STC715-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC715-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00088-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Sandy Lorena L\u00f3pez Fl\u00f3rez en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hermano menor de edad XXX, contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio restitutorio especial a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora del amparo reclama en la forma antes mencionada y a trav\u00e9s de gestor judicial, la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con la sentencia emitida el 30 de octubre de 2019, dentro del proceso especial de restituci\u00f3n de tierras despojadas que la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013Territorial Magdalena, promovi\u00f3 en nombre de Walberto P\u00e9rez Noriega en relaci\u00f3n con el predio denominado \u00abLa Inteligencia\u00bb, ubicado en el corregimiento El Cedro, jurisdicci\u00f3n del municipio de El Banco, de dicho departamento, con radicado No. 2017-00001-00, juicio en el que intervinieron en calidad de opositores el banco Bancolombia S.A. y los se\u00f1ores Garibaldis L\u00f3pez Acu\u00f1a y Sonia Piedad Hern\u00e1ndez Fl\u00f3rez, de quienes son sus hijos. <\/p>\n
Exige, entonces, para la protecci\u00f3n de la mentada prerrogativa, \u00abREVOCAR O REFORMAR LA [CITADA] SENTENCIA RECONOCIENDO LA TITULAR[IDAD] DEL DERECHO DE DOMINIO A LA SE\u00d1ORA SONIA PIEDAD FLOREZ HERNANDEZ O LA COMPENSACI\u00d3N ECON\u00d3MICA\u00bb1. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo y en cuanto resulta relevante para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis el apoderado, que el fallo referido en l\u00edneas precedentes se fundament\u00f3 en un \u00abFRAUDE PROCESAL\u00bb orquestado por el solicitante y sus herederos, \u00faltimos que fungieron como testigos en dicho litigio, el cual fue oportunamente denunciado durante su tr\u00e1mite, sin que la Corporaci\u00f3n accionada se percatara de dicha conducta delictiva, o en su defecto, declarara la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad, delito por el cual \u00fanicamente los hijos del beneficiado con la restituci\u00f3n fueron condenados por la Juez \u00danica Penal del Circuito de El Banco, Magdalena, dentro de la causa penal con radicado No. \u00ab47-245-31-04-001-2017-00094\u00bb, ya que \u00e9ste muri\u00f3 antes que se decidiera el asunto. <\/p>\n
Finalmente sostiene que, la decisi\u00f3n criticada le est\u00e1 causando un grave perjuicio a sus defendidos, dado que le arrebat\u00f3 a sus padres el predio con el cual derivaban su sustento, raz\u00f3n por la que estima que el reclamo elevado en favor de \u00e9stos debe ser acogido a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n2. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el pasado 26 de enero se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Magistrada ponente de la providencia criticada, luego de memorar las razones que expuso para fundamentar esta, solicit\u00f3 denegar el resguardo implorado, con sustento en que con lo resuelto no se incurri\u00f3 en defecto alguno que torne procedente el reclamo constitucional elevado por la accionante, pues as\u00ed lo precis\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC4644-2020, de fecha 22 de julio de 2020, la cual fue confirmada por su Hom\u00f3loga en lo Laboral mediante la sentencia STL7768-2020 de 16 de septiembre siguiente3. <\/p>\n
b. Los Ministerios de Salud y Agricultura, as\u00ed como las Unidades Administrativas Especiales de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y Nacional de Protecci\u00f3n, en escritos separados, solicitaron ser desvinculados del presente tr\u00e1mite, comoquiera que la tutelante no esgrime ninguna queja puntual frente a la actuaci\u00f3n que desplegaron en relaci\u00f3n con el juicio de tierras cuestionado4. <\/p>\n
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los otros involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, el cual se encuentra regulado en el Decreto 2591 de 1991, cuya procedencia est\u00e1 ligada a los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable y no se tengan, est\u00e9n en tr\u00e1mite o se hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, cuando se promueve esta acci\u00f3n tuitiva contra una decisi\u00f3n adoptada por una autoridad judicial, la jurisprudencia constitucional ha decantado una serie de requisitos, hoy llamados, causales de procedibilidad, que posibilitan el estudio de fondo del asunto y que se subdividen en gen\u00e9ricas y espec\u00edficas5. Las primeras, atinentes a que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela, mientras que las segundas, alusivas a vicios o defectos denominados: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el art\u00edculo 10\u00b0 del mencionado decreto establece, que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Sobre el alcance del precepto legal en menci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha estimado que \u00abla legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (C. C. T-878\/07 y T-430\/17). <\/p>\n
3. Bajo los anteriores lineamientos, de entrada se advierte que la protecci\u00f3n suplicada por la se\u00f1ora Sandy Lorena L\u00f3pez Fl\u00f3rez en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hermano menor de edad XXXX resulta improcedente, por las razones que a continuaci\u00f3n se anotan: <\/p>\n
3.1. En primer lugar, no cabe duda de que el reclamo constitucional elevado por \u00e9sta se dirige, concretamente, contra la sentencia por medio de la cual se resolvi\u00f3, entre otros, acceder a la restituci\u00f3n solicitada y declarar infundada las oposiciones formuladas, sin derecho a indemnizaci\u00f3n, dentro del proceso especial de restituci\u00f3n de tierras despojadas que la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013Territorial Magdalena, promovi\u00f3 en nombre de Walberto P\u00e9rez Noriega en relaci\u00f3n con el predio denominado \u00abLa Inteligencia\u00bb, ubicado en el corregimiento El Cedro, jurisdicci\u00f3n del municipio de El Banco, de dicho departamento, con radicado No. 2017-00001-00, juicio en el que intervinieron en calidad de opositores el banco Bancolombia S.A. y los se\u00f1ores Garibaldis L\u00f3pez Acu\u00f1a y Sonia Piedad Hern\u00e1ndez Fl\u00f3rez, juicio del cual no hicieron parte; luego, entonces, es incontrovertible que tanto ella como su agenciado carecen de legitimaci\u00f3n para cuestionar en esta sede las decisiones all\u00ed proferidas, incluida \u00e9sta. <\/p>\n
En efecto, revisada las documentales y los informes adosados al expediente, la Corte aprecia que la gestora y su hermano no integran alguno de los extremos de la litis y tampoco han intervenido como tercero, solamente son hijos de los opositores L\u00f3pez Acu\u00f1a y Hern\u00e1ndez Fl\u00f3rez, raz\u00f3n por la cual no tiene inter\u00e9s para debatir lo all\u00ed actuado, as\u00ed aduzcan que lo resuelto les est\u00e1 vulnerando su derecho fundamental al debido proceso, y por ende, generando un perjuicio irremediable, pues se tiene precisado que \u00ab[c]ualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9llas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u00bb (CSJ STC3986-2020). <\/p>\n
3.2. Adicionalmente, t\u00e9ngase en cuenta que, as\u00ed se soslayara lo anterior, la solicitud de protecci\u00f3n tambi\u00e9n incumple el presupuesto general de procedibilidad de la inmediatez que la caracteriza, pues la decisi\u00f3n criticada data del 30 de octubre de 2019, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 solo hasta el 22 de diciembre de 20206, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo, por lo que queda establecido que la pretensi\u00f3n dirigida contra esta no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se puede verificar, transcurri\u00f3 un tiempo significativo -1 a\u00f1o, 1 mes y 22 d\u00edas-, sin que la accionante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera vulnerados con dicha actuaci\u00f3n, lo que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto antes mencionado, el cual impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que <\/p>\n
\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC9333-2020). <\/p>\n
3.3. De otra parte, as\u00ed se tuviera por cumplido el anterior presupuesto, igualmente el auxilio invocado no podr\u00eda ser atendido, pues la Sala ya tuvo la oportunidad de estudiar la razonabilidad de la providencia censurada, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela promovida por los padres de los actores, en cuyo fallo se indic\u00f3, en lo esencial, que \u00abno encuentra\u2026 configurada la v\u00eda de hecho que se refiere en la demanda, ya que las consideraciones del tribunal accionado, se advierten respetables, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno a esas conclusiones\u00bb, de ah\u00ed que, \u00abno se configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la salvaguarda contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de [los] demandante[s]\u00bb (CSJ STC4644-2020). <\/p>\n
3.4. Por \u00faltimo, cabe acotar que, de ser cierto que existe una sentencia penal en firme que declar\u00f3 responsable del delito de falso testimonio a quienes rindieron declaraci\u00f3n en el memorado juicio de restituci\u00f3n de tierras, los cuales sirvieron de fundamento a la providencia cuestionada7, sus progenitores cuentan con la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra esta, de conformidad con lo preceptuado en el art\u00edculo 354 del C\u00f3digo General del Proceso, alegando la causal 3\u00aa prevista en el art\u00edculo 355 ejusdem8, para ventilar ante la autoridad competente, claro est\u00e1, siempre y cuando se cumplan los presupuestos previstos por el legislador para el efecto, la presunta irregularidad que le endilga a dicha determinaci\u00f3n, pues la acci\u00f3n de tutela procede \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb; de manera que, \u00ab[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC1289-2020). <\/p>\n
4. Corolario de lo expuesto, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 De acuerdo con la demanda de tutela remitida v\u00eda correo institucional a la Corte. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Informe remitido v\u00eda correo institucional a la Corte. <\/p>\n
4 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5 Consultar al respecto, C.C. SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20. <\/p>\n
6 Inicialmente fue remitida al Consejo Superior de la Judicatura, quien la remiti\u00f3 ese mismo d\u00eda a la Secretar\u00eda General de la Corte, quien a su vez la envi\u00f3 a la Secretar\u00eda de la Sala para reparto el 12 de enero de los corrientes, siendo asignada al Despacho el 14 de enero siguiente. <\/p>\n
7 Dado que la tutelante no aporta el fallo y su constancia de ejecutoria, sumado a que, si bien mencion\u00f3 un n\u00famero de radicaci\u00f3n, no se hall\u00f3 informaci\u00f3n alguna en la consulta realizada en los distintos buscadores de la p\u00e1gina Web de la Rama Judicial, dispuestos para tales efectos. <\/p>\n
8 Que reza: \u201cHaberse basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en raz\u00f3n de ellas.\u201d <\/p>\n
<\/p>\n
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