STC722-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC722-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2020-00549-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 9 de diciembre de 2020, dictada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rina Antonia Salcedo Guzm\u00e1n frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cejecutivo singular\u201d iniciado por la Cooperativa Multiactiva de Servicios Legales -COMSEL- contra la aqu\u00ed actora y otra. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora implora la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u201cdoble instancia\u201d, presuntamente transgredidos por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n
Cooperativa Multiactiva de Servicios Legales -COMSEL- inco\u00f3 decurso \u201cejecutivo singular\u201d contra Cledys del Carmen Castellanos Vanegas y la aqu\u00ed promotora, con el objeto de cobrar las sumas de dinero incorporadas en los pagar\u00e9s \u201cN\u00ba 27408\u201d y \u201cN\u00ba16435\u201d por el total de $35\u2019145.0001. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 11 de diciembre de 2018, el Juzgado Segundo Civil Municipal en Oralidad de Soledad libr\u00f3 mandamiento de pago frente a las ejecutadas, por la cantidad anotada2. <\/p>\n
Surtidas las etapas de rigor, el estrado municipal encargado dict\u00f3 sentencia el 26 de noviembre de 2019, mediante la cual: i) declar\u00f3 no probadas las excepciones de \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, temeridad o mala fe, negocio con causa y objeto il\u00edcito [y] alteraci\u00f3n del t\u00edtulo valor\u201d, formuladas por las demandadas; ii) acogi\u00f3 la defensa de \u201cpago parcial\u201d, tambi\u00e9n incoada por aqu\u00e9llas; y iii) orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, en relaci\u00f3n con el pagar\u00e9 \u201cN\u00ba 27408\u201d, por la suma de $13\u2019265.000, y, respecto del cartular \u201cN\u00ba 16435\u201d, por $17\u2019880.0003. <\/p>\n
Frente a esa providencia, las partes interpusieron recurso de apelaci\u00f3n4. <\/p>\n
Ese mismo d\u00eda, la apoderada judicial de las ejecutadas, radic\u00f3 ante el estrado municipal la sustentaci\u00f3n del remedio vertical por escrito5. <\/p>\n
En veredicto de 13 de enero de 2020, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, al observar que los extremos del decurso \u201c(\u2026) presentaron los reparos concretos dentro del t\u00e9rmino legal (\u2026)\u201d, dispuso admitir la impugnaci\u00f3n6. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 4 de febrero de 2020, dicho juzgado fij\u00f3 fecha para efectuar la diligencia \u201c(\u2026) de sustentaci\u00f3n y fallo[, para el] 12 de mayo de 2020 (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
En pronunciamiento de 2 de octubre de 2020, esa autoridad reprogram\u00f3 la audiencia, pues, para el d\u00eda inicialmente asignado, \u201c(\u2026) se encontraban suspendidos los t\u00e9rminos por virtud de lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura (\u2026)\u201d y, en consecuencia, dispuso dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 14 inciso 3\u00ba del Decreto 806 – 2020, en el sentido de \u201c(\u2026) correrle traslado a las partes (\u2026) para que dentro del t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas procedan a sustentar en lo pertinente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2019 (\u2026)\u201d, so pena de declarar su deserci\u00f3n8. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n, la aqu\u00ed promotora enarbol\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n10. <\/p>\n
En auto de 25 de noviembre de 2020, el despacho convocado resolvi\u00f3 mantener su decisi\u00f3n inc\u00f3lume y neg\u00f3 el remedio vertical por improcedente11. <\/p>\n
Manifiesta la peticionaria que el juez acusado vulner\u00f3 sus garant\u00edas superiores, pues, dada la actuaci\u00f3n descrita, perdi\u00f3 la oportunidad de la \u201cdoble instancia\u201d; as\u00ed como la posibilidad de presentar \u201c(\u2026) los desacuerdos frente a la sentencia (\u2026)\u201d12. <\/p>\n
3. Implora, por tanto, \u201c(\u2026) darle el tr\u00e1mite procedimental que corresponde al recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia proferida (\u2026)\u201d por la c\u00e9lula fustigada, en el juicio ejecutivo debatido13. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de la accionada y vinculados. <\/p>\n
1. La judicatura del circuito querellada realiz\u00f3 un recuento del tr\u00e1mite surtido en esa instancia, destacando, en torno a lo cuestionado por la quejosa, haber aplicado el Decreto Legislativo 806 de 2020, pues, explic\u00f3, \u201c(\u2026) se encuentra vigente desde el momento mismo de su expedici\u00f3n (\u2026)\u201d; igualmente reliev\u00f3 que dicha actuaci\u00f3n la efectu\u00f3 con el \u00e1nimo de \u201c(\u2026) brindarles m\u00e1s garant\u00edas y agilizar los procesos judiciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3 denegar el amparo por improcedente14. <\/p>\n
2. La Cooperativa Multiactiva de Servicios Legales -COMSEL- sostuvo que, contrario a lo expuesto por la actora, el Decreto Legislativo referenciado tambi\u00e9n \u201c(\u2026) procede para procesos en curso (\u2026) [el cual] se aplicar\u00e1 en concordancia con las disposiciones (\u2026) establecidas en el CGP (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por lo antelado, pidi\u00f3 despachar desfavorablemente las s\u00faplicas de la gestora15. <\/p>\n
3. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento, por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional no accedi\u00f3 al resguardo implorado, tras estimar que la tutela incumpl\u00eda el presupuesto de subsidiariedad, pues, si <\/p>\n
\u201c(\u2026) su descontento [se dirige] frente a la aplicaci\u00f3n del Decreto Legislativo 806 de 2020, que dio el Juez Primero Civil del Circuito de Soledad dentro del precitado proceso ejecutivo, la demandada (aqu\u00ed accionante) debi\u00f3 interponer los recursos ordinarios en contra del auto del 2 de octubre de 2020, que dio aplicaci\u00f3n al Decreto Legislativo 806 de 2020 dentro de la foliatura, sin embargo, decidi\u00f3 guardar silencio, desaprovechado as\u00ed la oportunidad que le otorgaba nuestro ordenamiento procesal civil para interponer recurso contra dicho auto, por lo que le correspond\u00eda adecuar su proceder a esa decisi\u00f3n en firme y cumplir con las cargas all\u00ed impuestas. <\/p>\n
\u201cIgualmente, no interpuso recurso alguno, contra la decisi\u00f3n que le neg\u00f3 el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n que le declar\u00f3 desierto su recurso (\u2026)\u201d16. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 la suplicante, con argumentos an\u00e1logos a los expuestos en el escrito inicial17. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La controversia estriba en determinar si con el pronunciamiento de 2 de octubre de 2020, proferido por el juez circuito cuestionado, se vulneraron las prerrogativas de la censora, al concederle cinco (5) d\u00edas para sustentar, por escrito, el recurso de apelaci\u00f3n por ella impetrado frente a la sentencia, dando aplicaci\u00f3n a lo reglado en el art\u00edculo 14 inciso 3\u00ba del Decreto Legislativo 806 de 2020, en lugar de continuar rituando el asunto conforme al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Delanteramente, se vislumbra, tal como lo consider\u00f3 el a quo constitucional, el fracaso de la salvaguarda reclamada, ante el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, por cuanto no se agot\u00f3 el instrumento de defensa correspondiente. <\/p>\n
En efecto, se resalta, en la contienda cuestionada, la promotora contaba con la posibilidad de interponer reposici\u00f3n contra el prove\u00eddo de 2 de octubre de 2020, medio de impugnaci\u00f3n procedente, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 31818 del C\u00f3digo General del Proceso, e id\u00f3neo para controvertir lo concerniente a la normatividad aplicable al juicio censurado, pues fue all\u00ed donde el funcionario atacado decidi\u00f3 variar el procedimiento. <\/p>\n
Al originarse la vulneraci\u00f3n denunciada, presuntamente, en aquella determinaci\u00f3n, le correspond\u00eda a la actora controvertirla y, al no haberlo hecho, surge clara la improcedencia de este auxilio. <\/p>\n
Se recuerda, esta acci\u00f3n impone la utilizaci\u00f3n previa de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este instrumento constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado presupuesto, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d19. <\/p>\n
3. Adicionalmente, no se configura un perjuicio irremediable que permita conceder de manera transitoria el auxilio invocado, al no estar probados los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad, propios del mismo, m\u00e1xime si ninguna circunstancia de vulnerabilidad adujo la petente en este asunto. <\/p>\n
En cuanto a las caracter\u00edsticas del perjuicio irremediable, la Corte ha enfatizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d20 (negrillas originales). <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos21 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196922, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d23 impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio24. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia25, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales26; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas27. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 la determinaci\u00f3n examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente o por mensaje de datos lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Folio 1 al 5; Cuaderno \u201cPrimera Instancia\u201d. <\/p>\n
2 Folio 17; Cuaderno \u201cPrimera Instancia\u201d. <\/p>\n
3 Folios 15 al 17; Cuaderno \u201cPrimera Instancia\u201d. <\/p>\n
4 Ibidem. <\/p>\n
5 Folios 21 al 14; Cuaderno \u201cPrimera Instancia\u201d. <\/p>\n
6 Folios 6 y 7; Cuaderno \u201c2019-00610-01 segunda instancia\u201d. <\/p>\n
7 Folio 7; Cuaderno \u201c2019-00610-01 segunda instancia\u201d. <\/p>\n
8 Folios 1 y 2; Cuaderno \u201c2019-00610 Traslado para sustentar\u201d. <\/p>\n
9 Folios 1 y 2; Cuaderno \u201c2019-00610 Traslado para sustentar\u201d. <\/p>\n
10 Folios 1 al 8; Cuaderno \u201crecurso\u201d. <\/p>\n
11 Folios 1 al 3; Cuaderno \u201cResuelve Reposici\u00f3n 2\u201d. <\/p>\n
12 Folio 7; Cuaderno \u201c02. Tutela debido proceso\u201d. <\/p>\n
13 Folio 1; Cuaderno \u201c02. Tutela debido proceso\u201d. <\/p>\n
15 Folios 1 al 3; Cuaderno \u201c06. Acci\u00f3n de Tutela RAD T-00549 \u2013 2020\u201d. <\/p>\n
16 Folios 1 al 10; Cuaderno \u201c07 T-2020-549 Primera Instancia Debido Proceso\u201d. <\/p>\n
17 Folios 1 al 21; Cuaderno \u201c08. Impugnaci\u00f3n fallo tutela\u201d. <\/p>\n
18 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 318. Procedencia y oportunidades. Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen (\u2026)\u201d. <\/p>\n
19 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. 2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
20 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00. <\/p>\n
21 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
22 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
23 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
24 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
25 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
26 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
27 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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