STC793-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC793-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01376-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 6 de octubre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Sociedad Finca Cibeles S.A. contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Especializada en lo Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio ordinario a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la \u00abbuena fe\u00bb, a la \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, a la igualdad y a la \u00abequidad\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con la sentencia dictada en sede de casaci\u00f3n dentro del juicio ordinario laboral que Jos\u00e9 Marcial Murillo promovi\u00f3 en su contra y de otros. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, \u00abdeja[ndo] sin efectos la sentencia\u00bb adiada 12 de febrero de 2020, y que como consecuencia de ello, se ordene a la Colegiatura criticada, \u00abexpedir una decisi\u00f3n nueva, en la cual se declare que la sociedad (\u2026) no est\u00e1 obligada a pagar el c\u00e1lculo actuarial [del demandante]\u00bb en el marco de la controversia referida. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado aduce, en lo esencial, que pese a que el all\u00e1 demandante trabaj\u00f3 desde el 26 de mayo de 1986 hasta el 17 de enero de 1992, es decir, no ten\u00eda v\u00ednculo laboral vigente para cuando entr\u00f3 a regir a Ley 100 de 1993, y solo hasta esta \u00faltima data, por razones de fuerza mayor, \u00abempresarios bananeros pudieron realizar la afiliaci\u00f3n de sus trabajadores\u00bb al sistema de seguridad social en pensiones; y, que de conformidad con el literal c del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 33 ib\u00eddem, \u00abno solicit\u00f3 al ISS la elaboraci\u00f3n del c\u00e1lculo actuarial por considerar que no estaba obligada\u00bb, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Corte Suprema de Justicia no cas\u00f3 el fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, que confirm\u00f3 en su integridad la decisi\u00f3n del Juzgado \u00danico Laboral de Apartad\u00f3 que la conden\u00f3 a \u00abreconocer y pagar al ISS la suma que resulte del c\u00e1lculo actuarial o constituir el t\u00edtulo pensional\u00bb por el tiempo referido a favor del demandante. <\/p>\n
Indica que en la anterior decisi\u00f3n se desconoci\u00f3 que la norma en cita se declar\u00f3 exequible por la Corte Constitucional, raz\u00f3n por la cual, ante la ausencia de v\u00ednculo laboral entre las partes vigente o posterior a 1993, no estaba en la obligaci\u00f3n de pagar los aportes requeridos, de all\u00ed que, contrario a lo decantado jurisprudencialmente, no pod\u00eda \u00abacud[ir] a la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad\u00bb del citado canon, m\u00e1xime cuando la aludida exequibilidad hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional \u00ababsoluta\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que con la aplicaci\u00f3n del decreto 1887 de 1994 que, asegura, \u00abES ARBITRARIO\u00bb, se le est\u00e1 imponiendo \u00abuna carga excesivamente gravosa, pues no solo la obliga a pagar intereses por una obligaci\u00f3n de m\u00e1s de hace 30 a\u00f1os, sino que tiene que pagar intereses sobre intereses, lo que implica per se una sanci\u00f3n para el empleador\u00bb, y en su caso m\u00e1s a\u00fan cuando la composici\u00f3n accionaria de la sociedad ha cambiado paulatinamente, y los socios resientes se ven sorprendidos con una contingencia pensional que hace inviable su operaci\u00f3n, circunstancia que, dice, vulnera los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado Coordinador de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n No. 1 de esta Corte puntualiz\u00f3, que con la decisi\u00f3n criticada no ha vulnerado prerrogativa superior alguna de la gestora del amparo, pues lo que \u00e9sta pretende es eximirse de su responsabilidad aduciendo fuerza mayor, en tanto que dicha figura es propia \u00abdel derecho privado\u00bb y no es compatible con obligaciones de la seguridad social; agregando que ,\u00absalta a la vista que en la decisi\u00f3n cuestionada no se configur\u00f3 alg\u00fan desconocimiento de los derechos fundamentales invocados que d\u00e9 lugar a conceder el amparo constitucional deprecado, pues por el contrario, lo que se evidencia es una determinaci\u00f3n razonada del asunto sometido al escrutinio de la autoridad accionada y en estricta sujeci\u00f3n de la l\u00ednea jurisprudencial adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, como \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral, sin que frente a lo all\u00ed decidido, sea de recibo la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
b. La Directora de la Direcci\u00f3n de Acciones Constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones precis\u00f3, que la Corporaci\u00f3n criticada \u00abprocedi\u00f3 conforme a la ley y la constituci\u00f3n as\u00ed: (i) aplic\u00f3 las normas relativas en la materia (ii) aplic\u00f3 los preceptos constitucionales sobre el particular (iii) aplic\u00f3 la jurisprudencia existente en la materia y (iv) las actuaciones del despacho no transgreden, violan o amenazan los derechos fundamentales del accionante\u00bb. <\/p>\n
c. El se\u00f1or Jos\u00e9 Marcial Murillo a trav\u00e9s de apoderado judicial puso de presente, que \u00abdebe tenerse en cuenta que en este caso estamos hablando de un derecho irrenunciable del trabajador, que tiene rango constitucional y goza de especial protecci\u00f3n del Estado. Precisamente sobre la normatividad relacionada con la pensi\u00f3n de vejez, ha dicho constantemente la jurisprudencia y la doctrina que constituye un pleno desarrollo de principios y valores constitucionales que garantizan la solidaridad que debe regir en la sociedad, la protecci\u00f3n y asistencia especial a las personas de la tercera edad, para mantener unas condiciones de vida digna, as\u00ed como el derecho irrenunciable a la seguridad social (Entre otras, sentencia C-230 de 1998 de la Corte Constitucional)\u00bb. <\/p>\n
d. El Procurador 29 Judicial II para Asuntos del Trabajo indic\u00f3, que la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues la decisi\u00f3n cuestionada \u00abno est\u00e1 aplicando directamente ninguna excepci\u00f3n de inconstitucionalidad, y por el contrario, se limita a seguir el precedente jurisprudencial que para el tema ha dictado la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyo acatamiento es indispensable para las Salas de Descongesti\u00f3n\u00bb <\/p>\n
e. El abogado de la Unidad de Tutelas del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n P.A.R.I.S.S. adujo, que a ra\u00edz de la orden de supresi\u00f3n y liquidaci\u00f3n del extinto ISS emanada del Gobierno Nacional con la expedici\u00f3n y entrada en vigencia del Decreto 2013 de 2012, la aludida entidad perdi\u00f3 la competencia para resolver peticiones relacionadas con la administraci\u00f3n del R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues en un acto constitutivo de incuria \u00aben sede de casaci\u00f3n, nunca se plante\u00f3 yerro normativo que aqu\u00ed [se] denuncia, toda vez que los cargos formulados se orientan \u00fanicamente a invocar la fuerza mayor como eximente de responsabilidad frente a la obligaci\u00f3n pensional que le asist\u00eda con respecto al trabajador, sin someter a control judicial extraordinario el argumento jur\u00eddico que hoy pretende corregir con el empleo de este mecanismo excepcional\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, al analizar la sentencia de segunda instancia en la que se consider\u00f3 que la situaci\u00f3n del demandante se adecuaba a los literales c y d del art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, puntualiz\u00f3 que \u00ab[l]a hermen\u00e9utica jur\u00eddica empleada (\u2026) en forma alguna contraria la ratio decidendi de la sentencia de control de constitucionalidad C-506 de 2001\u00bb en la medida que en la providencia T-410\/14 la alta Corporaci\u00f3n, mantuvo la exequibilidad de la citada norma, interpret\u00e1ndola y estableciendo la obligatoriedad del empleador a pagar las cotizaciones dejadas sufragar a sus trabajadores, con independencia de la existencia de la relaci\u00f3n laboral activa para la entrada en vigencia de la citada Ley. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda actora recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura de la parte actora est\u00e1 encaminada, concretamente, frente al prove\u00eddo proferido el 12 de febrero de 2020 por la Sala Especializada en lo Laboral de Descongesti\u00f3n No. 1 de esta Corte, por medio del cual se dispuso \u00abNO CASA[R]\u00bb la sentencia proferida el 28 de agosto de 2013 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, que a su vez ratific\u00f3 lo decidido por el Juzgado \u00danico Laboral del Circuito de Apartad\u00f3 que declar\u00f3, entre otras, que \u00abla sociedad FINCA CIBELES S.A. debe reconoce y pagar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACI\u00d3N, la suma que resulte del C\u00c1LCULO ACTUARIAL o CONSTITUIR EL T\u00cdTULO PENSIONAL por el periodo correspondiente del 26 de mayo de 1986 hasta el 17 de enero de 1992, laborados por el se\u00f1or JOS\u00c9 MARCIAL MURILLO, a su servicio sin haber cotizado al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES\u00bb, dentro del proceso ordinario laboral que \u00e9ste adelant\u00f3 en contra de las sociedades Restrepo Echeverri y Compa\u00f1\u00eda Ltda, y, Finca Cibeles S.A., aqu\u00ed interesada, pues en sentir de esta \u00faltima, se incurri\u00f3 en un defecto sustantivo, al inaplicarse por \u00abexcepci\u00f3n de inconstitucionalidad\u00bb el literal c del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1992, y adem\u00e1s se tuvo en cuenta el Decreto 1887 de 1994, el que considera \u00abinconstitucional\u00bb. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas al presente tr\u00e1mite y los informes de las autoridades convocadas, no cabe duda del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Para la Sala, sin duda, las cuestiones planteadas por la sociedad gestora del amparo resultan ajenas al escenario de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro del prenotado tr\u00e1mite judicial \u00e9sta no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, pues la demandada, aqu\u00ed interesada, si bien formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente a la sentencia de segundo grado que le result\u00f3 desfavorable a sus intereses, pues confirm\u00f3 la condena a sufragar el c\u00e1lculo actuarial a favor del demandante, precisamente aplicando el Decreto que es objeto de reproche e interpretando el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que, tal y como lo consider\u00f3 el a quo constitucional, en un acto constitutivo de incuria, no expuso en el citado mecanismo extraordinario las inconformidades que ahora ventila en ese asunto, y por el contrario, apoy\u00f3 sus ruegos en los hechos de fuerza mayor que presuntamente padeci\u00f3 como eximente de responsabilidad frente a los derechos del trabajador; luego entonces, desperdici\u00f3 el medio de impugnaci\u00f3n que estaba a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural los reparos ahora expuestos, sin que sea del caso adelantarse al pronunciamiento o partir de supuestos improbables para, ahora acudir a esta acci\u00f3n constitucional, it\u00e9rese, sin haber agotado previamente los medios procesales contemplados en la ley para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva de sus derechos fundamentales \u00abya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC1664-2020). <\/p>\n
3.2. As\u00ed mismo, y sin perjuicio de lo expuesto, t\u00e9ngase en cuenta que revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n No. 1 de esta Corte para confirmar lo decidido por el Tribunal de instancia, frente a los reproches de la casacionista, esto es, la fuerza mayor para el incumplimiento de sus obligaciones laborales, puntualiz\u00f3 que \u00abel an\u00e1lisis que plantea la censura resulta equivocado, al pretender extender figuras propias del derecho privado, a obligaciones de la seguridad social que tienen otra clara naturaleza jur\u00eddica y que no pueden ser comparadas o someterse a las reglas tradicionales del derecho civil sobre eximentes de responsabilidad, por la dimensi\u00f3n superior y especial que involucra las que gobiernan la seguridad social y los principios que la iluminan, tales como la dignidad humana, la solidaridad, la seguridad y protecci\u00f3n social y que propenden por la protecci\u00f3n del trabajador y del individuo\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea argumentativa, haciendo suyos los argumentos expuestos por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte en la SL, 21 nov. 2017, rad. 43740, en un caso de contornos similares precis\u00f3, que <\/p>\n
\u00abEn efecto, aunque pudiera admitirse que el empleador no tuvo culpa alguna en el incumplimiento de la afiliaci\u00f3n, lo cierto es que, como lo tiene sentado la jurisprudencia de esta Sala, los deberes y responsabilidades derivados del sistema de seguridad social tienen una especial naturaleza jur\u00eddica, encaminada a la protecci\u00f3n del trabajo y del individuo, de manera que la obligaci\u00f3n del empleador de asumir el pago de las prestaciones, en estos especiales eventos de falta de afiliaci\u00f3n, no debe entenderse derivada del tradicional concepto de responsabilidad por culpa o negligencia, sino de los efectos del trabajo humano y de la irrenunciabilidad de los beneficios derivados del mismo. <\/p>\n
En ese sentido, si bien en condiciones normales, bajo el tradicional derecho de las obligaciones, no podr\u00eda responsabilizarse al empleador por los perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento del deber de afiliaci\u00f3n, por razones ajenas a su voluntad, lo cierto es que, se repite, la naturaleza jur\u00eddica de las obligaciones derivadas de la seguridad social es diferente y supera la de las simples obligaciones civiles y comerciales o del concepto de da\u00f1o y reparaci\u00f3n, de manera que no es posible admitir de manera pura y simple que el empleador, en estos especiales eventos, se libera de cualquier responsabilidad y que el trabajador pierde los efectos de su trabajo, las semanas de cotizaci\u00f3n o las prestaciones que le corresponden. <\/p>\n
En este contexto, a partir de principios como la dignidad humana, la solidaridad, la seguridad y la protecci\u00f3n social, la sola relaci\u00f3n de trabajo tiene la fuerza jur\u00eddica necesaria para fundar y justificar la obligaci\u00f3n del empleador de asumir las prestaciones de la seguridad social o de concurrir a su financiaci\u00f3n, como un corolario natural del trabajo. <\/p>\n
As\u00ed lo estableci\u00f3 recientemente esta corporaci\u00f3n en la sentencia CSJ SL14215-2017, en la que, si bien se analiz\u00f3 la obligaci\u00f3n del empleador de contribuir al pago de una pensi\u00f3n de vejez, a trav\u00e9s un c\u00e1lculo actuarial, en vigencia de la Ley 100 de 1993, se defini\u00f3 la trascendencia del concepto de fuerza mayor en la falta de afiliaci\u00f3n, ense\u00f1anza que resulta plenamente aplicable a esta situaci\u00f3n. Esto dijo la Corte en la referida decisi\u00f3n: <\/p>\n
Para hacer frente a lo anterior, cabe se\u00f1alar que las situaciones de fuerza mayor, las provenientes de autoridad (ej. no cobertura geogr\u00e1fica por decisi\u00f3n administrativa) o sobre las cuales el empleador no puede incidir o determinar su destino, y que de una u otra forma frustran o imposibilitan la afiliaci\u00f3n al seguro social obligatorio, no generan la p\u00e9rdida de las semanas laboradas para efectos pensionales. <\/p>\n
En primer lugar, porque la obligaci\u00f3n de asumir las pensiones o de contribuir a su financiaci\u00f3n, no puede abordarse desde una perspectiva sancionatoria o punitiva. Los derechos pensionales y las cotizaciones son un corolario del trabajo; se causan por el hecho de haber laborado y est\u00e1n dirigidos a garantizar al trabajador un ingreso econ\u00f3mico peri\u00f3dico, tras largos a\u00f1os de servicio que han redundado en su desgaste f\u00edsico natural. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el simple trabajo, desplegado en favor de un empleador, debe tener efectos pensionales. No puede, en consecuencia, y as\u00ed sea por razones ajenas al empresario, desecharse tales tiempos, pues, se insiste, son un derecho ligado a la prestaci\u00f3n del servicio, de \u00edndole irrenunciable. En tal sentido, la Sala ha defendido la tesis de que \u00abla cotizaci\u00f3n surge con la actividad como trabajador, independiente o dependiente, en el sector p\u00fablico o privado\u00bb (SL 33476, 30 sep. 2008). <\/p>\n
En ese sentido, no se equivoc\u00f3 el Tribunal al concluir que si bien el empleador se encontr\u00f3 en imposibilidad de afiliaci\u00f3n -teniendo en cuenta que hasta el 1 de agosto de 1986 no existi\u00f3 cobertura del ISS en el municipio de Apartad\u00f3, y que los trabajadores a trav\u00e9s del sindicato impidieron la afiliaci\u00f3n a los riesgos de IVM hasta el 1 de marzo de 1994-, lo cierto es que no se desliga de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social, de manera que a\u00fan conserva ciertas responsabilidades en torno a la financiaci\u00f3n de la pensi\u00f3n, a trav\u00e9s de la emisi\u00f3n de un c\u00e1lculo actuarial. <\/p>\n
En esa medida no es cierto, como lo alude el recurrente que las omisiones de afiliaci\u00f3n que dan lugar a la emisi\u00f3n del t\u00edtulo pensional, son aquellas que aunque obligatorias, resultan imputables al empleador, por culpa o negligencia, pues la jurisprudencia de esta Corte ha evolucionado hasta encontrar una soluci\u00f3n com\u00fan a las hip\u00f3tesis de omisi\u00f3n en la afiliaci\u00f3n al sistema de pensiones, se itera, guiada por las disposiciones y principios del sistema de seguridad social, que no se aleja diametralmente de la que sostiene frente a situaciones de mora en el pago de aportes, pues, en este caso, se mantiene la misma l\u00ednea de principio de que las entidades de seguridad social siguen a cargo del reconocimiento de las prestaciones. <\/p>\n
Bajo esa orientaci\u00f3n, la Sala reitera que ante la hip\u00f3tesis de omisi\u00f3n en la afiliaci\u00f3n del trabajador al sistema de pensiones, sea por culpa o no del empleador, es deber de las entidades de seguridad social tener en cuenta el tiempo servido, como tiempo efectivamente cotizado, y obligaci\u00f3n del empleador pagar un c\u00e1lculo actuarial por los tiempos omitidos a satisfacci\u00f3n de la respectiva entidad, tal y como lo concluy\u00f3 el juzgador de segundo grado. <\/p>\n
En segundo lugar, en cuanto al argumento de la fuerza mayor esgrimido por el recurrente, es oportuno precisar que una cosa es estar en imposibilidad f\u00e1ctica de ejecutar temporalmente el acto jur\u00eddico de la afiliaci\u00f3n a los riesgos de IVM y otra bien distinta es pretender por este motivo desligarse de las obligaciones pensionales permanentemente. En efecto, los obst\u00e1culos que hayan podido derivarse de entornos sociales, pol\u00edticos o jur\u00eddicos frente al aseguramiento de los trabajadores no liberan a las empresas de sus obligaciones sociales en materia pensional. <\/p>\n
En efecto, superadas tales dificultades, los empleadores tienen a su alcance mecanismos id\u00f3neos que les ofrece el sistema de seguridad social en aras de que puedan remediar situaciones irregulares del pasado, lo cual usualmente se da mediante el giro de un t\u00edtulo pensional con destino al fondo de pensiones. <\/p>\n
Entonces, resulta inaceptable considerar que el trabajo humano puede, bajo determinadas circunstancias, no tener efectos en materia pensional. De una forma u otra, el empleador que se sirve de la fuerza de trabajo de una persona, quien por el transcurso del tiempo ha visto mermada su capacidad laboral, debe contribuir a la cobertura del riesgo de vejez, ya sea mediante el pago directo de la pensi\u00f3n o el giro de un t\u00edtulo pensional suficiente. <\/p>\n
Admitir la tesis lib\u00e9rrima de las obligaciones propuesta por el demandado, conducir\u00eda a aceptar que, no obstante el empleador se benefici\u00f3 de la actividad del trabajador, queda exento del deber de contribuir a su protecci\u00f3n social. En este sentido, no sobra aclarar que el pago de la pensi\u00f3n o del aporte para su financiaci\u00f3n no es un regalo o una concesi\u00f3n fundada en consideraciones proteicas y et\u00e9reas de equidad, sino, se insiste, un derecho derivado del v\u00ednculo laboral. <\/p>\n
Por esto mismo, los ingredientes subjetivos o de culpa que el casacionista quiere incluir para condicionar el giro del t\u00edtulo pensional, son improcedentes, pues la obligaci\u00f3n de concurrir al financiamiento de la pensi\u00f3n, adem\u00e1s de ser indisponible e irrenunciable, es consecuencia inmediata de la prestaci\u00f3n del servicio. As\u00ed las cosas, una vez sean derruidas todas las barreras que impidan dar cumplimiento a esta obligaci\u00f3n, el empleador debe utilizar los mecanismos que tenga a su alcance para solucionar los trances en que no pudo satisfacer sus obligaciones con la seguridad social en pensiones, lo cual, como se vio en este caso, se remedia mediante el pago de un c\u00e1lculo actuarial (\u2026) (Subraya la Corte).\u00bb <\/p>\n
Con todo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretenden la peticionaria del amparo (all\u00ed demandada), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir el an\u00e1lisis probatorio y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda el m\u00e1s adecuada. <\/p>\n
3.3. Ahora, t\u00e9ngase en cuenta que, a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la Colegiatura endilgada se soport\u00f3, precisamente, en los hechos, los medios de prueba existentes, las normas y la jurisprudencia que eran aplicables al asunto debatido, elemento \u00faltimo, al que se encuentra sometida, y que le permiti\u00f3 inferir que aun cuando hubiesen existido hechos de fuerza mayor que impidieron la afiliaci\u00f3n al r\u00e9gimen de seguridad social en pensiones del demandante, lo cierto es que, ello no puede ser un eximente de responsabilidad, como ocurr\u00eda precisamente en el derecho privado, por la pot\u00edsima raz\u00f3n que se est\u00e1n ventilando derechos de \u00edndole laboral por tanto no solo es indisponible e irrenunciable, sino que es consecuencia inmediata de la prestaci\u00f3n del servicio, respecto de la cual el empleador se vio beneficiado. <\/p>\n
En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC3841-2020). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. Por otra parte, no se avizora la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad que alude la interesada, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo, es decir, \u00abno demostr\u00f3 el interesado la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya\u2026, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional\u00bb (CSJ STC, 12 dic. 2008, Rad. 2008-00228-01, reiterada en STC4291-2015). <\/p>\n
5. Finalmente, tampoco resulta procedente la tutela como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable a la aqu\u00ed inconforme, pues lo cierto es que no se alleg\u00f3 elemento de juicio alguno para demostrarlo, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, \u00abpor cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC2632-2020). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC793-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC793-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01376-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53686","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53686","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53686"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53686\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53686"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53686"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53686"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}