STC734-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC734-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2020-03305-001 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se deciden las acciones de tutela (acumuladas) que promovieron Victoria Eugenia D\u00e1vila Hoyos y Radio Cadena Nacional S.A.S. (en adelante RCN) contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las accionantes, en escritos separados, que posteriormente fueron acumulados \u2013en obedecimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 2.2.3.1.3.3. del Decreto 1069 de 2015\u2013, reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, libertad de expresi\u00f3n y \u00abgarant\u00eda de independencia para el oficio period\u00edstico\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada, dentro del tr\u00e1mite declarativo de responsabilidad civil adelantado por el se\u00f1or Jorge Hilario Estupi\u00f1\u00e1n Carvajal. <\/p>\n
El 6 de mayo de 2014, se transmiti\u00f3 el documento de audio, y una de las periodistas del programa radial dialog\u00f3 al aire con el coronel Estupi\u00f1\u00e1n Carvajal, para esa \u00e9poca Comandante del Departamento de Polic\u00eda de Casanare, quien se refiri\u00f3 de manera breve a la conversaci\u00f3n grabada, sin clarificarla mayormente. Por ello, el d\u00eda 14 de ese mismo mes la referida accionante entrevist\u00f3 al Inspector General de la Polic\u00eda Nacional, general Yesid V\u00e1squez Prada, con el fin de establecer la suerte de las investigaciones adelantadas contra aquel uniformado. <\/p>\n
Algunos meses m\u00e1s tarde, el coronel Estupi\u00f1\u00e1n Carvajal fue llamado a calificar servicios, por cuenta de \u00abla falta de capacidades y los malos resultados que obtuvo durante su paso por esa instituci\u00f3n, como consta en el decreto No. 1726 del 11 de septiembre de 2014\u00bb. En respuesta a ello, inici\u00f3 dos juicios, uno de nulidad y restablecimiento del derecho, que actualmente cursa en el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, y otro de responsabilidad civil, sobre el que gravita la solicitud de amparo constitucional. <\/p>\n
En ese \u00faltimo procedimiento se dict\u00f3 sentencia de primera instancia por parte del Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien desestim\u00f3 \u00edntegramente los reclamos indemnizatorios, tras considerar que \u00abno se demostr\u00f3 la mala fe o deseos de distorsionar la informaci\u00f3n por parte de la periodista (\u2026), quien se remiti\u00f3 exclusivamente a las fuentes que alimentaban la investigaci\u00f3n period\u00edstica\u00bb; que \u00abel Coronel (r) Estupi\u00f1\u00e1n (\u2026) reconoci\u00f3 la veracidad de la grabaci\u00f3n aportada\u00bb; que \u00aben ninguna de las emisiones al aire del Noticiero de la FM, en las que se trat\u00f3 el asunto se realizaron imputaciones f\u00e1cticas; ni se sugiri\u00f3 certeza alguna frente a la responsabilidad del Coronel (r) Estupi\u00f1\u00e1n\u00bb, y que \u00abla noticia emitida responde a los est\u00e1ndares de veracidad y contrastaci\u00f3n de fuentes de la actividad period\u00edstica y a los procesos que permiten verificarlos [y] no existi\u00f3 presi\u00f3n alguna de la periodista Vicky D\u00e1vila a la Polic\u00eda Nacional para obtener el retiro del Coronel (r)\u00bb. <\/p>\n
Apelada esa determinaci\u00f3n, la Sala Civil del Tribunal Superior de esta capital la revoc\u00f3, mediante sentencia de 15 de octubre de 2020; en su lugar, conden\u00f3 a la se\u00f1ora D\u00e1vila Hoyos y a RCN al pago de perjuicios, en tanto coligi\u00f3 que \u00aben el programa radial LA FM [se] presion\u00f3, increp\u00f3, exhort\u00f3 a la entidad investigadora del aqu\u00ed\u0301 demandante, no solo para que lo apartara del cargo inmediatamente, sino que adem\u00e1s prejuzg\u00f3 su conducta tild\u00e1ndolo de \u201ccorrupto\u201d\u00bb, aserto que, en criterio de la periodista, \u00abvulnera derechos fundamentales tales como el debido proceso y la libertad de expresi\u00f3n, y adem\u00e1s constituye un grave precedente que amenaza la libertad de prensa y de informaci\u00f3n en Colombia\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, adujo que \u00abel apoderado de RCN formul\u00f3 petici\u00f3n de aclaraci\u00f3n del fallo de segunda instancia, la cual fue denegada mediante providencia del 18 de noviembre, fecha en la que tambi\u00e9n el Tribunal, de manera oficiosa, decidi\u00f3 corregir su determinaci\u00f3n para suprimir del numeral 4 de la parte resolutiva la menci\u00f3n a la rectificaci\u00f3n de lo dicho en el programa del 6 de mayo, menci\u00f3n que fue calificada como fruto de un yerro aritm\u00e9tico, sin que tuviera tal entidad\u00bb. <\/p>\n
3. A su turno, RCN se\u00f1al\u00f3 que, durante los primeros meses del a\u00f1o 2014, \u00abfueron entregadas a la mesa de trabajo de La FM una serie de informaciones que, como bien lo dice la sentencia que impugnamos, \u201cen principio, probaban la injerencia indebida en contrataci\u00f3n p\u00fablica por parte del entonces Coronel Estupi\u00f1\u00e1n\u201d. A dicha mesa de trabajo acudi\u00f3 un denunciante que afirmaba haber sido presionado por su superior, Jorge Hilario Estupi\u00f1\u00e1n para afectar procesos de contrataci\u00f3n administrativa en la Polic\u00eda Nacional. Dicha versi\u00f3n se soportaba en unos audios\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, afirm\u00f3 que \u00abel d\u00eda 6 de mayo de 2014, en la labor de confrontaci\u00f3n que exige la Constituci\u00f3n, la periodista Ang\u00e9lica Barrera de La FM entrevist\u00f3 sobre el tema al coronel Estupi\u00f1\u00e1n y fueron transmitidos los referidos audios. La entrevista fue emitida sin edici\u00f3n alguna, [y] el 14 de mayo de 2014, la periodista Vicky D\u00e1vila, entrevist\u00f3 al Inspector General de la Polic\u00eda, General Yesid V\u00e1squez Prada. En dicha entrevista se confirm\u00f3 (1) que ya hab\u00eda sido radicada una denuncia contra el entonces coronel Estupi\u00f1\u00e1n desde el primero de abril; y (2) que los audios hac\u00edan parte del respectivo expediente disciplinario\u00bb. <\/p>\n
Por ese sendero, reiter\u00f3 que, \u00ab[c]uatro meses m\u00e1s tarde, el 11 de septiembre de 2014, Jorge Hilario Estupi\u00f1\u00e1n es llamado a calificar servicios por mal desempe\u00f1o, por parte de la Polic\u00eda Nacional\u00bb, raz\u00f3n por la cual el entonces uniformado y su n\u00facleo familiar presentaron la demanda de responsabilidad civil extracontractual que dio origen a las condenas enunciadas, pero \u00ab[n]i en la demanda, ni en la interposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, ni en la sustentaci\u00f3n del recurso [los demandantes] indican los apartes concretos de las publicaciones que, en su opini\u00f3n, generaban la supuesta responsabilidad extracontractual de RCN y de la periodista\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, \u00ab[l]a Sala Civil del Honorable Tribunal consider\u00f3 que la informaci\u00f3n difundida el 6 y 14 de mayo y las opiniones vertidas por la periodista mostraban negligencia profesional e intentaban incidir en el resultado de la investigaci\u00f3n disciplinaria contra el entonces coronel Estupi\u00f1\u00e1n. Considera que la falta de diligencia y su intento por direccionar (sic) la investigaci\u00f3n constituye[n] culpa\u00bb. Para sustentar esta conclusi\u00f3n, \u00ab[e]l Honorable Tribunal afirm\u00f3 lo siguiente: (1) la periodista presion\u00f3 con iron\u00eda y sarcasmo, de manera inexplicable e inquisidora, al Inspector General de la Polic\u00eda, General Yesid V\u00e1squez Prada, lo que constituye \u201cfalta de diligencia profesional\u201d; (2) la periodista con sus opiniones no est\u00e1 legitimada para asegurar, prejuzgar, acusar o condenar y, al hacerlo, \u201cdesdibuja los fines y prop\u00f3sitos period\u00edsticos\u201d; (3) la periodista no actu\u00f3 con la \u201cprudencia\u201d debida, teniendo en cuenta que \u201clos elementos probatorios constitu\u00edan reserva legal\u201d; (4) la periodista actu\u00f3 de manera \u201cirresponsable\u201d, pues pretendi\u00f3 \u201cinmiscuirse\u201d en el tr\u00e1mite de una investigaci\u00f3n. Los periodistas no est\u00e1n legitimados para pretender incidir en los resultados de una investigaci\u00f3n; (5) la actividad period\u00edstica debe limitarse a comunicar y por ello, debieron apenas informar sobre la existencia de las denuncias; (6) la periodista emiti\u00f3 una opini\u00f3n en la cual calific\u00f3 de \u201ccorrupto\u201d al entonces coronel, lo que es reprochable dado que pretende que se pretermita cualquier tr\u00e1mite probatorio; (7) la informaci\u00f3n difundida fue inexcusablemente inexacta y apresurada; (8) \u201cla falta de diligencia profesional se vio a\u00fan m\u00e1s reflejada cuando las investigaciones arrojaron la absoluci\u00f3n penal y disciplinaria del Coronel Estupi\u00f1\u00e1n Carvajal\u201d; y, (9) la opini\u00f3n de la periodista es la causa del da\u00f1o sufrido por el demandante y su familia\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed dedujo que la autoridad convocada vulner\u00f3 \u00abvarios derechos fundamentales y garant\u00edas constitucionales: la libertad de expresi\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 20 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 13 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto de Derechos Civiles y Pol\u00edticos; el derecho a la libertad de prensa, que tambi\u00e9n se encuentra en el mencionado art\u00edculo 20 y en el art\u00edculo 74 de la Carta Pol\u00edtica as\u00ed como en los art\u00edculos se\u00f1alados de la Convenci\u00f3n y del Pacto y que integran el bloque de constitucionalidad; y tercero, el derecho al debido proceso, que se encuentra en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en los art\u00edculos 8, 9 y 25 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, las actoras pidieron \u00abdejar sin efectos la sentencia del 15 de octubre de 2020, y la aclaratoria del 18 de noviembre de 2020, proferidas por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (\u2026), por medio de las cuales se impuso condena a la periodista Victoria Eugenia D\u00e1vila Hoyos y la Cadena Radial RCN, programa noticioso la FM como extracontractualmente responsables\u00bb, y \u00abordenar a la [referida Colegiatura] (\u2026) [proferir] nuevo fallo, limit\u00e1ndose a la competencia asociada a los reparos planteados por el actor, y respetando las evidencias probatorias arrimadas al proceso como tambi\u00e9n las libertades de opini\u00f3n, expresi\u00f3n y la de prensa\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El apoderado del coronel (r) Estupi\u00f1\u00e1n Carvajal manifest\u00f3, entre otros aspectos, que no se advierte la vulneraci\u00f3n denunciada y que \u00abse puede establecer la existencia de presiones por parte de la periodista Victoria Eugenia D\u00e1vila Hoyos para buscar enlodar el nombre del Oficial, tal como lo consigui\u00f3 y adem\u00e1s de presionar para su retiro, situaciones que en verdad con sus falsas imputaciones logr[\u00f3] se realizaran y que disciplinariamente y penalmente se prob\u00f3 que no existieron (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, obrando a trav\u00e9s de la magistrada que fungi\u00f3 como ponente del fallo cuestionado, indic\u00f3 que all\u00ed \u00abse encuentran consignadas las razones en las que se edific\u00f3 la decisi\u00f3n de segunda instancia, precisando que se abord\u00f3 estudio del recurso dentro de los t\u00e9rminos del art. 328 del C\u00f3digo General del Proceso, como quiera (sic) que la inconformidad del apelante precisamente se encamin\u00f3, con apoyo en las pruebas obrantes en el expediente a expresar las razones por las cuales estim\u00f3, que contrario a lo resuelto por la a quo, si se estructuran los elementos de la responsabilidad, por lo que era procedente la condena\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si: (i) se encuentran satisfechas las exigencias gen\u00e9ricas de procedencia contra las providencias judiciales; y \u2013en caso afirmativo\u2013 (ii) el tribunal incurri\u00f3 en una de las causas que habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional en asuntos sometidos al escrutinio de los falladores ordinarios. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Ahora, dicha pauta encuentra su excepci\u00f3n en casos en los cuales el funcionario accionado ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, que pueda encuadrarse en alguna de las causas espec\u00edficas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, eventos en los que, luego de un ponderado estudio, se tornar\u00eda imperiosa la injerencia del juez de tutela, con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Para esa especial mediaci\u00f3n es imprescindible la confluencia de los requisitos gen\u00e9ricos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, esto es, que (i) el asunto tenga relevancia constitucional; (ii) el actor haya agotado los recursos a su alcance; (iii) la petici\u00f3n cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) en el evento de fundamentarse la solicitud de tutela en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisi\u00f3n de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales del actor; (v) se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneraci\u00f3n; y (vi) no se trate de tutela contra tutela. <\/p>\n
De otro lado, el yerro endilgado a la jurisdicci\u00f3n debe configurar alguna de las causas espec\u00edficas de procedencia de la acci\u00f3n de amparo en estos eventos, a saber: (i) defecto org\u00e1nico por carencia absoluta de competencia del funcionario judicial que dicta la providencia judicial; (ii) defecto sustantivo; (iii) defecto procedimental; (iv) defecto f\u00e1ctico; (v) error inducido; (vi) decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; (vii) desconocimiento del precedente constitucional; y (viii) violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Verificaci\u00f3n de los requisitos generales y metodolog\u00eda de abordaje del caso. <\/p>\n
En este asunto, las exigencias gen\u00e9ricas que se citaron en el ac\u00e1pite precedente se encuentran satisfechas. La discusi\u00f3n versa sobre bienes jur\u00eddicos especialmente relevantes en un Estado de Derecho (debido proceso, libertad de expresi\u00f3n y de opini\u00f3n); no proceden recursos contra el fallo dictado en segunda instancia por el tribunal \u2013pues la cuant\u00eda de la condena no alcanza el inter\u00e9s econ\u00f3mico m\u00ednimo para recurrir en casaci\u00f3n\u2013, y la demanda principal se radic\u00f3 el 26 de noviembre de 2020, esto es, con 8 d\u00edas de diferencia respecto de la actuaci\u00f3n materia de censura2. En adici\u00f3n, el debate propuesto no se relaciona con asuntos de procedimiento, ni se cuestiona un fallo de tutela. <\/p>\n
En tal virtud, resulta procedente analizar, de fondo, los reparos que plantearon las accionantes contra la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el tribunal en sentencia de 15 de octubre de 2020 (corregida el 18 de noviembre siguiente). Para ello, se expondr\u00e1n algunas pautas relacionadas con la libertad de expresi\u00f3n y el ejercicio de la actividad period\u00edstica; se transcribir\u00e1n las emisiones radiales que generaron la disputa, y, finalmente, se analizar\u00e1 el entronque de ese marco jur\u00eddico-f\u00e1ctico con la argumentaci\u00f3n que se expuso en la citada providencia. <\/p>\n
4. Libertades de prensa y de expresi\u00f3n en el Sistema Interamericano de protecci\u00f3n de los Derechos Humanos. <\/p>\n
4.1. El art\u00edculo 13 de la CADH establece que <\/p>\n
\u00ab1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresi\u00f3n. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda \u00edndole, sin consideraci\u00f3n de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o art\u00edstica, o por cualquier otro procedimiento de su elecci\u00f3n. <\/p>\n
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputaci\u00f3n de los dem\u00e1s, o b) la protecci\u00f3n de la seguridad nacional, el orden p\u00fablico o la salud o la moral p\u00fablicas. <\/p>\n
3. No se puede restringir el derecho de expresi\u00f3n por v\u00edas o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para peri\u00f3dicos, de frecuencias radioel\u00e9ctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusi\u00f3n de informaci\u00f3n o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicaci\u00f3n y la circulaci\u00f3n de ideas y opiniones. <\/p>\n
4. Los espect\u00e1culos p\u00fablicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protecci\u00f3n moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. <\/p>\n
5. Estar\u00e1 prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apolog\u00eda del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acci\u00f3n ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ning\u00fan motivo, inclusive los de raza, color, religi\u00f3n, idioma u origen nacional\u00bb. <\/p>\n
En id\u00e9ntico sentido, el art\u00edculo IV de la Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana (Bogot\u00e1, 1948), dispone que \u00ab[t]oda persona tiene derecho a la libertad de investigaci\u00f3n, de opini\u00f3n y de expresi\u00f3n y difusi\u00f3n del pensamiento por cualquier medio\u00bb, al paso que el canon 4 de la Carta Democr\u00e1tica Interamericana refiere que <\/p>\n
\u00ab[s]on componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gesti\u00f3n p\u00fablica, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresi\u00f3n y de prensa (…) [y la] subordinaci\u00f3n constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia\u00bb. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo expuesto, y destacando la importancia de la libertad de expresi\u00f3n para el desarrollo y la protecci\u00f3n de otros derechos humanos en el marco de sociedades democr\u00e1ticas, la Declaraci\u00f3n de Principios sobre Libertad de Expresi\u00f3n de la Relator\u00eda Especial sobre la materia, prev\u00e9 que \u00ab[l]a libertad de expresi\u00f3n, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, adem\u00e1s, un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democr\u00e1tica\u00bb, de modo que \u00ab[t]oda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaci\u00f3n y opiniones libremente en los t\u00e9rminos que estipula el art\u00edculo 13 de la [CADH]\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la citada Declaraci\u00f3n establece que \u00ab[e]l acceso a la informaci\u00f3n en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados est\u00e1n obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio s\u00f3lo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democr\u00e1ticas\u00bb; y que la \u201ccensura previa\u201d, esto es, la interferencia o presi\u00f3n directa o indirecta sobre cualquier tipo de expresi\u00f3n o informaci\u00f3n difundida a trav\u00e9s de medios de comunicaci\u00f3n \u2013orales, escritos, art\u00edsticos, visuales o electr\u00f3nicos\u2013, \u00ab(\u2026) debe estar prohibida por la ley [y] las restricciones en la circulaci\u00f3n libre de ideas y opiniones, como as\u00ed tambi\u00e9n la imposici\u00f3n arbitraria de informaci\u00f3n y la creaci\u00f3n de obst\u00e1culos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, los principios 6, 7 y 8 ib\u00eddem disponen que \u00ab[t]oda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiaci\u00f3n obligatoria o la exigencia de t\u00edtulos para el ejercicio de la actividad period\u00edstica constituyen una restricci\u00f3n ileg\u00edtima a la libertad de expresi\u00f3n. La actividad period\u00edstica debe regirse por conductas \u00e9ticas, las cuales en ning\u00fan caso pueden ser impuestas por los Estados\u00bb; que \u00ab[c]ondicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresi\u00f3n reconocido en los instrumentos internacionales\u00bb, y que \u00ab[t]odo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de informaci\u00f3n, apuntes y archivos personales y profesionales\u00bb. <\/p>\n
4.2. Por esa v\u00eda, el marco jur\u00eddico interamericano hace \u00e9nfasis en que <\/p>\n
\u00ab[l]as leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigaci\u00f3n y difusi\u00f3n de informaci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico. La protecci\u00f3n a la reputaci\u00f3n debe estar garantizada s\u00f3lo a trav\u00e9s de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario p\u00fablico o persona p\u00fablica o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico. Adem\u00e1s, en estos casos, debe probarse que en la difusi\u00f3n de las noticias el comunicador tuvo intenci\u00f3n de infligir da\u00f1o o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la b\u00fasqueda de la verdad o falsedad de las mismas (…). Los funcionarios p\u00fablicos est\u00e1n sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresi\u00f3n ofensiva dirigida a funcionarios p\u00fablicos generalmente conocidas como \u00ableyes de desacato\u00bb atentan contra la libertad de expresi\u00f3n y el derecho a la informaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Esa protecci\u00f3n especial se explica a partir de la relaci\u00f3n inescindible entre la preservaci\u00f3n y ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n \u2013en sus diversas modalidades\u2013 y la consolidaci\u00f3n de la democracia. La ejecuci\u00f3n de la primera prerrogativa permite entregar y recibir informaci\u00f3n relevante en asuntos de inter\u00e9s general (doble dimensi\u00f3n3); y, por supuesto, un flujo mayor de datos acerca del acontecer nacional facilita a los ciudadanos llevar a cabo un control pol\u00edtico m\u00e1s riguroso, y fomenta su participaci\u00f3n reflexiva e informada en el debate p\u00fablico. <\/p>\n
Adicionalmente, la divulgaci\u00f3n de datos relevantes relacionados con el desarrollo de funciones de las distintas ramas del poder \u00abse hace a\u00fan m\u00e1s necesari[a] por cuanto uno de los graves obst\u00e1culos para el fortalecimiento de las democracias son los hechos de corrupci\u00f3n que involucran a funcionarios\u00bb, debi\u00e9ndose reconocer que \u00abel acceso a la informaci\u00f3n en poder del Estado contribuye a aumentar la transparencia de los actos de gobierno y la consecuente disminuci\u00f3n de la corrupci\u00f3n en la gesti\u00f3n estatal\u00bb4. <\/p>\n
Para finalizar, la mencionada doble dimensi\u00f3n del derecho a la libertad de expresi\u00f3n, entendida como la titularidad del derecho no solo de quien emite informaciones, pensamientos u opiniones, sino tambi\u00e9n en quien las recibe, hace parte de la garant\u00eda esencial que abarca la protecci\u00f3n de la enunciada libertad; por consiguiente, cuando se afecta il\u00edcitamente el comentado atributo fundamental, igualmente debe entenderse lesionado el n\u00facleo esencial de derechos de la totalidad del conglomerado <\/p>\n
Recapitulando, no resulta compatible con la Declaraci\u00f3n de Principios sobre Libertad de Expresi\u00f3n imponer presiones injustificadas, con el prop\u00f3sito de limitar o desestimular aquel derecho fundamental y, de contera, las libertades de informaci\u00f3n y de prensa, debi\u00e9ndose tener en cuenta \u2013adem\u00e1s\u2013 que tales cortapisas <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se prestan al abuso, ya que al acallar ideas y opiniones impopulares o cr\u00edticas se restringe el debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democr\u00e1ticas. La limitaci\u00f3n en el libre flujo de ideas que no incitan a la violencia an\u00e1rquica es incompatible con la libertad de expresi\u00f3n y con los principios b\u00e1sicos que sostienen las formas pluralistas y democr\u00e1tica de las sociedades actuales\u00bb5. <\/p>\n
4.3. Al interpretar las pautas comentadas, la jurisprudencia interamericana \u2013en casos como La \u00daltima Tentaci\u00f3n de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, Ivcher Brostein vs. Per\u00fa, Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Trist\u00e1n Donoso vs. Panam\u00e1, Kimel vs. Argentina, Perozo y otros vs. Venezuela y R\u00edos y otros vs. Venezuela\u2013 fij\u00f3 varios est\u00e1ndares de protecci\u00f3n, que resultan aplicables en diversos contextos (publicaciones editoriales, audiovisuales, art\u00edsticas, entre otras), pero que cobran particular relevancia en eventos como el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en los que la titularidad del derecho amenazado o vulnerado radica en cabeza de periodistas, en raz\u00f3n de informaciones u opiniones emitidas a trav\u00e9s de medios de comunicaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, la libertad de informaci\u00f3n juega un papel esencial en la consolidaci\u00f3n de la libertad de expresi\u00f3n, siendo pac\u00edfico que \u00ab(\u2026) el derecho fundamental a la libertad de expresi\u00f3n incluye el derecho de \u201cinvestigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaci\u00f3n de fronteras, por cualquier medio de expresi\u00f3n\u201d\u00bb. As\u00ed lo reconoce el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos (1966)6, y la doctrina comparada, que sobre el particular considera que <\/p>\n
\u00ab(…) [t]anto la libertad de prensa, como el acceso a la informaci\u00f3n contribuyen a nuestra cabal y correcta comprensi\u00f3n del mundo. La libertad de prensa -en su sentido m\u00e1s amplio, la libertad de expresi\u00f3n- contribuye a permitir la adquisici\u00f3n \u2013como dir\u00eda John Stuart Mill\u2013 de un grado de conciencia verdadera, es decir, un estado mental que ayude a contrastar y enfrentar diagn\u00f3sticos y opiniones sobre la realidad, y de cuya confrontaci\u00f3n se han de derivar los juicios adecuados, las ideas y pensamientos atinados. Es decir, tanto la libertad de expresi\u00f3n como la de prensa permiten que todo el mundo hable y d\u00e9 su opini\u00f3n y difunda sus ideas, con lo cual, nos ayuda -al g\u00e9nero humano en general- a contrastar, a enfrentar diagn\u00f3sticos, a conocer mejor la realidad y[,] sobre todo, a derivar juicios que sean eficaces y v\u00e1lidos\u00bb7. <\/p>\n
Tambi\u00e9n es di\u00e1fano que las exigencias de veracidad, oportunidad o imparcialidad no son admisibles per se, de modo que sobre esos particulares no es prudente proponer reglas generales, sino m\u00e1s bien analizar cada caso concreto, siendo imperativo que, durante ese examen detallado, se haga una necesaria distinci\u00f3n entre las informaciones que responden a hechos de posible comprobaci\u00f3n, y las expresiones que suponen la emisi\u00f3n de opiniones o juicios de valor8, sin que pueda pasarse por alto que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la exigencia de veracidad puede implicar la censura casi autom\u00e1tica de toda aquella informaci\u00f3n que es imposible de someter a prueba, lo que anular\u00eda, por ejemplo, pr\u00e1cticamente todo el debate pol\u00edtico sustentado principalmente en ideas y opiniones de car\u00e1cter netamente subjetivo. Inclusive en aquellos casos en que la informaci\u00f3n se refiera a hechos concretos de probable comprobaci\u00f3n f\u00e1ctica, tambi\u00e9n es imposible exigir la veracidad de la misma, ya que es indudable que sobre un mismo hecho concreto puede existir un gran n\u00famero de interpretaciones marcadamente distintas\u00bb9. <\/p>\n
5. Est\u00e1ndares sobre el derecho a la libertad de expresi\u00f3n en la jurisprudencia de la Corte IDH. <\/p>\n
De acuerdo con las previsiones de la Gu\u00eda b\u00e1sica para operadores de justicia en Am\u00e9rica Latina, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los Estados tienen la obligaci\u00f3n de cumplir los est\u00e1ndares y tratados internacionales que han ratificado o a los que se han adherido y, en ese caso, reconocer que los \u00f3rganos regionales o internacionales correspondientes son los int\u00e9rpretes autorizados de dichos tratados. Por tanto, cada ordenamiento interno deber\u00e1 adoptar los mecanismos necesarios para implementar dichas decisiones, por ejemplo, mediante cl\u00e1usulas constitucionales que remiten de manera expl\u00edcita a las normas internacionales o a trav\u00e9s de decisiones judiciales nacionales10\u00bb. <\/p>\n
Dentro de esos est\u00e1ndares, de necesaria integraci\u00f3n al derecho nacional \u2013en cuanto tienen que ver con el contenido y alcance de derechos fundamentales como la libertad de expresi\u00f3n\u2013 es oportuno referir que, en ejercicio de su funci\u00f3n consultiva (OC-5 de 1985, sobre colegiaci\u00f3n obligatoria de periodistas), la Corte IDH ha reiterado que el ejercicio period\u00edstico, y las prerrogativas que el mismo conlleva, no pueden ser desligadas o diferenciadas de las garant\u00edas propias de la libertad de expresi\u00f3n: <\/p>\n
\u00abLa libertad de expresi\u00f3n es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democr\u00e1tica. Es indispensable para la formaci\u00f3n de la opini\u00f3n p\u00fablica. Es tambi\u00e9n conditio sine qua non para que los partidos pol\u00edticos, los sindicatos, las sociedades cient\u00edficas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condici\u00f3n para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, est\u00e9 suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no est\u00e1 bien informada no es plenamente libre. <\/p>\n
Dentro de este contexto el periodismo es la manifestaci\u00f3n primaria y principal de la libertad de expresi\u00f3n del pensamiento y, por esa raz\u00f3n, no puede concebirse meramente como la prestaci\u00f3n de un servicio al p\u00fablico a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n de unos conocimientos o capacitaci\u00f3n adquiridos en una universidad o por quienes est\u00e1n inscritos en un determinado colegio profesional, como podr\u00eda suceder con otras profesiones, pues est\u00e1 vinculado con la libertad de expresi\u00f3n que es inherente a todo ser humano\u00bb. <\/p>\n
Frente a la inescindible relaci\u00f3n entre libertad de expresi\u00f3n y medios de comunicaci\u00f3n, as\u00ed como los criterios que deben ser tenidos en cuenta para restringir de manera leg\u00edtima dicho bien iusfundamental, la precitada Opini\u00f3n Consultiva advirti\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si en principio la libertad de expresi\u00f3n requiere que los medios de comunicaci\u00f3n social est\u00e9n virtualmente abiertos a todos sin discriminaci\u00f3n, o, m\u00e1s exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, est\u00e9n excluidos del acceso a tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto de \u00e9stos, de manera que, en la pr\u00e1ctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no veh\u00edculos para restringirla. Son los medios de comunicaci\u00f3n social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la prohibici\u00f3n de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garant\u00eda de protecci\u00f3n a la libertad e independencia de los periodistas. <\/p>\n
Lo anterior no significa que toda restricci\u00f3n a los medios de comunicaci\u00f3n o, en general, a la libertad de expresarse, sea necesariamente contraria a la Convenci\u00f3n, cuyo art\u00edculo 13.2 dispone: <\/p>\n
Art\u00edculo 13.2.- El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: <\/p>\n
<\/p>\n
a. el respeto a los derechos o a la reputaci\u00f3n de los dem\u00e1s o <\/p>\n
b) la protecci\u00f3n de la seguridad nacional, el orden p\u00fablico o la salud o la moral p\u00fablicas. <\/p>\n
En efecto, la definici\u00f3n por la ley de aquellas conductas que constituyen causal de responsabilidad seg\u00fan el citado art\u00edculo, envuelve una restricci\u00f3n a la libertad de expresi\u00f3n. Es en el sentido de conducta definida legalmente como generadora de responsabilidad por el abuso de la libertad de expresi\u00f3n como se usar\u00e1 en adelante respecto de este art\u00edculo la expresi\u00f3n \u00abrestricci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed pues, como la Convenci\u00f3n lo reconoce, la libertad de pensamiento y expresi\u00f3n admite ciertas restricciones propias, que ser\u00e1n leg\u00edtimas en la medida en que se inserten dentro de los requerimientos del art\u00edculo 13.2. Por lo tanto, como la expresi\u00f3n y la difusi\u00f3n del pensamiento son indivisibles, debe destacarse que las restricciones a los medios de difusi\u00f3n lo son tambi\u00e9n, a la libertad de expresi\u00f3n, de tal modo que, en cada caso, es preciso considerar si se han respetado o no los t\u00e9rminos del art\u00edculo 13.2 para determinar su legitimidad y establecer, en consecuencia, si ha habido o no una violaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n. <\/p>\n
La disposici\u00f3n citada se\u00f1ala dentro de qu\u00e9 condiciones son compatibles restricciones a la libertad de expresi\u00f3n con la Convenci\u00f3n. Esas restricciones deben establecerse con arreglo a ciertos requisitos de forma que ata\u00f1en a los medios a trav\u00e9s de los cuales se manifiestan y condiciones de fondo, representadas por la legitimidad de los fines que, con tales restricciones, pretenden alcanzarse. <\/p>\n
El art\u00edculo 13.2 de la Convenci\u00f3n define a trav\u00e9s de qu\u00e9 medios pueden establecerse leg\u00edtimamente restricciones a la libertad de expresi\u00f3n. Estipula, en primer lugar, la prohibici\u00f3n de la censura previa la cual es siempre incompatible con la plena vigencia de los derechos enumerados por el art\u00edculo 13, salvo las excepciones contempladas en el inciso 4 referentes a espect\u00e1culos p\u00fablicos, incluso si se trata supuestamente de prevenir por ese medio un abuso eventual de la libertad de expresi\u00f3n. En esta materia toda medida preventiva significa, inevitablemente, el menoscabo de la libertad garantizada por la Convenci\u00f3n. <\/p>\n
El abuso de la libertad de expresi\u00f3n no puede ser objeto de medidas de control preventivo sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido. A\u00fan en este caso, para que tal responsabilidad pueda establecerse v\u00e1lidamente, seg\u00fan la Convenci\u00f3n, es preciso que se re\u00fanan varios requisitos, a saber: <\/p>\n
<\/p>\n
a. La existencia de causales de responsabilidad previamente establecidas,<\/p>\n
b. La definici\u00f3n expresa y taxativa de esas causales por la ley,<\/p>\n
c. La legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas, y<\/p>\n
d. Que esas causales de responsabilidad sean \u201cnecesarias para asegurar\u201d los mencionados fines. Todos estos requisitos deben ser atendidos para que se d\u00e9 cumplimiento cabal al art\u00edculo 13.2. <\/p>\n
Esta norma precisa que es la ley la que debe establecer las restricciones a la libertad de informaci\u00f3n y solamente para lograr fines que la propia Convenci\u00f3n se\u00f1ala. Por tratarse de restricciones en el sentido en que qued\u00f3 establecido (supra 35) la definici\u00f3n legal debe ser necesariamente expresa y taxativa\u00bb. <\/p>\n
Expresado de otro modo, la restricci\u00f3n al derecho a la libertad de expresi\u00f3n, en forma de responsabilidad (civil o penal) ex post, es leg\u00edtima, pero en contextos excepcionales, y bajo el cumplimiento de requisitos taxativos, como la tipificaci\u00f3n de causales en la ley, y la necesidad de la medida legislativa para la consecuci\u00f3n de los fines autorizados por la misma CADH, es decir, (i) el respeto a los derechos o a la reputaci\u00f3n de los dem\u00e1s o (ii) la protecci\u00f3n de la seguridad nacional, el orden p\u00fablico o la salud o la moral p\u00fablicas. <\/p>\n
Ahora bien, en relaci\u00f3n con los est\u00e1ndares para que una limitaci\u00f3n sea admisible, y sobre lo que debe entenderse como un objetivo leg\u00edtimo a la luz de las disposiciones de la CADH, se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abLa forma como est\u00e1 redactado el art\u00edculo 13 de la Convenci\u00f3n Americana difiere muy significativamente del art\u00edculo 10 de la Convenci\u00f3n Europea, que est\u00e1 formulado en t\u00e9rminos muy generales. En este \u00faltimo, sin una menci\u00f3n espec\u00edfica a lo \u00abnecesari(o) en una sociedad democr\u00e1tica\u00bb, habr\u00eda sido muy dif\u00edcil delimitar la larga lista de restricciones autorizadas. <\/p>\n
En realidad, el art\u00edculo 13 de la Convenci\u00f3n Americana al que sirvi\u00f3 de modelo en parte el art\u00edculo 19 del Pacto, contiene una lista m\u00e1s reducida de restricciones que la Convenci\u00f3n Europea y que el mismo Pacto, s\u00f3lo sea porque \u00e9ste no proh\u00edbe expresamente la censura previa. <\/p>\n
Es importante destacar que la Corte Europea de Derechos Humanos al interpretar el art\u00edculo 10 de la Convenci\u00f3n Europea, concluy\u00f3 que \u201cnecesarias\u201d, sin ser sin\u00f3nimo de \u201cindispensables\u201d, implica la \u201cexistencia de una necesidad social imperiosa\u201d y que para que una restricci\u00f3n sea \u201cnecesaria\u201d no es suficiente demostrar que sea \u201c\u00fatil\u201d, \u201crazonable\u201d u \u201coportuna\u201d. (Eur. Court H. R., The Sunday Times case, judgment of 26 April 1979, Series A no. 30, p\u00e1rr. no. 59, p\u00e1gs. 35-36). Esta conclusi\u00f3n, que es igualmente aplicable a la Convenci\u00f3n Americana, sugiere que la \u201cnecesidad\u201d y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresi\u00f3n fundadas sobre el art\u00edculo 13.2, depender\u00e1 de que est\u00e9n orientadas a satisfacer un inter\u00e9s p\u00fablico imperativo. <\/p>\n
Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aqu\u00e9lla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Dado este est\u00e1ndar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un prop\u00f3sito \u00fatil u oportuno; para que sean compatibles con la Convenci\u00f3n las restricciones deben justificarse seg\u00fan objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el art\u00edculo 13 garantiza y no limiten m\u00e1s de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en el art\u00edculo 13. <\/p>\n
Es decir, la restricci\u00f3n debe ser proporcionada al inter\u00e9s que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese leg\u00edtimo objetivo. (The Sunday Times case, supra, p\u00e1rr. no. 62, p\u00e1g. 38; ver tambi\u00e9n Eur. Court H. R., Barthold judgment of 25 March 1985, Series A no. 90, p\u00e1rr. no. 59, p\u00e1g. 26). 47. El art\u00edculo 13.2 tiene tambi\u00e9n que interpretarse de acuerdo con las disposiciones del art\u00edculo 13.3, que es el m\u00e1s expl\u00edcito en prohibir las restricciones a la libertad de expresi\u00f3n mediante \u201cv\u00edas o medios indirectos… encaminados a impedir la comunicaci\u00f3n y la circulaci\u00f3n de ideas y opiniones\u201d. Ni la Convenci\u00f3n Europea ni el Pacto contienen una disposici\u00f3n comparable. Es, tambi\u00e9n, significativo que la norma del art\u00edculo 13.3 est\u00e9 ubicada inmediatamente despu\u00e9s de una disposici\u00f3n -el art\u00edculo 13.2- que se refiere a las restricciones permisibles al ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n. Esa circunstancia sugiere el deseo de asegurar que los t\u00e9rminos del art\u00edculo 13.2 no fuesen mal interpretados en el sentido de limitar, m\u00e1s all\u00e1 de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Conforme con dichos lineamientos, tambi\u00e9n se ha aseverado que la imposici\u00f3n de penas o prestaciones indemnizatorias por la divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n u opiniones debe cumplir con el denominado test tripartito11, seg\u00fan el cual (i) \u00abla limitaci\u00f3n debe haber sido definida en forma precisa y clara a trav\u00e9s de una ley en sentido formal y material\u00bb, (ii) \u00abla limitaci\u00f3n debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la [CADH]\u00bb, y (iii) \u00abla limitaci\u00f3n debe ser necesaria en una sociedad democr\u00e1tica para el logro de los fines imperiosos que se buscan; estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida; e id\u00f3nea para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr\u00bb, siendo inadmisible arg\u00fcir criterios diferentes para la imposici\u00f3n de restricciones \u2013directas o indirectas\u2013 a esta libertad. <\/p>\n
En ese sentido, en el caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, la Corte IDH estudi\u00f3 la convencionalidad de las sanciones penales y civiles impuestas a un periodista que, en ejercicio de su labor, public\u00f3 art\u00edculos que reproduc\u00edan parcialmente informaci\u00f3n de peri\u00f3dicos europeos sobre supuestas actividades il\u00edcitas de un ciudadano, que, para la \u00e9poca de los hechos, era funcionario del cuerpo diplom\u00e1tico de dicho pa\u00eds. En punto de lo anterior, destac\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(…) los medios de comunicaci\u00f3n social juegan un rol esencial como veh\u00edculos para el ejercicio de la dimensi\u00f3n social de la libertad de expresi\u00f3n en una sociedad democr\u00e1tica, raz\u00f3n por la cual es indispensable que recojan las m\u00e1s diversas informaciones y opiniones. Los referidos medios, como instrumentos esenciales de la libertad de pensamiento y de expresi\u00f3n, deben ejercer con responsabilidad la funci\u00f3n social que desarrollan. <\/p>\n
Dentro de este contexto, el periodismo es la manifestaci\u00f3n primaria y principal de esta libertad y, por esa raz\u00f3n, no puede concebirse meramente como la prestaci\u00f3n de un servicio al p\u00fablico a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n de los conocimientos o la capacitaci\u00f3n adquiridos en la universidad. Al contrario, los periodistas, en raz\u00f3n de la actividad que ejercen, se dedican profesionalmente a la comunicaci\u00f3n social. El ejercicio del periodismo, por tanto, requiere que una persona se involucre responsablemente en actividades que est\u00e1n definidas o encerradas en la libertad de expresi\u00f3n garantizada en la Convenci\u00f3n. <\/p>\n
En este sentido, la Corte ha indicado que es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicaci\u00f3n gocen de la protecci\u00f3n y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que \u00e9sta goce de una plena libertad y el debate p\u00fablico se fortalezca. <\/p>\n
(…) Es importante destacar que el derecho a la libertad de expresi\u00f3n no es un derecho absoluto, este puede ser objeto de restricciones, tal como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 13 de la Convenci\u00f3n en sus incisos 4 y 5. Asimismo, la Convenci\u00f3n Americana, en su art\u00edculo 13.2, prev\u00e9 la posibilidad de establecer restricciones a la libertad de expresi\u00f3n, que se manifiestan a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho, las cuales no deben de modo alguno limitar, m\u00e1s all\u00e1 de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresi\u00f3n y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa. Para poder determinar responsabilidades ulteriores es necesario que se cumplan tres requisitos, a saber: 1) deben estar expresamente fijadas por la ley; 2) deben estar destinadas a proteger ya sea los derechos o la reputaci\u00f3n de los dem\u00e1s, o la protecci\u00f3n de la seguridad nacional, el orden p\u00fablico o la salud o moral p\u00fablica; y 3) deben ser necesarias en una sociedad democr\u00e1tica (…). <\/p>\n
Ahora bien, una vez que se ha determinado el contenido del derecho a la libertad de pensamiento y de expresi\u00f3n, se ha resaltado la importancia de la libertad de expresi\u00f3n en un r\u00e9gimen democr\u00e1tico y el rol de los medios de comunicaci\u00f3n y el periodismo, y se han establecido los requisitos para que las restricciones de que puede ser objeto el derecho mencionado sean compatibles con la Convenci\u00f3n Americana. Cabe analizar, a la luz de los hechos probados en el presente caso, si las restricciones permitidas a la libertad de expresi\u00f3n a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n de responsabilidades ulteriores fueron o no compatibles con la Convenci\u00f3n. En este sentido, es imprescindible se\u00f1alar que el se\u00f1or Herrera Ulloa era un periodista que estaba expresando hechos u opiniones de inter\u00e9s p\u00fablico. <\/p>\n
La Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido de manera consistente que, con respecto a las limitaciones permisibles sobre la libertad de expresi\u00f3n, hay que distinguir entre las restricciones que son aplicables cuando el objeto de la expresi\u00f3n se refiera a un particular y, por otro lado, cuando es una persona p\u00fablica como, por ejemplo, un pol\u00edtico. Esa Corte ha manifestado que: Los l\u00edmites de la cr\u00edtica aceptable son, por tanto, respecto de un pol\u00edtico, m\u00e1s amplios que en el caso de un particular. <\/p>\n
A diferencia de este \u00faltimo, aquel inevitable y conscientemente se abre a un riguroso escrutinio de todas sus palabras y hechos por parte de periodistas y de la opini\u00f3n p\u00fablica y, en consecuencia, debe demostrar un mayor grado de tolerancia. Sin duda, el art\u00edculo 10, inciso 2 (art.10-2) permite la protecci\u00f3n de la reputaci\u00f3n de los dem\u00e1s \u2013es decir, de todas las personas- y esta protecci\u00f3n comprende tambi\u00e9n a los pol\u00edticos, a\u00fan cuando no est\u00e9n actuando en car\u00e1cter de particulares, pero en esos casos los requisitos de dicha protecci\u00f3n tienen que ser ponderados en relaci\u00f3n con los intereses de un debate abierto sobre los asuntos pol\u00edticos. La libertad de prensa proporciona a la opini\u00f3n p\u00fablica uno de los mejores medios para conocer y juzgar las ideas y actitudes de los dirigentes pol\u00edticos. En t\u00e9rminos m\u00e1s generales, la libertad de las controversias pol\u00edticas pertenece al coraz\u00f3n mismo del concepto de sociedad democr\u00e1tica. <\/p>\n
En otra Sentencia, esa Corte sostuvo que [\u2026] la libertad de expresi\u00f3n e informaci\u00f3n [\u2026] debe extenderse no solo a la informaci\u00f3n e ideas favorables, consideradas como inofensivas o indiferentes, sino tambi\u00e9n a aquellas que ofenden, resulten chocantes o perturben. [\u2026] Los l\u00edmites de cr\u00edticas aceptables son m\u00e1s amplios con respecto al Estado que en relaci\u00f3n a un ciudadano privado e inclusive a un pol\u00edtico. En un sistema democr\u00e1tico, las acciones u omisiones del Estado deben estar sujetas a un escrutinio riguroso, no s\u00f3lo por parte de las autoridades legislativas y judiciales, sino tambi\u00e9n por parte de la prensa y de la opini\u00f3n p\u00fablica. El control democr\u00e1tico, por parte de la sociedad a trav\u00e9s de la opini\u00f3n p\u00fablica, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gesti\u00f3n p\u00fablica, raz\u00f3n por la cual debe existir un margen reducido a cualquier restricci\u00f3n del debate pol\u00edtico o del debate sobre cuestiones de inter\u00e9s p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
De lo extractado se infiere que, adem\u00e1s de las exigencias sobre las limitaciones al ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n \u2013y, en consecuencia, la de informaci\u00f3n y de prensa\u2013, es imperativo diferenciar los eventos en que la informaci\u00f3n aparentemente lesiva est\u00e1 relacionada con personas particulares, de aquellos casos que refieren a quienes desempe\u00f1an funciones p\u00fablicas, comoquiera que sobre estos \u00faltimos recae un \u00abriguroso escrutinio de todas sus palabras y hechos por parte de periodistas y de la opini\u00f3n p\u00fablica\u00bb, de modo que deben demostrar un mayor grado de tolerancia, incluso si se trata de expresiones ofensivas, chocantes o perturbadoras12. En ese contexto, <\/p>\n
\u00abes l\u00f3gico y apropiado que las expresiones concernientes a funcionarios p\u00fablicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza p\u00fablica deben gozar, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 13.2 de la Convenci\u00f3n, de un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico, el cual es esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democr\u00e1tico. Esto no significa, de modo alguno, que el honor de los funcionarios p\u00fablicos o de las personas p\u00fablicas no deba ser jur\u00eddicamente protegido, sino que \u00e9ste debe serlo de manera acorde con los principios del pluralismo democr\u00e1tico\u00bb. <\/p>\n
6. La sentencia SU-274 de 2019 y los \u00abdiscursos especialmente protegidos en el ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En el citado fallo de unificaci\u00f3n, la Corte Constitucional efectu\u00f3 importantes precisiones relacionadas con la libertad de expresi\u00f3n de los periodistas, y su eventual tensi\u00f3n con el derecho al buen nombre, la honra o el debido proceso de funcionarios p\u00fablicos investigados, siendo de tal trascendencia para la presente controversia que ameritan ser \u00edntegramente reproducidas: <\/p>\n
\u00abSi bien todo ejercicio comunicativo, cualquiera sea su contenido, valor y forma de expresi\u00f3n, est\u00e1 prima facie amparado por la libertad de expresi\u00f3n, se ha reconocido que ciertos discursos son merecedores de especial protecci\u00f3n constitucional, debido a su importancia para promover la participaci\u00f3n ciudadana, el debate y el control de los asuntos p\u00fablicos. As\u00ed, los discursos pol\u00edticos, que comprenden no s\u00f3lo aquellos de contenido electoral sino toda expresi\u00f3n relacionada con el gobierno de la polis y, en particular, las cr\u00edticas hacia el Estado y los funcionarios p\u00fablicos, son objeto de especial consideraci\u00f3n y cualquier intento de restricci\u00f3n es vista con sospecha, debido a que: (i) a trav\u00e9s de ellos no s\u00f3lo se manifiesta el estrecho v\u00ednculo entre democracia y libertad de expresi\u00f3n, sino que se realizan todas las dem\u00e1s finalidades por las cu\u00e1les se confiere a \u00e9sta una posici\u00f3n preferente en los estados constitucionales; (ii) este tipo de discursos suelen ser los m\u00e1s amenazados, incluso en las democracias m\u00e1s vigorosas, por cuanto quienes detentan mayor poder social, pol\u00edtico o econ\u00f3mico pueden llegar a ser afectados por tales formas de expresi\u00f3n y, en consecuencia, verse tentados a movilizar su poder para censurar dichas manifestaciones y reprimir a sus autores13. <\/p>\n
<\/p>\n
El car\u00e1cter de derecho de \u2018doble v\u00eda\u2019 que se predica de la libertad de expresi\u00f3n cobra todo su sentido en presencia de este tipo de discursos, pues en tales casos la libertad de expresi\u00f3n no s\u00f3lo ampara el derecho de quienes transmiten informaci\u00f3n y opiniones cr\u00edticas sobre los gobernantes y funcionarios p\u00fablicos, sino tambi\u00e9n, y muy especialmente, el derecho de todos los ciudadanos a tener acceso a estos discursos\u201d14. Al respecto, tambi\u00e9n ha indicado que \u201c[e]n principio todo tipo de discursos o expresiones est\u00e1n protegidas por la libertad de expresi\u00f3n con independencia de su contenido y de la mayor o menor aceptaci\u00f3n social y estatal con la que cuenten. No obstante, hay cierto tipo de discursos que reciben una protecci\u00f3n m\u00e1s reforzada que otros, como lo son el discurso pol\u00edtico, el debate sobre asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico y la opini\u00f3n sobre funcionarios y personajes p\u00fablicos. Los discursos pol\u00edticos o sobre temas de inter\u00e9s p\u00fablico hacen referencia no s\u00f3lo a aquellos de contenido electoral sino a todas las expresiones relevantes para el desarrollo de la opini\u00f3n p\u00fablica sobre los asuntos que contribuyan a la vida de la Naci\u00f3n, incluyendo las cr\u00edticas hacia el Estado y los funcionarios p\u00fablicos\u201d15. <\/p>\n
<\/p>\n
En todo caso, la Corte ha aclarado que si bien la especial importancia y potencial riesgo de amenaza que recae sobre los discursos que tienen por objeto la cr\u00edtica de los funcionarios p\u00fablicos, ha llevado a considerar que, en principio, cualquier intento de restricci\u00f3n, previa o posterior, de estas modalidades de expresi\u00f3n constituye censura, ello no implica que la libertad de expresi\u00f3n est\u00e9 desprovista de limitaciones en ese campo, sino que \u201cse traduce en la reducci\u00f3n del margen del que disponen las autoridades para establecer l\u00edmites a este tipo de discursos y en la imposici\u00f3n de cargas argumentativas y probatorias reforzadas para efectos de justificar eventuales restricciones\u201d16 <\/p>\n
<\/p>\n
A pesar del riesgo que asumen los personajes p\u00fablicos a ser afectados por cr\u00edticas u opiniones adversas, la relevancia del contenido que se divulga por la labor, el cargo o las actividades que desempe\u00f1an \u201cprima facie no puede versar sobre cualquier tipo de informaci\u00f3n relacionada con la persona p\u00fablica porque el riesgo de afectar la intimidad, el honor o cualquier otro derecho quedar\u00eda siempre latente\u201d17. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora bien, en el \u00e1mbito internacional, la Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos indic\u00f3 que si bien todas las formas de expresi\u00f3n est\u00e1n, en principio, protegidas por la libertad consagrada en el art\u00edculo 13 de la Convenci\u00f3n Americana, existen ciertos tipos de discurso que reciben una protecci\u00f3n especial, por su importancia para el ejercicio de los dem\u00e1s derechos humanos o para la consolidaci\u00f3n, funcionamiento y preservaci\u00f3n de la democracia, a saber: i) el discurso pol\u00edtico y sobre asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico; ii) el discurso sobre funcionarios p\u00fablicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos p\u00fablicos; y iii) el discurso que configura un elemento de la identidad o la dignidad personales de quien se expresa. <\/p>\n
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolvi\u00f3 el caso Kimel vs. Argentina en sentencia del 2 de mayo de 2008. En esa decisi\u00f3n, la Corte IDH reiter\u00f3 que respecto al derecho a la honra, las expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempe\u00f1o de un cargo p\u00fablico o a los actos realizados por funcionarios p\u00fablicos en el desempe\u00f1o de sus labores \u201cgozan de mayor protecci\u00f3n, de manera tal que se propicie el debate democr\u00e1tico. La Corte ha se\u00f1alado que en una sociedad democr\u00e1tica los funcionarios p\u00fablicos est\u00e1n m\u00e1s expuestos al escrutinio y la cr\u00edtica del p\u00fablico. <\/p>\n
Este diferente umbral de protecci\u00f3n se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio m\u00e1s exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate p\u00fablico. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el inter\u00e9s p\u00fablico de las actividades que realiza (…). El control democr\u00e1tico a trav\u00e9s de la opini\u00f3n p\u00fablica fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gesti\u00f3n p\u00fablica. De ah\u00ed la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control democr\u00e1tico\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Asimismo, la CIDH ha se\u00f1alado que la libertad de expresi\u00f3n cumple una triple funci\u00f3n, a saber: a) como derecho individual que refleja la virtud humana de pensar el mundo desde una perspectiva propia y comunicarse entre s\u00ed; b) como medio para la deliberaci\u00f3n abierta y desinhibida sobre asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico; c) como instrumento esencial en la garant\u00eda de otros derechos humanos, incluyendo la participaci\u00f3n pol\u00edtica, la libertad religiosa, la educaci\u00f3n, la cultura, la igualdad, entre otros. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior, tambi\u00e9n ha sido reconocido en el derecho comparado, como sucedi\u00f3 en el caso New York Times vs. Sullivan (1964) decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos, relacionado con un aviso de prensa en el que el Comit\u00e9 para la Defensa de Martin Luther King denunciaba supuestas arbitrariedades realizadas por la polic\u00eda del estado de Alabama. <\/p>\n
<\/p>\n
El Comisionado de Alabama, M.L. Sullivan consider\u00f3 que esas denuncias se refer\u00edan a su gesti\u00f3n, por lo que aleg\u00f3 que esa publicaci\u00f3n era falsa y difamatoria. La Corte se\u00f1al\u00f3 que el an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n propuesta deb\u00eda partir del principio de que en una democracia \u201cla discusi\u00f3n sobre los asuntos p\u00fablicos deb\u00eda ser desinhibida, sin trabas, vigorosa y abierta, pudiendo incluir ataques vehementes, c\u00e1usticos y a veces desagradablemente agudos contra el gobierno y los funcionarios p\u00fablicos\u201d. Luego, estableci\u00f3 la llamada teor\u00eda de la \u201cactual malice\u201d, que se expresa sobre la base de una profunda protecci\u00f3n a la libertad de expresi\u00f3n y de opini\u00f3n ante manifestaciones inexactas o difamatorias, \u201ca menos que se compruebe que ellas fueron hechas con real malicia, es decir, con conocimiento de que \u00e9sta era falsa o con temeraria despreocupaci\u00f3n, acerca de su verdad o falsedad\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n Argentina, en el caso \u201cPatit\u00f3, Jos\u00e9 \u00c1ngel y otro c\/ Diario La Naci\u00f3n y otros\u201d, se pronunci\u00f3 sobre la doctrina de la real malicia en las informaciones referidas a funcionarios p\u00fablicos. Esa Corporaci\u00f3n consider\u00f3 que \u201cel principio de real malicia -a diferencia del test de veracidad- no opera en funci\u00f3n de la verdad o falsedad objetiva de las expresiones, pues entra en acci\u00f3n cuando ya est\u00e1 aceptado que se trata de manifestaciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son err\u00f3neas o incluso falsas; y lo que es materia de discusi\u00f3n y prueba para la aplicaci\u00f3n de la real malicia es el conocimiento que el periodista o medio period\u00edstico tuvo (o debi\u00f3 tener) de esa falsedad o posible falsedad\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Entonces, explic\u00f3 que para juzgar las difamaciones ocasionadas mediante puras opiniones se aplica el est\u00e1ndar de la real malicia, \u201cpues una conclusi\u00f3n diversa debe ser prevenida recordando que en el marco del debate p\u00fablico sobre temas de inter\u00e9s general, y en especial sobre el gobierno, toda expresi\u00f3n que admita ser clasificada como una opini\u00f3n, por s\u00ed sola, no da lugar a responsabilidad civil o penal a favor de las personas que ocupan cargos en el Estado, no da\u00f1\u00e1ndose la reputaci\u00f3n de \u00e9stas mediante opiniones o evaluaciones, sino exclusivamente a trav\u00e9s de la difusi\u00f3n maliciosa de informaci\u00f3n falsa\u201d. Al respecto, indic\u00f3 que \u201cno puede haber responsabilidad alguna por la cr\u00edtica o la disidencia, aun cuando sean expresadas ardorosamente, ya que toda sociedad plural y diversa necesita del debate democr\u00e1tico, que se nutre de las opiniones teniendo como meta la paz social\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Finalmente, la doctrina sobre este punto ha manifestado que \u201cel honor de las personas se transforma -cuando aquellas ocupan posiciones de relevancia p\u00fablica- en un l\u00edmite externo de la libertad de informaci\u00f3n m\u00e1s d\u00e9bil que cuando se enfrenta a informaciones relativas a personas privadas. De un lado, la incorporaci\u00f3n a la arena p\u00fablica es un acto, por lo com\u00fan voluntario, en el que debe ir impl\u00edcita la aceptaci\u00f3n, en un sistema democr\u00e1tico de someterse a un escrutinio m\u00e1s directo y estrecho de los medios de comunicaci\u00f3n; por otra parte, el derecho de informaci\u00f3n se refuerza en estos casos con otros valores constitucionales, como la democracia y el pluralismo, capaces todos juntos de situarse en una posici\u00f3n preferente respecto del derecho al honor que, cuando lo esgrime un hombre p\u00fablico, por fuerza tiene que debilitarse frente a los intereses superiores a los que sirve la informaci\u00f3n\u201d18. <\/p>\n
<\/p>\n
En definitiva, el ejercicio del derecho a la libertad de expresi\u00f3n y los aspectos que le son inherentes, en ciertas situaciones puede dar lugar a tensiones con otras prerrogativas ius fundamentales, por ejemplo, el buen nombre, la honra o la privacidad, circunstancias en las cuales, prima facie, no puede pregonarse una prevalencia de un derecho sobre otro, pues en cada caso deber\u00e1 la autoridad competente analizar los diferentes factores que median en la discusi\u00f3n. Al respecto, pi\u00e9nsese en los fines perseguidos y en la esencia misma de la reserva que se imprime a ciertas actuaciones judiciales que escapan al dominio colectivo. Por otro lado, se encuentran los llamados \u201cdiscursos especialmente protegidos\u201d en los cuales la privacidad y otros derechos de personalidades p\u00fablicas deben ceder a costa del inter\u00e9s que la comunidad pueda tener leg\u00edtimamente sobre algunas de sus actuaciones\u00bb. <\/p>\n
7. Caso concreto. <\/p>\n
7.1. La informaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Es pertinente indicar que, en la sentencia de 15 de octubre de 2020, la autoridad judicial encartada fustig\u00f3 a las accionantes por el contenido de la informaci\u00f3n que se hizo p\u00fablica en el programa matutino de la emisora \u201cLa FM\u201d, que se transmiti\u00f3 los d\u00edas 6 y 14 de mayo de 2014. Sin embargo, acudiendo a la herramienta de la correcci\u00f3n de providencias, dicha colegiatura precis\u00f3 luego que \u00abla orden [de reparaci\u00f3n] lo es solo en lo que concierne a la noticia emitida el d\u00eda 14 de mayo de 2014\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, la Corte se limitar\u00e1 a transcribir el di\u00e1logo que sostuvieron en esa \u00faltima calenda la periodista D\u00e1vila Hoyos y el general Yesid V\u00e1squez Prada, as\u00ed como una opini\u00f3n conclusiva que aquella expuso luego de finalizar su conversaci\u00f3n con el uniformado: <\/p>\n
\u00abVicky D\u00e1vila (VD): nueve y veinticuatro minutos. Saludamos al Inspector de la Polic\u00eda, general Yesid V\u00e1squez. General, buenos d\u00edas. <\/p>\n
General Yesid V\u00e1squez (GV): Vicky, buenos d\u00edas. <\/p>\n
VD: Gracias por acompa\u00f1arnos. Nos reportan que ya la inspecci\u00f3n tiene abierto (sic) una investigaci\u00f3n contra el coronel Jorge Hilario Estupi\u00f1\u00e1n, nuevo comandante de Casanare. <\/p>\n
GV: S\u00ed, Vicky. El 1\u00ba de abril, con el n\u00famero de inspecci\u00f3n general 164 del 2014, se apertura (sic) una investigaci\u00f3n a una queja que, se acerca aqu\u00ed el se\u00f1or intendente Lu\u00eds Ernesto Pulecio D\u00edaz, se le escucha inicialmente …ya se le escuch\u00f3 en ampliaci\u00f3n, \u00e9l ha hecho llegar unas pruebas <\/p>\n
VD: \u00bfLe hizo llegar las grabaciones? <\/p>\n
GV: S\u00ed, est\u00e1n las grabaciones anexadas al expediente y la cuant\u00eda de ese contrato por $46.000.000, y ya se inici\u00f3 la investigaci\u00f3n, como le dije, desde el 1\u00ba de abril. <\/p>\n
VD: Ah, bueno… \u00bfEntonces usted ya las oy\u00f3? <\/p>\n
GV: No, yo no las he escuchado Vicky, porque no soy el investigador en este momento, y el funcionario que las tiene las est\u00e1 analizando, que es la misi\u00f3n que ellos cumplen. Yo tengo la primera instancia del caso, pero ya cuando se adelanten algunas diligencias con el expediente. <\/p>\n
VD: Ya le entiendo. Es decir, \u00bfno necesitan que mandemos las grabaciones a la Polic\u00eda, las que hemos presentado esta ma\u00f1ana, porque usted las tiene desde el primero de abril en la inspecci\u00f3n? <\/p>\n
GV: No, las hizo llegar despu\u00e9s de una segunda ampliaci\u00f3n que se le hizo al intendente Lu\u00eds Ernesto Pulecio D\u00edaz. <\/p>\n
VD: Por eso, pero ya las tienen, \u00bfya las tienen all\u00e1? <\/p>\n
GV: En el expediente, s\u00ed se\u00f1ora. <\/p>\n
VD: Ah, ya le entiendo. Mire general, la verdad es que una investigaci\u00f3n que empieza el 1\u00ba de abril y ya estamos a 14 de mayo no ha arrojado ning\u00fan resultado, cuando las grabaciones son contundentes. <\/p>\n
GV: Vicky, lo que pasa es que en toda investigaci\u00f3n hay que dar espacio para que estas personas, por ejemplo, el Intendente Pulecio, est\u00e1 dando unos testigos que son tambi\u00e9n uniformados, los estamos llamando, los estamos escuchando; posteriormente se le corre el pliego de cargos al se\u00f1or coronel Estupi\u00f1\u00e1n, y \u00e9l entrar\u00e1 a defenderse. Hay que dar el tiempo para que estas investigaciones cursen con todos los par\u00e1metros legales que se tienen que dar, para evitar precisamente, de pronto, que se vayan a dar situaciones anormales dentro de la investigaci\u00f3n, y que alguna de las dos partes quede insatisfecha con las decisiones que se vayan a tomar. <\/p>\n
VD: Bueno, pensar\u00eda uno que m\u00ednimamente lo tendr\u00edan que relevar del cargo. Es que oiga esto, general, es que sinceramente, oiga esto [reproduce el audio de una conversaci\u00f3n entre el coronel (r) Estupi\u00f1\u00e1n, el intendente Pulecio y la mayor Blanca Castro19]: <\/p>\n
\u201cCoronel Estupi\u00f1\u00e1n: Yo le dije a un se\u00f1or que cotizara ah\u00ed a unos precios, ustedes le dijeron que no, que esos precios no \u2026el se\u00f1or se confi\u00f3 de esos precios mas altos, cotiz\u00f3, el hombre tiene un fabrica que lo conozco con productos de calidad \u2026no quiero tener problemas con \u00e9l porque ya me cans\u00e9 de ver tanta huevonada (sic) suya. <\/p>\n
Intendente Pulecio: De pronto el se\u00f1or se equivoc\u00f3, la cotizaci\u00f3n era para hacer el estudio y yo vine y le mostr\u00e9 a mi coronel la cotizaci\u00f3n, la invitaci\u00f3n era otra, que el se\u00f1or ten\u00eda que bajar. Yo no le puedo decir cu\u00e1nto vale eso \u2026o sea, \u00e9l es el que tiene que saber hasta cuanto se ha podido bajar, yo le dije, tiene que ofrecer el menor valor de cada elemento <\/p>\n
Mayor Castro: Pero lo que yo quiero que mi coronel mismo me entienda es que nosotros no podemos manejar …eso no se puede manejar\u201d. <\/p>\n
VD: Estos son apenas algunos apartes generales. \u00bfNo le parece contundente que el se\u00f1or coronel Estupi\u00f1\u00e1n est\u00e1 queriendo direccionar la contrataci\u00f3n en su departamento? digamos, por lo menos esto, m\u00ednimamente, ya lo han debido suspender de ese cargo. <\/p>\n
GV: Bueno Vicky, yo con respecto a la grabaci\u00f3n, primero no la escucho muy bien, sinceramente, le digo y no podr\u00eda hacer ninguna calificaci\u00f3n porque puedo viciar la investigaci\u00f3n. Lo que le puedo manifestar yo …deje que el transcurso de la investigaci\u00f3n …aqu\u00ed se han tomado unas decisiones dr\u00e1sticas. Hoy la Inspecci\u00f3n General tiene esa posibilidad de investigar, y tendr\u00e1n que dar resultados para bien o para mal del coronel, y tendr\u00e1n que tomarse decisiones si \u00e9l es el responsable, pero yo no podr\u00eda, por ejemplo, en estos momentos, decir qu\u00e9 decisi\u00f3n se va a tomar, o por qu\u00e9 no se han tomado algunas decisiones. <\/p>\n
VD: General pues le agradecemos en todo caso, pero la grabaci\u00f3n es contundente y ya lleva en manos de la Polic\u00eda un mes, ya deber\u00eda de haber alguna decisi\u00f3n, m\u00ednimamente (sic) de tener a este se\u00f1or separado del cargo para que no haga m\u00e1s contrataciones, porque evidentemente est\u00e1 queriendo direccionar la contrataci\u00f3n en ese departamento y eso es corrupci\u00f3n. Eso no tiene vuelta de hoja. Mil gracias general <\/p>\n
GV: Bueno listo muchas gracias. <\/p>\n
VD [dirigi\u00e9ndose a la audiencia]: \u00bfnecesitan ustedes una prueba m\u00e1s contundente? A ver, primero de abril se abre la investigaci\u00f3n, el se\u00f1or intendente fue hasta la Polic\u00eda, puso las denuncias, radic\u00f3 las grabaciones. O sea, ellos tienen las grabaciones, tienen todo, \u00bfque m\u00e1s quieren? Yo entiendo que se necesite un tr\u00e1mite, perfecto, todo el mundo tiene derecho a defender (sic). Pero est\u00e1n llamando a los testigos y ni siquiera han llamado al coronel, por lo que le escuch\u00e9 al general, y sigue en el cargo el coronel Estupi\u00f1\u00e1n en Casanare\u00bb. <\/p>\n
7.2. El an\u00e1lisis del tribunal acerca de la conducta de la se\u00f1ora D\u00e1vila Hoyos. <\/p>\n
7.2.1. Con el prop\u00f3sito de evidenciar la conducta culposa de la se\u00f1ora D\u00e1vila Hoyos, la corporaci\u00f3n accionada argument\u00f3: <\/p>\n
\u00abLa primera emisi\u00f3n de noticias que fuera transmitida el 6 de mayo de 2014, se limit\u00f3 a reproducir dichas grabaciones, sin embargo, la emisi\u00f3n del d\u00eda 14 de mayo subsiguiente a cargo de la periodista Victoria Eugenia D\u00e1vila Hoyos, busc\u00f3 ir m\u00e1s all\u00e1 de la labor propiamente informativa, como se evidencia en la transcripci\u00f3n de su intervenci\u00f3n en la mencionada fecha en el programa radial, <\/p>\n
De la anterior transcripci\u00f3n encuentra la Sala (…) que en el programa radial LA FM, dirigido por la demandada D\u00e1vila Hoyos, [esta] presion\u00f3, increp\u00f3, exhort\u00f3 a la entidad investigadora del aqu\u00ed demandante, no solo para que lo apartara del cargo inmediatamente, sino que adem\u00e1s prejuzg\u00f3 su conducta tild\u00e1ndolo de \u201ccorrupto\u201d. Censur\u00f3 de manera displicente el tiempo que hab\u00eda durado la investigaci\u00f3n, no obstante a que la misma ni siquiera hab\u00edan pasado mas de 3 meses <\/p>\n
Es cierto que la periodista contaba con la versi\u00f3n de un denunciante, sustentada en algunos audios que, en principio, probaban la injerencia indebida en contrataci\u00f3n p\u00fablica por parte del entonces coronel Estupi\u00f1\u00e1n, hoy actor dentro de este proceso, sin embargo, contrario a lo sostenido por el a quo, esta conducta se torna, no solo anti\u00e9tica, sino descontextualizada desde la \u00f3ptica period\u00edstica. La funci\u00f3n social de esta profesi\u00f3n es informar, pero de manera alguna puede ser b\u00e1culo para el ejercicio de presi\u00f3n infundada a cualquier ente judicial y administrativo. Son los jueces y funcionarios por ley investidos de la investigaci\u00f3n disciplinaria en ese caso iniciada, los \u00fanicos legitimados para condenar o absolver, sancionar o no por conductas de orden disciplinario, luego de verificados los hechos, las pruebas, el ejercicio pleno de defensa del investigado, y desde luego la presunci\u00f3n de inocencia de la cual goza cualquier investigado. <\/p>\n
La periodista obr\u00f3 con falta de diligencia profesional, pues de manera inexplicable y totalmente inquisidora presion\u00f3, con iron\u00eda, sarcasmo en sus preguntas, encaminadas a presionar que un proceso disciplinario se acelerara al punto de apartar del cargo a un funcionario de la Polic\u00eda Nacional, funci\u00f3n que, desde luego, desdibuja los fines y prop\u00f3sitos period\u00edsticos, que un prejuzgamiento de quien no est\u00e1 legitimado para ello, que libera una estigmatizaci\u00f3n social en masa, repercutiendo negativamente en el \u00e1mbito laboral, familiar y social al sujeto pasivo de dichas acusaciones. <\/p>\n
Se debi\u00f3 entonces actuar con prudencia, como quiera que los elementos probatorios constitu\u00edan reserva legal por virtud de la investigaci\u00f3n disciplinaria. El actuar de las demandadas fue irresponsable, pues se pretendi\u00f3 inmiscuir en el tr\u00e1mite de una investigaci\u00f3n que desde todo punto de vista se refleja el coercitivo ejercicio period\u00edstico, pretendiendo interferir en la actividad aut\u00f3noma de los funcionarios encargados de la investigaci\u00f3n. <\/p>\n
Enfat\u00edcese que la actividad informativa debe limitarse a comunicar, en tal virtud, y en una generosa introspecci\u00f3n a la vida privada del demandante, las demandadas debieron apenas informar la existencia de la denuncia, m\u00e1s no asegurar, prejuzgar, acusar e incluso condenar una conducta de la cual nada les constaba. <\/p>\n
No es cierto que la actividad period\u00edstica se enmarc\u00f3 dentro de las posibilidades judiciales y disciplinarias que deb\u00eda enfrentar el coronel en atenci\u00f3n a la grabaci\u00f3n que lo incriminaba en posibles actos de corrupci\u00f3n contractual, pues, tal y como qued\u00f3 visto en la transcripci\u00f3n ya efectuada, la periodista Victoria Eugenia D\u00e1vila Hoyos asegur\u00f3 categ\u00f3ricamente la incursi\u00f3n en el delito y la falta disciplinaria por la cual se le investigaba, lo calific\u00f3 de \u201ccorrupto\u201d, conducta reprochable por pretender se pretermitiera cualquier tr\u00e1mite probatorio, pues en su parecer las grabaciones que en su poder ten\u00eda eran suficientes para \u201ccondenarlo\u201d. Alcance que por los menos s\u00ed logr\u00f3 en su ejercicio comunicativo, y que, desde luego, repercuti\u00f3 en su vida diaria. <\/p>\n
La falta de diligencia profesional se vio a\u00fan m\u00e1s reflejada cuando las investigaciones arrojaron la absoluci\u00f3n penal y disciplinaria del coronel Estupi\u00f1\u00e1n Carvajal, logr\u00e1ndose certificar que las autoridades no encontraron tipificadas las conductas que se le enrostraron, haciendo que las acusaciones se tornaran tendenciosas y ajenas a la realidad. <\/p>\n
7.2.2. Con relaci\u00f3n al da\u00f1o alegado, dijo: <\/p>\n
\u00abSin duda alguna los demandantes han sufrido padecimientos emocionales por la divulgaci\u00f3n de la noticia, as\u00ed lo relataron la se\u00f1ora Helen Judith V\u00e1squez Campos y la se\u00f1orita Diana Carolina Estupi\u00f1\u00e1n V\u00e1squez, los cuales son atribuibles a los demandados, puesto que transgredieron los principios que rigen la actividad period\u00edstica, por lo que, en tal virtud, deben ser indemnizados. <\/p>\n
En el mismo sentido, y en atenci\u00f3n a lo expresado por las mencionadas demandantes, es claro que la conducta que asumieron los docentes, compa\u00f1eros, amigos y, en general, el c\u00edrculo social de los actores fue provocada por la demandada, pues fue precisamente la incidencia en su perspectiva de opini\u00f3n la que gener\u00f3 tal desmedro en el aspecto social exterior de los demandantes. <\/p>\n
A su turno, la psic\u00f3loga Carolina Mar\u00eda V\u00e9lez Mendoza, certific\u00f3 que como profesional se encontraba a cargo del tratamiento psicoterap\u00e9utico de los aqu\u00ed actores, el cual se inici\u00f3 desde el mes de enero de 2016 \u201cy se han trabajado tem\u00e1ticas como resoluci\u00f3n de conflictos, tolerancia a la frustraci\u00f3n, comunicaci\u00f3n asertiva, escuchas activas y diferentes tem\u00e1ticas relevantes para el caso de la familia\u201d. <\/p>\n
A no dudar, el demandante fue objeto de mayor agravio en su honra y buen nombre, pues la periodista, a trav\u00e9s del medio de comunicaci\u00f3n violent\u00f3 el principio de inocencia, en tanto toda persona debe ser considerado (sic) inocente hasta que no se establezca su responsabilidad por medio de una sentencia, tal y como lo establece el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. En este sentido, \u201cdentro del estado de la persona, la presunci\u00f3n de inocencia tiene tres dimensiones: primero, est\u00e1 la relaci\u00f3n de c\u00f3mo debe determinarse la responsabilidad penal con la carga de la prueba; segundo, la imputaci\u00f3n de responsabilidad penal o la participaci\u00f3n del investigado en hechos delictivos del quien todav\u00eda no ha sido juzgado; y tercero, est\u00e1 el trato que se la da a las personas investigadas o presos sin condena\u201d\u00bb. <\/p>\n
7.2.3. Ya en lo que tiene que ver con el nexo o factor de atribuci\u00f3n causal entre la conducta de la enjuiciada D\u00e1vila Hoyos y el da\u00f1o padecido por el coronel (r) Estupi\u00f1\u00e1n Carvajal y su c\u00edrculo familiar, la colegiatura de segundo grado sostuvo: <\/p>\n
\u00abEn el presente caso, es evidente que la conducta desplegada por la periodista D\u00e1vila Hoyos, quien adem\u00e1s representa en su voz a la cadena radial demandada, gener\u00f3 un da\u00f1o al demandante, pues transmiti\u00f3 una informaci\u00f3n de la que no ten\u00eda certeza sobre su veracidad, y le conden\u00f3 sin que admitiera la existencia de un juicio v\u00e1lido. Luego entonces, es claro que el da\u00f1o es producto del actuar del agente period\u00edstico, y por ende es responsable\u00bb. <\/p>\n
7.2.4. Para finalizar, en el fallo que puso t\u00e9rmino a las instancias ordinarias, se tasaron los perjuicios morales as\u00ed: <\/p>\n
\u00abHay que precisar que, en materia de indemnizaci\u00f3n, los elementos de juicios (sic) son los que ofrecen directamente un panorama frente a la configuraci\u00f3n del d\u00e9bito aludido, no as\u00ed respecto del da\u00f1o moral, pues no existe ning\u00fan elemento de juicio que permita demostrar ni determinar el quantum de una pena \u00edntimamente ligada a la psiquis de la o las v\u00edctimas (…). <\/p>\n
[P]ara el reconocimiento y prueba de la existencia del da\u00f1o moral, por la jurisprudencia se ha edificado una presunci\u00f3n judicial de padecimiento cuando dicho perjuicio es reclamado por los familiares cercanos de la v\u00edctima, con quienes se infiere existen importantes lazos de afecto. A la luz de las pautas jurisprudenciales, esta presunci\u00f3n cobija al \u201cprimer c\u00edrculo familiar\u201d, extendi\u00e9ndose su alcance a los parientes hasta el segundo grado de consanguineidad. <\/p>\n
Bajo esa presunci\u00f3n habr\u00e1 lugar a reconocer los perjuicios extrapatrimoniales a t\u00edtulo de da\u00f1o moral a favor de la v\u00edctima, de su c\u00f3nyuge y sus hijos. Para la tasaci\u00f3n de la compensaci\u00f3n a t\u00edtulo de da\u00f1o moral, se acudir\u00e1 a los montos reconocidos por la jurisprudencia, por lo que indemnizar\u00e1 a la v\u00edctima con la suma de $60.000,000, a la c\u00f3nyuge e hijos con la suma de $35.000.000, los cuales corresponden al c\u00edrculo m\u00e1s pr\u00f3ximo\u00bb. <\/p>\n
8. An\u00e1lisis de procedencia del amparo constitucional. <\/p>\n
8.1. Precisiones relevantes. <\/p>\n
Antes de profundizar sobre los cuestionamientos planteados por las accionantes, es menester evidenciar que algunas expresiones que se incluyeron \u2013tal vez al desgaire\u2013 en el fallo del tribunal, inciden de forma negativa en el ejercicio del derecho a la libre expresi\u00f3n, y podr\u00edan tener el efecto de desestimular la labor de investigaci\u00f3n de la prensa, que es de suma importancia para el debate democr\u00e1tico. En ese sentido, se torna imperativo que la Corte precise lo siguiente: <\/p>\n
(i) Preliminarmente, debe recalcarse que los est\u00e1ndares internacionales sobre el ejercicio del bien iusfundamental mencionado reconocen a todas las personas, sin distingos de ning\u00fan tipo, los derechos de transmitir informaci\u00f3n y de emitir opiniones. Ello quiere decir que la labor de los comunicadores no est\u00e1 \u201climitada\u201d a reproducir los hechos noticiosos, como lo afirm\u00f3 el tribunal. <\/p>\n
Aquellos profesionales pueden, como cualquier otro individuo, exponer sus apreciaciones dentro de un amplio marco de libertad, que solo cabe restringir en situaciones ciertamente excepcionales, como las que se explicaron en los ac\u00e1pites precedentes, y mediante la imposici\u00f3n de responsabilidades ulteriores (civiles o penales), pues est\u00e1 proscrita la censura previa20. <\/p>\n
(ii) Por esa misma senda, no resulta admisible calificar la conducta de un periodista a partir de la forma en la que expres\u00f3 su opini\u00f3n, por muy vehemente, incisiva o mordaz que haya sido. Al interior de un sistema democr\u00e1tico coexisten voces muy diversas; algunas se sirven del humor o la caricaturizaci\u00f3n, otras se preocupan de exponer profundas reflexiones acerca del acontecer diario, y varias m\u00e1s participan en el debate p\u00fablico sin meticulosidad o ecuanimidad. Y si bien puede preferirse una forma de comunicaci\u00f3n por sobre otras, el juez debe evitar, a toda costa, que su elecci\u00f3n personal se transforme en una descalificaci\u00f3n autom\u00e1tica de las expresiones divergentes. <\/p>\n
Es innegable que, seg\u00fan las preferencias de cada persona, ciertas formas de comunicaci\u00f3n lucir\u00e1n m\u00e1s provechosas para el esp\u00edritu que otras; pero, as\u00ed como ser\u00eda inadmisible que, so pretexto de fomentar la lectura de los cl\u00e1sicos, las autoridades prohibieran la difusi\u00f3n de otro tipo de literatura, la jurisdicci\u00f3n, por v\u00eda general, no debe elegir cu\u00e1les estilos period\u00edsticos son admisibles, y cu\u00e1les ameritan proscripci\u00f3n. <\/p>\n
Dicho de otro modo, aun asumiendo, en gracia de discusi\u00f3n, que una sociedad obtiene beneficios al exigir que todas las opiniones publicadas sean mesuradas y carentes de sesgos o apasionamientos, ese fin no debiera alcanzarse a trav\u00e9s de la injerencia de las autoridades en el devenir del derecho fundamental a la libre expresi\u00f3n. Cuando esa intervenci\u00f3n se habilita, so pretexto de un noble fin, t\u00e1citamente se franquea el paso a futuras restricciones m\u00e1s severas, con prop\u00f3sitos que no pueden preverse a cabalidad. <\/p>\n
(iii) En la sentencia del tribunal parece subyacer la idea de que las denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupci\u00f3n deben estar fundadas en la certeza acerca de la comisi\u00f3n de un il\u00edcito, la cual se obtendr\u00eda con el fallo condenatorio correspondiente. No obstante, tal forma de razonar carece de asidero, y m\u00e1s bien constituye una inadecuada cortapisa a una de las funciones sociales de la prensa, que consiste, precisamente, en evidenciar \u2013con bases fundadas, desde luego\u2013 supuestas actuaciones irregulares de quienes desempe\u00f1an funciones p\u00fablicas. <\/p>\n
Cabe a\u00f1adir que, por regla general, no deber\u00edan existir temas sobre los cuales no sea posible emitir una opini\u00f3n; y si bien hacerlo acerca de hechos que se encuentran siendo investigados o juzgados por las autoridades competentes crea una evidente tensi\u00f3n con otros principios constitucionalmente relevantes, como la presunci\u00f3n de inocencia, el debido proceso y la imparcialidad judicial, esta no puede resolverse indefectiblemente mediante la limitaci\u00f3n radical de la libertad de expresi\u00f3n. <\/p>\n
En punto a ello, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que <\/p>\n
\u00ab(…) \u201cla reivindicaci\u00f3n de la publicidad como forma de control externo e interno de la actividad judicial constituye una de las contribuciones m\u00e1s meritorias del pensamiento ilustrado del siglo XVIII\u201d21. Dicho tambi\u00e9n de la siguiente manera: \u201cla publicidad del proceso judicial constituye toda una conquista del pensamiento liberal respecto del anterior sistema inquisitivo, concibi\u00e9ndose como una exigencia jur\u00eddico – formal del proceso a modo de garant\u00eda de control sobre el funcionamiento de la Administraci\u00f3n de Justicia\u201d22. <\/p>\n
Aunque es cierto que los sujetos activos de dicho control son los ciudadanos, tambi\u00e9n lo es que aquel no puede efectuarse sin la intervenci\u00f3n de los medios de comunicaci\u00f3n o, en otras palabras, \u201cde ah\u00ed la necesidad de una intervenci\u00f3n inmediadora de los medios de comunicaci\u00f3n quienes son, en puridad, los que se encargan de vincular al poder judicial con el medio social. Es la prensa, la radio y la televisi\u00f3n los que se han atribuido la funci\u00f3n de informar al p\u00fablico acerca de la justicia\u201d23. Bien se ha sostenido que \u201cun instrumento fundamental de formaci\u00f3n de la opini\u00f3n p\u00fablica son los medios de comunicaci\u00f3n, de modo que la opini\u00f3n que la sociedad tenga de la justicia y de los sucesos a examinar por esta, va a estar condicionada, en parte, por la informaci\u00f3n por ellos transmitida\u201d24\u00bb (CC, SU-274\/19, ya citada). <\/p>\n
Y m\u00e1s adelante, agreg\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[E]s preciso se\u00f1alar que, en efecto, los medios de comunicaci\u00f3n inciden, o pueden hacerlo, sobre la imparcialidad del juez; entonces, \u201c[a] primera vista, la soluci\u00f3n ser\u00eda la prohibici\u00f3n a los medios de informaci\u00f3n de tratar temas sometidos a investigaci\u00f3n judicial, pero, qu\u00e9 duda cabe que tal v\u00eda no es aceptable dentro de los par\u00e1metros de un Estado social y democr\u00e1tico de derecho, guiado, l\u00f3gicamente, por el valor superior de la libertad\u201d25. Se trata de una problem\u00e1tica cuya soluci\u00f3n resulta realmente compleja y as\u00ed lo ha identificado la doctrina sobre la materia: <\/p>\n
\u201cPor una parte, es preciso reconocer el derecho de toda persona a expresarse libremente, por lo que ha de permit\u00edrsele hablar, mostrar su opini\u00f3n, debatir, contradecir, en relaci\u00f3n con cualquier tema, incluso aquellos que est\u00e1n sometidos a investigaci\u00f3n judicial. Adem\u00e1s, por otra parte, todos los ciudadanos de un Estado de derecho han de tener (\u2026) el derecho a recibir una informaci\u00f3n completa y veraz. <\/p>\n
Ahora bien, no debe pensarse que no es posible la coexistencia de todos estos derechos, pues, si bien es importante el derecho a la libertad de expresi\u00f3n en sus dos facetas -activa y pasiva- no debe minimizarse la trascendencia del derecho a un juicio justo por un Tribunal imparcial, derecho que no solo importa al individuo en concreto sino que irradia sus derechos sobre toda la colectividad, dado que esta espera que sus ciudadanos sean juzgados imparcialmente. <\/p>\n
Nos encontramos por consiguiente ante una encrucijada de derechos que es preciso resolver. As\u00ed pues, la libertad de expresi\u00f3n o la de recibir informaci\u00f3n no solo pueden ser limitadas por consideraciones individuales (intimidad, etc.), sino tambi\u00e9n en virtud de estimaciones generales (la correcta Administraci\u00f3n de Justicia), sin perjuicio, de que \u00e9stas, a su vez, tengan una proyecci\u00f3n de car\u00e1cter individual\u201d26. <\/p>\n
No toda informaci\u00f3n sobre materia sometida a decisi\u00f3n judicial puede afectar la imparcialidad del juez, pero el problema que se presenta \u201ces el de concretar cu\u00e1les son los criterios que proporcionar\u00e1n las reglas para distinguir entre aquellos supuestos en los que resulta admisible restringir la publicidad, limitando por tanto el derecho a la informaci\u00f3n; aquellos otros en los que puede impedirse absolutamente a los medios de comunicaci\u00f3n que proporcionen informaci\u00f3n; y, por \u00faltimo, aquellos en los que sin impedir la informaci\u00f3n, deban adoptarse medidas que preserven la imparcialidad del juzgador\u201d27. <\/p>\n
Entonces, \u00bfcu\u00e1les ser\u00edan esos l\u00edmites y c\u00f3mo influyen en el ejercicio del derecho a la libertad de expresi\u00f3n y de informaci\u00f3n? A juicio de la Sala, la respuesta a este interrogante depender\u00e1 de las circunstancias propias de cada caso y de los derechos involucrados que necesariamente deber\u00e1n ser sometidos a un ejercicio de ponderaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sirvan estas breves l\u00edneas al prop\u00f3sito de clarificar los alcances de la mediaci\u00f3n judicial en la actividad period\u00edstica, especialmente en aquella que tiene que ver con la investigaci\u00f3n de actividades irregulares de quienes desempe\u00f1an funciones p\u00fablicas. <\/p>\n
8.2. La procedencia del amparo reclamado. <\/p>\n
Preliminarmente, cabe precisar que las razones de procedencia del resguardo solicitado por ambas accionantes tienen un n\u00facleo com\u00fan, referido, puntualmente, al juicio de culpabilidad de la se\u00f1ora D\u00e1vila Hoyos y a la extensi\u00f3n de esa responsabilidad a la propietaria de la emisora LA FM, esto es, RCN. Sin embargo, la Corte concentrar\u00e1 su an\u00e1lisis en el primer aparte de esas acusaciones \u2013y, adem\u00e1s, en la falta de motivaci\u00f3n de la extensi\u00f3n del da\u00f1o, alegada en el escrito de tutela primigenio\u2013, pues ese reclamo reviste trascendencia constitucional y repercute en la anulaci\u00f3n del fallo del tribunal, efecto que se pidi\u00f3 tanto en la demanda principal, como en la acumulada. <\/p>\n
Precisado lo anterior, se advierte que a pesar de enfrentarse a un asunto de singular complejidad, la corporaci\u00f3n accionada no fundament\u00f3, con la prolijidad necesaria, la sentencia condenatoria que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte; adem\u00e1s, desconoci\u00f3 s\u00f3lidos precedentes sobre la materia, incurriendo as\u00ed en dos motivos espec\u00edficos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
En efecto: <\/p>\n
(i) Aunque al construir el marco jur\u00eddico del debate el cuerpo colegiado se refiri\u00f3, someramente, al art\u00edculo 13 de la CADH, en el estudio del caso concreto obvi\u00f3 la totalidad de las pautas que ha decantado la Corte IDH \u2013y reiterado la Corte Constitucional\u2013 a partir de esa normativa, con relaci\u00f3n a la libertad de expresi\u00f3n y la responsabilidad por la difusi\u00f3n de informaci\u00f3n u opiniones. <\/p>\n
\u00ablos precedentes \u201cde las instancias internacionales, encargadas de interpretar esos tratados [de derechos humanos], constituyen un criterio hermen\u00e9utico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales\u201d. En este sentido, la Corte, en aplicaci\u00f3n de la funci\u00f3n interpretativa del bloque de constitucionalidad, de forma reiterada ha utilizado las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, los comit\u00e9s de monitoreo de tratados de Naciones Unidas as\u00ed como las recomendaciones de los comit\u00e9s de monitoreo de Naciones Unidas, las recomendaciones generales de estos mismos \u00f3rganos y los reportes emitidos en el marco del sistema interamericano, entre otros, como criterio hermen\u00e9utico relevante para establecer el alcance de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
(…) Espec\u00edficamente, sobre las decisiones de la Corte IDH, este Tribunal afirm\u00f3 en la sentencia C-010 de 2000, que al ser la Corte IDH el \u201c\u00f3rgano judicial autorizado para interpretar autorizadamente\u201d la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, se deben tener en cuenta sus fallos para fijar el alcance y contenido de los derechos constitucionales, pero eso no implica que deba concluir exactamente lo mismo que precis\u00f3 la Corte IDH, pues puede apartarse de esa interpretaci\u00f3n. <\/p>\n
En concordancia, en la sentencia C-370 de 2006, al estudiar los derechos de las v\u00edctimas a la justicia, a la verdad, a la reparaci\u00f3n y a la no repetici\u00f3n en el marco de graves atentados contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, tom\u00f3 como referencia algunas de las decisiones adoptadas por la Corte IDH, por considerar que \u00e9stas son una fuente de derecho internacional vinculante para Colombia, ya que son decisiones que expresan la interpretaci\u00f3n aut\u00e9ntica de los derechos protegidos por la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos. En dicha oportunidad tambi\u00e9n sostuvo: \u201csi un tratado internacional obligatorio para Colombia y referente a derechos y deberes consagrados en la Constituci\u00f3n prev\u00e9 la existencia de un \u00f3rgano autorizado para interpretarlo, como sucede por ejemplo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada por la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, su jurisprudencia resulta relevante para la interpretaci\u00f3n que de tales derechos y deberes se haga en el orden interno\u201d. <\/p>\n
(…). En conclusi\u00f3n, la l\u00ednea jurisprudencia trazada por la Corte ha sido pac\u00edfica y reiterada en afirmar que la jurisprudencia proferida por organismos internacionales, y en este caso en particular por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sirve como criterio relevante que se debe tener en cuenta para fijar el alcance y contenido de los derechos y deberes que se encuentran consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico interno. No obstante, tambi\u00e9n ha dicho que el alcance de estas decisiones en la interpretaci\u00f3n de los derechos fundamentales debe ser sistem\u00e1tica, en concordancia con las reglas constitucionales y que adem\u00e1s cuando se usen precedentes de derecho internacional como criterio hermen\u00e9utico se deben analizar las circunstancias de cada caso particular para establecer su aplicabilidad\u00bb (CC, C-327 de 2016). <\/p>\n
La labor del juez civil, en asuntos como este, no puede limitarse a averiguar si quien emiti\u00f3 la informaci\u00f3n u opini\u00f3n \u00abincurri\u00f3 en culpa\u00bb, conforme al est\u00e1ndar general de la legislaci\u00f3n civil (replicado en el art\u00edculo 55 de la Ley 29 de 194428), pues ese criterio subjetivo, aisladamente considerado, no es del todo compatible con el bloque de constitucionalidad actual, puntualmente, con las reglas del SIDH que habilitan la imposici\u00f3n de penas o reparaciones a cargo de quien publica un dato o un juicio de valor. <\/p>\n
Dicho de otro modo, para calificar la adecuaci\u00f3n subjetiva de la conducta del periodista enjuiciado, la regulaci\u00f3n interna que versa sobre la responsabilidad por la \u201cdivulgaci\u00f3n de opiniones\u201d no ha de interpretarse de manera insular, sino que debe compaginarse con las normas de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y de la CADH, observando, cuando sea adecuado y conducente, los desarrollos de los distintos \u00f3rganos judiciales o consultivos que integran nuestro sistema regional de derechos humanos. <\/p>\n
A modo de ilustraci\u00f3n, recientemente la Sala de Casaci\u00f3n Civil se pronunci\u00f3 acerca de la culpa period\u00edstica y la problem\u00e1tica de revelaci\u00f3n de fuentes period\u00edsticas, tarea para la cual fue necesario acudir a las pautas convencionales sobre la materia, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abCon el fin de materializar los derechos fundamentales a la informaci\u00f3n, libertad de expresi\u00f3n y de prensa (art\u00edculo 20 de la Constituci\u00f3n Nacional), el Estado ha asumido los compromisos de garantizar a quienes ejercen la actividad period\u00edstica \u00absu libertad e independencia profesional\u00bb y salvaguardar la inviolabilidad de su secreto profesional (art\u00edculos 73 y 74, inciso 2\u00ba, ejusdem), lo que \u2013entre otras hip\u00f3tesis\u2013 supone defender la reserva de las fuentes de informaci\u00f3n del comunicador, sus registros de investigaci\u00f3n, etc. <\/p>\n
Sobre el particular, el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional ha decantado lo siguiente: \u201cLa reserva de las fuentes es una parte central de la libertad de informaci\u00f3n, y un derecho fundamental de quienes ejercen la profesi\u00f3n period\u00edstica, cuya libertad e independencia el Estado debe, de acuerdo con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, proteger especialmente (…). Una mirada a los est\u00e1ndares de protecci\u00f3n interamericanos nos permite entender, con algo m\u00e1s de nitidez, el alcance amplio del derecho de los medios de comunicaci\u00f3n a la reserva de las fuentes period\u00edsticas. En efecto, como bien se\u00f1ala, en su concepto la Fundaci\u00f3n para la Libertad de Prensa -FLIP-, la Declaraci\u00f3n de Principios sobre Libertad de Expresi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos establece, en su Principio No. 8: \u201cTodo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de informaci\u00f3n, apuntes y archivos personales y profesionales\u201d (…). <\/p>\n
<\/p>\n
La Relator\u00eda para la Libertad de Expresi\u00f3n de la CIDH, en su informe del 2016, se\u00f1al\u00f3 que estamos hablando del derecho de todo periodista a negarse a revelar, entre otros, el producto de sus investigaciones a entidades privadas, terceros, autoridades p\u00fablicas o judiciales. La garant\u00eda de este derecho hace parte, en concepto de esa Relator\u00eda, de las obligaciones de prevenci\u00f3n de los ataques al periodismo por parte de los Estados de la OEA\u201d (CC, T\u2013594 de 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
Coincidente con ello, la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos (CADH)29, en su art\u00edculo 13 numeral 2, dispone que el ejercicio de las libertades de prensa y expresi\u00f3n \u00ab(\u2026) no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley\u00bb; garant\u00eda que abarca no solo la posibilidad de emitir informaciones, opiniones y, en general, cualquier tipo de expresi\u00f3n \u2013que, sin duda, cuentan con presunci\u00f3n de cobertura ab initio30\u2013, sino tambi\u00e9n la obligaci\u00f3n de los Estados parte de proteger esas prerrogativas tanto de forma activa (v. gr., a trav\u00e9s de leyes de garant\u00eda) como pasiva (no interfiriendo en el \u00e1mbito propio de estas libertades), de lo que tambi\u00e9n se colige la prohibici\u00f3n de censura, una de cuyas modalidades es la indirecta, relacionada con el uso de mecanismos \u00abdiscretos\u00bb de trasgresi\u00f3n, tales como las \u00ableyes de desacato y difamaci\u00f3n criminal\u00bb31, entre otros, temas que ya han sido decantados por los \u00f3rganos del SIDH. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), int\u00e9rprete por v\u00eda de autoridad del precitado tratado de derechos, ha sostenido de manera pac\u00edfica y reiterada que existen tres deberes principales del Estado en relaci\u00f3n con la protecci\u00f3n de los comunicadores o periodistas cuando ejercen el oficio informativo, a saber: (i) prevenci\u00f3n, que incluye la garant\u00eda de reserva de las fuentes, apuntes y archivos personales y profesionales; (ii) protecci\u00f3n, por cuanto este quehacer no debe sufrir injerencias desproporcionadas; y (iii) procuraci\u00f3n de justicia, en los eventos en que aquellos sean v\u00edctimas de ataques. Estas pautas buscan facilitar el ejercicio period\u00edstico, habida cuenta que se trata de una garant\u00eda de doble v\u00eda, en tanto refuerza la posibilidad del titular no solo de comunicar, sino de la sociedad de recibir tales informaciones. <\/p>\n
Asimismo, el amparo de las fuentes period\u00edsticas ha ocupado un lugar privilegiado en la consolidaci\u00f3n de la libertad de informaci\u00f3n, de prensa y de expresi\u00f3n, pues, adem\u00e1s, la reserva legal que consagra la CADH supone que, cuando se pretenda intervenir prima facie en uno de estos aspectos esenciales, cualquier medida que se adopte, sin previa regulaci\u00f3n, se presuma ileg\u00edtima. <\/p>\n
De esta manera, es claro que \u00ab(\u2026) quienes buscan informaci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico pueden ampararse en la reserva de la fuente para poder acceder, buscar e investigar sobre temas de inter\u00e9s p\u00fablico\u00bb32, como dispone el art\u00edculo 8 de la Declaraci\u00f3n de Principios sobre Libertad de Expresi\u00f3n de la CIDH33, sin que sean admisibles limitaciones no previstas expresamente en la ley. Incluso, la Corte IDH ha aceptado que, en eventos en que el comunicador accede a informaci\u00f3n reservada, aquel no est\u00e1 cometiendo un acto il\u00edcito y que, por tanto, no puede ser responsable por revelarla, y tampoco se le puede pedir que indique la fuente. El resguardo de las fuentes, entonces, es uno de los pilares de la libertad de prensa, conforme lo se\u00f1ala el desarrollo de la Carta Pol\u00edtica, y lo refrendan varios instrumentos internacionales relacionados con el ejercicio de la actividad period\u00edstica. Por esa v\u00eda, exigir a quienes desempe\u00f1an esa profesi\u00f3n que revelen sus fuentes, disuadir\u00eda a estas de proporcionar informaci\u00f3n a aquellos y, por lo mismo, podr\u00eda constituir una talanquera para el adecuado ejercicio de la labor de divulgaci\u00f3n de los sucesos socialmente relevantes\u00bb (CSJ AC2130-2020, 7 sep.) <\/p>\n
Ahora bien, contrariando ese deber de integraci\u00f3n, y sin reparar en la pertinencia del control de convencionalidad en este caso puntual, el tribunal accionado se limit\u00f3 a considerar un est\u00e1ndar de culpa simple, conforme la regla de responsabilidad de los periodistas que prev\u00e9 el art\u00edculo 55 de la Ley 29 de 1944, obviando otros elementos de juicio relevantes \u2013en el marco del SIDH\u2013 para evaluar ese par\u00e1metro conductual, como la satisfacci\u00f3n del \u201ctest tripartito\u201d de restricciones a la libertad de expresi\u00f3n, establecido por la jurisprudencia de la Corte IDH, y reiterado por el precedente consolidado de la Corte Constitucional, pese a que este es un requisito sine qua non para legitimar la imposici\u00f3n de condenas o sanciones en asuntos de contornos f\u00e1cticos similares a este. <\/p>\n
En adici\u00f3n, para determinar la procedencia de las \u201cresponsabilidades ulteriores\u201d a las que se refiere el art\u00edculo 13.2 de la CADH (as\u00ed como el precepto 19 del PIDCP), aquellas \u00abdeben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputaci\u00f3n de los dem\u00e1s, o b) la protecci\u00f3n de la seguridad nacional, el orden p\u00fablico o la salud o la moral p\u00fablicas\u00bb, lo que sugiere que elucidar tales aspectos es un paso previo ineludible para imponer prestaciones indemnizatorias a cargo de quien expresa una opini\u00f3n. Sin embargo, se reitera, sobre este punto el tribunal guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
Tampoco dijo nada la corporaci\u00f3n querellada acerca de los discursos especialmente protegidos (tem\u00e1tica sobre la que se ahondar\u00e1 seguidamente), ni se detuvo a evaluar los dem\u00e1s est\u00e1ndares de protecci\u00f3n del derecho a la libertad de expresi\u00f3n que, a espacio, se explicaron supra, lagunas argumentativas de tal calado que estructuran el defecto de insuficiente motivaci\u00f3n, franqueando el paso a la tutela constitucional reclamada. <\/p>\n
Estos vac\u00edos, adem\u00e1s, se hicieron extensivos al an\u00e1lisis de la prueba del nexo de causalidad entre la transmisi\u00f3n radial de que se viene hablando, las implicaciones de las expresiones utilizadas y las afectaciones emocionales que se dieron por probados en el fallo de segundo grado, asunto sobre el cual se expusieron apenas afirmaciones gen\u00e9ricas; asimismo, al fijar el monto de la condena a t\u00edtulo de da\u00f1os morales, dicha corporaci\u00f3n se limit\u00f3 a afirmar que \u00abse acudir\u00e1 a los montos reconocidos por la jurisprudencia\u00bb, sin mencionar a cu\u00e1l precedente se refer\u00eda, ni explicar, siquiera brevemente, los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de su ejercicio de tasaci\u00f3n. <\/p>\n
(ii) Con similar orientaci\u00f3n, el tribunal pas\u00f3 por alto en su motivaci\u00f3n que la jurisprudencia de la Corte IDH y la Corte Constitucional han reconocido una especial protecci\u00f3n a los discursos que involucran funcionarios p\u00fablicos en ejercicio de sus funciones, \u00aben los cuales la privacidad y otros derechos de personalidades p\u00fablicas deben ceder a costa del inter\u00e9s que la comunidad pueda tener leg\u00edtimamente sobre algunas de sus actuaciones\u00bb. <\/p>\n
Y si bien esto no puede entenderse como una patente de corso para transmitir todo tipo de opiniones, pues existen discursos no protegidos por el derecho a la libertad de expresi\u00f3n (v.gr. la apolog\u00eda al odio o la incitaci\u00f3n a la violencia), s\u00ed conlleva una especial tolerancia a las relacionadas con la \u2013supuesta o hipot\u00e9tica\u2013 comisi\u00f3n de actos de corrupci\u00f3n por parte de un funcionario p\u00fablico concreto, que se basan en un trabajo investigativo previo34, lo cual es incompatible con los criterios que emple\u00f3 el tribunal para evaluar la conducta de la se\u00f1ora D\u00e1vila Hoyos. <\/p>\n
Con respecto a este puntal del debate, el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional recientemente explic\u00f3 que <\/p>\n
<\/p>\n
(…) La Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, en publicaci\u00f3n denominada \u201cMarco jur\u00eddico interamericano del derecho a la libertad de expresi\u00f3n\u201d, afirm\u00f3: \u201cla jurisprudencia interamericana ha definido la libertad de expresi\u00f3n como, \u2018el derecho del individuo y de toda la comunidad a participar en debates activos, firmes y desafiantes respecto de todos los aspectos vinculados al funcionamiento normal y arm\u00f3nico de la sociedad\u2019; ha enfatizado que la libertad de expresi\u00f3n es una de las formas m\u00e1s eficaces de denuncia de la corrupci\u00f3n; y ha se\u00f1alado que en el debate sobre asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico, se protege tanto la emisi\u00f3n de expresiones inofensivas y bien recibidas por la opini\u00f3n p\u00fablica, como aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios p\u00fablicos, a los candidatos a ejercer cargos p\u00fablicos, o a un sector cualquiera de la poblaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Como consecuencia de lo anterior, la Corte ha resaltado la importancia de proteger las expresiones o discursos sobre funcionarios o personajes p\u00fablicos \u201ca quienes por raz\u00f3n de sus cargos, actividades y desempe\u00f1o en la sociedad se convierten en centros de atenci\u00f3n con notoriedad p\u00fablica e inevitablemente tienen la obligaci\u00f3n de aceptar el riesgo de ser afectados por cr\u00edticas, opiniones o revelaciones adversas, por cuanto buena parte del inter\u00e9s general ha dirigido la mirada a su conducta \u00e9tica y moral. Adem\u00e1s, su mayor exposici\u00f3n ante el foro p\u00fablico fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gesti\u00f3n\u201d. <\/p>\n
La Corte ha justificado esta amplitud en la protecci\u00f3n que se debe garantizar a los discursos dirigidos en contra de estas personas, adem\u00e1s del inter\u00e9s p\u00fablico que generan las funciones que realizan, en el hecho de que se han expuesto voluntariamente a una mayor visibilidad al ocupar un determinado cargo y porque tienen una enorme capacidad de controvertir la informaci\u00f3n a trav\u00e9s de su poder de convocatoria p\u00fablica. <\/p>\n
<\/p>\n
(…) De otro lado, la Corte ha se\u00f1alado que tanto los medios de comunicaci\u00f3n como los ciudadanos, \u201ctienen derecho a denunciar p\u00fablicamente los hechos y actuaciones irregulares de los que tengan conocimiento en virtud de su funci\u00f3n, por lo que no est\u00e1n obligados a esperar a que se produzca un fallo para comunicar al respecto\u201d. En Sentencia T-213 de 2004, en la que se estudi\u00f3 un caso en el que a trav\u00e9s de un libro se cuestionaba la conducta y el desempe\u00f1o de una Fiscal, esta Corporaci\u00f3n admiti\u00f3 que la sociedad tiene el derecho de reprochar una conducta de un funcionario p\u00fablico que se considere irregular, ama\u00f1ada o maliciosa, pese a que la situaci\u00f3n haya sido ya dirimida en sentido contrario ante los \u00f3rganos jurisdiccionales del Estado, por cuanto no puede existir un monopolio sobre la verdad en cabeza del sistema jur\u00eddico. Dijo la Corte: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cYa se indic\u00f3 antes que en una sociedad multicultural y pluralista no existe un monopolio sobre la verdad (Fundamento 18). En la democracia constitucional el respeto por el pluralismo valorativo de la sociedad, no puede conducir a que se entienda que la definici\u00f3n de la correcci\u00f3n de la conducta de los funcionarios p\u00fablicos se limite a su conformidad con la ley. La sociedad tiene derecho a (y requiere) controlar la actuaci\u00f3n de tales funcionarios y de valorar si, a pesar de que no ha incurrido en conductas irregulares en t\u00e9rminos jur\u00eddicos, su comportamiento resulta inaceptable en otros t\u00e9rminos sociales. <\/p>\n
De una parte, que en una democracia constitucional no es posible centralizar en el sistema jur\u00eddico la calificaci\u00f3n de la conducta de las personas. La separaci\u00f3n entre derecho y moral, as\u00ed como del derecho del sistema de valores religiosos, (separaci\u00f3n indispensable para lograr una sociedad plural), obliga a aceptar que a partir de cada sistema social es posible realizar juicios de valor respecto de la conducta de las personas y, en particular, de los funcionarios estatales. (…) Pretender un monopolio absoluto sobre el reproche en cabeza del sistema jur\u00eddico, conducir\u00eda a paralizar el proceso de transformaci\u00f3n del sistema de valores de la sociedad, en la medida en que s\u00f3lo resultar\u00edan leg\u00edtimos los reproches jur\u00eddicamente sancionados\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
No obstante todo lo anterior, la Corte ha establecido que, si bien el discurso sobre asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico o que involucra cuestionamientos a funcionarios p\u00fablicos se encuentra especialmente protegido por la libertad de expresi\u00f3n, toda informaci\u00f3n que se profiera debe partir de un m\u00ednimo de plausibilidad, entendida como condiciones de veracidad y credibilidad y no sobre informaci\u00f3n falsa o meramente hiriente. En la citada sentencia T-213 de 2004 se indic\u00f3: \u201cCr\u00edticas de este tipo han de soportarse en una democracia constitucional. Por ello se avanz\u00f3 sobre la imposibilidad de que se proh\u00edba o restrinja el ejercicio de la libertad de opini\u00f3n respecto de la administraci\u00f3n de justicia misma. La cuesti\u00f3n es cu\u00e1l debe ser el l\u00edmite de la libertad de expresi\u00f3n. Para la Corte, dicho l\u00edmite se define con base en la plausibilidad (la Corte advierte que no se trata de correcci\u00f3n) de tales opiniones a partir del contexto descrito. Seg\u00fan se ha precisado en la sentencia C-489 de 2002, la afectaci\u00f3n del buen nombre parte de informaciones falsas o err\u00f3neas, que distorsionan el concepto p\u00fablico sobre un individuo. Tambi\u00e9n se indic\u00f3 que bajo el amparo del derecho al buen nombre, las opiniones meramente insultantes, est\u00e1n proscritas (fundamento 15)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed entonces, aunque no se puede exigir que una informaci\u00f3n dada a conocer por un ciudadano tenga un grado de certeza equiparable a la convicci\u00f3n judicial, pues no se requiere que una persona tenga una certidumbre absoluta sobre las afirmaciones que realice, \u201cquien haga uso de medios masivos de comunicaci\u00f3n (las redes sociales est\u00e1n incluidas) debe realizar previamente una diligente labor de constataci\u00f3n y confirmaci\u00f3n de la informaci\u00f3n\u201d esto es, debe verificar razonablemente si la informaci\u00f3n que difundi\u00f3 contaba con un m\u00ednimo de fundamentaci\u00f3n f\u00e1ctica\u00bb (Sentencia T-155 de 2019). <\/p>\n
Todas estas previsiones, que constituyen precedente constitucional consolidado, no solamente fueron obviadas por la autoridad accionada, sino que ri\u00f1en abiertamente con la motivaci\u00f3n de la sentencia confutada, debi\u00e9ndose tener en cuenta que, en dicha providencia, el tribunal no expuso ning\u00fan argumento para justificar la inaplicaci\u00f3n de tan s\u00f3lida l\u00ednea jurisprudencial. <\/p>\n
Esa omisi\u00f3n tambi\u00e9n es trascendente, porque <\/p>\n
\u00abla carga argumentativa del juez que se desliga del precedente implica una exigencia tal, que si \u00e9l no realiza una debida justificaci\u00f3n de las razones que lo alejaron de tal precedente constitucional se genera un defecto que puede viciar la decisi\u00f3n. El desconocimiento, sin debida justificaci\u00f3n, del precedente judicial configura un defecto sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligaci\u00f3n de todas las autoridades judiciales\u00bb (CC, SU-354\/17). <\/p>\n
(iii) A ello cabe a\u00f1adir que, contrariando los est\u00e1ndares precitados, el tribunal no exterioriz\u00f3 el an\u00e1lisis probatorio que le permiti\u00f3 inferir que la informaci\u00f3n divulgada fue \u00abinexcusablemente inexacta y apresurada\u00bb, pues m\u00e1s all\u00e1 de referirse a las resultas de algunas actuaciones penales y disciplinarias, no detall\u00f3 ninguna labor orientada a desvirtuar la autenticidad o veracidad de las grabaciones sobre las que la se\u00f1ora D\u00e1vila Hoyos expres\u00f3 su opini\u00f3n. <\/p>\n
Dicho de otro modo, la colegiatura de segundo grado censur\u00f3 a la citada periodista por considerar que sus opiniones no armonizaban con una visi\u00f3n particular de la labor de los comunicadores, derivando de all\u00ed la culpa endilgada, sin desarrollar el complejo ejercicio de ponderaci\u00f3n entre la libertad de expresi\u00f3n y opini\u00f3n de aquella, y los bienes legales y constitucionales cuya infracci\u00f3n denunci\u00f3 el coronel (r) Estupi\u00f1\u00e1n Carvajal, vac\u00edos argumentativos que franquean el paso a la tutela. <\/p>\n
Cabe insistir, adem\u00e1s, en que la discrepancia objetiva (comprobada ex post) entre la informaci\u00f3n transmitida y la realidad es insuficiente para estructurar la culpa del comunicador, m\u00e1xime cuando se trata de la emisi\u00f3n de opiniones35. Existen par\u00e1metros adicionales para evaluar la exteriorizaci\u00f3n de ideas u opiniones, como por ejemplo el est\u00e1ndar de \u201creal malicia\u201d36, al que han acudido de forma consistente los \u00f3rganos del SIDH, y tambi\u00e9n esta Corporaci\u00f3n, que en sentencia CSJ SC, 24 may. 1999, rad. 5244, reconoci\u00f3 expresamente que \u00abla responsabilidad civil extracontractual por los da\u00f1os ocasionados en ejercicio de la actividad period\u00edstica por la divulgaci\u00f3n informativa (…) implica, en primer lugar, la presencia de intenci\u00f3n de perjudicar o deteriorar el buen nombre o la honra de una persona determinada o determinable con la informaci\u00f3n falsa o inexacta que a sabiendas se divulga\u00bb. <\/p>\n
9. Conclusiones. <\/p>\n
Adem\u00e1s de incluir algunos argumentos carentes de motivaci\u00f3n, afirmaciones imprecisas e inarm\u00f3nicas con el panorama jur\u00eddico actual, el fallo del tribunal accionado no tuvo en cuenta los par\u00e1metros que establecen el SIDH y la jurisprudencia nacional (tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Constitucional), relacionados con las \u201cresponsabilidades ulteriores\u201d que se derivan del ejercicio abusivo de la libertad de expresi\u00f3n, inadvertencia que redund\u00f3 en que varias problem\u00e1ticas trascendentes, como el desarrollo del \u201ctest tripartito\u201d, o los alcances de los discursos que gozan de especial protecci\u00f3n por parte de la Carta Pol\u00edtica y la CADH, no fueran analizadas con suficiente detalle en las motivaciones de la sentencia atacada. <\/p>\n
Esos yerros, seg\u00fan el precedente consolidado, constituyen causas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales y, por lo mismo, justifican la intervenci\u00f3n de esta Colegiatura, como juez constitucional, raz\u00f3n por la cual se otorgar\u00e1 el resguardo reclamado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de Victoria Eugenia D\u00e1vila Hoyos y Radio Cadena Nacional S.A.S. <\/p>\n
SEGUNDO. DEJAR SIN VALOR la sentencia dictada el 15 de octubre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, as\u00ed como todas las actuaciones que deriven de dicho prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO. ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, en el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a resolver la alzada interpuesta por la parte demandante dentro del juicio de responsabilidad civil extracontractual sometido a su escrutinio, con expreso examen y desarrollo del marco constitucional y convencional vigente, conforme se explic\u00f3 en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
CUARTO. COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado el fallo, remitir las diligencias a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 A este tr\u00e1mite fue acumulada la demanda de tutela radicada bajo el n.\u00ba 11001-02-03-000-2020-03480-00. <\/p>\n
2\u0002 Recu\u00e9rdese que la sentencia atacada se dict\u00f3 el 25 de octubre de esta anualidad, y fue corregida a trav\u00e9s de prove\u00eddo calendado el 18 de noviembre siguiente. <\/p>\n
3\u0002 Corte IDH, caso La \u00daltima Tentaci\u00f3n de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. Sentencia de fondo, reparaciones y costas (2001). P\u00e1rr. 64 y ss: \u00abEn cuanto al contenido del derecho a la libertad de pensamiento y de expresi\u00f3n, quienes est\u00e1n bajo la protecci\u00f3n de la Convenci\u00f3n tienen no s\u00f3lo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino tambi\u00e9n el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda \u00edndole. Es por ello que la libertad de expresi\u00f3n tiene una dimensi\u00f3n individual y una dimensi\u00f3n social, a saber:\u00e9sta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica tambi\u00e9n, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier informaci\u00f3n y a conocer la expresi\u00f3n del pensamiento ajeno. 65. Sobre la primera dimensi\u00f3n del derecho consagrado en el art\u00edculo mencionado, la individual, la libertad de expresi\u00f3n no se agota en el reconocimiento te\u00f3rico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende adem\u00e1s, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor n\u00famero de destinatarios. En este sentido, la expresi\u00f3n y la difusi\u00f3n del pensamiento y de la informaci\u00f3n son indivisibles, de modo que una restricci\u00f3n de las posibilidades de divulgaci\u00f3n representa directamente, y en la misma medida, un l\u00edmite al derecho de expresarse libremente. 66. Con respecto a la segunda dimensi\u00f3n del derecho consagrado en el art\u00edculo 13 de la Convenci\u00f3n, la social, es menester se\u00f1alar que la libertad de expresi\u00f3n es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica tambi\u00e9n el derecho de todas a conocer opiniones, relatos y noticias. Para el ciudadano com\u00fan tiene tanta importancia el conocimiento de la opini\u00f3n ajena o de la informaci\u00f3n de que disponen otros como el derecho a difundir la propia. 67. La Corte considera que ambas dimensiones poseen igual importancia y deben ser garantizadas en forma simult\u00e1nea para dar efectividad total al derecho a la libertad de pensamiento y de expresi\u00f3n en los t\u00e9rminos previstos por el art\u00edculo 13 de la Convenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 OEA, CIDH, Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n: Antecedentes e Interpretaci\u00f3n de la Declaraci\u00f3n de Principios., p\u00e1rr. 19. Disponible en: http:\/\/www.oas.org\/es\/cidh\/expresion\/. <\/p>\n
5\u0002 OEA, CIDH, Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n: Antecedentes e Interpretaci\u00f3n de la Declaraci\u00f3n de Principios., supra, p\u00e1rr. 27 y ss, cita del criterio de la CIDH en: \u201cInforme sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. OAS Doc. 9, 88 Per\u00edodo de Sesiones, 17 de febrero de 1995\u201d. Disponible en: http:\/\/www.oas.org\/es\/cidh\/expresion\/. <\/A><\/p>\n 6\u0002 UNESCO, Comunicaci\u00f3n e informaci\u00f3n. Disponible en: http:\/\/www.unesco.org\/new\/es\/communication-and-information\/freedom-of-expression\/freedom-of-information\/. <\/A><\/p>\n 7\u0002 P\u00c9REZ TORNERO, Jos\u00e9 Manuel. Libertad de prensa, acceso a la informaci\u00f3n y empoderamiento ciudadano, en Libertad de Prensa, Acceso a la Informaci\u00f3n y Empoderamiento Ciudadano, UNESCO 2009. P. 43. <\/p>\n 8\u0002 OEA, CIDH, Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n: Antecedentes e Interpretaci\u00f3n de la Declaraci\u00f3n de Principios., supra, p\u00e1r. 32 y ss, <\/p>\n 9\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n 10\u0002 Est\u00e1ndares internacionales de libertad de expresi\u00f3n: Gu\u00eda b\u00e1sica para operadores de justicia en Am\u00e9rica Latina, Center for International Media Assistance (2017).. <\/p>\n 11\u0002 Marco Jur\u00eddico Interamericano sobre la Libertad de Expresi\u00f3n, Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n, 2010. Disponible en: http:\/\/www.oas.org\/es\/cidh\/expresion\/docs\/cd\/sistema_interamericano_de_derechos_humanos\/index_MJIAS.html <\/A><\/p>\n 12\u0002 \u00abEn principio, todas las formas de discurso est\u00e1n protegidas por el derecho a la libertad de expresi\u00f3n, independientemente de su contenido y de la mayor o menor aceptaci\u00f3n social y estatal con la que cuenten. Esta presunci\u00f3n general de cobertura de todo discurso expresivo se explica por la obligaci\u00f3n primaria de neutralidad del Estado ante los contenidos y, como consecuencia, por la necesidad de garantizar que, en principio, no existan personas, grupos, ideas o medios de expresi\u00f3n excluidos a priori del debate p\u00fablico. De particular importancia es la regla seg\u00fan la cual la libertad de expresi\u00f3n debe garantizarse no s\u00f3lo en cuanto a la difusi\u00f3n de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino tambi\u00e9n en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la poblaci\u00f3n. As\u00ed lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el esp\u00edritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democr\u00e1tica. En este sentido, se ha se\u00f1alado la especial importancia que [tiene proteger la libertad de] expresi\u00f3n \u201cen lo que se refiere a las opiniones minoritarias, incluyendo aqu\u00e9llas que ofenden, resultan chocantes o perturban a la mayor\u00eda\u201d; y se ha enfatizado que las restricciones a la libertad de expresi\u00f3n \u201cno deben perpetuar los prejuicios ni fomentar la intolerancia\u201d. En igual orden de ideas, resulta claro que el deber de no interferir con el derecho de acceso a la informaci\u00f3n de todo tipo, se extiende a la circulaci\u00f3n de informaci\u00f3n, ideas y expresiones que puedan o no contar con el benepl\u00e1cito personal de quienes representan la autoridad estatal en un momento dado\u00bb. Marco Jur\u00eddico Interamericano sobre la Libertad de Expresi\u00f3n, Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n, 2010, supra. Disponible en: http:\/\/www.oas.org\/es\/cidh\/expresion\/docs\/cd\/sistema_interamericano_de_derechos_humanos\/index_MJIAS.html. <\/A><\/p>\n 13\u0002 \u00abEn la ya citada sentencia C-391 de 2007 (MP. Manuel Jos\u00e9 Cepeda Espinosa, SV. Rodrigo Escobar Gil), la Corte efectu\u00f3 una detallada presentaci\u00f3n de las razones y de los antecedentes que, en el derecho local y comparado, justifican la especial protecci\u00f3n constitucional de los discursos pol\u00edticos y, en particular, de los que tienen por objeto la cr\u00edtica de los poderes y funcionarios p\u00fablicos. En la sentencia T-218 de 2009 (MP. Mauricio Gonz\u00e1lez Cuervo) se sintetizan algunos leading cases en la jurisprudencia comparada\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n 14\u0002 \u00abSentencia T-904 de 2013. La Corte estudi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela instaurada por una ciudadana que se desempe\u00f1aba como Contralora General de la Rep\u00fablica, contra un medio de comunicaci\u00f3n que divulg\u00f3 un video en el que se registraba la imagen de sus hijos menores mientras jugaban f\u00fatbol en la vivienda, as\u00ed como la imagen de uno de los escoltas y las placas del veh\u00edculo en el que se movilizaba, esto, con ocasi\u00f3n de una querella por el ruido que se produc\u00eda en el hogar de la accionante. Esta Corporaci\u00f3n concedi\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho a la intimidad de los menores, pero no accedi\u00f3 a las pretensiones relacionadas con la informaci\u00f3n de la querella\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n 15\u0002 \u00abSentencia T-155 de 2019. Este Tribunal revis\u00f3 la acci\u00f3n de tutela instaurada por un ciudadano -servidor p\u00fablico y subgerente de un hospital- por la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la intimidad, debido a una publicaci\u00f3n en la red social Facebook donde se indicaba que \u00e9l pertenec\u00eda a un cartel de la corrupci\u00f3n. \/\/ La Corte resolvi\u00f3 negar el amparo invocado, al considerar que \u201cno se violan los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra o a la intimidad de un servidor p\u00fablico cuando una persona, en ejercicio de su libertad de expresi\u00f3n y de su derecho a ejercer control al poder pol\u00edtico, lo cuestiona y relaciona con la comisi\u00f3n de actuaciones contrarias a la ley, si sus afirmaciones representan una opini\u00f3n (que expresa, por ejemplo, una manifestaci\u00f3n de protesta, indignaci\u00f3n o inconformidad con determinada situaci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico) y no una supuesta informaci\u00f3n (una acusaci\u00f3n concreta sobre una persona determinada)\u201d\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n 16\u0002 \u00abIb\u00eddem\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n 17\u0002 \u00abSentencia SU-1723 de 2000\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n 18\u0002 \u00abMu\u00f1oz, Machado, Libertad de prensa y procesos por difamaci\u00f3n, p. 154. Citado en ZANNONI, Eduardo A. y B\u00cdSCARO, Beatriz R. Responsabilidad de los medios de prensa. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Pala. Buenos Aires. 1993. P\u00e1g. 74\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n 20\u0002 Toda la normativa y la jurisprudencia sobre el tema parecieran promover \u00abser hospitalario con opiniones ajenas y posiblemente adversas a las que profesa uno\u00bb, como lo se\u00f1alara Borges (En: BORGES, Jorge Luis y FERRARI, Osvaldo. Di\u00e1logo. Siglo XXI Editores, M\u00e9xico D.F. 2005, p. 216). <\/p>\n 21\u0002 \u00abJunoy, Joan Pic\u00f3 (director). Problemas actuales de la justicia penal. Cap\u00edtulo: La justicia penal y los medios de comunicaci\u00f3n: los juicios paralelos. Javier Hern\u00e1ndez Garc\u00eda. JOS\u00c9 MAR\u00cdA BOSCH EDITOR. Barcelona, Espa\u00f1a. 2001. P\u00e1g. 72\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n 22\u0002 \u00abMontalvo Abiol, Juan Carlos. Los juicios paralelos en el proceso penal: \u00bfanomal\u00eda democr\u00e1tica o mal necesario? Universitas Revista de Filosof\u00eda, Derecho y Pol\u00edtica, n\u00ba 16, julio 2012, ISSN 1698-7950. P\u00e1g. 105\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n 23\u0002 \u00abJunoy, Joan Pic\u00f3 (director). Problemas actuales de la justicia penal. Cap\u00edtulo: La justicia penal y los medios de comunicaci\u00f3n: los juicios paralelos. Javier Hern\u00e1ndez Garc\u00eda. Jos\u00e9 Mar\u00eda Bosch Editor. Barcelona, Espa\u00f1a. 2001. P\u00e1g. 73\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n 24\u0002 \u00abDe Vega Ruiz, Jos\u00e9 Augusto. Libertad de expresi\u00f3n, informaci\u00f3n veraz, juicios paralelos y medios de comunicaci\u00f3n. Editorial Universitas S.A. 1998. P\u00e1g. 69\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n 25\u0002 \u00abL\u00d3PEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Tratado de Derecho Procesal Penal. Cap\u00edtulo IX: Los procesos judiciales y los medios de comunicaci\u00f3n. Editorial Thomson Aranzadi. 2005. P\u00e1gina 274\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n 26\u0002 \u00abL\u00d3PEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Tratado de Derecho Procesal Penal. Cap\u00edtulo IX: Los procesos judiciales y los medios de comunicaci\u00f3n. Editorial Thomson Aranzadi. 2005. P\u00e1ginas 274 y 275\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n 27\u0002 \u00abL\u00d3PEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Tratado de Derecho Procesal Penal. Cap\u00edtulo IX: Los procesos judiciales y los medios de comunicaci\u00f3n. Editorial Thomson Aranzadi. 2005. P\u00e1ginas 277\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n 28\u0002 A cuyo tenor: \u00abIndependientemente de la responsabilidad penal a que se refieren los art\u00edculos anteriores, todo el que por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento, por medio de la imprenta, de la radiodifusi\u00f3n o del cinemat\u00f3grafo, cause da\u00f1o a otro estar\u00e1 obligado a indemnizarlo, salvo que demuestre que no incurri\u00f3 en culpa\u00bb. <\/p>\n 29\u0002 \u00abLa Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos o Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica fue ratificado por el Estado colombiano mediante la Ley 16 de 1972 y, de esta manera, hace parte del bloque de constitucionalidad conforme al art\u00edculo 13 de la Carta Pol\u00edtica\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n 30\u0002 \u00abLa presunci\u00f3n de cobertura ab initio ha sido definida por los \u00f3rganos del SIDH como la garant\u00eda de protecci\u00f3n de todo tipo de discursos, incluyendo los que pudieren resultar \u00abchocantes, ofensivos o perturbadores\u00bb, que se materializa con el deber de neutralidad del Estado frente a cualquier contenido; es decir, \u00aben principio, no pueden existir personas, grupos, ideas o medios de expresi\u00f3n excluidos a priori del debate p\u00fablico\u00bb. Ver: Informe Anual de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (2009)\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n