STC710-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC710-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00136-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de fenbrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Julio Cesar R\u00faales Tafur frente a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Doce de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la \u00abdignidad humana\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las decisiones proferidas en ambas instancias en el marco del proceso de divorcio que Alba In\u00e9s Duque Echeverry promovi\u00f3 en su contra. <\/p>\n
Solicita entonces, \u00abDEJ[AR] SIN EFECTOS JUR\u00cdDICOS las sentencias proferidas en primera instancia el d\u00eda 23 de noviembre de 2018 (\u2026) y (\u2026) la proferida en segunda instancia el 17 de julio de 2019\u00bb, y como consecuencia de ello, ordenar al Tribunal Superior de Cali \u2013 Sala de Familia, \u00abprof[erir] la sentencia (\u2026) corrigiendo en todas sus partes lo concerniente a la parte motiva (\u2026) puntualmente que las causales de cesaci\u00f3n de los efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico se encuentran caducadas\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento de lo reclamado, y en lo que concierne para la soluci\u00f3n del presente asunto aduce, que pese a que los hechos que dieron origen al litigio referido en l\u00edneas anteriores \u00abya hab\u00edan CADUCADO\u00bb, pues de los testimonio rendidos se advirti\u00f3 que no solo la demandante tuvo conocimiento de los hechos de infidelidad desde mayo 2015, sino que aqu\u00e9lla exterioriz\u00f3 por \u00abultima vez (\u2026) acerca de un maltrato psicol\u00f3gico\u00bb en el mes de agosto de la citada anualidad, mientras que la demanda se formul\u00f3 hasta el 30 de mayo de 2017, la Colegiatura criticada, valorando indebidamente los medios de prueba allegados, confirm\u00f3 en su integridad la decisi\u00f3n del Juzgado Doce de Familia de la misma ciudad que decret\u00f3 la cesaci\u00f3n de los efectos civiles entre los c\u00f3nyuges, declar\u00e1ndolo culpable e imponiendo la cuota alimentaria a favor de su expareja en la suma de $1.562.484,oo. <\/p>\n
Se\u00f1ala que aunque denunci\u00f3 a los testigos por \u00abfalso testimonio, fraude procesal y falsedad en documento privado\u00bb, la Fiscal\u00eda 82 Seccional de la citada urbe archiv\u00f3 las diligencias, circunstancia que le impidi\u00f3 acudir al recurso extraordinario de revisi\u00f3n; adem\u00e1s, asegura, que por el Estado de Emergencia Social, Econ\u00f3mico y Ecol\u00f3gico decretado por el Gobierno Nacional, no acudi\u00f3 antes al juez constitucional en defensa de sus garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 22 de enero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La titular del Juzgado Doce de Familia de Cali, despu\u00e9s de memorar las actuaciones que conoci\u00f3 al interior del proceso verbal criticado, puntualiz\u00f3, en lo fundamental, que su decisi\u00f3n de fondo se apoy\u00f3 en los medios de prueba arrimados, los que permitieron concluir que estaban acreditadas las circunstancias para considerar al actor c\u00f3nyuge culpable. <\/p>\n
b. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el acaso sub examine se observa, que la censura formulada por el se\u00f1or R\u00faales Tafur est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo proferido el 17 de julio del 2019 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali, a trav\u00e9s del cual se ratific\u00f3 \u00edntegramente el prove\u00eddo adiado 23 de noviembre de 2018, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Doce de Familia de la misma localidad, entre otras, resolvi\u00f3 \u00abDECRETAR la CESACI\u00d3N DE LOS EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO RELIGIOSO, POR DIVORCIO, celebrado entre el se\u00f1or JULIO CESAR RUALES TAFUR, (\u2026) y la se\u00f1ora ALBA INES DUQUE ECHEVERRY (\u2026); SE DECLARA como c\u00f3nyuge culpable de la ruptura de la vida familiar al se\u00f1or JULIO CESAR RUALES TAFUR, por haberse hecho incurso en las causales PRIMERA y TERCERA del art\u00edculo 154 del CC, y en consecuencia, se FIJA como cuota alimentaria a favor de la se\u00f1ora ALBA IN\u00c9S DUQUE ECHEVERRY, la suma de dos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb, en el marco del proceso que para tal efecto Alba In\u00e9s Duque Echeverry promovi\u00f3 en su contra, pues en su criterio, existe causal de procedencia del amparo por defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
3. Sin embargo, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias digitales, se observa que surge patente la improcedencia del amparo reclamado por incumplir con el presupuesto de la prontitud que lo gobierna, toda vez que la determinaci\u00f3n que dej\u00f3 en firme la decisi\u00f3n que result\u00f3 adversa al actor, es decir, puso fin al litigio en lo que respecta al divorcio, data del 17 de julio de 2019, mientras que se acudi\u00f3 al amparo constitucional s\u00f3lo hasta el 21 de enero pasado, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo, sin que puedan aceptarse los argumentos relacionados con que primero acudi\u00f3 a la acci\u00f3n penal, pues lo cierto es que all\u00e1 se denunciaba la falsedad de los testimonios rendidos en el asunto verbal, los que tach\u00f3 de falsos y ajenos a la realidad, mientas que en la presente acci\u00f3n se cuestiona y critica es la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por los jueces del conocimiento, por lo que nada imped\u00eda que el actor solicitara la protecci\u00f3n constitucional una vez tuvo ocurrencia la presunta transgresi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, en punto al argumento relacionado con la situaci\u00f3n generada por el virus Covid-19 y la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales en raz\u00f3n del Estado de Emergencia Social, Econ\u00f3mico y Ecol\u00f3gico declarado por el Gobierno Nacional, t\u00e9ngase en cuenta que, a diferencia de lo considerado por el gestor, de conformidad con numeral 1\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba del Acuerdo PCSJA20-11526 del 22 de marzo de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura, las acciones de tutela y h\u00e1beas corpus siempre estuvieron excepcionadas de la aludida par\u00e1lisis en los tr\u00e1mite judiciales1; luego entonces, nada obstaba para que el inconforme acudiera al amparo en un t\u00e9rmino razonable, a fin de exponer sus quejas frente al proceso de divorcio ahora cuestionado. <\/p>\n
4. Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurrieron casi 18 meses desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 de fondo el litigio, sin que aqu\u00e9l solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que consideran hoy vulnerados con tal la determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
Sobre la tardanza en acudir al amparo, reiteradamente se ha puntualizado, que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC2007-2020). <\/p>\n
5. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Excepciones a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos. A partir de la fecha las excepciones a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos adoptada ser\u00e1n las siguientes: 1. Acciones de tutela y habeas corpus. Se dar\u00e1 prelaci\u00f3n en el reparto a las acciones de tutela que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad. Su recepci\u00f3n se har\u00e1 mediante correo electr\u00f3nico dispuesto para el efecto y para su tr\u00e1mite y comunicaciones se har\u00e1 uso de las cuentas de correo electr\u00f3nico y herramientas tecnol\u00f3gicas de apoyo. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC710-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC710-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00136-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de fenbrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Julio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53661","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53661","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53661"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53661\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53661"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53661"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53661"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}