STC721-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC721-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00133-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Minersys S.A. al Juzgado S\u00e9ptimo de Familia Barranquilla y la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, integrada, de manera unitaria, por el magistrado Abd\u00f3n Sierra Guti\u00e9rrez, con ocasi\u00f3n del juicio de sucesi\u00f3n con radicado n\u00b02016-00159-01, del causante Miguel \u00c1ngel Cantillo Badillo. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
La impulsora aduce que el 13 de marzo de 2017, fue aceptada como acreedora de la sucesi\u00f3n intestada de Miguel \u00c1ngel Cantillo Badillo, tramitada en el estrado del circuito confutado. <\/p>\n
Afirma que la sociedad INO\u2019S S.A.S., sin ser parte en dicho ritual, pidi\u00f3 su suspensi\u00f3n mientras se resolv\u00eda un decurso en otro despacho, en donde esa compa\u00f1\u00eda, en calidad de demandante, discute la validez de la compra de un inmueble realizada por el finado Cantillo Badillo. <\/p>\n
En auto de 27 de septiembre de 2017, la sede judicial enjuiciada desestim\u00f3 el pedimento de esa compa\u00f1\u00eda y, por tal motivo, aqu\u00e9lla impetr\u00f3 apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 al tribunal fustigado, quien el 9 de febrero de 2018, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n protestada y dispuso la suspensi\u00f3n de la gesti\u00f3n refutada por prejudicialidad. <\/p>\n
La aqu\u00ed tutelante asevera que se constituy\u00f3 como consorte del extremo pasivo en el juicio en el cual INO\u2019S S.A.S., funge como accionante. <\/p>\n
Sostiene que, en la referida contienda, en primera instancia se dict\u00f3 sentencia anticipada denegando las pretensiones de INO\u2019S S.A.S. <\/p>\n
Frente a ese pronunciamiento, la precitada compa\u00f1\u00eda formul\u00f3 el mecanismo de defensa vertical, recurso zanjado por la corporaci\u00f3n encausada el 14 de diciembre de 2020, infirmando el fallo del a quo y disponiendo continuar con la fase probatoria de ese litigio. <\/p>\n
La ac\u00e1 petente aduce que mientras se dirim\u00eda el mencionado mecanismo de defensa, el 3 de agosto pasado, solicit\u00f3 al juzgado de familia censurado y a la corporaci\u00f3n recriminada, la reanudaci\u00f3n del proceso de sucesi\u00f3n censurado, ya que hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os de paralizaci\u00f3n de las actuaciones, sin haber concluido el decurso originario de la suspensi\u00f3n. <\/p>\n
Para la suplicante, los despachos cuestionados lesionan sus garant\u00edas, pues desde la referida data no ha recibido respuesta a su pedimento, pese a estar configurada la causal del inciso 1\u00b0, art\u00edculo 163 de la Ley 1564 de 20121, para proseguir, de manera oficiosa, con la siguiente fase del juicio objeto de debate, esto es, proferir sentencia de aprobaci\u00f3n de la partici\u00f3n en primera instancia. <\/p>\n
Igualmente, critica que el ponente encargado de resolver las alzadas tanto en el juicio suspendido, como en aqu\u00e9l que origin\u00f3 la detenci\u00f3n de los tr\u00e1mites, es el mismo y, por ende, conforme alega, su imparcialidad podr\u00eda estar comprometida. <\/p>\n
2. Exige, por tanto, disponer definir la petici\u00f3n de reanudaci\u00f3n materia de disenso y ordenar al magistrado Abd\u00f3n Sierra Guti\u00e9rrez declararse impedido en los mencionados procesos. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. El tribunal recriminando defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La controversia estriba en determinar si los despachos encausados vulneraron las prerrogativas superlativas de la accionante, al, presuntamente, incurrir en una tardanza injustificada en resolver la petici\u00f3n que \u00e9sta present\u00f3 el 3 de agosto de 2020, relativa a la reanudaci\u00f3n del decurso de sucesi\u00f3n motivo de disenso. <\/p>\n
2. La mora judicial, grosso modo, tiene ocurrencia cuando el juzgador desconoce los plazos legales careciendo de motivos plausibles, probados y razonables para ello. <\/p>\n
El fen\u00f3meno en menci\u00f3n halla como presupuestos, seg\u00fan constante doctrina probable de esta Corporaci\u00f3n2 y de la Corte Constitucional3, (i) la inobservancia de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; (ii) la inexistencia un m\u00f3vil razonable capaz de justificar dicha demora; y (iii) la tardanza imputable al juez por incumplimiento de sus funciones. <\/p>\n
Esta colegiatura comparte y hace suyas las opiniones de la Corte Interamericana4 y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos5, en el sentido de que, a fin de determinar la razonabilidad de los plazos en los cuales debe desenvolverse el proceso, han de tenerse en cuenta los siguientes aspectos: a) la complejidad del caso concreto; b) la actividad de la parte interesada; y c) el comportamiento de las autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Fallar los negocios dentro de un plazo razonable6 no es una obligaci\u00f3n impuesta, exclusivamente, por el legislador nacional; obligaciones internacionales adquiridas por Colombia radican en los jueces, cualquiera sea su grado, el deber de solucionar oportunamente las controversias sometidas a su conocimiento. <\/p>\n
3. Proyectadas las anteriores premisas en el caso objeto de estudio, se advierte la vulneraci\u00f3n denunciada, pero exclusivamente atribuible al estrado el circuito acusado. <\/p>\n
Lo antelado, porque aun cuando la gestora pidi\u00f3 simult\u00e1neamente al despacho de circuito censurado y al colegiado demandado la reanudaci\u00f3n de las actuaciones, las mismas fueron detenidas estando el proceso para dictar sentencia, en primera instancia, y, all\u00ed, fue donde INO\u2019S S.A.S. implor\u00f3 la suspensi\u00f3n objeto de disenso. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, si la solicitud de proseguir con el tr\u00e1mite cuestionado se elev\u00f3 el 3 de agosto de 2020 y, a la fecha, no se ha emitido pronunciamiento alguno, sin observarse una justa causa para adoptar una determinaci\u00f3n que ata\u00f1e, exclusivamente, al c\u00f3mputo de t\u00e9rminos, se establece la vulneraci\u00f3n endilgada. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, la suspensi\u00f3n se origin\u00f3 por prejudicialidad y, de acuerdo con lo normado en el inciso 1\u00b0, art\u00edculo 163 de la Ley 1564 de 20127, la parte interesada puede pedirle al fallador que reactive el ritual si \u00e9ste no lo ha hecho de oficio, tal como acontece en el presente asunto. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, el juzgado del circuito refutado ten\u00eda la obligaci\u00f3n verificar, de manera oportuna, si el lapso de dos (2) a\u00f1os all\u00ed indicado se halla cumplido, sin haberse allegado la prueba de la resoluci\u00f3n del litigio que caus\u00f3 la suspensi\u00f3n, en cuyo caso debe proseguir el ritual y, notificar, por aviso, el auto que as\u00ed lo disponga o, en caso contrario, denegar la solicitud. <\/p>\n
Para la Sala no resulta admisible que, desde el 3 de agosto de 2020, a la fecha, no se hubiese producido una decisi\u00f3n al respecto, porque la misma no entra\u00f1a una complejidad justificante de la omisi\u00f3n enrostrada. <\/p>\n
Los t\u00e9rminos previstos en el C. G. del P. no constituyen una formalidad. Se trata de una b\u00fasqueda de la justicia material para los administrados y justiciables en el Estado Constitucional de Derecho, de modo que los juicios no se deben someter a plazos interminables, de nunca acabar. El remedio no puede ser peor que la enfermedad. <\/p>\n
S\u00f3lo hay justicia si las controversias se resuelven r\u00e1pida y cumplidamente, en lapsos razonables, de manera que la ciudadan\u00eda, crea en sus jueces y en el Estado, porque sus litigios se decidir\u00e1n prontamente y sin dilaciones. El juez del Estado contempor\u00e1neo comprende las necesidades de la ciudadan\u00eda y acata responsablemente sus deberes cuando dispensa justicia a tiempo y en forma transparente. El verdadero juzgador es adalid de la confianza leg\u00edtima, de la seguridad jur\u00eddica y de la inclusi\u00f3n y reconocimiento de derechos. Esta tarea la verifica al sentenciar con celeridad, comprometido con pol\u00edticas p\u00fablicas de soluci\u00f3n \u00e1gil de las controversias a su cargo. <\/p>\n
Respecto de las situaciones de mora judicial que podr\u00edan activar esta especial jurisdicci\u00f3n, esta Corte ha sostenido la procedencia del auxilio si su explicaci\u00f3n no es v\u00e1lida, es decir, cuando <\/p>\n
\u201c(\u2026) aquellas (\u2026) denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (Sentencia de 29 de abril de 2011, Exp. T. No. 11001-22-10-000-2011-00094-01) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que (\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los per\u00edodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. [Pol.]), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso (\u2026) (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019\u00bb (Sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 11001 02 03 000 2011 01853 -00) (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
En consecuencia, el cargo imputado por la mora rese\u00f1ada, prospera. <\/p>\n
4. Carece de vocaci\u00f3n de \u00e9xito la queja, seg\u00fan la cual, el magistrado Abd\u00f3n Sierra Guti\u00e9rrez, quien ha sido ponente en las decisiones de segunda instancia tanto en el juicio suspendido, como en aqu\u00e9l que origin\u00f3 la detenci\u00f3n de los tr\u00e1mites, debe ser apartado del conocimiento de ambos procesos al estar comprometida su imparcialidad. <\/p>\n
Lo anterior, porque dicho funcionario no est\u00e1 por decidir, nuevamente, controversia alguna en tales rituales, en cuyo caso, la vulneraci\u00f3n aducida ser\u00eda hipot\u00e9tica, porque la actora supone su intervenci\u00f3n como ad quem en tales tr\u00e1mites, sobre actuaciones que, eventualmente, pueden suscitarse. <\/p>\n
Adicionalmente, se incumple el presupuesto de subsidiariedad, pues los reparos aqu\u00ed aducidos, aun no le han sido planteados al funcionario acusado, debiendo, por tanto, la tutelante, acudir al instituto de la recusaci\u00f3n para enarbolar las causales que, en su sentir, minan la objetividad del enunciado juzgador para zanjar los asuntos sometidos a su examen. <\/p>\n
Este mecanismo impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de protecci\u00f3n a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente supletivo, de otra manera se convertir\u00eda en un medio para obviar las alternativas contempladas en los ordenamientos ordinarios y ante los jueces naturales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades p\u00e9rdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
5. Como ya se indic\u00f3, el auxilio ser\u00e1 otorgado pero exclusivamente en relaci\u00f3n con la mora denunciada; adem\u00e1s, no se conceder\u00e1 la salvaguarda de la forma implorada en la demanda de amparo, pues en ella se pide que, en sede constitucional, la Sala defina la reanudaci\u00f3n del decurso criticado, aspecto de la \u00f3rbita exclusiva del juez natural del litigio en cuesti\u00f3n; por tanto, solo se ordenar\u00e1 al Juzgado S\u00e9ptimo de Familia Barranquilla que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, se prenuncie sobre la petici\u00f3n elevada por la actora el 3 de agosto de 2020, conforme a lo aqu\u00ed indicado. <\/p>\n
6. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196910, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d11, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio12. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados, incluido Colombia13, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales14; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas15. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido, se otorgar\u00e1 el auxilio implorado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la tutela solicitada por Minersys S.A. al Juzgado S\u00e9ptimo de Familia Barranquilla, con ocasi\u00f3n del juicio de sucesi\u00f3n con radicado n\u00b02016-00159-01, del causante Miguel \u00c1ngel Cantillo Badillo. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, ordenar al rese\u00f1ado estrado del circuito que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, se prenuncie sobre la petici\u00f3n elevada por la actora el 3 de agosto de 2020, conforme a lo aqu\u00ed indicado. Env\u00edesele la reproducci\u00f3n de esta sentencia. <\/p>\n
TERCERO: Notificar lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
CUARTO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 163. Reanudaci\u00f3n del proceso. la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad durar\u00e1 hasta que el juez decrete su reanudaci\u00f3n, para lo cual deber\u00e1 presentarse copia de la providencia ejecutoriada que puso fin al proceso que le dio origen; con todo, si dicha prueba no se aduce dentro de dos (2) a\u00f1os siguientes a la fecha en que empez\u00f3 la suspensi\u00f3n, el juez de oficio o a petici\u00f3n de parte, decretar\u00e1 la reanudaci\u00f3n del proceso, por auto que se notificar\u00e1 por aviso (\u2026)\u201d. (se destaca). <\/p>\n
2 Vide: STC16690 de 2018, exp. 2018-00485-01; STC16346-2018, exp. 2018-03593-00; STC15912-2018, exp. 2018-001934-01. Y varias m\u00e1s. <\/p>\n
3 Cfr. et al: Sentencias T-292 de 1999; T-220 de 2007; T-230 de 2013; T-186 de 2017; y T-052 de 2018. <\/p>\n
4 Caso Genie Lacayo, de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, p\u00e1rr 77; y Su\u00e1rez Rosero c. Ecuador, de 12 de nov. de 1997. <\/p>\n
5 Asuntos Adolf c. Austria, de 26 de marzo de 1982; Zimmermann y Steiner c. Suiza, de 13 de julio de 1983; Erckner y Hofauer c. Austria, de 23 de abril de 1987 y Kizil\u02c6z c. Turqu\u00eda, de 25 de septiembre de 2001, entre otros. <\/p>\n
6 Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, art\u00edculo 8, garant\u00eda judicial 1. <\/p>\n
7 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 163. Reanudaci\u00f3n del proceso. la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad durar\u00e1 hasta que el juez decrete su reanudaci\u00f3n, para lo cual deber\u00e1 presentarse copia de la providencia ejecutoriada que puso fin al proceso que le dio origen; con todo, si dicha prueba no se aduce dentro de dos (2) a\u00f1os siguientes a la fecha en que empez\u00f3 la suspensi\u00f3n, el juez de oficio o a petici\u00f3n de parte, decretar\u00e1 la reanudaci\u00f3n del proceso, por auto que se notificar\u00e1 por aviso (\u2026)\u201d. (se destaca). <\/p>\n
8 CSJ. STC de 3 de julio de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-01337-00; ratificada el 25 de septiembre de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-02061-00. <\/p>\n
9 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
10 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
11 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
12 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
15 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC721-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC721-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00133-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la salvaguarda impetrada por Minersys S.A. al Juzgado […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53670","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53670","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53670"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53670\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53670"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53670"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53670"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}