STC716-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC716-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00037-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la salvaguarda promovida por Mar\u00eda Consuelo Fern\u00e1ndez Delgado contra los Juzgados Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo y Promiscuo Municipal de Hato Corozal y la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cnulidad de promesa de compraventa\u201d impulsado por la aqu\u00ed actora a Luisa Esther Fern\u00e1ndez Moreno. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente violentada por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del confuso escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Mar\u00eda Consuelo Fern\u00e1ndez Delgado inici\u00f3, ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo, juicio de \u201cnulidad de promesa de compraventa\u201d contra Luisa Esther Fern\u00e1ndez Moreno. <\/p>\n
En la diligencia efectuada por el comisionado, se opuso Fabio Adolfo Fern\u00e1ndez Moreno arguyendo la calidad de poseedor del inmueble inmiscuido; sin embargo, dicha intervenci\u00f3n fue rechazada en prove\u00eddo de 14 de noviembre de 2017, decisi\u00f3n confirmada por el tribunal querellado el 16 de agosto de 2019. <\/p>\n
Afirma la quejosa que en el comentado decurso se realiz\u00f3 una \u201centrega simb\u00f3lica\u201d del inmueble, pues se restituy\u00f3 s\u00f3lo \u201cuna cuota parte, como si se tratara de un bien en com\u00fan y proindiviso\u201d, cuando en realidad, desde el a\u00f1o 2004, se hab\u00eda realizado de \u201cforma amigable\u201d, junto con los dem\u00e1s comuneros, la divisi\u00f3n material del predio de mayor extensi\u00f3n, por tanto, sostiene, la restituci\u00f3n de su fundo debi\u00f3 realizarse como \u201ccuerpo cierto\u201d. <\/p>\n
Manifiesta que para resolver el presente ruego se debe aplicar \u201cla primac\u00eda de lo sustancial sobre lo procedimental; teniendo en cuenta la suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos procesales en los despachos judiciales con motivo de la pandemia del Covid-19\u201d. <\/p>\n
3. Solicita, en concreto, ordenar \u201cse haga la entrega del bien ra\u00edz en forma real y material, seg\u00fan la sentencia\u201d emitida en el pleito subex\u00e1mine. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de Hato Corozal manifest\u00f3 haber cumplido con la comisi\u00f3n conforme las pautas se\u00f1aladas en el art\u00edculo 337 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2. El despacho del circuito querellado realiz\u00f3 un recuento de su actuaci\u00f3n dentro del referido recurso. <\/p>\n
3. El colegiado confutado guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La promotora del auxilio censura el prove\u00eddo de 14 de noviembre de 2017, mediante el cual, siendo comisionado, el Juzgado Promiscuo Municipal de Hato Corozal, efectu\u00f3 la entrega del predio ordenado en restituci\u00f3n dentro del caso bajo estudio y rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n presentada en esa diligencia por Fabio Adolfo Fern\u00e1ndez Moreno, decisi\u00f3n confirmada por el tribunal querellado en prove\u00eddo de 16 de agosto de 2019. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, se advierte que, entre la presentaci\u00f3n del ruego tuitivo, esto es, el 1 de diciembre de 2020, y las providencias censuradas, han transcurrido m\u00e1s de tres (3) y un (1) a\u00f1o, respectivamente, tiempo que supera ampliamente el t\u00e9rmino establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Por tanto, si la petente se demor\u00f3 en incoar el amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la corporaci\u00f3n atacada y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
En efecto, en el art\u00edculo 2\u00b0 del rese\u00f1ado acto administrativo, se indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Excepciones a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos. A partir de la fecha las excepciones a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos adoptada ser\u00e1n las siguientes: 1. Acciones de tutela y habeas corpus. Se dar\u00e1 prelaci\u00f3n en el reparto a las acciones de tutela que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad. Su recepci\u00f3n se har\u00e1 mediante correo electr\u00f3nico dispuesto para el efecto y para su tr\u00e1mite y comunicaciones se har\u00e1 uso de las cuentas de correo electr\u00f3nico y herramientas tecnol\u00f3gicas de apoyo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Con nitidez se aprecia que, en manera alguna, se excluyeron reclamaciones de linaje constitucional, distintas a las all\u00ed priorizadas y, en esa medida, la censora contaba con la posibilidad de acudir oportunamente a esta jurisdicci\u00f3n para invocar la protecci\u00f3n de sus prerrogativas superlativas haciendo uso de los canales virtuales habilitados para ello. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
4. Por los anteriores argumentos, se niega el amparo deprecado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Mar\u00eda Consuelo Fern\u00e1ndez Delgado contra los Juzgados Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo y Promiscuo Municipal de Hato Corozal y la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cnulidad de promesa de compraventa\u201d promovido por la aqu\u00ed actora a Luisa Esther Fern\u00e1ndez Moreno. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, lo resuelto en esta providencia a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
2\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
3\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
4\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
5\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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