STC794-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC794-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2020-00396-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C, cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 1\u00ba de diciembre de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Norma Luz Moreno Lozano contra el Juzgado Doce Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas todas las partes e intervinientes al interior del asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, relat\u00f3 que Germ\u00e1n Andr\u00e9s Aristiz\u00e1bal Hern\u00e1ndez formul\u00f3 demanda de reorganizaci\u00f3n de persona natural comerciante, asunto que le correspondi\u00f3 al Juzgado Doce Civil del Circuito de Medell\u00edn, autoridad que \u00abmediante auto de 21 de enero de 2019 la inadmiti\u00f3 y concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de diez d\u00edas para que la subsanara; siendo admitida el 15 de febrero de 2019 pese a que el demandante present\u00f3 extempor\u00e1neamente el 6 de febrero de ese a\u00f1o escrito subsanando los requisitos exigidos, por lo que se debi\u00f3 rechazar\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que el 13 de agosto de 2019 el despacho \u00abrequiri\u00f3 a la parte activa por \u00faltima vez, para que en el t\u00e9rmino perentorio de treinta d\u00edas procediera a dar cumplimiento a las \u00f3rdenes dadas en auto del 15 de febrero de 2019, so pena de las sanciones que se\u00f1ala el numeral 5 del art\u00edculo 5 de la Ley 1116 de 2006, sin embargo, s\u00f3lo hasta el 8 de octubre de ese a\u00f1o, cuando hab\u00edan transcurrido 39 d\u00edas dio acatamiento\u00bb y por decisi\u00f3n de 24 de octubre siguiente el estrado nuevamente \u00abexhort\u00f3 al demandante para que en el lapso de treinta d\u00edas, cumpliera con las cargas impuestas en prove\u00eddo 15 de febrero de 2019\u00bb. <\/p>\n
Afirma que con las anteriores determinaciones el accionado \u00abse ha apartado de la legalidad y con excusas de exigir cumplimiento a los t\u00e9rminos procesales, los cuales tienen car\u00e1cter de perentorios e improrrogables, ha sido permisivo con el actuar del deudor Aristiz\u00e1bal Hern\u00e1ndez, generando el desconocimiento del debido proceso que le asiste como acreedora, mientras que el extremo activo abandona todas sus cargas en el juicio con la anuencia del juzgado, afectando la administraci\u00f3n de justicia de forma ostensible al dilatar la pronta y eficaz resoluci\u00f3n del asunto\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide se ordene a la autoridad convocada \u00abdecretar el quebrantamiento de las normas erga omnes y por lo tanto declarar el desistimiento t\u00e1cito del proceso citado o hacerlo directamente como juez de tutela; decretar las nulidades procesales que se resaltan desde el auto admisorio y sobre las que hay lugar a hacerlo; se efectu\u00e9 un control de legalidad sobre las actuaciones procesales dentro del tr\u00e1mite de insolvencia corrigiendo sus fallas dando lugar a la revocatoria de sus autos ilegales y ordenar al accionado cese las v\u00edas de hecho que ejerce sobre m\u00ed con sus omisiones\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Doce Civil del Circuito de Medell\u00edn, se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto manifest\u00f3 que \u00abdentro del tr\u00e1mite censurado se ha dado respuesta de manera c\u00e9lere y eficaz a todos y cada uno de los cuestionamientos que ha realizado la accionante por intermedio de su abogado, como tambi\u00e9n los dem\u00e1s intervinientes del proceso. Si bien es cierto se ha requerido en varias oportunidades al deudor, para que cumpla con sus deberes legales, dicha situaci\u00f3n no puede ser endilgada como una negligencia del despacho, todo lo contrario, los distintos requerimientos se han realizado con el fin de que el deudor cumpla con sus cargas para que pueda continuarse con la etapa procesal subsiguiente. Se advierte que las veces que se ha requerido al deudor, so pena de desistimiento t\u00e1cito o imponer las sanciones pecuniarias respectivas, no se ha procedido a terminar el mismo porque dentro del t\u00e9rmino oportuno y legal el demandante ha remitido memorial en aras de cumplir con lo ordenado, que si bien en ocasiones no ha acatado a plenitud los requerimientos, al observarse una actuaci\u00f3n de parte encaminada a cumplir las solicitudes realizadas no ha sido factible el desistimiento t\u00e1cito, en vista de, se itera, allegar memorial dentro del t\u00e9rmino otorgado, con el que cumple algunas cargas, evidenci\u00e1ndose as\u00ed su intenci\u00f3n de continuar con el proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Los vinculados Arturo y Olga Luc\u00eda M\u00e1rquez Mart\u00ednez fueron notificados por medio de curadora ad litem, quien se\u00f1al\u00f3 \u00abno contar con los elementos necesarios para enervar las pretensiones impetradas, ni para desvirtuar los fundamentos f\u00e1cticos en que se fundamentan las mismas, raz\u00f3n por la que solicito que, al momento de proferir sentencia, se tengan en cuenta las pruebas oportunas y legalmente aportadas, y en caso de que se establezca la vulneraci\u00f3n de derecho fundamental, se imparta la respectiva orden a la autoridad o persona responsable\u00bb. <\/p>\n
3. El representante legal suplente de la Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento Tuya S.A., solicit\u00f3 \u00abno amparar las peticiones de la accionante, entendiendo que no ha sido fuente vulneradora de derecho alguno en su contra\u00bb. <\/p>\n
4. La apoderada del Banco Pichincha S.A., pidi\u00f3 \u00abno tutelar los derechos incoados, por no ser quien ha infringido ninguna de las prerrogativas que aduce la tutelante, prueba de ello es su escrito de tutela\u00bb. <\/p>\n
5. La representante legal de GM Financial Colombia S.A., indic\u00f3 que \u00abla salvaguarda es improcedente toda vez que no se satisface con el principio de inmediatez y se presenta la inexistencia de una v\u00eda de hecho y de perjuicio irremediable porque las decisiones adoptadas por el juzgado se encuentran sin ning\u00fan defecto f\u00e1ctico\u00bb. <\/p>\n
6. El apoderado del Banco Coomeva S.A., expres\u00f3 que \u00abse debe permitir que el juzgado encargado siga imprimiendo el tr\u00e1mite normal al proceso de insolvencia que a nombre de Germ\u00e1n Andr\u00e9s Aristiz\u00e1bal Hern\u00e1ndez cursa all\u00ed, pues, las peticiones de la accionante no se compadecen con la situaci\u00f3n que el deudor presenta y que el mencionado s\u00ed ha estado actuando en la Litis, aunque se le haya dificultado cumplir con todos y cada uno de los requerimientos que el juzgado le ha cursado, es por ello que est\u00e1 justificada la negativa del accionado de no declarar el desistimiento t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
7. La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013 DIAN y la Secretar\u00eda Distrital de Hacienda solicitaron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que no han lesionado prerrogativa esencial alguna a la quejosa. <\/p>\n
8. La apoderada del Municipio de Medell\u00edn manifest\u00f3 que no se cumple con el requisito de la inmediatez y \u00abel agotamiento de los recursos\u00bb en atenci\u00f3n a que \u00abse cuestionan providencias del a\u00f1o 2019 sin que se evidencie el t\u00e9rmino prudencial que debe existir entre el hecho del que se deriva la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental y la interposici\u00f3n de la solicitud de amparo y no se han agotado todos los medios de defensa judicial al alcance del afectado\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo, puesto que incumple \u00ablos postulados de la inmediatez y la subsidiariedad, en tanto que la accionante cuestiona providencias de 15 de febrero, 13 de agosto y 24 de octubre de 2019, lo que pone de presente que desde esas fechas hasta la presentaci\u00f3n de esta tutela, transcurri\u00f3 m\u00e1s de seis meses, tardanza reveladora de que la alegada conculcaci\u00f3n de los derechos invocados no es actual, inminente, ni tampoco grave\u00bb aunado a que \u00abla actora no acredit\u00f3 haber solicitado la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, que ahora pretende sea decretada a trav\u00e9s de esta v\u00eda, puesto que el juez constitucional no puede invadir la competencia del juez de conocimiento, porque se convertir\u00eda en una instancia m\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora del amparo sin expresar las razones de su desacuerdo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y se agotaron todos los mecanismos de defensa establecidos en la ley para plantear las anomal\u00edas que denuncia la actora en su libelo introductor y, de superarse lo anterior, si la autoridad encartada lesion\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales al interior del asunto de insolvencia de persona natural comerciante formulada por Germ\u00e1n Andr\u00e9s Aristiz\u00e1bal Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Analizados los fundamentos que soportan el presente auxilio ha de precisarse que se respaldar\u00e1 el fallo proferido por el tribunal a quo, en la medida en que se evidencia que la inconformidad de la querellante radica en la emisi\u00f3n de la providencia que \u00abadmiti\u00f3 la demanda de reorganizaci\u00f3n de persona natural comerciante formulada por Germ\u00e1n Andr\u00e9s Aristiz\u00e1bal Hern\u00e1ndez\u00bb y los autos que \u00abrequirieron a la parte activa para que en el t\u00e9rmino perentorio de treinta (30) d\u00edas procediera a dar cumplimiento a las \u00f3rdenes dadas en decisi\u00f3n del 15 de febrero de 2019 so pena de aplicar las sanciones de que trata el numeral 5 del art\u00edculo 5 de la Ley 1116 de 2006\u00bb, sin embargo, se echan de menos los requisitos que a continuaci\u00f3n pasan a explicarse: <\/p>\n
3.1. La inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el presente cuestionamiento no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que las decisiones debatidas por la actora en virtud del juicio de reorganizaci\u00f3n de persona natural comerciante que origina el reclamo constitucional fueron proferidas el 15 de febrero, 13 de agosto y 24 de octubre de 2019, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el 18 de noviembre de 2020, es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la eventual afectada debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a determinaciones judiciales. <\/p>\n
Al respecto se ha dicho: \u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691-00). <\/p>\n
3.2. Inobservancia del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado: \u00ab(\u2026) Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d\u00bb (CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01). <\/p>\n
Tal exigencia tampoco la satisface la solicitud de amparo que hoy ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, en tanto que la actora no ha peticionado ante el juez de conocimiento la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito y que por esta senda pretende sea decretada, situaci\u00f3n que reafirma la inviabilidad del resguardo. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n en diversos pronunciamientos ha dicho que \u00abla tutela no fue concebida para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, citada en STC6325-2019, 23 may. 2019, rad. 00044-01). <\/p>\n
Finalmente, en punto a la pretensi\u00f3n a que por esta v\u00eda se \u00abdecreten las nulidades procesales sobre las que hay lugar a hacerlo\u00bb se advierte que la quejosa ya hab\u00eda solicitado la invalidez de la actuaci\u00f3n conjuntamente con la acreedora Sol Marina Moreno Lozano, siendo \u00abrechazada de plano\u00bb mediante prove\u00eddo fechado 17 de julio de 2020, determinaci\u00f3n frente a la que guard\u00f3 silencio, por lo que tampoco se puede establecer la ocurrencia de un evento transgresor de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Consecuencia de lo analizado, se impone ratificar el fallo de primera instancia, porque la presente demanda desatiende los requisitos de inmediatez y subsidiariedad que la gobiernan. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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