STC788-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC788-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2020-00094-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 27 de agosto de 2020 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Augusto Pestana Imitola contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Promiscuo Municipal de Cove\u00f1as, el Concejo Municipal de la prenombrada ciudad, Kevin Andr\u00e9s Zubir\u00eda Peroza, Carlos Morales Castellano, Sebasti\u00e1n Romero Gonz\u00e1lez, la Corporaci\u00f3n Universitaria de Colombia IDEAS, y, Ra\u00fal Alfonso Ricardo, as\u00ed como las dem\u00e1s partes e intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco del incidente de desacato promovido dentro de la acci\u00f3n de tutela que adelant\u00f3 frente al Concejo Municipal de Cove\u00f1as, con radicado No. 2020-00032-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Sincelejo, \u00abdejar sin efecto el auto del 23 de julio de 2020\u00bb, con que se surti\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta dentro del precitado asunto, y en consecuencia, \u00abexpedir una nueva providencia en la cual se deje en firme la sanci\u00f3n impuesta al Juzgado Promiscuo Municipal de Cove\u00f1as, por el incumplimiento al fallo de tutela del 4 de junio de 2020\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del asunto aduce, que particip\u00f3 en el concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n del cargo de Personero Municipal de Cove\u00f1as para el per\u00edodo 2020-2024, convocado mediante Resoluci\u00f3n 203 de 27 de noviembre de 2019 del Concejo de esa ciudad, y no obstante super\u00f3 todas las etapas de la contienda y fue el \u00fanico que integr\u00f3 la lista final de elegibles, la prenombrada autoridad municipal, previa votaci\u00f3n, se neg\u00f3 a nombrarlo en el cargo, porque supuestamente estaba inhabilitado, revocando adem\u00e1s el acto de convocatoria. <\/p>\n
Narra que el Juzgado Quinto Administrativo de Sincelejo neg\u00f3 la acci\u00f3n de cumplimiento que present\u00f3 contra dicha Corporaci\u00f3n, tras argumentar que deb\u00eda acudir a la acci\u00f3n de nulidad electoral, decisi\u00f3n que apel\u00f3; no obstante, a la par y por los mismos hechos, present\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el Concejo Municipal de Cove\u00f1as, la que fue declarada improcedente por el Juzgado Promiscuo Municipal de la Localidad, decisi\u00f3n impugnada, fue revocada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Sincelejo, para conceder el amparo y ordenar al accionado suspender los efectos del acto con que se hab\u00eda derogado la convocatoria al aludido concurso de m\u00e9ritos, y, en consecuencia, que se continuara con la \u00faltima fase del mismo. <\/p>\n
Finalmente sostiene, que por el incumplimiento de la autoridad tutelada a la segunda parte de la orden constitucional, ya que \u00e9sta se mantuvo en su decisi\u00f3n de no designarlo Personero, el 16 de julio del a\u00f1o pasado el Juzgado Promiscuo Municipal de Cove\u00f1as accedi\u00f3 a su solicitud de sancionar por desacato a la mesa directiva de dicha Corporaci\u00f3n; empero, al surtirse el grado jurisdiccional de consulta, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Sincelejo resolvi\u00f3 dejar sin valor ni efecto el castigo, debido a que no era claro si sobre \u00e9l reca\u00edan inhabilidades para posesionarse en el cargo aspirado, adem\u00e1s de la temporalidad de la protecci\u00f3n concedida, que dependi\u00f3 del levantamiento de la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos decretada por la emergencia sanitaria, situaci\u00f3n que justifica en su criterio la intervenci\u00f3n de un segundo juez constitucional a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a). Los Juzgados Promiscuo Municipal de Cove\u00f1as y Cuarto Civil del Circuito de Sincelejo, remitieron las actuaciones que respectivamente surtieron dentro del asunto constitucional en comento. <\/p>\n
b). La Corporaci\u00f3n Universitaria de Colombia IDEAS, corrobor\u00f3 que el aqu\u00ed interesado fue el \u00fanico participante para la elecci\u00f3n del Personero de Cove\u00f1as que super\u00f3 el puntaje m\u00ednimo. <\/p>\n
c.) Sebasti\u00e1n Romero Gonz\u00e1les, Concejal de Cove\u00f1as y Segundo Vicepresidente de la mesa directiva de la autoridad, pidi\u00f3 que se acceda a la protecci\u00f3n reclamada, porque se gener\u00f3 en el gestor una expectativa leg\u00edtima. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda reclamada, tras advertir, en lo fundamental, que \u00abLa actividad in judicando objeto de censura, no luce palmariamente antojadiza, arbitraria o caprichosa, pues la comprobaci\u00f3n de la premisa elucubrada por el convocante, respecto a que no hay duda de que en su persona concurren inhabilidades que le impidan participar del proceso de elecci\u00f3n de Personero y su consecuente nombramiento, es estrictamente legal, e implica la construcci\u00f3n de juicios de valor, tanto f\u00e1cticos como jur\u00eddicos, que requieren de un adecuado y amplio debate probatorio, de conocimiento del sentenciador contencioso administrativo en lugar del constitucional, y no en sede tutelar y menos en el accesorio defenestrado, sino a trav\u00e9s de los medios de control pertinentes establecidos en la Ley 1437 de 2011. Tampoco puede desconocerse, que una de las razones del accionado para revocar la sanci\u00f3n comentada, es que la protecci\u00f3n del fallo tuitivo estaba supeditada al levantamiento de la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales decretada por el Consejo Superior de la Judicatura a causa de la emergencia sanitaria genitada por la pandemia Covid-19, reactivaci\u00f3n que efectivamente se produjo, quedando sin piso cualquier porf\u00eda a la conducencia e idoneidad de los mecanismos ordinarios para el solvento de las pretensiones incardinadas por el actor, en los que puede echar mano de medidas cautelares que le permitan neutralizar provisionalmente los actos administrativos que considere lesivos, inclusive. Por dem\u00e1s y en gracia de discusi\u00f3n, lo cierto es que el ruego impetrado no tendr\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, en tanto no se avizora afectaci\u00f3n alguna a las garant\u00edas iusfundamentales invocadas, pues aunque el interesado era el \u00fanico concursante inmerso en el listado de elegibles para la Personer\u00eda Municipal de Cove\u00f1as, la consecuencia de tal calidad no es indefectiblemente la designaci\u00f3n perseguida, pues como bien ha plasmado el Consejo de Estado en su moderna jurisprudencia \u201cla elecci\u00f3n debe recaer sobre quien ocup\u00f3 el primer lugar en la lista de elegibles, salvo que medien razones objetivas y debidamente fundada que impidan confirmar tal determinaci\u00f3n, verbigracia la violaci\u00f3n del r\u00e9gimen de inhabilidades\u201d\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante replic\u00f3 el fallo anterior, haciendo \u00e9nfasis en que el asunto tiene relevancia constitucional porque \u00abse trata de valorar si en la providencia judicial adoptada por el Juez Cuarto Civil del Circuito de Sincelejo se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad con una decisi\u00f3n de autoridad judicial\u00bb; de otro lado, lo que busca es que se le permita discutir la situaci\u00f3n ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, lo cual no es posible porque \u00abel Concejo Municipal no le ha enrostrado en su actuaci\u00f3n administrativa la existencia de posibles inhabilidades\u00bb, siendo adem\u00e1s que en el prove\u00eddo del 23 de julio de 2020 se incurri\u00f3 en \u00abgrave defecto f\u00e1ctico\u00bb, ya que \u00abla controversia jur\u00eddica y probatoria de la que hace referencia el despacho es inexistente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala al examinar el tema, en punto a las diligencias que se surten a prop\u00f3sito del incidente que se origina por el incumplimiento del fallo de tutela, ha considerado improcedente una nueva revisi\u00f3n de la misma naturaleza constitucional, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (STC5453-2020). <\/p>\n
No obstante, la Corte ha accedido a intervenir en el tr\u00e1mite accesorio en comento cuando encuentra una decisi\u00f3n que reviste evidente vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, \u00abcomo cuando se omiten etapas de su tr\u00e1mite legal y en aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (STC10138-2020), o \u00absi se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso\u00bb (CC T-010\/12, citada en STC5453-2020). <\/p>\n
4. En el presente asunto se observa, que la censura del ciudadano Carlos Augusto Pestana Imitola recae, concretamente, en la decisi\u00f3n del 23 de julio de 2020 del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Sincelejo, de revocar en sede del grado jurisdiccional de consulta, el prove\u00eddo del d\u00eda 15 del mismo mes y a\u00f1o del Juzgado Promiscuo Municipal de Cove\u00f1as, para en su lugar, no sancionar a la mesa directiva del Consejo Municipal de Cove\u00f1as por el supuesto desacato a la orden de tutela que aquella autoridad les hab\u00eda dado en sentencia del 4 de junio de la misma anualidad, consistente en ordenar a la Corporaci\u00f3n all\u00ed accionada: \u00abSEGUNDO: (\u2026) suspender temporalmente los efectos jur\u00eddicos de la Resoluci\u00f3n No. 038 del 27 de febrero de 2020 expedida por dicha corporaci\u00f3n, hasta tanto se garantice al se\u00f1or Carlos Augusto Pestana Imitola que las acciones judiciales de cumplimiento y de simple nulidad con solicitud de medida provisional, presentados ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo de este distrito judicial, van a resultar id\u00f3neas por la reactivaci\u00f3n del tr\u00e1mite procesal que le corresponde, ello cuando se verifique el levantamiento de las medidas de suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos en las que se encuentran aquellas en este momento por disposici\u00f3n el Consejo Superior de la Judicatura. TERCERO: (\u2026), continuar con la \u00faltima etapa del proceso de elecci\u00f3n de personero municipal de Cove\u00f1as de acuerdo al acta de convocatoria No. 203 del 27 de noviembre de 2019 expedida por esa Corporaci\u00f3n y dentro del cual el se\u00f1or Carlos Augusto Pestana Imitola fue publicado en la lista definitiva de elegibles, de acuerdo a la Resoluci\u00f3n No. 10 del 9 de enero de 2020, para lo anterior se le concede el t\u00e9rmino de 4 d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo\u00bb. <\/p>\n
No obstante, revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos en la determinaci\u00f3n criticada, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, ya que la decisi\u00f3n cuestionada no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales del promotor de la queja constitucional, habida cuenta que para la revocatoria de la sanci\u00f3n por desacato, la autoridad enjuiciada consider\u00f3, con sustento en pronunciamientos del Consejo de Estado, que \u00abal Concejo le es obligatorio la designaci\u00f3n o cubrir la vacante del cargo sometido a concurso, con la persona que ocup\u00f3 el primer puesto de la lista de elegibles solo si no ocurre en \u00e9ste causal de inhabilidad o incompatibilidad. Advierte el despacho que en ese sentido el control de legalidad debe ser ejercido por el nominador y, a pesar que la elecci\u00f3n del Personero con el proceso del concurso dej\u00f3 de estar exclusivamente al arbitrio del Concejo Municipal (discrecionalidad en el nombramiento), en todo caso conserv\u00f3 sus facultades de nominaci\u00f3n, pero ya no sujeto a los vaivenes del amplio margen de liberalidad que le confer\u00eda el ordenamiento jur\u00eddico, sino por medio de la realizaci\u00f3n de un procedimiento objetivo y reglado, por ello no despoja a dicha corporaci\u00f3n de todo su poder de configuraci\u00f3n eleccionaria. En estos t\u00e9rminos el Concejo como nominador debe ejercer el control de legalidad frente a quienes van a ocupar el cargo, en un primer momento con la verificaci\u00f3n de los requisitos m\u00ednimos exigidos para ocupar el cargo por cada uno de los aspirantes inscritos, con las causales de inadmisi\u00f3n del concurso; empero tal facultad no se agota con dicha etapa, porque la jurisprudencia ha se\u00f1alado que incluso puede ejercerla aun cuando hay lista de elegibles. <\/p>\n
De esta manera, ante los argumentos y fundamentos expuestos por el presidente de la mesa directiva del concejo municipal de Cove\u00f1as que tuvieron en cuenta la mayor\u00eda de integrantes del concejo para no elegir al se\u00f1or PESTANA IMITOLA, existiendo controversia jur\u00eddica y probatoria frente a este tema neur\u00e1lgico de las inhabilidades enrostradas al prenombrado, indistintamente tenga o no la raz\u00f3n, por escapar dicha cuesti\u00f3n o debate a la \u00f3rbita de competencia asignada al Juez constitucional, como lo es dirimir los conflictos, controversias y debates que giran en torno a la concurrencia o no de causales de inhabilidad en cabeza de los aspirantes a concurso de m\u00e9ritos, y en el caso particular definir si el se\u00f1or CARLOS AUGUSTO PESTANA IMITOLA, se encuentra o no inhabilitado para ser elegido, pues para ello el legislador ha subrogado tal potestad en cabeza de la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, por ello concluye el despacho que en el caso concreto no se cumple el factor objetivo, pues el concejo de Cove\u00f1as bajo las circunstancias expuestas en sede del tr\u00e1mite incidental no estar\u00eda obligado como nominador efectuar la elecci\u00f3n de resultar v\u00e1lidas las objeciones exteriorizadas frente a la elecci\u00f3n del aspirante. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, frente al \u00e1mbito de temporalidad de la orden tutela, fue se\u00f1alado expresamente que los efectos jur\u00eddicos de la decisi\u00f3n del 4 de junio de 2020, se mantendr\u00edan hasta tanto se le garantizara al se\u00f1or PESTANA IMITOLA que las acciones judiciales de cumplimiento y de simple nulidad con solicitud de medida provisional, presentados ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo de este distrito judicial, resultar\u00edan id\u00f3neas por la reactivaci\u00f3n del tr\u00e1mite procesal que le corresponde, ello cuando se verificar\u00e1 el levantamiento de las medidas de suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos a nivel nacional, lo cual se verific\u00f3 el 1 de julio del presente a\u00f1o, con lo cual quedando nuevamente habilitados los medios ordinarios a su alcance para la consecuencia de sus pretensiones, cesaron los alcances y efectos impartidos en la orden de tutela en comento. <\/p>\n
Con fundamento en todo lo expuesto, deber\u00e1 revocarse el auto del 15 de julio de 2020, que determin\u00f3 imponer sanci\u00f3n por desacato a los se\u00f1ores KEBIN ANDRES ZUBIRIA PEROZA, presidente Concejo Municipal de Cove\u00f1as, CARLOS MORALES CASTELLANOS, primer vicepresidente y SEBASTIAN ROMERO GONZALEZ, segundo vicepresidente, por no cumplirse los presupuestos de responsabilidad objetivo y subjetivo (\u2026)\u00bb <\/p>\n
5. Del an\u00e1lisis de estas consideraciones, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por el accionante, la decisi\u00f3n del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Sincelejo de dejar sin valor ni efecto la sanci\u00f3n por desacato impuesta por el a quo, se soport\u00f3 en el an\u00e1lisis de las pruebas allegadas al tr\u00e1mite incidental, a la luz de un razonable entendimiento de las normas sustanciales y procesales aplicables al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, al haber quedado descartado que la autoridad tutelada hab\u00eda obedecido la orden de tutela, pues, dej\u00f3 sin efectos el acto con que hab\u00eda suspendido el concurso de m\u00e9ritos para proveer el cargo de personero municipal, conforme se le orden\u00f3 en la primera parte de la misma, y al continuar con el tr\u00e1mite final del concurso, en cumplimiento de la segunda parte de la imposici\u00f3n, resolvi\u00f3 previa votaci\u00f3n no nombrar al aqu\u00ed interesado como personero de la municipalidad, por considerar que estaba incurso en causal de inhabilidad para el cargo, motivo que el juez de la consulta no solo estim\u00f3 sustentado, sino que, debido a que la protecci\u00f3n tutelar sobre ese particular hab\u00eda sido dispensada de forma temporal, mientras se levantaba la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura, el tema deb\u00eda ser objeto de discusi\u00f3n ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. <\/p>\n
6. De este modo, queda descartada la afrenta al debido proceso que como motivo para la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela en la decisi\u00f3n de un incidente de desacato ha considerado procedente esta Corte, ya que \u00ab(\u2026) s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC10138-2020). <\/p>\n
7. Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 de ratificarse la decisi\u00f3n refutada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC788-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC788-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2020-00094-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53681","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53681","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53681"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53681\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53681"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53681"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53681"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}