STC719-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00058-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (03) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Piedad Lorena Hern\u00e1ndez Navarro contra la Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los dem\u00e1s intervinientes del asunto a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la legalidad, a la \u00abfavorabilidad de la norma\u00bb y de petici\u00f3n, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas, en el marco del proceso disciplinario seguido en su contra, con radicado No. 2017-00416-00. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a las autoridades disciplinarias accionadas, \u00abdejar sin efecto las sentencias del 2 de septiembre de 2020 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que confirm\u00f3 la del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 del 11 de mayo de 2020\u00bb, en consecuencia \u00abordenar a la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 (\u2026) modifi[car] en lo pertinente, si hay lugar, al fallo (sic) ajustarlo a lo prescrito en los art\u00edculos 13 y 46 de la Ley 1123 de 2007\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que el referido proceso en su contra inici\u00f3 por la compulsa de copias realizada por el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1 por su inasistencia como defensora p\u00fablica a \u00abalgunas sesiones programadas en el tr\u00e1mite del juicio\u00bb, tr\u00e1mite dentro del cual el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 le elev\u00f3 pliego de cargos as\u00ed: \u00abdeber: art. 28 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007. Falta: Art. 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007. Verbos rectores: descuidar. Modalidad: Culposa record: 38:00. La abogada investigada por no asistir a las audiencias fechas: 11 de septiembre de 2014, 11 de diciembre de 2014, 18 de octubre de 2016, 14 diciembre de 2016 y 24 de febrero de 2017\u201d (destacado fuera de texto del acta)\u00bb, instancia que finiquit\u00f3 con sentencia del 11 de mayo de 2020, en que se resolvi\u00f3 \u00abdecretar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria respecto de la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n fijada para el 11 de septiembre de 2014, (ii) absolver a la suscrita por la inasistencia a las audiencias programadas para 18 de octubre, 14 de diciembre de 2016 y 24 de febrero de 2017; y, (iii) [l]e impuso una sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n de dos meses como responsable disciplinariamente de la comisi\u00f3n culposa de la falta prevista en el art. 37, numeral 1\u00ba de la Ley 1123 de 2007\u00bb, por no asistir a la audiencia del 11 de diciembre de 2015. <\/p>\n
Narra que apel\u00f3 la decisi\u00f3n, pero fue confirmada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mediante fallo del 2 de septiembre de 2020, notificado el 10 de diciembre del mismo a\u00f1o, en la que \u00absalvaron voto\u00bb dos magistrados, por lo que el 9 de diciembre pasado elev\u00f3 un derecho de petici\u00f3n ante la Secretar\u00eda de aquella Corporaci\u00f3n para que le enviaran los precitados pronunciamientos, junto con el audio de la audiencia de pliego de cargos y calificaci\u00f3n de pruebas del 15 de noviembre de 2018, sin que a la fecha de radicaci\u00f3n de la tutela \u00ab(lunes 25 de enero de 2021), transcurrieron las dos primeras semanas laborales de este 2021, sin que [l]e haya llegado respuesta alguna\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que en el proceso disciplinario fue sancionada por la citada inasistencia a una audiencia del a\u00f1os 2015, siendo que se le formularon cargos por no ir a la audiencia del a\u00f1o 2014, seg\u00fan consta en el acta respectiva, \u00faltima fecha respeto de la cual acredit\u00f3 dentro del proceso que estaba tom\u00e1ndose unos ex\u00e1menes m\u00e9dicos, pero que de haber sabido que se le acusaba por una falta cometida el 11 de diciembre de 2015, se habr\u00eda defendido en tal sentido, porque \u00abnunca, en el ejercicio de [su] ejercicio profesional, h[a] incumplido con [sus] deberes profesionales\u00bb; situaci\u00f3n sobre la cual en el fallo de segunda instancia se indici\u00f3 que se hab\u00eda tratado de un error en la escritura del acta; empero, aunque no cuenta con el audio de la audiencia de pruebas, porque no la han respondido la petici\u00f3n que elev\u00f3 para conseguirla, \u00abest\u00e1 segura que el acta es fiel trasunto de lo ocurrido en la audiencia, a m\u00e1s que en la cita textual que hace la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, no menciona, a pie de p\u00e1gina, el registro exacto donde la Magistrada hace claridad oral de la fecha y que la equivocaci\u00f3n es en el acta\u00bb. <\/p>\n
Finalmente asegura, que se present\u00f3 un error en la tasaci\u00f3n de su sanci\u00f3n, porque no tiene antecedentes disciplinarios, de las cinco inasistencias a audiencias que se le atribuyeron result\u00f3 sancionada solo por una, y en modalidad culposa, de modo que \u00abse debi\u00f3 reducir la sanci\u00f3n al m\u00ednimo establecido por el legislador, en este caso, en una censura, tal como lo establecen los arts. 40 y 41 de la Ley 1123\u00bb, pero como as\u00ed no se procedi\u00f3, fueron desatendidos los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la sanci\u00f3n establecidos en los art\u00edculos 13 y 46 ibidem, todo lo cual, dice, justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 27 de enero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a). La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 por intermedio de una de sus Magistradas se\u00f1al\u00f3, que para la fecha de radicaci\u00f3n de la petici\u00f3n el expediente del proceso estaba, y a\u00fan est\u00e1, en la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, por lo cual \u00abno ten\u00eda noticia de esa solicitud\u00bb. <\/p>\n
b). Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La acci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en causal de procedencia del amparo, vale decir, cuando su obrar es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente caso, Piedad Lorena Hern\u00e1ndez cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo, en lo fundamental, la decisi\u00f3n emitida el 2 de septiembre de 2020 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que confirm\u00f3 \u00edntegramente la sentencia del 11 de mayo del mismo a\u00f1o de Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, de sancionarla con dos (2) meses de suspensi\u00f3n del ejercicio de la profesi\u00f3n, \u00abpor incurrir en la falta contemplada en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 37 de la Ley 1123 de 2007, bajo la modalidad culposa, en desconocimiento del deber del numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 de la misma norma\u00bb, pues seg\u00fan su criterio, i) los hechos por los que result\u00f3 sancionada no son los mismos por los que se le formularon cargos; ii) la tasaci\u00f3n de su castigo no respet\u00f3 los par\u00e1metros legales aplicables, y, de otro lado, iii) no le ha sido respondido el derecho de petici\u00f3n que elev\u00f3 el 9 de diciembre de 2020 para obtener unas piezas del aludido decurso. <\/p>\n
3. Sin embargo, punto al primer motivo de inconformidad, atendidos los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n de segundo grado criticada, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la misma no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales de la promotora de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se\u00f1al\u00f3 en la introducci\u00f3n a su decisi\u00f3n, que \u00aben su recurso de apelaci\u00f3n, la disciplinable dio a conocer lo que posiblemente constituir\u00eda un vicio en la actuaci\u00f3n, consistente en una incongruencia entre el fundamento de hecho de la formulaci\u00f3n de cargos y el del fallo de instancia. Manifest\u00f3 que se le formularon cargos por la inasistencia a la audiencia del 11 de diciembre de 2014 \u2013entre otras- pero que fue sancionada por la inasistencia a la diligencia del 11 de diciembre de 2015, hecho que no fue objeto de reproche disciplinario. Indic\u00f3 que dicho error deriv\u00f3 en que no present\u00f3 elementos defensivos respecto a la omisi\u00f3n por la que fue sancionada, cosa que daba al traste con su derecho a la defensa. <\/p>\n
Inconformidad frente a la cual la autoridad disciplinaria anticip\u00f3, que \u00abno se acceder\u00e1 a la solicitud presentada por la disciplinada, pues esta se fundamenta en una ligereza a la hora de revisar las particularidades de la actuaci\u00f3n. El elemento que usa la recurrente para afirmar que se formularon cargos por una inasistencia a audiencia del 11 de diciembre de 2014 es el acta de la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional donde se calific\u00f3 provisionalmente la actuaci\u00f3n, donde efectivamente, se hace referencia a una supuesta audiencia del 11 de diciembre de 2014. <\/p>\n
Lo cual constituye un simple lapsus de quien elabor\u00f3 el documento, pues en el desarrollo de la diligencia, la magistrada ponente expuso con claridad qu\u00e9 constitu\u00eda el fundamento de hecho de la formulaci\u00f3n de cargos: \u201cEn esas condiciones entonces, resulta que las audiencias a las que no asisti\u00f3 la aqu\u00ed investigada y que no se encuentran hasta este momento justificada su no asistencia son las de 11 de septiembre de 2014, 11 de diciembre de 2015, 18 de octubre de 2016, 14 de diciembre de 2016 y 24 de febrero del a\u00f1o 2017. En estas condiciones entonces, solo y \u00fanicamente por estas fechas esta magistrada profiere pliego de cargos\u2026\u201d. <\/p>\n
No sobra recordar que las actuaciones procesales proferidas en audiencia, tal como la formulaci\u00f3n de cargos, no pueden ser confundidas con los documentos que dan fe de la realizaci\u00f3n de estos. Los cargos de este proceso fueron los formulados en la audiencia del 15 de noviembre de 2018 y, es sobre estos que se puede plantear reproche por irregularidades sustanciales, no sobre lo que figura en un documento que \u00fanicamente sirve como constancia. Entonces, la irregularidad se\u00f1alada por la recurrente no ocurri\u00f3, por lo que existe congruencia entre las circunstancias materia del pliego de cargos y las que fueron objeto de fallo\u00bb. <\/p>\n
Y en este caso, la disciplinable ni siquiera intent\u00f3 justificar la inasistencia a la audiencia el 11 de diciembre de 2015, tal como ella lo expuso en su recurso y como se puede comprobar del estudio del expediente del proceso penal donde actu\u00f3 como defensora p\u00fablica; lo cual le quita cualquier validez a las explicaciones que ahora pretende hacer valer en sede de apelaci\u00f3n del proceso disciplinario adelantado en su contra, pues el momento de las justificaciones acaeci\u00f3 hace m\u00e1s de 4 a\u00f1os, tiempo en que la disciplinable no le dio importancia debida a esa circunstancia. <\/p>\n
De ah\u00ed que concluy\u00f3 la Corporaci\u00f3n accionada, que \u00abla conducta reprochada a la disciplinable constituye una clara omisi\u00f3n en el cumplimiento de los deberes a su cargo. Es natural que, desde la \u00f3ptica de la celosa diligencia que debe permear la actividad de los profesionales del derecho, tal como lo dispone el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 de la Ley 1123 de 2007, estos deban acudir a todas las diligencias fijadas dentro de los procesos donde act\u00faen. En este caso, la disciplinable dej\u00f3 de presentarse a una audiencia de un proceso penal donde representaba los intereses del procesado, sin tener justificaci\u00f3n v\u00e1lida para ello y sin siquiera intentar excusarse por esto. Considerando lo anterior, no se atender\u00e1 la solicitud de la recurrente, en el sentido de absolverla\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por la accionante, la decisi\u00f3n emitida por Sala Disciplinara de segunda instancia criticada se soport\u00f3 en el an\u00e1lisis de las pruebas allegadas al proceso seguido en su contra, a la luz de un razonable entendimiento de las normas sustanciales y procesales aplicables al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto. <\/p>\n
Y es que, como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, el ad quem accionado constat\u00f3 que la supuesta incongruencia entre lo plasmado en el acta de formulaci\u00f3n de cargos a la disciplinable y los hechos por los cuales fue \u00e9sta finalmente sancionada, obedeci\u00f3 a un simple error en la confecci\u00f3n del documento, ya que durante aquella diligencia su directora identific\u00f3 adecuadamente los hechos investigados, y en todo caso, no pod\u00eda confundirse la audiencia como tal, con el medio documental en el cual se plasm\u00f3 su acontecer, teniendo prelaci\u00f3n el contenido de aqu\u00e9lla; de modo que, al no haber probado la aqu\u00ed interesada que exist\u00eda justificaci\u00f3n para n haber acudido a la audiencia procesal, correspond\u00eda confirmar la sanci\u00f3n que por tal motivo se le impuso en la decisi\u00f3n apelada. <\/p>\n
5. En consecuencia, como la sola divergencia conceptual expuesta por la actora no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en tanto que en este escenario no es posible debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el sentenciador de la causa y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, ya que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC1148-2020). <\/p>\n
6. Por otra parte, y en cuanto a la segunda queja expuesta por la censora, encuentra la Sala que la protecci\u00f3n reclamada tambi\u00e9n resulta improcedente, porque la aqu\u00ed inconforme, en un acto constitutivo de incuria, dej\u00f3 de aprovechar el medio que proced\u00eda ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, pues, al recaer el reclamo constitucional puntualmente en la confirmaci\u00f3n del quantum de la sanci\u00f3n se\u00f1alada por el juzgador a quo, aqu\u00e9lla ha debido alegar ese reparo concreto en el recurso vertical interpuesto, a fin de viabilizar su estudio por parte del Superior, pero como ello no ocurri\u00f3 as\u00ed, equivocadamente puede pretender ahora que el juez de tutela entre a modificar o invalidar lo resuelto, cuando fue por su propia omisi\u00f3n que no se estudi\u00f3 en segunda instancia la citada tem\u00e1tica. <\/p>\n
De manera invariable ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar esta Corte, que \u00abes inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u00bb (CSJ STC11736-2020). <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, y en cuanto al derecho de petici\u00f3n presentado por la gestora ante la autoridad convocada, observa la Sala de la revisi\u00f3n de la documental adosada al expediente digital, que \u00e9sta el 9 de diciembre del a\u00f1o pasado envi\u00f3 al correo electr\u00f3nico de la secretar\u00eda de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (secsjdcsbat@notificacionesrj,gov.co), \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb en que solicit\u00f3: \u00abse sirva informar a mi correo institucional de la Defensor\u00eda P\u00fablica, los salvamentos de voto que fueron planteados en la sala No. 80 del 02 de septiembre de 2020, dentro del proceso disciplinario n\u00famero 110011102000201700416-01 con ponencia de la Magistrada Magda Victoria Acosta Walteros. As\u00ed mismo mediante la presente solicitud, requiero se remita el audio de la audiencia oral de pliego de cargos y calificaci\u00f3n de pruebas de fecha 15 de noviembre de 2018\u00bb, sin que ciertamente exista constancia de haberse emitido respuesta alguna. <\/p>\n
No obstante, lo pretendido por la se\u00f1ora Piedad Lorena se refiere a una actuaci\u00f3n secretarial propia del proceso disciplinario que se sigui\u00f3 en su contra, por lo que debe ser analizada en el marco legal de dicho tr\u00e1mite, y no bajo los lineamientos del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional; de modo que, m\u00e1s all\u00e1 de que la actora haya formulado la solicitud memorada por v\u00eda del derecho de petici\u00f3n, no puede pretender que a sus requerimientos deba d\u00e1rsele respuesta bajo la perspectiva de tal garant\u00eda, y por ende, que su inobservancia constituya un quebrantamiento de la misma; empero, hecha esta precisi\u00f3n, la queja en comento corresponde analizarla es a la luz de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, y por esa senda, es evidente que entre la fecha de env\u00edo de la aludida petici\u00f3n \u20139 de diciembre de 2020, y la de presentaci\u00f3n de la tutela el 25 de enero de 2021 , ha transcurrido un lapso considerable sin respuesta, si en cuenta se tiene que lo solicitado es una actuaci\u00f3n secretarial que no reviste dificultad, en tanto consiste en el env\u00edo de copia de unas piezas procesales a la disciplinable, que no requiere autorizaci\u00f3n previa por parte del Despacho. <\/p>\n
Y si bien la accionada no expuso ning\u00fan motivo para justificar su tardanza en manifestarse frente a la petici\u00f3n, encuentra la Sala que por virtud del Acuerdo PCSJA20-11688 del 1 de diciembre de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura, emitido a prop\u00f3sito de la entrada en funcionamiento de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, se opt\u00f3 por \u00absuspender los t\u00e9rminos judiciales en la Secretar\u00eda de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria desde el 11 de diciembre de 2020 hasta el 18 de diciembre de 2020, excepto para las notificaciones\u00bb, y mediante el Acuerdo PCSJA21-11706 del 5 de enero se prorrog\u00f3 dicha suspensi\u00f3n hasta el 22 de enero de 2021; as\u00ed mismo, con los Acuerdos PCSJA21-11718 del 15 de enero y PCSJA21-11721 del 25 de enero, ambos de 2021, se prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino de suspensi\u00f3n para que la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial asuma los asuntos que conoc\u00eda la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, inicialmente hasta el 22 de enero de 2021, y despu\u00e9s hasta el 5 de febrero pr\u00f3ximo, debido a que \u00abhasta el momento no se ha culminado la entrega de los expedientes, y es necesario recibir previamente todo el inventario para realizar el reparto integral de todas las actuaciones en curso y su posterior registro en los sistemas de informaci\u00f3n de gesti\u00f3n de procesos y manejo documental\u00bb; situaci\u00f3n que deja clara la imposibilidad tanto legal como pr\u00e1ctica para que la Corporaci\u00f3n accionada emita de momento respuesta a la solicitud formulada por la actora. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si bien se ha dicho que la mora judicial tiene lugar cuando la actuaci\u00f3n del juzgador desconoce los plazos legales, y carece de un motivo probado y razonable para excusar su tardanza, evento en el que se vulneran las citadas garant\u00edas esenciales, en este caso existe una justificaci\u00f3n de orden legal y pr\u00e1ctica para la tardanza en la emisi\u00f3n de la respuesta a la solicitud que elev\u00f3 la gestora, situaci\u00f3n por la cual no se acceder\u00e1 al amparo sobre ese respecto, pues, como ha insistido la Corte en distintas oportunidades, mutatis mutandis, \u00abla falta de cumplimiento estricto de los t\u00e9rminos procesales por parte de los funcionarios judiciales no genera, per se, violaci\u00f3n del derecho fundamental del debido proceso\u00bb1, de manera que \u00abla mora en que pueden incurrir las autoridades judiciales en la resoluci\u00f3n de los conflictos no puede ser apreciada s\u00f3lo desde una \u00f3ptica objetiva, esto es, computando simple y llanamente el plazo se\u00f1alado por el ordenamiento jur\u00eddico para adoptar la decisi\u00f3n respectiva, sino que es preciso apreciarla tomando en cuenta un c\u00famulo de aspectos, tales como, la carga laboral de la oficina, la planta de personal de la misma, la implementaci\u00f3n log\u00edstica etc., pues todos estos factores, entre otros, influyen de manera directa en la buena marcha de los despachos judiciales y en la cumplida administraci\u00f3n de justicia\u00bb (CSJ STC1291-2020). <\/p>\n
Lo anterior, claro est\u00e1, sin perjuicio de que una vez superadas las situaciones descritas en l\u00edneas precedentes, que han impedido a la actora obtener la respuesta a su solicitud, la autoridad legalmente obligada proceda a manifestarse frente a la misma, garantizando solo as\u00ed los derechos al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
8. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de negarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Sentencia T-1227 de 2001. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC719-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00058-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D.C., tres (03) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Piedad Lorena Hern\u00e1ndez Navarro […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53669","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53669","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53669"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53669\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53669"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53669"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53669"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}