STC726-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC726-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2020-00315-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 26 de noviembre de 2020 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Andr\u00e9s Felipe Morales, la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y la Defensor\u00eda del Pueblo de esa ciudad, as\u00ed como los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado acusado \u00abaplicar inmediatamente art 121 CGP\u00bb, que \u00abconsigne el radicado completo de todas las acciones populares donde [h]a aplicado art 121 CGP y ha perdido competencia ante su renuencia\u00bb; que se disponga que el Procurador Delegado y Defensor del Pueblo \u00abact\u00faen en derecho y presenten acciones legales a fin q[ue] se aplique art 121 CGP y la tutelada pierda competencia y soliciten aplicar art 84 ley 472 de 1998 a quien corresponda en derecho ya q a [\u00e9l] nunca [l]e prospera\u2026\u00bb, adem\u00e1s que dichas autoridades \u00abprueben como actuaron en derecho en esta acci\u00f3n popular hoy tutelada y si garantizaron art 29 CN o simplemente nada [h]icieron en derecho, d[e]sconociendo ley 734 de 2002, ley 472 de 1998\u00bb; que se \u00able brinde copia digital de toda la acci\u00f3n popular y de todas las tutelas q[ue] existan a fin que act\u00faen en acci\u00f3n penal y se remitan al correo electr\u00f3nico\u00bb, adem\u00e1s se env\u00eden \u00abal consejo seccional judicatura sala disciplinaria y sala administrativa en Pereira a fin q[ue] aplique quien en derecho corresponda el art 84 ley 472 de 1998, pues lo h[a] solicitado y nada [h]a ocurrido en derecho\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Andr\u00e9s Felipe Morales promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Audifarma, bajo el radicado 2016-00141, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el que en auto de 31 de marzo de 2016 la rechaz\u00f3 por falta de competencia. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que en dicha actuaci\u00f3n se inaplica el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pues al despacho acusado \u00able fascina, le encanta incumplir los t\u00e9rminos de tiempo perentorios q[ue] le ordena [la] ley 472 de 1998 y por ello debe perder competencia\u00bb; y que la Corte Suprema de Justicia aplic\u00f3 dicha norma en otro asunto. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, pues las pretensiones enunciadas no la vinculaban y su resoluci\u00f3n tampoco se encontraba en el marco de sus competencias; adem\u00e1s que no hab\u00eda transgredido derecho fundamental alguno. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira indic\u00f3 que la acci\u00f3n popular criticada, en donde el demandante es Andr\u00e9s Felipe Morales y la demandada Audifama, se rechaz\u00f3 de plano y se remiti\u00f3 por competencia a los estrados del circuito de Cali desde el 16 de abril de 2016; y que en la misma no actu\u00f3 el ahora accionante. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda adujo que no promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular objeto de reclamo constitucional; que su intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a observar la defensa de los derechos e intereses colectivos, \u00absituaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba\u00bb, el que debe ser convocado por el Juzgado, con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, y contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa, pues la acci\u00f3n popular fue promovida por otra persona, sin que el gestor figure como parte o coadyuvante, por lo que las decisiones emitidas no pueden afectarlo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n sin manifestar los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Verificada la demanda de tutela y las probanzas allegadas a esta sumaria tramitaci\u00f3n, advierte la Corte que el reclamo constitucional elevado est\u00e1 llamado al fracaso, comoquiera que, conforme a las pruebas aportadas, el proceso criticado fue rechazado por competencia con providencia del 31 de marzo de 2016, antes de que se trabara la litis, presupuesto necesario para la aplicaci\u00f3n del precepto que invoca el quejoso (art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso), de ah\u00ed que el hecho alegado por el promotor se torna inexistente. <\/p>\n
Entonces, teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n de hecho que causaba la supuesta amenaza a las garant\u00edas fundamentales del tutelante es inexistente, la solicitud de amparo no tiene ninguna raz\u00f3n de ser, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (subraya y negrilla fuera de texto) (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
3. Finalmente, en cuanto a las dem\u00e1s pretensiones, especialmente las relacionadas con la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, es necesario recordar al quejoso, como insistentemente se le ha dicho en m\u00faltiples ocasiones, que si considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular de parte de esas entidades, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por las consecuencias derivadas de ello, lo que frente al particular tambi\u00e9n torna improcedente el resguardo por insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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