STC714-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC714-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00062-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Miguel Vargas Rojas contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, de la misma ciudad y Bancolombia S.A., tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la ejecuci\u00f3n hipotecaria a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicita, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, (i) \u00abdeclarar la nulidad de la sentencia de fecha de fecha 20 de septiembre de 2011 (\u2026)\u00bb; y (ii) \u00abdejar sin efecto la tasa por mora del 38.42% anual y proceder con la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 884 del C\u00f3digo de Comercio (\u2026) Ordenando el cobro de intereses por mora a la tasa del 24% anual\u00bb; y, (iii) ordenar a \u00abCONAVI hoy Banco de Colombia S.A., el cumplimiento de lo previsto en la Ley 45 de 1990 art\u00edculo 72\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo, aduce en s\u00edntesis, que la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda Conavi, hoy Bancolombia SA, instaur\u00f3 el proceso coercitivo referido en l\u00edneas anteriores, con el prop\u00f3sito de obtener el recaudo \u00ab$15\u2019000.000.oo\u00bb, equivalentes a \u00ab2811.8954 UPAC\u00bb, suma contenida en el pagar\u00e9 No. 25501 y respaldada con garant\u00eda hipotecaria respecto del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula No. 050-0620033, a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica No. 0446 de 25 de febrero de 1991. <\/p>\n
Manifiesta que en auto del 3 de julio de 1998, el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta capital libr\u00f3 mandamiento de pago por el valor memorado; no obstante, dice, dispuso el cobro de una \u00abtasa del 38.42% EA\u00bb por concepto de intereses moratorios y en la sentencia del 20 de septiembre de 2011, orden\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del predio aludido, decisi\u00f3n que el Tribunal Superior de este distrito judicial aval\u00f3 en auto del 7 de septiembre de 2012, al decidir negativamente la objeci\u00f3n que plante\u00f3 frente a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y sin que dispusiera la \u00abcorrecci\u00f3n de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
De este modo, sostiene, que las citadas autoridades judiciales incurrieron en causal de procedencia del amparo con lo resuelto, toda vez que, en su opini\u00f3n, desatendieron que en el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n hubo un cobro excesivo de los \u00abintereses moratorios\u00bb, si en cuenta se tiene que la tasa de \u00abinter\u00e9s efectiva\u00bb pactada ascend\u00eda a la tasa del \u00ab16% EA\u00bb, y con el incremento previsto en el art\u00edculo 884 del C\u00f3digo de Comercio equivalente al \u00abuna y media veces\u00bb del inter\u00e9s bancario corriente, se obtiene que la \u00abtasa a cobrar [es] del 24% anual\u00bb mas no \u00ab38.42% EA\u00bb, como concluyeron los estrados atacados. <\/p>\n
Finalmente manifiesta, que si bien en pasadas oportunidades formul\u00f3 sendas acciones de tutela, \u00e9stas \u00abfueron exclusivamente encaminadas a solicitar la aplicaci\u00f3n de la Ley 546 de 1999\u00bb, en tanto que ahora, sus aspiraciones est\u00e1n dirigidas a obtener la \u00abaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 884 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 26 de enero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, solicit\u00f3 denegar la protecci\u00f3n reclamada, en primer lugar, porque en el pasado el gestor ha formulado varias acciones de tutela por los mismos hechos, derechos y pretensiones; y, adicionalmente, porque \u00ablas circunstancias que con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite ejecutivo hipotecario se han surtido por los distintos despachos judiciales respetuosos del derecho de defensa y al debido proceso que le asiste al demandado- accionante\u00bb. <\/p>\n
b.) Inversiones, Gestiones y Proyectos SAS, cesionario de la parte demandante dentro del proceso censurado, adujo que el gestor ha promovido demasiadas acciones de tutelas por los mismos hechos y derechos, \u00abactuaciones deshonestas y dilatorias\u00bb que han entorpecido el curso normal de la ejecuci\u00f3n hipotecaria cuestionada, motivo por el cual, debe desestimarse el amparo. <\/p>\n
c.) Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto de la mera liberalidad o capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
2. En el presente caso, el se\u00f1or Miguel Vargas Rojas se duele, concretamente, de la sentencia del 20 de septiembre de 2011, dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, mediante la cual se orden\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del predio objeto del juicio ejecutivo hipotecario que en su contra instaur\u00f3 la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda Conavi, hoy Bancolombia S.A.; y, del auto del 7 de septiembre de 2012, por medio del cual la Sala Civil del Tribunal Superior de esta capital desestim\u00f3 la objeci\u00f3n planteada frente a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, determinaciones en las que, en su sentir, se cobraron tasas de intereses superiores a las previstas en la ley. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Sin embargo, se observa que la salvaguarda solicitada no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues respecto de los mismos reproches aqu\u00ed expuestos ya se ha solicitado en varias oportunidades la protecci\u00f3n constitucional del mismo linaje a la presente, las que han sido denegadas por esta Sala en los fallos STC16049-2018, STC1916-2019, STC6809-2019, STC9397-2019, STC14940-2019, STC4651-2020, y recientemente en STC8279-2020, al punto que justamente en este \u00faltimo pronunciamiento la Corte puso de presente que sobre la tem\u00e1tica planteada por el actor, en el pasado se hab\u00eda considerado que: <\/p>\n
\u00abEn efecto, el gestor con el escrito de postulaci\u00f3n que se atendi\u00f3 con la STC9397-2019, reclam\u00f3, entre otras cosas, \u2018la terminaci\u00f3n del recaudo y la nulidad del fallo ejecutivo\u2019, apoyado en que \u2018se cobran tasas de inter\u00e9s superiores a las previstas en la ley\u2019; determinaci\u00f3n que, por dem\u00e1s, desestim\u00f3 sus ruegos, al encontrar la Corte que en las STC16049-2018, STC1916-2019 y STC6809-2019 hab\u00eda resuelto las mismas quejas por \u00e9l propuestas. <\/p>\n
Y no se diga que en esta especie se exigi\u00f3, tambi\u00e9n, la \u2018reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u2019 y la \u2018devoluci\u00f3n doblada de los intereses cobrados\u2019, lo que cambiar\u00eda el panorama ofrecido en las otras \u2018tutelas\u2019, ya que, bien vistas las cosas, es notorio c\u00f3mo tales pedimentos gravitan en el mismo reproche resuelto con anterioridad, esto es, la supuesta \u2018ilegalidad de los intereses cobrados\u2019. <\/p>\n
Por manera que con asiento en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, se divisa la inviabilidad de solventar otra vez la controversia, dada la inexistente justificaci\u00f3n que lo amerite, de suerte que no habr\u00e1 otra opci\u00f3n sino la de negar la petici\u00f3n tuitiva\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, no cabe duda de que esta tutela es el reflejo de un ejercicio m\u00faltiple, en un asunto similar, donde el aqu\u00ed accionante ya hab\u00eda demandado a los Despachos accionados por v\u00eda constitucional con base en fundamentos id\u00e9nticos a los que ahora aduce, por lo que es indudable que se presenta identidad de partes, hechos y pretensiones, sin que exista alguna justificaci\u00f3n para entender ese proceder, por lo que se torna evidente, entonces, lo que realmente se busca es replantear un tema que ya fue sometido al estudio de un juez constitucional, lo que se adec\u00faa en un todo a lo que regula el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, que en su inciso primero reza: \u00abCuando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb; situaci\u00f3n que desnaturaliza la esencia fundamental de este mecanismo excepcional e impone concluir que el gestor incurri\u00f3 en temeridad, pues tal y como lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abel abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad\u00bb (CSJ STC8279-2020). <\/p>\n
5. Ahora bien, aunque el actor manifiesta que en las anteriores oportunidades suplic\u00f3 el amparo de sus garant\u00edas a la luz de las reglas previstas en la \u00abLey 546 de 1999\u00bb y en el presente tr\u00e1mite pide la aplicaci\u00f3n del \u00abart\u00edculo 884 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb, esa circunstancia no resulta distintiva respecto de las dem\u00e1s acciones de tutela, pues en \u00e9stas, como ya se dijo, tambi\u00e9n se quej\u00f3 por el cobro supuestamente indebido de los intereses de mora pactados en el pagar\u00e9 objeto del proceso ejecutivo hipotecario cuestionado, es m\u00e1s, en los asuntos STC4651-2020 y STC8279-2020, ya hab\u00eda insistido en que dichos emolumentos no fueron calculados conforme al mandato mercantil aludido, por ende, contario a lo afirmado por el accionante, esa tem\u00e1tica no es novedosa. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, las razones consignadas se estiman suficientes para concluir, que el resguardo implorado debe desestimarse. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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