00f3n a la entrega promovido dentro del juicio de restituci\u00f3n de tenencia instaurado por el Banco Ita\u00fa Corpbanca Colombia S.A. contra Capemar Salud S.A.S. <\/p>\n
Solicita, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, \u00abdeclarar nulo el auto proferido el d\u00eda 21 de octubre de 2020; mediante el cual resolvi\u00f3 revocar el auto de fecha 25 de febrero de 2020, emitido por el juez primero civil del circuito; por haberse configurado la causal consagrada en el numeral 6 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb; y, \u00ababstenerse de resolver el recurso de apelaci\u00f3n y en su lugar remitir el expediente al juzgado de origen para que se surta el tr\u00e1mite establecido en el art\u00edculo 326 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. As\u00ed mismo, que se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de la localidad aludida, \u00abimpartir, al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el apoderado de la parte incidentada, el tr\u00e1mite establecido en el art\u00edculo 326 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo aducen, en s\u00edntesis, que mediante fallo del 10 de mayo de 2018, el Despacho accionado declar\u00f3 terminado el contrato de leasing financiero celebrado por el Banco Ita\u00fa Corpbanca Colombia S.A. y Capemar Salud S.A.S. (locataria), respecto del predio de mayor extensi\u00f3n situado en la \u00abcalle 40 No. 41-40, Centro Comercial Cabrero Plaza\u00bb de la ciudad de Cartagena e identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 060-285117, por lo que dispuso la restituci\u00f3n material de \u00e9ste a favor de la entidad bancaria referida. <\/p>\n
Aseguran que el 25 de octubre de ese mismo a\u00f1o se llev\u00f3 a cabo la diligencia de entrega del predio en menci\u00f3n, y que posteriormente, afirman, se opusieron a dicha actuaci\u00f3n alegando la calidad de \u00abposeedores\u00bb del \u00ablocal 8\u00bb que hace parte del bien ra\u00edz, y que la all\u00e1 locataria les hab\u00eda prometido en venta esa porci\u00f3n del inmueble, tr\u00e1mite que fue favorable a sus intereses, pues en audiencia del 25 de febrero de 2020 el a quo accionado dispuso a su favor la devoluci\u00f3n de la \u00abposesi\u00f3n\u00bb del bien. <\/p>\n
Aseveran que inconforme con lo anterior, el Banco demandante instaur\u00f3 con \u00e9xito recurso de apelaci\u00f3n, ya que en auto del 21 de octubre siguiente el Tribunal convocado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia y neg\u00f3 la oposici\u00f3n formulada, tras advertir que no se hab\u00eda demostrado el \u00ab\u00e1nimus\u00bb para poseer el fundo y que siempre reconocieron la titularidad de \u00e9ste en cabeza de la entidad financiera. <\/p>\n
Manifiestan que solicitaron la nulidad del tr\u00e1mite indicado con sustento en que se omiti\u00f3 correrles el traslado de los argumentos de la alzada presentados por el Banco demandante, conforme lo establece el art\u00edculo 326 del C\u00f3digo General del Proceso en armon\u00eda con lo previsto en el inciso 2\u00ba del canon 110 de la misma obra; no obstante, en providencia del 2 de diciembre subsiguiente, la Colegiatura convocada la desestim\u00f3, con fundamento en que esa irregularidad se hab\u00eda saneado, pues debi\u00f3 ser alegada en el desarrollo de la audiencia. <\/p>\n
De este modo, sostiene que las autoridades judiciales incurrieron en causal de procedencia del amparo, toda vez que si bien el all\u00e1 apelante en la audiencia manifest\u00f3 los motivos de inconformidad frente a la decisi\u00f3n que accedi\u00f3 a la oposici\u00f3n de la entrega, \u00e9ste \u00abpod\u00eda agregar nuevos argumentos a sus reparos\u00bb dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado en el art\u00edculo 322 de la nueva ley de enjuiciamiento civil, por tal raz\u00f3n, dicen, se debi\u00f3 correr traslado del recurso de apelaci\u00f3n una vez finalizada la audiencia que resolvi\u00f3 aquella actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 21 de enero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena aleg\u00f3, que la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra acorde con el ordenamiento jur\u00eddico, pues \u00absi bien el a quo omiti\u00f3 dar traslado del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en audiencia por el apoderado de la parte demandante, no era menos cierto, que tal falencia pudo ser advertida por el apoderado de los incidentantes en la misma audiencia, cosa que no sucedi\u00f3, pues el togado guard\u00f3 silencio, sin poner de presente la omisi\u00f3n aludida, lo que supone que la misma qued\u00f3 saneada o convalidada, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1ro del art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
b.) El Juzgado Primero Civil del Circuito de la localidad aludida, tambi\u00e9n se opuso a la prosperidad de la salvaguarda, para lo cual expres\u00f3 que la actuaci\u00f3n acusada se encuentra ajustada a la normatividad procesal imperante; de ah\u00ed que, sean infundados los reproches formulados por los accionantes. <\/p>\n
c.) Capemar S.A.S., en calidad de demandada dentro del juicio declarativo objeto de revisi\u00f3n constitucional, manifest\u00f3 coadyuvar la petici\u00f3n de amparo, comoquiera que \u00abal no hab\u00e9rseles dado la oportunidad para pronunciarse frente a las manifestaciones hechas por el apoderado judicial de Ita\u00fa Corpbanca Colombia S.A. se les priv\u00f3 de la posibilidad [a los accionantes] de aportar al tribunal argumentos y pruebas que lo hubieran llevado a adoptar una decisi\u00f3n distinta\u00bb. <\/p>\n
d.) Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sabido es que cuando hay descuido de las partes en el empleo de los medios de protecci\u00f3n al interior de las actuaciones judiciales, es vedado para el juez de tutela entrar a terciar en las cuestiones sustanciales y procedimentales de los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltima hora para buscar el rescate de oportunidades defensivas desperdiciadas, ya que la tutela es eminentemente subsidiaria, esto es, procedente cuando no se tiene o no se ha tenido otra posibilidad judicial de resguardo, y como se ha reiterado por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, fruto de su propia incuria. <\/p>\n
2. En el presente asunto, los accionantes cuestionan el tr\u00e1mite de la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega del predio objeto juicio de restituci\u00f3n de tenencia instaurado por el Banco Ita\u00fa Corpbanca Colombia S.A. contra Capemar Salud S.A.S., pues, en su sentir, se conculcaron las garant\u00edas invocadas, habida cuenta que, no se les corri\u00f3 traslado del recurso de apelaci\u00f3n formulado por la entidad bancaria demandante frente al auto que resolvi\u00f3 aquella tercer\u00eda. <\/p>\n
3. Sin embargo, se observa la improcedencia de la salvaguarda aqu\u00ed reclamada, si en cuenta se tiene lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Dentro del juicio de restituci\u00f3n de tenencia instaurado por el Banco Ita\u00fa Corpbanca Colombia S.A. contra Capemar Salud S.A.S. se adelant\u00f3 la entrega del predio de mayor extensi\u00f3n situado en la \u00abcalle 40 No. 41-40, Centro Comercial Cabrero Plaza\u00bb de la ciudad de Cartagena e identificado con la matr\u00edcula No. 060-285117. <\/p>\n
3.2. Posteriormente, C\u00e1ndida Rosa Araque de Navas y Carlos Enrique Navas, aqu\u00ed interesados, formularon oposici\u00f3n a la diligencia en menci\u00f3n, para lo cual pusieron de presente que ostentaban la condici\u00f3n de \u00abposeedores\u00bb respecto del \u00ablocal No. 8\u00bb del fundo referido, pues el all\u00e1 locatario les hab\u00eda prometido en venta esta \u00faltima porci\u00f3n. <\/p>\n
3.3. En audiencia del 25 de febrero de 2020, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena acogi\u00f3 las pretensiones formuladas por los opositores, ac\u00e1 gestores, as\u00ed que orden\u00f3 la restituci\u00f3n del \u00ablocal No. 8\u00bb, el cual hace parte del predio de mayor extensi\u00f3n memorada, decisi\u00f3n que fue apelada por el Banco demandante, con fundamento en que no se acredit\u00f3 el \u00ab\u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb de los opositores respecto del fundo referido. <\/p>\n
3.4. Mediante auto del 21 de octubre siguiente, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena revoc\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, tras advertir que \u00ablos promitentes compradores de los locales 1 y 8, en las respectivas promesas de venta suscritas con la locataria CAPEMAR, reconocieron a CORPBANCA COLOMBIA S.A. como la titular de dominio de los dos locales que formaban parte de un bien de mayor extensi\u00f3n, al punto de aceptar que fuera la entidad bancaria o el promitente vendedor quien suscribiera la escritura p\u00fablica, tolerancia o aquiescencia que se contrapone a la voluntad inequ\u00edvoca de asumir el papel de due\u00f1o, propio de quien se reputa poseedor. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por contera, si los opositores reconocieron en el negocio de promesa de compraventa, la existencia de un leasing financiero respecto del inmueble que pretend\u00edan, para nada entraron en franca rebeld\u00eda o desconocimiento absoluto de CORPBANCA COLOMBIA S.A., en su calidad de titular de dominio del bien de mayor extensi\u00f3n, y por ende, de los locales prometidos; se itera, en los contratos de promesa qued\u00f3 estipulado que el perfeccionamiento de la venta de los locales, deb\u00eda realizarla el banco o, en su defecto, la sociedad CAPEMAR SALUD S.A.S, dependiendo del desarrollo del contrato de leasing, as\u00ed lo corrobor\u00f3 inclusive, la se\u00f1ora C\u00e1ndida Araque. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior, que pese a que los locales fueron debidamente entregados por el promitente vendedor -locatario-, habiendo realizado ciertos actos sobre el mismo, como lo fue el arriendo de los locales a terceras personas, no era desconocido para ellos que deb\u00eda existir la anuencia del verdadero due\u00f1o para transferir el dominio, reconocimiento expreso, que a la postre imped\u00eda tenerlos como poseedores, debido a que se requer\u00eda asumir una posici\u00f3n m\u00e1s frentera que conllevara el desconocimiento de dominio ajeno. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por manera que, al existir por parte de los opositores pleno conocimiento de la propiedad de los locales en cabeza del BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A., hoy ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A., en virtud del contrato de leasing celebrado con el promitente vendedor CAPEMAR SALUD S.A.S., no resultaba admisible alegar por parte de ellos posesi\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
3.5. Los opositores, ahora gestores, pidieron la nulidad del tr\u00e1mite de oposici\u00f3n censurado, con fundamento en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, con sustento en que \u00abse omiti\u00f3 la oportunidad para descorrer el traslado del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el apoderado de la parte demandante en audiencia celebrada el d\u00eda 25 de febrero de 2020\u00bb, de conformidad con lo dispuesto en el canon 326 de la misma obra, circunstancia que, en su opini\u00f3n, vulner\u00f3 su derecho a la defensa. <\/p>\n
3.6. En prove\u00eddo del 2 de diciembre pasado, la Colegiatura acusada neg\u00f3 la petici\u00f3n referida, tras advertir que \u00abPara el caso, (\u2026) en audiencia celebrada el 25 de febrero de 2020, el apoderado de la parte demandante, interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra el prove\u00eddo que acogi\u00f3 las pretensiones formuladas por los opositores CARLOS ALBERTO PE\u00d1A MOCOA, CANDIDA ROSA ARAQUE DE NAVAS y CARLOS ENRIQUE NAVAS MERLANO, ordenando la restituci\u00f3n de los locales 1 y 8 a cada uno de ellos, presentando de manera inmediata los argumentos de su impugnaci\u00f3n; acto seguido, el juez de primera instancia procedi\u00f3 a su concesi\u00f3n y orden\u00f3 a la parte recurrente el suministro de los emolumentos necesarios para la reproducci\u00f3n del expediente, lo que se efectu\u00f3 el 28 de febrero de 2020, seg\u00fan constancia anexa a folio 189 del Cuaderno de oposici\u00f3n. <\/p>\n
Evidentemente, el a quo omiti\u00f3 dar traslado del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en audiencia por el apoderado de la parte demandante, no obstante, tal falencia pudo ser advertida por el apoderado de los incidentantes en la misma audiencia (\u2026). No empero, el apoderado de los incidentistas guard\u00f3 silencio, sin poner de presente la omisi\u00f3n antes aludida, lo que supone que la misma qued\u00f3 saneada o convalidada, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1ro del art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso, que dispone que la nulidad se entender\u00e1 saneada \u2018cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente…\u2019. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
S\u00edguese de lo anterior, que si el apoderado de los incidentistas consideraba que en el asunto se encontraba configurada una causal de nulidad, debi\u00f3 alegarla en la misma audiencia, pues aunque este refiere que, el apoderado recurrente pod\u00eda ampliar su argumentaci\u00f3n dentro de los 3 d\u00edas siguientes a la celebraci\u00f3n de la misma conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cierto es que el recurso fue presentado y sustentado verbalmente en audiencia, pudiendo la contraparte pronunciarse del mismo, siendo la ampliaci\u00f3n de argumentos, una posibilidad, no imposici\u00f3n, con que cuenta el recurrente, y que de presentarse deber\u00e1 cumplir con el respectivo traslado a su contraparte\u00bb. <\/p>\n
3.7. Contra la anterior determinaci\u00f3n, los aqu\u00ed interesados guardaron silencio. <\/p>\n
4. Bajo esa perspectiva, se descubre la improcedencia de esta queja constitucional, pues los accionantes no pueden seguir el sendero de la v\u00eda constitucional para pretender la nulidad de lo actuado en el tr\u00e1mite de oposici\u00f3n a la diligencia de entrega cuestionado, cuando omitieron instaurar el recurso de s\u00faplica frente a la determinaci\u00f3n que neg\u00f3 la invalidez de la decisi\u00f3n que desestim\u00f3 la tercer\u00eda, mecanismo procedente a voces de lo contemplado en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, en armon\u00eda con lo dispuesto en el canon 331 de la misma obra, circunstancia que limita la posibilidad de acudir con \u00e9xito a este excepcional instrumento que por su naturaleza residual y subsidiaria no puede ser utilizado cuando se ha dispuesto de otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Por tanto, si los accionantes pudieron poner en marcha los instrumentos previstos en la ley para la defensa de sus derechos dentro de la actuaci\u00f3n judicial que cuestiona, es impropia la proposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, porque \u00e9sta no puede emplearse de manera paralela, sin agotar los otros medios de defensa que consagra el orden jur\u00eddico. Conocido es que <\/p>\n
\u00abla falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC1297-2020). <\/p>\n
5. Pero aun cuando lo anterior no fuera suficiente, la Sala aprecia que la decisi\u00f3n del Tribunal convocado en lo tocante con la nulidad planteada por los aqu\u00ed accionantes en el asunto bajo estudio, no es arbitraria o antojadiza, pues si el disenso de \u00e9stos est\u00e1 fundado en la falta de traslado de los argumentos del apelante en el desarrollo de la audiencia adelantada el 25 de febrero de 2020, han debido poner de presente ese reproche en el curso de dicha actuaci\u00f3n, tal y como lo estim\u00f3 la Colegiatura acusada, con lo cual, se sane\u00f3 el yerro cometido por el Juzgado acusado, al tenor de lo establecido en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso. Entonces, el hecho de que los accionantes hayan obtenido una decisi\u00f3n adversa a sus aspiraciones, jam\u00e1s puede considerarse como desconocimiento flagrante del ordenamiento jur\u00eddico, tanto m\u00e1s cuando la interpretaci\u00f3n de las disposiciones procesales en cuanto a las nulidades que el Tribunal hizo en su decisi\u00f3n y la ponderaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n que se plasmaron en ella, se encuentran ajustadas al imperio de la ley. <\/p>\n
6. En esas condiciones, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n instada por improcedente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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