STC791-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC791-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01783-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2020).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 25 de noviembre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro Alexander Romero D\u00edaz contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Veintiuno Civil del Circuito, ambos de esa misma urbe, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las Notar\u00edas Tercera y Setenta y Tres tambi\u00e9n de esta capital, as\u00ed como las partes e intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama a trav\u00e9s de apoderado judicial la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la igualdad y a la defensa, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la providencia pronunciada el 29 de septiembre de 2020, mediante el cual se rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad por \u00e9l solicitada en el marco del litigio ejecutivo que promovi\u00f3 contra Jos\u00e9 Miguel Avellaneda Coranti, identificado con el radicado No. 2015-0784-00. <\/p>\n
Solicita entonces, que i) se \u00abretengan\u00bb los t\u00edtulos judiciales que obran consignados en el litigio; ii) que se dejen sin valor ni efecto todas las actuaciones adelantadas a partir de la \u00abcesi\u00f3n de derechos litigiosos\u00bb que se tuvo en cuenta dentro del juicio; y, por contera iii) que se siga la ejecuci\u00f3n con \u00e9l como ejecutante. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce el accionante en lo esencial, luego de realizar un resumen de la actuaciones acaecidas en la contienda objeto de an\u00e1lisis desde que se libr\u00f3 orden de apremio a su favor, que debido a las \u00abmaniobras fraudulentas\u00bb de las que fue v\u00edctima, y bajo serias amenazas, se vio obligado a ceder a favor de Alfonso Bustos Andrade el cr\u00e9dito cobrado en el pleito objeto de estudio, la que fue tenida en cuenta mediante auto del 22 de octubre de 2018 por parte del Juzgado convocado; que en vista de las anteriores circunstancias, decidi\u00f3 solicitar la nulidad de todo lo actuado a partir de dicha data, pues la mentada cesi\u00f3n tiene una \u00abcausa il\u00edcita\u00bb, pedimento que fue descalificado de plano mediante prove\u00eddo adiado 29 de septiembre del a\u00f1o pasado, situaci\u00f3n que, asegura, vulnera las prerrogativas fundamentales invocadas, pues se est\u00e1 desconociendo que tales documentos fueron suscritos de manera forzada, luego de ser constre\u00f1ido bajo amenazas de muerte para firmarlos y autenticarlos. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Notario Tercero del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 puso de presente, que el hecho de haber practicado la autenticaci\u00f3n del documento de cesi\u00f3n no implica per se, que se \u00abhaya vulnerado alguno de los derechos invocados por el accionante\u00bb, pues en \u00faltimas, \u00e9ste se queja es de la actuaci\u00f3n adelantada por el Juzgado de Ejecuci\u00f3n; adem\u00e1s, si alguna circunstancia sospechosa se hubiera detectado en el momento de dicha diligencia, de seguro que la misma no se habr\u00eda practicado. <\/p>\n
b. De otro lado, la Juez Quinta Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de esta capital, fuera de remitir el expediente digital del juicio ejecutivo mencionado, dijo que la decisi\u00f3n de la que se duele el accionante \u00fanicamente obedeci\u00f3 a que \u00e9l ya no es parte el mismo, situaci\u00f3n que encaja en la falta de legitimaci\u00f3n de la que trata el art\u00edculo 135 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, al advertir que \u00abrevisada la providencia cuestionada, no [se] advierte (\u2026) que la misma hubiere obedecido a alg\u00fan capricho de la juzgadora que la profiri\u00f3, quien la respald\u00f3 en el contenido del art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso que permite la interposici\u00f3n de tal mecanismo, por quien \u2018tenga legitimaci\u00f3n para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta (\u2026), calidades que al no tener el tutelante, ni el escrito a que alude, condujeron a la determinaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
2. Ahora, que si lo pretendido por el quejoso era la acumulaci\u00f3n de demandas por supuesta nulidad de un contrato, no as\u00ed lo solicit\u00f3 en el legajo mencionado, para poder proceder a conminar a la juzgadora a pronunciarse sobre su procedencia, siendo en este punto importante destacar, que la tutela no fue concebida para ser utilizada como una instancia adicional que permita a un juzgador de una jurisdicci\u00f3n distinta, socavar la autonom\u00eda que le fue conferida a otro dentro de su especialidad (C. Pol., arts. 86 y 230), ni a las partes para remediar su desidia dentro de un determinado juicio, de ah\u00ed que, el simple desacuerdo del actor con la decisi\u00f3n adoptada resulte insuficiente para derruirla a trav\u00e9s de este especial mecanismo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante se mostr\u00f3 inconforme con la anterior decisi\u00f3n, luego de esgrimir como motivo de su descontento, similares razones a las esbozadas en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para alcanzar la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, pero de car\u00e1cter subsidiario y residual, dado que solamente puede acudirse a ella en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando existiendo \u00e9stos, el amparo se tramita como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
De lo anterior se desprende entonces, que la acci\u00f3n de tutela no es una v\u00eda judicial adicional o paralela a los mecanismos judiciales previstos por el legislador, y tampoco puede ser empleada como un recurso de \u00faltimo minuto al que se puede acudir para corregir sus propios errores, o para revivir t\u00e9rminos ya fenecidos a consecuencia del propio descuido procesal. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio se observa que el se\u00f1or Pedro Alexander se duele a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, del auto dictado el 29 de septiembre del a\u00f1o pasado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta capital, que desestim\u00f3 la invalidez por \u00e9l invocada por la supuesta \u00abcausa il\u00edcita\u00bb que afect\u00f3 el contrato de cesi\u00f3n que en calidad de ejecutante inicial efectu\u00f3 a favor de Alfonso Bustos Andrade. <\/p>\n
3. Sin embargo, se anticipa con vista en los elementos de juicio obrantes en el expediente, que el fallo de instancia habr\u00e1 de ser ratificado, si se tiene en cuenta que el gestor del amparo, en una conducta constitutiva de incuria, desaprovech\u00f3 la oportunidad de cuestionar la mentada determinaci\u00f3n a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, que proced\u00edan a voces de los art\u00edculos 318 y 321-6 del C\u00f3digo General del Proceso, motivo por el cual, cerrada qued\u00f3 toda posibilidad de \u00e9xito del ruego tuitivo, m\u00e1xime cuando revisado el sistema de consulta de procesos de la rama judicial, se evidencia sin lugar a equ\u00edvocos, que la providencia fue debidamente notificada. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte de vieja data, en diversos pronunciamientos ha dicho que, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC6850.-2020). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, sin duda, como el reclamante no hizo uso de los mecanismos defensivos que le brind\u00f3 el ordenamiento jur\u00eddico para tratar de resolver la situaci\u00f3n aqu\u00ed expuesta, no se puede ahora proveer la soluci\u00f3n pretendida, comoquiera que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como las que aqu\u00ed se discute, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo de tutela refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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