STC725-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC725-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2020-00361-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2020, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Camilo Alejandro Quito P\u00e1ez contra los Juzgados Civil del Circuito y Civil Municipal de Funza, con ocasi\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n de tenencia con radicaci\u00f3n n\u00ba 2018-00501, iniciado por el Banco Davivienda S.A. al aqu\u00ed gestor. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El impulsor reclama la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantadas por las autoridades jurisdiccionales atacadas. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden como hechos soporte del presente resguardo los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Ante el Juzgado Civil Municipal de Funza, Davivienda S.A. solicit\u00f3 declarar la terminaci\u00f3n del contrato de \u201cleasing habitacional familiar\u201d, suscrito con el ahora querellante, respecto del predio con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 50C-1742875, cuya restituci\u00f3n tambi\u00e9n deprec\u00f3. Como sustento de sus pretensiones, la entidad financiera aleg\u00f3 la mora de su cliente, en el pago de los c\u00e1nones pactados. <\/p>\n
El 13 de junio de 2018, la sede judicial mencionada admiti\u00f3 el asunto a tr\u00e1mite, disponiendo la integraci\u00f3n del contradictorio. La notificaci\u00f3n del convocado se surti\u00f3 mediante aviso y el traslado para contestar la demanda venci\u00f3 en silencio. <\/p>\n
En sentencia de 22 de enero de 2019, el estrado censurado accedi\u00f3 a las s\u00faplicas del libelo introductor. <\/p>\n
Argumentando su indebida vinculaci\u00f3n1, el hoy tutelante deprec\u00f3 la nulidad de lo actuado, pues las citaciones previstas en los art\u00edculos 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso, no fueron remitidas a su domicilio y, adicionalmente, en ellas se hizo alusi\u00f3n a \u201cun mandamiento de pago\u201d. En prove\u00eddo de 15 de mayo de 2019, la juez cognoscente deneg\u00f3 el pedimento, por hallar correctamente enviadas las misivas en comento, tanto al inmueble objeto del litigio como a otros dos lugares suministrados por el convocado cuando suscribi\u00f3 el negocio jur\u00eddico involucrado, indicando que correspond\u00edan a su residencia y lugar de trabajo. <\/p>\n
La \u00faltima determinaci\u00f3n fue recurrida por el quejoso, a trav\u00e9s de los recursos ordinarios. El horizontal fue resuelto adversamente en pronunciamiento de 21 de agosto de 2019, mientras el vertical fue desechado por improcedente, al tratarse de un juicio de \u00fanica instancia2. <\/p>\n
Inconforme, el demandado, aqu\u00ed impulsor, recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y, subsidiariamente, exigi\u00f3 la expedici\u00f3n de copias para acudir en queja ante el superior. El fallador mantuvo inc\u00f3lume su postura y accedi\u00f3 a la solicitud secundaria. <\/p>\n
Al resolver el \u00faltimo remedio, en decisi\u00f3n de 6 de agosto de 2020, el Juzgado Civil del Circuito de Funza declar\u00f3 bien denegada la alzada, con fundamento en lo previsto en los art\u00edculos 3843 y 3854 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En sentir del promotor, al inviabilizar el recurso vertical, los despachos criticados, desconociendo el precedente jurisprudencial, incurrieron en una \u201cnegaci\u00f3n de justicia\u201d, pues le impidieron participar en el pleito, ordenando la culminaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico con su entidad financiera, cuando, desde su perspectiva, esa finalidad es ajena al juicio de restituci\u00f3n de tenencia. <\/p>\n
3. Ruega, en concreto, ordenar a los funcionarios confutados, garantizar su derecho a la doble instancia. <\/p>\n
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1. Respuesta de la accionada y vinculados <\/p>\n
1. El juez municipal narr\u00f3 la gesti\u00f3n surtida en el decurso materia de ataque y defendi\u00f3 su legalidad. <\/p>\n
2. Dentro del t\u00e9rmino otorgado para contestar, los dem\u00e1s interesados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo por encontrar razonables y ajustadas al criterio sentado por esta Corporaci\u00f3n, las decisiones reprochadas, por cuanto lo decantado en las sentencias T-734 de 2013 de la Corte Constitucional y STC3604-2017, STC17520-2016, STC4733-2016 y STC7700-2018 de esta Sala, invocadas por el actor, es la inaplicabilidad de la hip\u00f3tesis del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 384 del C.G.P.5, al proceso de restituci\u00f3n derivado de un contrato de leasing o arrendamiento financiero y no, como pretende hacerlo ver el inconforme, que el procedimiento para dirimir ese tipo de controversias sea distinto al establecido en la se\u00f1alada norma, tal como lo ratifica el primer inciso del canon 385 ya citado6. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La inco\u00f3 el gestor, insistiendo en los argumentos expuestos en el escrito introductor, seg\u00fan los cuales <\/p>\n
\u201c(\u2026) el proceso judicial de restituci\u00f3n de tenencia de inmueble derivado de un contrato de leasing financiero como el que aqu\u00ed ha generado la acci\u00f3n de tutela corresponde[,] por completo[,] a un proceso verbal, tal como lo establece el C\u00f3digo General del Proceso en el cual se encuentra establecida y prevista la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n frente a la sentencia que se emita dentro del mismo sin excepci\u00f3n alguna y, en este orden, su deliberado desconocimiento por parte de los juzgados aqu\u00ed accionados corresponde[,] en su integridad[,] a una violaci\u00f3n a los derechos fundamentales (\u2026) a la defensa y al debido proceso[,] susceptibles de ser amparados mediante la acci\u00f3n de tutela instaurada por el suscrito para el efecto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Basado en las anteriores aseveraciones, controvirti\u00f3 las conclusiones del a quo constitucional, por considerarlas alejadas de la realidad y permisivas, frente al abuso de las autoridades denunciadas al negar la alzada propuesta. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El precursor cuestiona el prove\u00eddo dictado el 6 de agosto de 2020 por el Juzgado Civil del Circuito de Funza, a trav\u00e9s del cual declar\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto de 15 de mayo de 2019, donde se neg\u00f3 la invalidez de la actuaci\u00f3n solicitada por el hoy accionante. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, en esa oportunidad, el ad quem razon\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el art[\u00edculo] 385 del CGP consagra otros procesos de restituci\u00f3n de tenencia distintos al de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado (art. 384 CGP), [luego,] (\u2026) es dentro de esa clasificaci\u00f3n que se adelanta el proceso de restituci\u00f3n de tenencia entregado por la v\u00eda del leasing habitacional, empero[,] las normas del consabido art. 384 [adjetivo] deber\u00e1n ser aplicadas a los otros procesos de restituci\u00f3n de tenencia (leasing habitacional), como el [analizado] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y agreg\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Siguiendo ese hilo conductor, esto es, aplicar la normatividad que gobierna el proceso de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado al tr\u00e1mite que fue objeto de sentencia en este asunto \u201crestituci\u00f3n de tenencia (leasing habitacional)\u201d, habr\u00e1 de echarse mano del contenido del numeral 9\u00ba del art. 384 del CGP, que se\u00f1ala: \u20189. \u00danica instancia. Cuando la causal de restituci\u00f3n sea exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitar\u00e1 en \u00fanica instancia\u2019, situaci\u00f3n que se subsume en el caso del pleito puesto a conocimiento de la justicia ordinaria, por lo [tanto] (\u2026) el presente proceso se tramitar\u00e1 en \u00fanica instancia, previsi\u00f3n aplicable a todos los procesos de restituci\u00f3n de tenencia, entre ellos, el de arrendamiento de bienes muebles, circunstancia que pone de presente [la inviabilidad de] conceder el recurso de alzada, por cuanto la \u00fanica causal que se plante\u00f3 fue la mora en el pago, de donde resulta que la hermen\u00e9utica propuesta respeta el texto legal, [por cuanto] el numeral precitado -de clara estirpe procesal- se aplica a todo tipo de contradictorios en los que se pretenda la restituci\u00f3n del bien arrendado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Es cierto, como lo aleg\u00f3 el recurrente, explic\u00f3 el sentenciador, de acuerdo con el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 321 procedimental, la apelaci\u00f3n procede contra el auto \u201c(\u2026) que niegue el tr\u00e1mite de una nulidad procesal y el que la resuelva (\u2026)\u201d, sin embargo, tal regla no es aplicable al caso en estudio, de conformidad con lo normado en el inciso 2\u00ba del mismo precepto, a cuyo tenor \u201c(\u2026) son apelables los (\u2026) autos proferidos en primera instancia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Basado en ello, el estrado recriminado concluy\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) luego entonces, es claro que el legislador se\u00f1al\u00f3 expresamente en el art. 321 que s\u00f3lo es posible la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n en autos proferidos en procesos de primera instancia y como bien se dijo[,] el debate jur\u00eddico que aqu\u00ed se adelanta corresponde a un proceso de \u00fanica instancia -verbal sumario-, de conformidad con lo instituido en el numeral 9\u00ba del art. 384 del C.G.P., no es procedente el recurso de apelaci\u00f3n, aun [cuando] se refiera a un prove\u00eddo enlistado como susceptible del mismo, como lo es, el que resuelve el incidente de nulidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Todo lo anterior, conllev\u00f3 a la sede criticada a declarar bien denegada la alzada incoada por Quito P\u00e1ez. <\/p>\n
3. Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge anomal\u00eda; el fallador convocado efectu\u00f3 un estudio adecuado de los lineamientos normativos pertinentes que lo condujeron a la determinaci\u00f3n cuestionada, un\u00e1nimemente acogida por esta Corte en m\u00faltiples pronunciamientos7. <\/p>\n
N\u00f3tese, como lo asever\u00f3 la autoridad atacada en la providencia censurada, trat\u00e1ndose de procesos de restituci\u00f3n de \u201ctenencia\u201d existe norma expresa (numeral 9\u00ba art. 384 del C.G.P.) que impone el tr\u00e1mite de \u00fanica instancia a esa clase de actuaciones, cuando la mora en el pago de los instalamentos pactados en el contrato g\u00e9nesis de la \u201ctenencia\u201d es la motivaci\u00f3n exclusiva de la pretensi\u00f3n restitutoria, como aconteci\u00f3 en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
4. Con todo, tampoco se advierte desafuero en el interlocutorio proferido el 15 de mayo de 2019 por la Juez Civil Municipal de Funza, donde neg\u00f3 la invalidez reclamada por el ahora querellante, pues esa determinaci\u00f3n se fund\u00f3 en una cuidadosa revisi\u00f3n de la actuaci\u00f3n censurada, cuyo contenido revelaba el correcto adelantamiento de las gestiones necesarias para lograr la integraci\u00f3n del contradictorio. <\/p>\n
As\u00ed lo puntualiz\u00f3 el funcionario mencionado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El aviso que se entreg\u00f3 para notificarle a la aqu\u00ed demandada el auto admisorio de la demanda dictado en este diligenciamiento, fue dirigido a Camilo Alejandro Quito P\u00e1ez en la direcci\u00f3n Cl 72 F nro. 114-51 interior 9 apartamento 203 de la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., direcci\u00f3n que fue tomada del formulario de vinculaci\u00f3n que obra en el folio 6 del cuaderno nro. 3, dada la informaci\u00f3n del primer solicitante consignada como (\u2026) suya [indicando], entre otras cosas, que era t\u00e9cnico en helic\u00f3pteros, que trabajaba en el hangar 19 del aeropuerto El Dorado y que su residencia era la calle 72 F nro.114-51, interior 9, apartamento 203 de la ciudad de Bogot\u00e1, por lo que, no se explica [el despacho], c\u00f3mo de tal talante es la oposici\u00f3n por parte del demandado [a] la notificaci\u00f3n (\u2026) si el banco demandante conserva la informaci\u00f3n fidedigna de residencia aportada por el deudor (\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta sede no discute que no debi\u00f3 consignarse que se notificaba un mandamiento de pago[,] [en tanto] por su naturaleza, el proceso verbal sumario de restituci\u00f3n de tenencia de bien inmueble se abre a tr\u00e1mite mediante el auto admisorio de la demanda, y no mediante una orden de pago, pero tal menci\u00f3n, pese a no ser completa (\u2026) no puede tildarse de equivocada, pues (\u2026) contiene los elementos m\u00e1s significa[tivos] de la providencia[:] su fecha, el nro. de radicado del proceso, el tipo de proceso, las partes que intervienen en el litigio y la sede judicial donde [deb\u00eda] comparecer para avocar conocimiento de las diligencias y tomar las copias para ejercer el derecho de defensa, en el t\u00e9rmino que all\u00ed qued\u00f3 plasmado; y que la omisi\u00f3n observada, por s\u00ed sola, no impide su identificaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cEn definitiva, se colige que el analizado aviso, pese al error que contiene en cuanto a la indicaci\u00f3n del tipo de providencia a notificar, cumpli\u00f3 la finalidad perseguida por el legislador, esto es, (\u2026) con base en su contenido, el notificado [pod\u00eda] establecer que [era] la persona en contra de quien se estaba adelantando el proceso verbal sumario de restituci\u00f3n de tenencia sobre el [cual vers\u00f3 el] enteramiento y, consecuencialmente, defenderse (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Adicionalmente, debe resaltar esta Corporaci\u00f3n, en el expediente reprochado hay constancia del intento de notificaci\u00f3n en el inmueble materia del litigio, ubicado en la carrera 5 No. 6 -01 Manzana B, Casa 1 GJ R33 del municipio de Funza, en donde no fue posible materializarla, pues, seg\u00fan informaci\u00f3n del personal de vigilancia \u201cla casa se encontraba desocupada\u201d, lo cual denota el agotamiento, por parte de Davivienda S.A., de todos los medios a su alcance para lograr la integraci\u00f3n del contradictorio, con los datos obrantes en sus archivos, por cuanto el interesado no los actualiz\u00f3. <\/p>\n
Al no haber concurrido al litigio a defender sus derechos, como s\u00ed lo hizo poco tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia -10 d\u00edas calendario-, el accionante no puede pretender, por esta v\u00eda excepcional, revivir t\u00e9rminos u oportunidades procesales desaprovechados durante el curso de la actuaci\u00f3n recriminada. <\/p>\n
5. Desde esa perspectiva, no puede predicarse la configuraci\u00f3n de ninguna de las causales de procedibilidad espec\u00edfica en las providencias examinadas, lo cual impide la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corporaci\u00f3n \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos9 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196910, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d11, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio12. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-13, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales14; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas15. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Causal 8\u00aa del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2 Par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 390 ej\u00fasdem. <\/p>\n
3 \u201c(\u2026) Cuando el arrendador demande para que el arrendatario le restituya el inmueble arrendado se aplicar\u00e1n las siguientes reglas: <\/p>\n
1. Demanda. A la demanda deber\u00e1 acompa\u00f1arse prueba documental del contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario, o la confesi\u00f3n de este hecha en interrogatorio de parte extraprocesal, o prueba testimonial siquiera sumaria. <\/p>\n
2. Notificaciones. Para efectos de notificaciones, incluso la del auto admisorio de la demanda, se considerar\u00e1 como direcci\u00f3n de los arrendatarios la del inmueble arrendado, salvo que las partes hayan pactado otra cosa. <\/p>\n
3. Ausencia de oposici\u00f3n a la demanda. Si el demandado no se opone en el t\u00e9rmino de traslado de la demanda, el juez proferir\u00e1 sentencia ordenando la restituci\u00f3n. <\/p>\n
4. Contestaci\u00f3n, mejoras y consignaci\u00f3n. Cuando el demandado alegue mejoras, deber\u00e1 hacerlo en la contestaci\u00f3n de la demanda, y se tramitar\u00e1 como excepci\u00f3n. <\/p>\n
Si la demanda se fundamenta en falta de pago de la renta o de servicios p\u00fablicos, cuotas de administraci\u00f3n u otros conceptos a que est\u00e9 obligado el demandado en virtud del contrato, este no ser\u00e1 o\u00eddo en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a \u00f3rdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los c\u00e1nones y los dem\u00e1s conceptos adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador, correspondientes a los tres (3) \u00faltimos per\u00edodos, o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos per\u00edodos, a favor de aquel. <\/p>\n
Cualquiera que fuere la causal invocada, el demandado tambi\u00e9n deber\u00e1 consignar oportunamente a \u00f3rdenes del juzgado, en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales, los c\u00e1nones que se causen durante el proceso en ambas instancias, y si no lo hiciere dejar\u00e1 de ser o\u00eddo hasta cuando presente el t\u00edtulo de dep\u00f3sito respectivo, el recibo del pago hecho directamente al arrendador, o el de la consignaci\u00f3n efectuada en proceso ejecutivo. <\/p>\n
Los c\u00e1nones depositados en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales se retendr\u00e1n hasta la terminaci\u00f3n del proceso si el demandado alega no deberlos; en caso contrario se entregar\u00e1n inmediatamente al demandante. Si prospera la excepci\u00f3n de pago propuesta por el demandado, en la sentencia se ordenar\u00e1 devolver a este los c\u00e1nones retenidos; si no prospera se ordenar\u00e1 su entrega al demandante. <\/p>\n
Los dep\u00f3sitos de c\u00e1nones causados durante el proceso se entregar\u00e1n al demandante a medida que se presenten los t\u00edtulos, a menos que el demandado le haya desconocido el car\u00e1cter de arrendador en la contestaci\u00f3n de la demanda, caso en el cual se retendr\u00e1n hasta que en la sentencia se disponga lo procedente. <\/p>\n
Cuando se resuelva la excepci\u00f3n de pago o la del desconocimiento del car\u00e1cter de arrendador, se condenar\u00e1 al vencido a pagar a su contraparte una suma igual al treinta por ciento (30%) de la cantidad depositada o debida. <\/p>\n
Cuando el arrendatario alegue como excepci\u00f3n que la restituci\u00f3n no se ha producido por la renuencia del arrendador a recibir, si el juez la halla probada, le ordenar\u00e1 al arrendador que reciba el bien arrendado y lo condenar\u00e1 en costas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4 \u201c(\u2026) Lo dispuesto en el art\u00edculo precedente se aplicar\u00e1 a la restituci\u00f3n de bienes subarrendados, a la de muebles dados en arrendamiento y a la de cualquier clase de bienes dados en tenencia a t\u00edtulo distinto de arrendamiento, lo mismo que a la solicitada por el adquirente que no est\u00e9 obligado a respetar el arriendo. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se aplicar\u00e1, en lo pertinente, a la demanda del arrendatario para que el arrendador le reciba la cosa arrendada. En este caso si la sentencia fuere favorable al demandante y el demandado no concurre a recibir la cosa el d\u00eda de la diligencia, el juez la entregar\u00e1 a un secuestre, para su custodia hasta la entrega a aquel, a cuyo cargo correr\u00e1n los gastos del secuestro (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5 \u201c(\u2026) Si la demanda se fundamenta en falta de pago de la renta o de servicios p\u00fablicos, cuotas de administraci\u00f3n u otros conceptos a que est\u00e9 obligado el demandado en virtud del contrato, este no ser\u00e1 o\u00eddo en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a \u00f3rdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los c\u00e1nones y los dem\u00e1s conceptos adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador, correspondientes a los tres (3) \u00faltimos per\u00edodos, o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos per\u00edodos, a favor de aquel (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6 \u201c(\u2026) Lo dispuesto en el art\u00edculo precedente se aplicar\u00e1 a la restituci\u00f3n de bienes subarrendados, a la de muebles dados en arrendamiento y a la de cualquier clase de bienes dados en tenencia a t\u00edtulo distinto de arrendamiento, lo mismo que a la solicitada por el adquirente que no est\u00e9 obligado a respetar el arriendo (\u2026) \u201c. <\/p>\n
7 STC10381-2019, STC8956-2019, STC16981-2019 y STC3701-2020, entre otras. <\/p>\n
8 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
9 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
10 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
11 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
12 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
15 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC725-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente STC725-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2020-00361-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53672","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53672","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53672"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53672\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53672"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53672"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53672"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}