STC717-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00194-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Clara In\u00e9s Galindo Polan\u00eda contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso verbal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora de la salvaguarda reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con las sentencias emitidas en ambas instancias procesales, en el marco del proceso de usucapi\u00f3n que instaur\u00f3 contra la sociedad Galindo Polan\u00eda Hermanos y C\u00eda. Ltda, y personas indeterminadas, respecto de los inmuebles con matr\u00edculas No. 50N-623320 (apartamento 2809), 50N-623309 (garaje No. 1) y 50N-623317 (garaje No. 10), ubicados en el edificio La Calleja, calle 127B No. 19-09 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a las autoridades judiciales convocadas, i) \u00abrevo[car] las sentencias de primera y segunda instancia, como los dem\u00e1s actos que deban reemplazarse total o parcialmente\u00bb; ii) \u00abdefinir la pertenencia aplicando las normas que la regulan y en especial los arts. 2527, 2529, 2531 y 2532, CC; 98 del C. de Co., 782 del C.C.\u00bb; iii) \u00abce\u00f1irse para efectos de tr\u00e1mite y las decisiones, preferentemente a las hip\u00f3tesis jur\u00eddicas reguladas en las normas especiales para la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria, lo que conlleva a inaplicar los arts. 777 y 778, C.C., que son los que sustentan las decisiones que se piden revocar\u00bb; iv) \u00abvelar por el cumplimiento del debido proceso en los actos procesales que, sin ser revocados en esta tutela, pueden resultar afectados o insuficientes una vez se realice el derecho de contradicci\u00f3n ordenado en la sentencia\u00bb; v) \u00ab[analizar] las pruebas documentales y testimoniales, aportadas o practicadas por la parte demandante y las dem\u00e1s que fueron decretadas pero que no obtuvieron [estudio] bajo las normas que rigen el proceso de pertenencia\u00bb y; vi) \u00abdar cumplimiento a las normas que regulan la intervenci\u00f3n de sujetos procesales, seg\u00fan corresponda en el proceso de pertenencia y definir su calidad previamente a las dem\u00e1s actuaciones (arts. 375 y 71 y s.s. del CGP.)\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo aduce en s\u00edntesis, en un escrito copioso, sin orden cronol\u00f3gico y confuso, pues hace una narraci\u00f3n in extenso de las normas que considera \u00abmal aplicadas\u00bb, as\u00ed como las razones por las que considera que existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n de las pruebas efectuada por los juzgadores, pero sin se\u00f1alar de manera puntual y concisa lo acontecido en el litigio cuestionado, que \u00abel Tribunal, en el tema que se analiza, (A) no se atiene, en su deducci\u00f3n, rigurosamente a la ley (art. 2531, CC). (B) Tampoco a la l\u00f3gica ni a las m\u00e1ximas de la experiencia (la parte por razones de econom\u00eda litigiosa pensar\u00e1 en probar, si le es posible, en el menor tiempo posible sin menoscabar el decenio: no hay demanda de pertenencia que se presente 10 a\u00f1os \u2018flat\u2019, tendr\u00e1n alg\u00fan tiempo adicional al decenio, ni abogado que se ponga a exagerar m\u00e1s all\u00e1 de la cuenta. (C) No se basa en hechos indicadores (son conjeturas personales) plenamente demostrados. (D) No analiza las pruebas de la parte actora, documentales y testimoniales: las desecha y solo pide y admite, la rebeld\u00eda, como si se tratara de un sistema de tarifa legal. (E)Tampoco le importan las conductas procesales falsas de los opositores, contrarias a la defensa de los derechos de la prescribiente, como se podr\u00eda examinar con menores posiciones axiom\u00e1ticas (y mejor si la parte actora hubiera podido contrainterrogar)\u00bb. <\/p>\n
Alega que fue bajo el anterior contexto, que se \u00abexpid[ieron] las sentencias de primera y segunda instancia, del 10 de abril de 2019, [pronunciada por el] Juzgado Quinto Civil del Circuito, y del 10 de julio de 2019, expedida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (Sala S\u00e9ptima de Decisi\u00f3n) y que son materia de esta acci\u00f3n de tutela\u00bb; que aun cuando presento recurso extraordinario de casaci\u00f3n en contra de la \u00faltima de la determinaciones anotadas, le fue denegado, determinaci\u00f3n mantenida en sede de queja por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n, mediante auto del 21 de julio del a\u00f1o pasado. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 27 de enero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. Al momento del registro del fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n
En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, previ\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n
2. En el presente caso, Clara In\u00e9s Galindo Polan\u00eda cuestiona lo resuelto en la sentencia emitida en audiencia el 10 de julio de 2019, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que pese a los motivos por ella esgrimidos al sustentar la alzada, mantuvo la decisi\u00f3n desestimatoria dictada el 3 de abril anterior por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa misma urbe, dentro del juicio de pertenencia que adelant\u00f3 contra la sociedad Galindo Polan\u00eda Hermanos y C\u00eda. Ltda e indeterminados, pues dice, en \u00faltimas, no se tuvieron en cuenta las normas del C\u00f3digo Civil aplicables al tema de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio; tampoco las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso acerca de la recepci\u00f3n y contradicci\u00f3n de las declaraciones de parte; y, la indebida aplicaci\u00f3n de los c\u00e1nones 777 y 788 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como del 98 del Estatuto Comercial. <\/p>\n
3. Sin embargo, en el caso que es objeto de estudio, la solicitud de protecci\u00f3n desatiende el principio de la subsidiariedad que la caracteriza, puesto que es evidente que la accionante no hizo uso de las herramientas jur\u00eddicas con las que contaba para controvertir la decisi\u00f3n que por esta v\u00eda cuestiona, y por ello, no puede utilizar este mecanismo para revivir las oportunidades procesales que dej\u00f3 fenecer. <\/p>\n
Ello es as\u00ed, porque contra la determinaci\u00f3n de primer grado criticada, la aqu\u00ed interesada enfil\u00f3 su queja en que el juez cognoscente dej\u00f3 de valorar el hecho que \u00abno se puede deducir que porque otra persona haya habitado los inmuebles de 1991 a 1997, solo este hecho afecte de alg\u00fan modo la posesi\u00f3n ejercida por la demandante desde 1983, pues para ello se necesitar\u00eda que hubiera perdido la posesi\u00f3n\u00bb; y tampoco se advirti\u00f3 que \u00abotra posibilidad ser\u00eda la coposesi\u00f3n planteada por los opositores, la cual en nada afecta la posesi\u00f3n alegada y demostrada, m\u00e1xime cuando la aparente coposeedora sali\u00f3 del inmueble en 1997\u00bb; que \u00abpara justificar la existencia de un t\u00edtulo de mera tenencia, el juez a quo se fundament\u00f3 en las afirmaciones de cada una de las personas que componen la parte opositora, convirti\u00e9ndolas en verdaderas pruebas, no obstante que tales afirmaciones exigen demostraci\u00f3n\u00bb; que \u00abhasta en sus alegatos de conclusi\u00f3n, los opositores han pretendido que se le d\u00e9 validez al acta No. 43 de la junta de accionistas (en la cual aparece que la demandante reconoci\u00f3 dominio ajeno al aceptar que mediante pago de $100\u00b4000.000, devolver\u00eda los inmuebles a la liquidaci\u00f3n de la sociedad), sin tener en cuenta que, en la asamblea 44, la demandante objet\u00f3 el acta No. 43 en su contenido, por lo que hubo que reemplazar su texto y as\u00ed fue aprobada por unanimidad\u00bb; que no se ha debido dar credibilidad a las pruebas de los \u00abopositores\u00bb, conforme se plante\u00f3 en la tacha de falsedad propuesta en la primera instancia, y, en \u00faltimas, que en el proceso hay ,muchas pruebas de que su posesi\u00f3n no ha sido \u00abclandestina\u00bb, y que ostentan la calidad de se\u00f1ora y due\u00f1a de los predios reclamados. <\/p>\n
Entonces, de manera contundente se establece que la gestora del amparo, si bien apel\u00f3 la sentencia de primer grado, no se\u00f1al\u00f3 como reparos concretos, las quejas que ante esta sede constitucional aduce, relativas que \u00abi) no se tuvieron en cuenta las normas del C\u00f3digo Civil aplicables al tema de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio; ii) tampoco las normas del C\u00f3digo General del Proceso acerca de la recepci\u00f3n y contradicci\u00f3n de las declaraciones de parte\u00bb. <\/p>\n
Es entonces, la propia negligencia de la accionante la que impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues no puede atribu\u00edrsele supuestas omisiones al ad quem convocado al decidir la alzada, cuando dichas inconformidades no le fueron expuestas, es decir, cuando los reparos concretos realizados por la apelante, no guardan relaci\u00f3n con las cr\u00edticas que expone ahora en sede constitucional, ello en concordancia con lo normado en el canon 328 del C\u00f3digo General del Proceso que reza: \u00abel juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed mismo, la r\u00e9plica acerca de la inaplicaci\u00f3n del canon 98 del Estatuto Comercial tambi\u00e9n incumple con el mentado presupuesto, pues la se\u00f1ora Clara In\u00e9s de acuerdo con el precepto 287 del C\u00f3digo General del Proceso, pudo solicitar al ad quem la adici\u00f3n del prove\u00eddo que desat\u00f3 la alzada, a fin de que se pronunciara respecto de tal tem\u00e1tica, sin que, entonces, se pueda sencillamente acudir al amparo \u00aben pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC3579-2020). <\/p>\n
5. Finalmente, y acerca del reparo concreto relativo a que \u00abel t\u00e9rmino de posesi\u00f3n exigido por la Ley est\u00e1 demostrado con las presunciones del art\u00edculo 780 del C\u00f3digo Civil y con los testimonios\u00bb, puso de presente la Colegiatura convocada, que \u00abcomo es sabido, la prueba de la posesi\u00f3n se hace m\u00e1s exigente en casos en los que, como el que hoy ocupa la atenci\u00f3n del Tribunal, la parte actora inici\u00f3 su relaci\u00f3n material con el predio en disputa, como mera tenedora. As\u00ed lo reconoci\u00f3 la Corte Suprema de Justicia cuando se\u00f1al\u00f3 que \u2018los actos de desconocimiento ejecutados por el original tenedor que ha transformado su t\u00edtulo precario en poseedor, han de contradecir de manera abierta, franca e inequ\u00edvoca, el derecho de dominio que sobre \u00e9l tenga o pueda tener el contendiente opositor, m\u00e1xime que no se puede subestimar, que de conformidad con los art\u00edculos 777 y 780 del c\u00f3digo civil, la existencia inicial de un t\u00edtulo de mera tenencia considera que el tenedor ha seguido detentando la cosa en la misma forma precaria con que se inici\u00f3 en ella\u2019 (Cas. Civ., sent. de 24 de junio de 2005, exp. 0927), y que \u2018si [el demandado] originalmente se arrog\u00f3 la cosa como mero tenedor, debe aportarse la prueba fehaciente de la intervenci\u00f3n de ese t\u00edtulo, esto es, la existencia de hechos que la demuestren inequ\u00edvocamente incluyendo el momento a partir del cual se rebel\u00f3 contra el titular y empez\u00f3 a ejecutar actos de se\u00f1or y due\u00f1o desconociendo su dominio\u2019 (Cas. Civ., sent. de 13 de abril de 2009, exp. 2003-00200)\u00bb. <\/p>\n
De este modo, y a diferencia de lo considerado por la inconforme, lo determinado sobre el citado aspecto reposa sobre el contenido de los medios de convicci\u00f3n recaudados en la etapa de conocimiento, a la par de un razonable entendimiento de los mismos, y la aplicaci\u00f3n de las normas aplicables a la materia, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo invocadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le abre paso al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, acci\u00f3n que no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios, en raz\u00f3n a que \u00abal juez constitucional le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC2702-2020). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el asunto a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con impedimento <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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