STC796-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC796-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54518-22-08-000-2020-00056-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, el pasado 15 de diciembre, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sergio Enrique Pe\u00f1aloza Monterrey contra el Juzgado Segundo Civil-Laboral del Circuito de aquella ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al presente instrumento con el fin de reclamar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales \u00abal debido proceso y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. Refiere que \u00aba finales de 2016\u00bb adquiri\u00f3 un cr\u00e9dito con el Banco Davivienda amparado con la \u00abp\u00f3liza de seguro vida grupo \u2013 deudores No. 45155\u00bb de Seguros Bol\u00edvar S.A. <\/p>\n
Dice que el 6 de septiembre de 2018 la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Norte de Santander, determin\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 78.48 %, derivada de una enfermedad de origen com\u00fan, cuya fecha de estructuraci\u00f3n estableci\u00f3 el 11 de noviembre de 2016. <\/p>\n
Relata que, paralelamente con ello, la entidad bancaria inici\u00f3 un proceso ejecutivo hipotecario en su contra que cursa en el Juzgado Segundo Civil-Laboral del Circuito de Pamplona, en el que present\u00f3, como excepci\u00f3n previa, la de pleito pendiente, desestimada mediante auto de 11 de septiembre de 2020. <\/p>\n
Expone que solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n de dicho tr\u00e1mite \u00abpor prejudicialidad\u00bb con fundamento en el art\u00edculo 161 del C\u00f3digo General del Proceso, resuelta desfavorablemente el 9 de octubre del mismo a\u00f1o; determinaci\u00f3n contra la cual interpuso recurso de reposici\u00f3n negado el 23 de noviembre siguiente. <\/p>\n
Aduce que la c\u00e9lula judicial accionada, al no acceder a su petici\u00f3n de suspensi\u00f3n del compulsivo, incurri\u00f3 en un \u00abdefecto procedimental por exceso ritual manifiesto\u00bb. <\/p>\n
4. Solicita, en consecuencia, \u00abdejar sin efectos autos interlocutorios proferidos\u2026 [el] 9 de octubre de 2020 y 23 de noviembre de 2020\u2026 y en su lugar\u2026 se profiera auto que en derecho corresponda, respetando el debido proceso\u2026 ordenando la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad [sic]\u00bb <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Segunda Civil Laboral del Circuito de Pamplona solicit\u00f3 denegar el amparo y dijo \u00abmantenerse en todos los fundamentos de derecho esgrimidos en las providencias de fechas 11 de septiembre, 9 de octubre y 23 de noviembre de 2020 con las cuales se atendieron las peticiones elevadas por el se\u00f1or\u2026 Pe\u00f1aloza Monterrey\u00bb. <\/p>\n
2. El representante legal del Banco Davivienda, sin referirse a los motivos que adujo el actor como sustento de su queja, pidi\u00f3 \u00ababstenerse de amparar el derecho tutelado\u00bb pues esa entidad financiera \u00abha actuado legal y jur\u00eddicamente dentro del \u00e1mbito de su competencia\u00bb. <\/p>\n
3. Por conducto de apoderada judicial, Seguros Bol\u00edvar S.A. pidi\u00f3 ser \u00abdesvinculada\u00bb del presente tr\u00e1mite habida consideraci\u00f3n que las pretensiones \u00abse relacionan con el actuar de un tercero ajeno a la compa\u00f1\u00eda y versan sobre un proceso judicial del cual\u2026 no es parte\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pamplona, deneg\u00f3 el amparo implorado porque las providencias criticadas \u00aben modo alguno se advierte[n] constitutiva[s] de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto\u00bb comoquiera que el juzgado accionado fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el art\u00edculo 161-1 del C\u00f3digo General del Proceso, sin encontrar acreditadas las exigencias all\u00ed previstas. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, no se encontr\u00f3 \u00abque la funcionaria\u2026 haya impuesto trabas o rituales indebidos o imposibles de cumplir para efectos de alcanzar lo pretendido por el accionante\u2026 y en esa medida no se advierte que las decisiones\u2026 contrar\u00eden el ordenamiento jur\u00eddico ni pueden ser catalogadas como violatorias de derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso, reproduciendo los argumentos del libelo inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial convocada lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales del gestor, dentro del compulsivo 2019-0000284, con la decisi\u00f3n de 9 de octubre de 2020, ratificada el 23 de noviembre siguiente, a trav\u00e9s de la cual no accedi\u00f3 a suspender la actuaci\u00f3n por \u00abprejudicialidad\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir a esta herramienta supralegal para debatir la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
En efecto, se tiene que, en el asunto estudiado, el despacho accionado mediante providencia de 9 de octubre de 2020, dentro del compulsivo 2019-00284 adelantado por Davivienda S. A. contra el aqu\u00ed gestor, se pronunci\u00f3 en torno a la solicitud de suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al tenor de lo previsto en el num. 1\u00ba en el art. 161 del C.G.P., se sintetiza en: i) que la petici\u00f3n se formule antes de la sentencia, ii) que la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuesti\u00f3n que sea imposible ventilar en aquel como excepci\u00f3n o mediante demanda de reconvenci\u00f3n y, iii) si en el proceso ejecutivo es procedente alegar los hechos como excepci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) Frente al segundo requisito, si bien\u2026 existen dos procesos en curso\u2026 lo cierto es que la sentencia a proferir dentro del asunto de marras [sic] no depende de lo que se decida en el mencionado tr\u00e1mite declarativo adelantado ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de C\u00facuta; para arribar a tal conclusi\u00f3n basta con remitirse y reiterar lo ampliamente analizado en el prove\u00eddo adiado once de septiembre hoga\u00f1o en el que claramente se concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u201cno le asiste raz\u00f3n al recurrente al se\u00f1alar que \u2018(\u2026) en ambos procesos la pretensi\u00f3n es la misma, siendo esta principalmente el pago de la obligaci\u00f3n bancaria adquirida por mi cliente con la entidad bancaria ejecutante (\u2026)\u2019 por cuanto de ninguna manera podr\u00eda considerarse que lo pretendido en la ejecuci\u00f3n que nos ocupa y lo reclamado en el aludido proceso declarativo de responsabilidad civil contractual guarda plena identidad\u2026\u201d <\/p>\n
(\u2026) la obligaci\u00f3n crediticia objeto del tr\u00e1mite declarativo adelantado en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de C\u00facuta no resulta ser la misma que se ejecuta en el presente asunto y de contera que la decisi\u00f3n que se adopte en aquel proceso \u2026 en nada incida en lo que aqu\u00ed se persigue. <\/p>\n
(\u2026) Finalmente, respecto al \u00faltimo requisito\u2026 los hechos que constituyen la petici\u00f3n que nos ocupa\u2026 fueron expuestos con anterioridad mediante la interposici\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n frente al auto que libr\u00f3 mandamiento ejecutivo\u2026 con el cual se atac\u00f3 dicha decisi\u00f3n mediante la excepci\u00f3n previa de pleito pendiente. <\/p>\n
Ahora, el hecho de que la aludida excepci\u00f3n previa haya sido resuelta de forma desfavorable a sus intereses mediante auto del 11 de septiembre hoga\u00f1o, no se traduce en que al ejecutado le fuera imposible alegar los hechos que fundamental la solicitud\u2026 como excepci\u00f3n, pues it\u00e9rese que s\u00ed tuvo dicha oportunidad\u2026 de manera que no pude afirmar el ejecutado que no le fue posible ventilar como excepci\u00f3n en la presente ejecuci\u00f3n lo discutido en el otro proceso declarativo, m\u00e1xime si se resalta que el demandado no hizo uso de los medios exceptivos de fondo para alegar los hechos que ahora expone (\u2026) <\/p>\n
Contra dicha determinaci\u00f3n, Pe\u00f1aloza Monterrey interpuso recurso de reposici\u00f3n, argumentando que, \u00abla sentencia que debe dictarse en este proceso ejecutivo depende necesariamente de lo que se decida en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de C\u00facuta\u00bb porque \u00absi dentro del proceso declarativo adelantado\u2026 se llegare a proferir una sentencia favorable\u2026 eso conllevar\u00eda a que un tercero directamente obligado por la suscripci\u00f3n de un contrato de seguro\u2026 pague la obligaci\u00f3n\u2026 que se le est\u00e1 ejecutando a mi cliente\u2026 y de suceder ello, una vez levantada la suspensi\u00f3n del presente proceso por prejudicialidad, de llegar a ser declarada\u2026 podr\u00edas presentar la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico, el juzgado cognoscente con providencia de 23 de noviembre de 2020, a trav\u00e9s de la cual resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n horizontal, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en el presente tr\u00e1mite, la obligaci\u00f3n cuya efectividad se persigue, es el pagar\u00e9 No. 909893 suscrito el 22 de diciembre de 2016 por el aqu\u00ed ejecutado\u2026 que valga iterar, no es la misma obligaci\u00f3n crediticia que ampara la aludida p\u00f3liza de seguros, pues se resalta que el cr\u00e9dito amparado por dicha p\u00f3liza es el No. 06306068000074836 y no el pagar\u00e9 No. 909893 que aqu\u00ed se ejecuta. <\/p>\n
As\u00ed pues, no tiene fundamento alguno lo afirmado por el apoderado del aqu\u00ed ejecutado\u2026 si de la documental arrimada al plenario claramente se colige que la obligaci\u00f3n que aqu\u00ed se persigue proviene del pagar\u00e9 No. 909893 suscrito el 22 de diciembre de 2016\u2026 por $172.975.803 por concepto de capital y $31.466.252 por concepto de intereses causados y no pagados, mientras que la obligaci\u00f3n amparada por la p\u00f3liza No. 45155 del 29 de marzo de 2015 es al cr\u00e9dito No. 06306068000074836. <\/p>\n
Bajo lo dicho en precedencia, la obligaci\u00f3n crediticia objeto del tr\u00e1mite declarativo en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de C\u00facuta, no resulta ser la misma por la cual se persigue su ejecuci\u00f3n en el presente asunto (\u2026)\u00bb <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por las anteriores razones, se ratificar\u00e1 la negativa del amparo porque, seg\u00fan se verific\u00f3, no existe la vulneraci\u00f3n alegada por el demandante, habida cuenta que las decisiones adoptadas en el proceso objeto de escrutinio, contienen una interpretaci\u00f3n razonable y ponderada de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, de las pruebas y del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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