STC792-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-003-2020-00204-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 27 de octubre de 2020 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Astrid Yuliet Fuentes Anteliz contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito y la Inspecci\u00f3n Primera Urbana de Polic\u00eda, ambos de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, de \u00abposesi\u00f3n\u00bb, al trabajo, a la vivienda digna y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con ocasi\u00f3n de la sentencia dictada dentro del proceso declarativo instaurado por Rogelio Galeano Navarrete contra Aminta D\u00edaz de Maestre y otros, con Rad. 2017-00137-00. <\/p>\n
Reclama entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a las autoridades accionadas, que \u00abse abstengan de efectivizar el desalojo o restituci\u00f3n del inmueble ubicado en la calle 13B No.9-41 y 13B No.9-35(39) Barrio Ca\u00f1aguate de Valledupar\u00bb, y, \u00abrevo[car] la sentencia (\u2026) por la que ordena el desalojo o restituci\u00f3n del bien inmueble referenciado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para respaldar su queja, expone en s\u00edntesis, que mediante sentencia del 1\u00ba de agosto de 2019, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, declar\u00f3 de oficio la nulidad absoluta de la promesa de contrato de compraventa celebrada el 23 de septiembre de 2015 entre los contendientes respecto de los predios situados en la \u00abcalle 13B No.9-41 y 13B No.9-35(39)\u00bb de la ciudad de Valledupar (Cesar), e identificados con las matr\u00edculas Nos. N\u00b0 190-25389 y 190-39806, y en consecuencia, conden\u00f3 a los demandados a devolver a favor de su exesposo Rogelio Galeano Navarrete, la suma de \u00ab$45\u2019000.000.oo\u00bb, y a este \u00faltimo le orden\u00f3 la restituci\u00f3n material de los predios. <\/p>\n
Asegura que es la actual \u00abposeedora\u00bb de los fundos en menci\u00f3n, que ha invertido en \u00e9stos \u00abm\u00e1s de ciento veinte (120) millones de pesos en las necesarias adecuaciones, mantenimiento e infraestructura\u00bb, que habita all\u00ed con sus menores hijos, estableciendo un \u00abpeque\u00f1o negocio empresarial\u00bb con el que obtiene el sustento de su familia; sin embargo, el Despacho cuestionado dispuso la restituci\u00f3n material de aquellos bienes sin haberla vinculado al juicio cuestionado y sin que la notificaran de la diligencia de entrega, pese, reitera, a ostentar la calidad de \u00abposeedora\u00bb desde \u00abseptiembre de 2015\u00bb, incluso, afirma, desatendi\u00f3 que a trav\u00e9s del contrato demandado la parte demandada manifest\u00f3 su voluntad de enajenar los inmuebles y que es la \u00ab\u00fanica ocupante\u00bb de \u00e9stos, pues en el a\u00f1o 2016 se divorci\u00f3 del demandante. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar aleg\u00f3, que la demanda de amparo es improcedente, toda vez que la accionante a\u00fan cuenta con la oportunidad de formular \u00aboposici\u00f3n\u00bb en la diligencia de entrega. <\/p>\n
c.) Rogelio Galeano Navarrete en calidad de demandante dentro del litigio censurado expres\u00f3, que la ac\u00e1 gestora es la actual \u00abposeedora\u00bb de los inmuebles motivo del asunto atacado, es m\u00e1s, afirma, antes de la culminaci\u00f3n del v\u00ednculo marital con \u00e9sta celebr\u00f3 con los demandados un \u00abcontrato de compraventa\u00bb sobre esos predios, en virtud del cual, le \u00abentregaron la posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
d.) Flor Elisa D\u00edaz D\u00edaz, Omaira Mar\u00eda y Edilma Cecilia D\u00edaz Rodr\u00edguez, en su condici\u00f3n de demandadas dentro de la causa acusada, se opusieron a la prosperidad del amparo, para lo cual argumentaron que los predios se\u00f1alados vienen siendo ocupados por la aqu\u00ed interesada desde el \u00ab01 de junio de 2014\u00bb en calidad de \u00abarrendataria\u00bb, acuerdo que se ha prorrogado a trav\u00e9s del tiempo; empero, desde el a\u00f1o 2016 aqu\u00e9lla no ha cancelado ninguno de los c\u00e1nones a los que se comprometi\u00f3, raz\u00f3n por la que cursa en los \u00abJuzgados de Peque\u00f1as Causas de Valledupar\u00bb proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado en su contra, cuya pretensi\u00f3n es la terminaci\u00f3n de aquel pacto y la restituci\u00f3n de los fundos. De otro lado, afirman, la ahora gestora s\u00ed ten\u00eda conocimiento del adelantamiento del asunto censurado, pues fue llamada como \u00abtestigo\u00bb de los hechos que \u00abllevaron a la suscripci\u00f3n y posterior declaratoria de nulidad de contrato de compraventa\u00bb. <\/p>\n
e.) Aminta D\u00edaz de Maestre, Hidalgo D\u00edaz Rodr\u00edguez, Aida Dolores D\u00edaz de Nieves, Jessica Leonor y Liseth Paola D\u00edaz Yepes, en calidad de demandados dentro de la contienda objeto de revisi\u00f3n constitucional, tambi\u00e9n solicitaron desestimar el amparo, con sustento en que el fallo cuestionado se encuentra ejecutoriado e hizo \u00abtr\u00e1nsito a cosa juzgada\u00bb, por lo que resulta inexistente la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas denunciada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras advertir que \u00abla queja planteada puede ventilarse a trav\u00e9s de la diligencia de entrega del bien inmueble, mediante oposici\u00f3n a la misma, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, en ejercicio de los derechos que invoca [la accionante]\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora replic\u00f3 el anterior fallo con argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo la utilizaci\u00f3n del amparo como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo, adem\u00e1s, que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n
Dicha norma encuentra fundamento en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la cual estableci\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, tambi\u00e9n consagr\u00f3 que la procedencia de esa herramienta preferente se hiciera bajo premisa de que el afectado no dispusiera de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que, se reitera, se utilizara transitoriamente para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. En el presente caso, la accionante se duele concretamente, porque el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar omiti\u00f3 vincularla al proceso declarativo promovido por Rogelio Galeano Navarrete contra Aminta D\u00edaz de Maestre y otros, con Rad. 2017-00137-00, circunstancia que desconoci\u00f3 sus garant\u00edas constitucionales, pues no tuvo la oportunidad de alegar la condici\u00f3n de \u00abposeedora\u00bb respecto de los predios objetos de aquel tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. Sin embargo, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la acci\u00f3n de tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que no atiende el principio de subsidiariedad y residualidad, pues la accionante tiene la posibilidad de hacer uso de los medios de defensa judicial id\u00f3neos al interior de la actuaci\u00f3n cuestionada, para formular el reclamo que por esta v\u00eda expone. <\/p>\n
En efecto, es claro que el disenso de la promotora del amparo es porque mediante la sentencia del 1\u00ba de agosto de 2019 el Despacho convocado orden\u00f3 a favor de la parte demandada la restituci\u00f3n material de los predios situados en la \u00abcalle 13B No.9-41 y 13B No.9-35(39)\u00bb de la ciudad de Valledupar (Cesar) e identificados con las matr\u00edculas inmobiliarias Nos. N\u00b0 190-25389 y 190-39806, tras hallar por demostrada la nulidad absoluta de la promesa de compraventa celebrada por los contendientes del litigio censurado, situaci\u00f3n que, en sentir de la interesada, conculc\u00f3 los derechos invocados, toda vez que, supuestamente, ostenta la \u00abposesi\u00f3n\u00bb de esos fundos desde el a\u00f1o 2015. <\/p>\n
Sin embargo, tal como se extrae de la revisi\u00f3n de la actuaci\u00f3n censurada, es evidente que la promotora del resguardo a\u00fan tiene la posibilidad de plantear aquella inconformidad en ese escenario procesal pertinente a trav\u00e9s de la formulaci\u00f3n de la oposici\u00f3n a la entrega de los bienes referidos, mecanismo procedente a voces de lo establecido en el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por lo anterior, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que debe dirimir el juez natural en el estadio procesal respectivo, ya que el amparo no est\u00e1 concebido como un instrumento sustitutivo de los medios de impugnaci\u00f3n previstos en la ley. Por eso es que con atino, la jurisprudencia de esta Sala ha considerado que \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario del respectivo tr\u00e1mite judicial no se logran proteger los derechos fundamentales invocados, es decir, que no es eficaz e id\u00f3neo para ello, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender instituido para desplazar o reemplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como las que aqu\u00ed se discuten, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y, a quebrantar la Carta Pol\u00edtica, pues la \u00e9sta petici\u00f3n no es una instancia adicional\u00bb (CSJ STC1378-2020). <\/p>\n
4. De otro lado, y comoquiera que en la aludida controversia ya se profiri\u00f3 sentencia declarando la nulidad absoluta del contrato y se dispuso la restituci\u00f3n de los inmuebles objeto de \u00e9ste, por lo que, en \u00faltimas, lo que se pretende por v\u00eda de tutela es evitar la pr\u00e1ctica de la diligencia de entrega, so pretexto del acaecimiento de un perjuicio irremediable, basta con se\u00f1alar que, el amparo \u00abno se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (\u2026). Tampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, como quiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019 (sentencia de tutela de 29 de noviembre de 2006, Exp. No. 8001-2213-000-2006-00079-01)\u00bb (CSJ STC8812-2020). <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC792-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-003-2020-00204-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 27 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53685","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53685","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53685"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53685\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53685"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53685"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53685"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}