STC718-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC718-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00182-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Maril\u00fa Ceballos Gil frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, espec\u00edficamente, frente a los magistrados Felipe Francisco Borda Caicedo, Juan Ramon P\u00e9rez Chicu\u00e9 y Orlando Quintero Garc\u00eda, y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201crevisi\u00f3n de aval\u00fao\u201d, adelantado por Ecopetrol S.A. a la aqu\u00ed actora. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora implora el amparo de la garant\u00eda al debido proceso, presuntamente vulnerada por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
En sentencia de 4 de noviembre de 2014, el Juzgado Primero Civil Municipal de Buga impuso, a favor de Ecopetrol S.A. una \u201c(\u2026) servidumbre con ocupaci\u00f3n permanente petrolera sobre los inmuebles denominados San Pablo y Andaluc\u00eda II (\u2026)\u201d de propiedad de Maril\u00fa Ceballos Gil, concedi\u00e9ndole a favor de esta \u00faltima una indemnizaci\u00f3n por valor de $1.059.017.307. <\/p>\n
Dentro del t\u00e9rmino establecido en el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 1274 de 20091, la referida sociedad solicit\u00f3 la \u201crevisi\u00f3n del aval\u00fao\u201d acogido como definitivo en el fallo antes mencionado. <\/p>\n
Ese asunto fue zanjado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la citada ciudad, quien, en prove\u00eddo de 22 de mayo de 2019, dispuso excluir de la compensaci\u00f3n reconocida a favor de la tutelante, los \u201crubros\u201d correspondientes a \u201cda\u00f1o emergente\u201d y \u201cdepreciaci\u00f3n de los predios\u201d, reduciendo a $314.351.138 el valor de la memorada indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a esa determinaci\u00f3n, la gestora impetr\u00f3 apelaci\u00f3n; sin embargo, el tribunal confutado, en prove\u00eddo de 21 de julio de 2020, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
Manifiesta la gestora que los convocados incurrieron en \u201cdefecto f\u00e1ctico por valoraci\u00f3n defectuosa del material probatorio\u201d, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) el avalu\u00f3 de perjuicios por imposici\u00f3n de servidumbre petrolera y su posterior ampliaci\u00f3n, aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n (\u2026), acogido como definitivo por el Juzgado 1\u00b0 Civil Municipal de Buga, contiene suficiente prueba t\u00e9cnica, documental y argumentativa que sustenta los rubros excluidos de la indemnizaci\u00f3n, tales como los procedimientos y an\u00e1lisis estad\u00edsticos y matem\u00e1ticos utilizados, la relaci\u00f3n detallada, explicada, y adem\u00e1s sustentada en los da\u00f1os y la depreciaci\u00f3n ocasionada en [sus] predios con la instalaci\u00f3n de la red de oleoducto y de los costos (\u2026) para repararlos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Afirma que, en el litigio bajo estudio, terminaron siendo m\u00e1s relevantes para los juzgadores, \u201clos testimonios practicados, que el informe pericial de un experto\u201d, el cual estuvo en contacto directo con los predios involucrados y afectados con la imposici\u00f3n de la servidumbre petrolera. <\/p>\n
3. Exige, en concreto, se protejan sus derechos fundamentales, conculcados con las sentencias emitidas en el comentado decurso. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. La corporaci\u00f3n fustigada remiti\u00f3 copia de la sentencia de segunda instancia proferida en el pleito sublite. <\/p>\n
2. El estrado del circuito querellado envi\u00f3 el link digital del expediente contentivo del asunto criticado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlas prevalecer dentro del correspondiente proceso. <\/p>\n
Para resolver el asunto puesto a su conocimiento, la corporaci\u00f3n recriminada comenz\u00f3 indicando que la exclusi\u00f3n del \u201cda\u00f1o emergente\u201d reconocido en un principio a favor de la aqu\u00ed tutelante, obedeci\u00f3 a la no acreditaci\u00f3n de la \u201cedad\u201d de la ca\u00f1a plantada antes de la instalaci\u00f3n del oleoducto en los predios de aqu\u00e9lla, para determinar si se trataban de \u201ccultivos nuevos o recientes\u201d. Al respecto se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o es que el juez haya desconocido las certificaciones de un Ingenio de la regi\u00f3n alusivas a la disminuci\u00f3n en la producci\u00f3n de ca\u00f1a de az\u00facar, que es cuanto denuncia el reparo bajo examen. Lo que genuinamente ech\u00f3 de menos el juez, y que constituye el puntal argumentativo de la decisi\u00f3n ahora fustigada, es la prueba -por parte de la demandada- de la edad del cultivo de ca\u00f1a que exist\u00eda antes de la instalaci\u00f3n del oleoducto en las 26 hect\u00e1reas con 9.762 metros cuadrados que seg\u00fan el aval\u00fao acogido en la sentencia que impuso la servidumbre, resultaron afectadas\u201d. <\/p>\n
\u201cY ocurre que, contra ese preciso argumento, el reparo de la demandada anduvo desenfocado, pues fustig\u00f3 o critic\u00f3 algo distinto a lo que realmente constituy\u00f3 el argumento axial de la determinaci\u00f3n censurada. No solo eso: extra\u00f1amente termin\u00f3 achac\u00e1ndole al juez la misma falencia que \u00e9ste le enrostr\u00f3 (con relaci\u00f3n a la prueba de la edad del cultivo), pero referida a la exigencia misma (\u201cno tiene ning\u00fan soporte probatorio\u201d, dijo textualmente). <\/p>\n
El tribunal manifest\u00f3 que la inconformidad de la apelante, tambi\u00e9n involucraba la apreciaci\u00f3n de los testimonios de los ingenieros Luisa Mar\u00eda Lagos Ria\u00f1o y \u00c1lvaro Uribe Jaramillo, pues, en su sentir, los \u201cconceptos t\u00e9cnicos\u201d de esos dos profesionales no fueron tenidos en cuenta en el proceso de imposici\u00f3n de servidumbre, por tanto, el juez de conocimiento del juicio de \u201crevisi\u00f3n de aval\u00faos\u201d no pod\u00eda decretarlos ni practicarlos. Sobre ese t\u00f3pico expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l proceso de revisi\u00f3n del aval\u00fao fijado por el Juzgado Primero Civil Municipal de Buga mediante sentencia del 4 de noviembre de 2014 constituye un nuevo escenario procesal en el cual se debate lo concerniente al aval\u00fao fijado por dicha autoridad judicial y que se acogi\u00f3 como definitivo a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n por los perjuicios que se le ocasione a los propietarios u ocupantes del predio que debe tolerar una servidumbre de hidrocarburos, demanda que ser\u00e1 de conocimiento del respectivo Juez Civil del Circuito bajo los ritos de los art\u00edculos 408 a 414 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil hoy verbal o verbal sumario, disposiciones que por dem\u00e1s contemplan la posibilidad de distintas oportunidades probatorias, as\u00ed como un t\u00e9rmino para su pr\u00e1ctica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En esa misma l\u00ednea interpretativa, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia prohij\u00f3 -en sede de tutela- la hermen\u00e9utica seg\u00fan la cual \u201cla Ley 1274 de 2009 otorga la oportunidad a las partes para que en caso de discrepar con la decisi\u00f3n adoptada por el juez civil municipal del \u00e1rea en la cual se encuentra ubicado el predio, puedan solicitar la revisi\u00f3n correspondiente ante el superior jer\u00e1rquico, sin que esta acci\u00f3n comprenda relaci\u00f3n alguna con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n; contrario a ello, el proceso de revisi\u00f3n es de naturaleza especial y aut\u00f3noma, cuyo objeto es determinar en definitiva cual es el valor de la indemnizaci\u00f3n por el gravamen al predio afectado con el paso de la servidumbre petrolera \u201d. <\/p>\n
\u201cEn consecuencia, no puede abrirse camino la tesis de que en el curso del proceso de revisi\u00f3n (\u2026), la parte que lo promueve, al hacer uso de su derecho de demostrar que el aval\u00fao acogido por el Juez Municipal que impuso la servidumbre de hidrocarburos adolece de errores, o es insuficiente, en palabras de Corte, \u201cdeterminar en definitiva cual es al valor de la indemnizaci\u00f3n por el gravamen al predio afectado con el paso de la servidumbre petrolera\u201d, tenga las restricciones probatorias que plantea la censura (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, el \u201cargumento axial\u201d del a quo para no atribuirle \u201cpoder suasorio\u201d al peritaje practicado en el proceso de imposici\u00f3n de servidumbre, <\/p>\n
\u201c(\u2026) consisti\u00f3 en que \u00e9ste no se atemper\u00f3 a la metodolog\u00eda t\u00e9cnica de estudio en l\u00ednea de tiempo exigida por la Resoluci\u00f3n 620 de 2008 (IGAG), toda vez que los encuestados fueron inquiridos sobre hipot\u00e9ticas situaciones, esto es, con vista en el posible evento en el que sus predios llegasen a ser afectados por imposiciones de servidumbre, y sin considerar que la tuber\u00eda (oleoducto) se encuentra a dos metros bajo tierra, y que su instalaci\u00f3n solo gener\u00f3 afectaciones temporales, esto es, mientras se realiz\u00f3 la construcci\u00f3n o mantenimiento o excavaciones y colocaci\u00f3n de la misma\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La afirmaci\u00f3n de la recurrente, en el sentido de que la encuesta del perito cumpli\u00f3 con todas las formalidades t\u00e9cnicas, pues en ella se indicaron los datos de cada uno de los encuestados, y que todos los encuestados para la fecha de la realizaci\u00f3n de la misma, eran reconocidos propietarios de tierras sembradas en ca\u00f1a de az\u00facar, en nada refuta la quintaesencia del razonamiento judicial en comento. Por un lado, como antes se dijo con apoyo en un precedente de la Corte, la gen\u00e9rica expresi\u00f3n consistente en que la encuesta cumpli\u00f3 con todas las formalidades t\u00e9cnicas, justamente por su vaguedad e imprecisi\u00f3n, no sirve como sustento de la apelaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cPr\u00e9dica que tambi\u00e9n aplica al argumento de la recurrente seg\u00fan el cual el juez no se tom\u00f3 el trabajo de consultar si un predio que est\u00e1 afectado por este tipo de servidumbre cuesta lo mismo que un predio que no tenga tal afectaci\u00f3n, y que ello significa que err\u00f3 al prescindir de la encuesta adelantada por el perito\u201d. <\/p>\n
\u201cEs que, para decirlo en breve, proponer que el operador judicial debe adelantar un trabajo de campo o consulta para que pueda prescindir de una o varias pruebas que no le resultan confiables o lo que es lo mismo, creerle m\u00e1s a unas que a otras equivale a desconocer que si el juzgador toma en consideraci\u00f3n una o unas determinadas pruebas, ello obedece a la labor cr\u00edtica propia que integra el trabajo de discernimiento mediante el cual puede, en definitiva, colegir el acogimiento de aquellas que le ofrecen mayor convicci\u00f3n y credibilidad y deso\u00edr las que se les oponen, discurrir dial\u00e9ctico que no es constitutivo de yerro de facto, salvo en cuanto la conclusi\u00f3n a que arribe se ofrezca arbitraria, absurda o ri\u00f1a abiertamente con la l\u00f3gica\u201d. <\/p>\n
3. Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Lo pretendido por la promotora es obtener un pronunciamiento diferente al emitido por la corporaci\u00f3n accionada en la providencia aqu\u00ed cuestionada, de la cual, se infiere, est\u00e1 soportada en fundamentos l\u00f3gicos y razonables, fruto de la interpretaci\u00f3n de las normas que rigen el caso y de la valoraci\u00f3n de los medios de prueba militantes en el expediente. <\/p>\n
N\u00f3tese, el tribunal fue enf\u00e1tico en se\u00f1alar, por un lado, que dentro del juicio de \u201crevisi\u00f3n de aval\u00fao\u201d exist\u00eda libertad probatoria y por ende nada imped\u00eda al fallador practicar pruebas distintas a las tenidas en cuenta en el proceso de imposici\u00f3n de servidumbre. <\/p>\n
Y por el otro, explic\u00f3 con suficiencia, el porqu\u00e9 el peritaje acogido por el juez municipal presentaba falencias en la forma como se determin\u00f3 el \u201cda\u00f1o emergente\u201d reconocido a favor de la demandada, por cuanto, en dicha experticia, nada se habl\u00f3 sobre la edad de los cultivos afectados por el oleoducto; adem\u00e1s, se encontraba soportada en situaciones hipot\u00e9ticas para establecer la real afectaci\u00f3n de los predios por la construcci\u00f3n de esa infraestructura. <\/p>\n
Es de recalcar que, sobre la valoraci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La apreciaci\u00f3n conjunta de la prueba consiste en la actividad intelectual que debe realizar el funcionario jurisdiccional, analizando y conjugando los diversos elementos probatorios, en cuya virtud llega a un convencimiento homog\u00e9neo, sobre el cual habr\u00e1 de edificar su fallo, estimativo o desestimativo de las pretensiones, esto es, teniendo como ciertas las alegaciones de hecho en que el demandante basa sus pretensiones, o el extremo resistente sus defensas; o que no lo son (\u2026)3. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En Colombia, seg\u00fan el principio de valoraci\u00f3n racional de la prueba, implantado por mandato del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 176 del Estatuto Procesal vigente, es deber del juez, y no mera facultad suya, evaluar en conjunto los elementos de convicci\u00f3n para obtener, de todos ellos, un resultado homog\u00e9neo o \u00fanico, sobre el cual habr\u00e1 de fundar su decisi\u00f3n final (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tal obligaci\u00f3n legal \u2013lo sostiene la Corte-, impeditiva de la desarticulaci\u00f3n del acervo probatorio, ha sido la causa de que los falladores de instancia frecuentemente acudan a ese expediente para formar su criterio, sin atender de modo especial o preferente a ninguna de las diversas pruebas practicadas. Mediante ese procedimiento, resulta que su persuasi\u00f3n se forma no por el examen aislado de cada probanza, sino por la estimaci\u00f3n global de todas las articuladas, examinadas todas como un compuesto integrado por elementos disimiles (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por los anteriores argumentos, se niega el amparo deprecado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Maril\u00fa Ceballos Gil frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, espec\u00edficamente, frente a los magistrados Felipe Francisco Borda Caicedo, Juan Ramon P\u00e9rez Chicu\u00e9 y Orlando Quintero Garc\u00eda, y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201crevisi\u00f3n de aval\u00fao\u201d, adelantado por Ecopetrol S.A. a la aqu\u00ed actora. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, lo resuelto en esta providencia a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u201cCualquiera de las partes puede pedir ante el Juez Civil del Circuito de la jurisdicci\u00f3n a la que pertenezca el predio objeto de la diligencia de aval\u00fao, la revisi\u00f3n del mismo dentro del t\u00e9rmino de un (1) mes contado a partir de la fecha de la decisi\u00f3n del Juez Civil Municipal. Si quien hiciere uso del recurso fuere el explorador, explotador o transportador de hidrocarburos, este deber\u00e1 consignar, como dep\u00f3sito judicial, a la orden del Juez Civil de Circuito respectivo el monto resuelto por el Juez Civil Municipal si la suma consignada para la presentaci\u00f3n de la solicitud fuere inferior al cincuenta por ciento (50%) del aval\u00fao de los perjuicios se\u00f1alados por el Juez\u201d. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. SC. Sentencia de 14 de junio de 1982. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
6\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
7\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
8 <\/p>\n
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STC718-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC718-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00182-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Maril\u00fa Ceballos Gil frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53668","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53668","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53668"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53668\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53668"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53668"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53668"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}