STC798-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC798-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2020-00328-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 15 de diciembre de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gonzalo \u00d1ustes Prieto contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Espinal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el hipotecario n\u00b0 2016-00108. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada, al suspender la diligencia de remate para tramitar nuevo aval\u00fao presentado por el ejecutado dentro del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que dentro del hipotecario promovido por Jos\u00e9 Luis Hern\u00e1ndez Ramos contra Jos\u00e9 Leonardo Aroca Chica, el cual cursa ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Espinal, fue \u00abdebidamente reconocido\u00bb su inter\u00e9s en virtud al \u00abembargo de remanentes\u00bb [decretado por el Juzgado 4\u00b0 Civil Municipal – rad. 2016-00158]. <\/p>\n
Que para llevar a cabo la subasta del bien que garantiza el pago de las acreencias, el accionado fij\u00f3 el \u00ab7 de diciembre del 2020 a las 10:00 a.m.\u00bb, pues previamente hab\u00eda sido cautelado y su aval\u00fao se produjo \u00absin objeci\u00f3n\u00bb y atendiendo lo contemplado en el art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso, por tanto, proced\u00eda adelantar el litigio para hacer efectiva la obligaci\u00f3n ejecutada evitando \u00abdilaci\u00f3n, aplazamiento o retraso\u00bb. <\/p>\n
Que no obstante lo anterior, el juzgado suspendi\u00f3 la diligencia en menci\u00f3n, aduciendo que \u00abdos d\u00edas antes\u00bb el demandado hab\u00eda pedido su \u00abaplazamiento\u00bb, anexando \u00abun nuevo aval\u00fao\u00bb el cual deb\u00eda tramitarse, actuaci\u00f3n que en su sentir desconoce lo previsto en el art\u00edculo 457 del estatuto adjetivo, pues para la \u00abrepetici\u00f3n\u00bb del remate se requer\u00eda que hubiese sido \u00abimprobado o invalidado\u00bb, o declarado \u00abdesierto\u00bb, y al no haberse presentado ninguna de esas situaciones, el funcionario \u00abno se someti\u00f3 al imperio de la ley\u00bb y afect\u00f3 el \u00abprincipio rector de la imparcialidad\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que se proceda a \u00abdejar sin valor y efecto el acta calentada el 07 de diciembre del 2020, por evidenciar vicios, ordenando fijar nueva fecha y hora [para realizar la licitaci\u00f3n]. <\/p>\n
1. El Juez Primero Civil del Circuito de Espinal, manifest\u00f3 que suspendi\u00f3 el remate previsto para el pasado 7 de diciembre, \u00abpor cuanto el demandado present\u00f3 un nuevo aval\u00fao del predio a subastar y se orden\u00f3 darle tr\u00e1mite al mismo (\u2026), determinaci\u00f3n [que] responde a una razonable y adecuada interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 457 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, y adujo que la acci\u00f3n incumple el requisito de subsidiariedad, por cuanto el reclamante, \u00abquien representa al acreedor que embarg\u00f3 remanentes, no recurri\u00f3 la decisi\u00f3n en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Jos\u00e9 Leonardo Aroca Chica, demandado dentro del ejecutivo en cuesti\u00f3n, se opuso a lo pretendido al aseverar que el convocado \u00abprocedi\u00f3 en derecho conforme a lo establecido en el art\u00edculo 457 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026), dado que el se\u00f1or acreedor, hoy accionante, no aport\u00f3 un nuevo aval\u00fao a pesar de que esta norma as\u00ed lo ordena, la parte demandada procedi\u00f3 a presentarlo actualizado en todos los sentidos, par\u00e1metros y factores que deben contener estos aval\u00faos, el que fue elaborado por un perito avaluador inscrito en el RAA (\u2026), por cuanto a que el \u00faltimo presentado y que reposa en el expediente, tiene una fecha vetusta del a\u00f1o 2017\u00bb, y advirti\u00f3 que est\u00e1 pendiente descorrer el traslado \u00abpor el t\u00e9rmino de diez d\u00edas\u00bb que otorg\u00f3 el juzgado para pronunciarse sobre el dictamen. <\/p>\n
3. Jos\u00e9 Luis Hern\u00e1ndez Ramos, en su calidad de ejecutante en el hipotecario, pidi\u00f3 se acojan las s\u00faplicas del accionante, ya que la diligencia suspendida \u00abcumpli\u00f3 con todos los requisitos se\u00f1alados en el C.G.P.\u00bb, y por ello realiz\u00f3 postura que debi\u00f3 admitirse, pues para la \u00abrepetici\u00f3n del remate (\u2026), la condici\u00f3n que establece [la norma procesal] para que el demandado pueda presentar su nuevo aval\u00fao es que se declare desierta la segunda licitaci\u00f3n\u00bb, pero \u00aben el proceso solo se ha adelantado una sola (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo al encontrar que la \u00abdiscrepancia frente a la decisi\u00f3n adoptada en la audiencia del 7 de diciembre de 2020 [consistente en] no continuar con la diligencia de remate por cuanto se present\u00f3 un nuevo aval\u00fao del bien a subastar a fin de que se ejerza la contradicci\u00f3n del mismo por las partes que integran el proceso ejecutivo\u00bb, no se acata el requisito general de la subsidiariedad, porque el accionante se abstuvo de presentar \u00aboposici\u00f3n alguna (\u2026) a trav\u00e9s de los recursos procedentes contra dicha determinaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el pretensor para desvirtuar la efectividad del recurso de reposici\u00f3n echado de menos por el tribunal, pues el presentado por la parte ejecutante fue \u00abdenegado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Espinal, vulner\u00f3 las garant\u00edas derivadas del derecho fundamental al debido proceso, al suspender el remate dentro del hipotecario n\u00b0 2016-00108 -en el cual persigue el pago de remanentes-, o si, por el contrario, dicha determinaci\u00f3n denota razonabilidad que impida la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia censurada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
3.1. Consideraci\u00f3n preliminar. <\/p>\n
El accionante circunscribi\u00f3 la impugnaci\u00f3n a afirmar que la tutela cumple el requisito de la subsidiariedad porque, en su sentir, no le era exigible recurrir la decisi\u00f3n mediante la cual se suspendi\u00f3 la licitaci\u00f3n, aduciendo que la reposici\u00f2n que con el mismo objeto interpuso el ejecutante fue desatada de manera desfavorable; no obstante, la Sala encuentra infundado tal argumento y, por ende, comparte la postura que al respecto plante\u00f3 el tribunal a-quo que evidencia la incuria del reclamante. <\/p>\n
En efecto, por cuanto el hoy accionante tambi\u00e9n funge como acreedor del obligado en el hipotecario en el que se persigue el pago de los remanentes cuyo embargo acept\u00f3 el accionado, estaba legitimado para concurrir y refutar las determinaciones que en torno al remate pudieran ser adversas. Entonces, si consideraba lesivo para sus intereses el auto del 7 de diciembre de 2020 que dispuso aplazar la subasta para que previamente se diera tr\u00e1mite al nuevo aval\u00fao que present\u00f3 el demandado, con independencia de la actitud procesal del ejecutante en dicho pleito, pudo formular el recurso ordinario de reposici\u00f3n, pero no lo hizo. <\/p>\n
En estas condiciones, no es dable que, de cara a la desestimaci\u00f3n del amparo por hab\u00e9rsele enrostrado su comportamiento desidioso frente a la actuaci\u00f3n judicial criticada, pretenda justificar la omisi\u00f3n de su carga procesal en el resultado que arroj\u00f3 el ataque jur\u00eddico que otro interesado propici\u00f3 a dicho prove\u00eddo, y tras ello invocar la herramienta constitucional como sustitutiva de los instrumentos ordinarios que consagra el ordenamiento legal, cuya aptitud, idoneidad y utilidad no est\u00e1 en entredicho. <\/p>\n
3.2. De la razonabilidad. <\/p>\n
Se predica de la suspensi\u00f3n del remate para viabilizar la posible actualizaci\u00f3n del dictamen pericial -que en el caso en cuesti\u00f3n data de 2017-, por cuanto tal determinaci\u00f3n lejos est\u00e1 de tornarse arbitraria o caprichosa, por consiguiente, no constituye yerro espec\u00edfico de procedibilidad para quebrantarla, y en tales condiciones, ser\u00e1 ratificado el fallo desestimatorio del amparo. <\/p>\n
Ciertamente, el art\u00edculo 448 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que \u00abel ejecutante podr\u00e1 pedir que se se\u00f1ale fecha para el remate de los bienes, siempre que se hayan embargado, secuestrado y avaluado, aun cuando no est\u00e9 en firme la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb, y en cuanto al aval\u00fao, el numeral 1\u00b0 del precepto 444 ibidem se\u00f1ala que podr\u00e1 presentarlo \u00ab[c]ualquiera de las partes y el acreedor que embarg\u00f3 remanentes (\u2026). Para tal efecto, podr\u00e1n contratar el dictamen pericial directamente con entidades o profesionales especializados\u00bb, sin perjuicio de que se acuda a la f\u00f3rmula que refiere el numeral 4\u00b0 en relaci\u00f3n con inmuebles. <\/p>\n
Consecuente con lo anterior, es necesario observar que el art\u00edculo 457, contempla que: \u00ab[s]iempre que se impruebe o se declare sin valor el remate se proceder\u00e1 a repetirlo y ser\u00e1 postura admisible la misma que rigi\u00f3 para el anterior\u00bb, y en su inciso 2\u00b0 se\u00f1ala: \u00ab[c]uando no hubiere remate por falta de postores, el juez se\u00f1alar\u00e1 fecha y hora para una nueva licitaci\u00f3n. Sin embargo, fracasada la segunda licitaci\u00f3n cualquiera de los acreedores podr\u00e1 aportar un nuevo aval\u00fao, el cual ser\u00e1 sometido a contradicci\u00f3n en la forma prevista en el art\u00edculo 444 de este c\u00f3digo. La misma posibilidad tendr\u00e1 el deudor cuando haya transcurrido m\u00e1s de un (1) a\u00f1o desde la fecha en que el anterior aval\u00fao qued\u00f3 en firme. Para las nuevas subastas, deber\u00e1n cumplirse los mismos requisitos que para la primera\u00bb. Resalta la Sala. <\/p>\n
De lo antedicho surge con claridad que mientras no se haya surtido el remate, ante las variadas circunstancias que potencialmente podr\u00edan prolongar la duraci\u00f3n de un pleito y con ello afectar el aval\u00fao del bien, las partes tienen la posibilidad de actualizar su valor atendiendo las previsiones descritas en la norma. Es m\u00e1s, en caso de que ninguna lo haga, la reiterada jurisprudencia ha recordado que el juez, como director del proceso, debe velar porque al realizar la venta forzada, no se sacrifique el derecho sustancial y con ello las prerrogativas fundamentales de alguno de los contendientes, habida cuenta que el precio debe ser lo m\u00e1s cercano posible al real, y para ello el m\u00e9todo a emplear debe ser el m\u00e1s id\u00f3neo. <\/p>\n
Efectivamente, al analizar situaci\u00f3n similar a la que es materia de estudio, derivada de la aplicaci\u00f3n del canon 533 del anterior estatuto adjetivo y que hoy corresponde al citado art\u00edculo 457 del C\u00f3digo General del Proceso, la Corte precis\u00f3 que as\u00ed como \u00abcualquiera de los acreedores\u00bb puede presentar a contradicci\u00f3n \u00abun nuevo aval\u00fao\u00bb del bien objeto de remate, el deudor est\u00e1 facultado para pedir su actualizaci\u00f3n \u00abcuando haya transcurrido m\u00e1s de un (1) a\u00f1o desde la fecha en que el anterior aval\u00fao qued\u00f3 en firme\u00bb, al explicar que: <\/p>\n
\u00abLa norma citada prev\u00e9 varias posibilidades para actualizar el aval\u00fao cuando no es posible realizar el remate: la primera de ellas es la que tiene cualquiera de los acreedores una vez ha fracasado la segunda licitaci\u00f3n, en cuyo evento podr\u00e1n aportar un nuevo aval\u00fao que se someter\u00e1 a contradicci\u00f3n en la forma prevista en el art\u00edculo 516. La otra posibilidad es la que tiene el demandado cuando ha transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde la fecha en que el anterior aval\u00fao qued\u00f3 en firme. <\/p>\n
A partir de una interpretaci\u00f3n exeg\u00e9tica y apegada al tenor estrictamente literal de la disposici\u00f3n, se podr\u00eda llegar a pensar que s\u00f3lo las partes est\u00e1n facultadas para solicitar la actualizaci\u00f3n del precio del bien que ser\u00e1 subastado. <\/p>\n
Sin embargo, el criterio de razonabilidad indica \u2013y as\u00ed lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte\u2013 que cuando el funcionario judicial alberga dudas sobre el valor real del bien que se someter\u00e1 a la almoneda, est\u00e1 obligado a despejar toda incertidumbre, a\u00fan de oficio, con el fin de garantizar el objetivo que se persigue con la venta en p\u00fablica subasta, que no es otro que obtener el mejor precio posible por el bien ofrecido, seg\u00fan su estimaci\u00f3n real en el mercado, de modo que se beneficien los intereses econ\u00f3micos de ambas partes. <\/p>\n
Pero de ninguna manera puede aceptarse, por ser una conclusi\u00f3n absurda y contraevidente, que las normas procesales son una limitante para lograr ese objetivo, ni mucho menos que deba proponerse el bien por un valor manifiestamente inferior al que determinan las leyes de la oferta y la demanda, pues no cabe duda que esto \u00faltimo generar\u00eda un grave e injustificado perjuicio econ\u00f3mico a la parte demandada, lo cual no es, en modo alguno, el prop\u00f3sito del proceso ejecutivo. <\/p>\n
A tal respecto esta Corporaci\u00f3n ha manifestado que cuando el dictamen que obra en el expediente no se adecua al valor real del bien, el funcionario judicial est\u00e1 obligado a indagar por la verdad material que subyace al asunto del que conoce, pues no le es dable asumir una actitud de completa indiferencia cuando las pruebas muestran una falta de correspondencia con la realidad. <\/p>\n
(\u2026) Esta interpretaci\u00f3n de ning\u00fan modo perjudica los intereses del accionante y, por el contrario, comporta una decisi\u00f3n razonable para la materializaci\u00f3n de los principios de justicia y equidad, y para el aseguramiento de los fines que persiguen las normas procesales sobre la realizaci\u00f3n de la venta en p\u00fablica subasta, tal como lo ha admitido esta Corporaci\u00f3n en distintos pronunciamientos referidos a la necesidad de actualizar el aval\u00fao (\u2026)\u00bb (CSJ STC8710-2014, 7 jul. 2014, rad. 00861-01, citada y reiterada entre otras en STC10365-2014; STC4861-2017; STC11355-2017; STC1208-2018 y STC9484-2020). Se subraya. <\/p>\n
Bajo el anterior entendimiento, por cuanto el dictamen pericial que daba cuenta del aval\u00fao del bien a rematar hab\u00eda sido aprobado desde el 6 de octubre de 2017, el ejecutado estaba legalmente autorizado para deprecar al juez su actualizaci\u00f3n, sin detenerse en condicionamiento distinto a su vigencia temporal, y por ello, la orden contenida en la diligencia abierta el 7 de diciembre de 2020, consistente en impartirle tr\u00e1mite al nuevo aval\u00fao como requisito previo a la almoneda, no conlleva desafuero que amerite la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, el auxilio deviene inviable, ya que la discrepancia presentada por el querellante frente a lo definido por el juzgador acusado, no revela arbitrariedad ni desmesura que conlleve amenaza o vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas esenciales invocadas por el solicitante, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable que se ci\u00f1e a la interpretaci\u00f3n normativa avalada por la jurisprudencia especializada. <\/p>\n
En tales condiciones, como las alegaciones del accionante persiguen anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de la autoridad accionada, y atacar, por esta senda, la decisi\u00f3n que le fue adversa, se hace necesario recordar que dicha finalidad deviene improcedente porque contrar\u00eda la naturaleza de la acci\u00f3n tuitiva, pues este instrumento no puede utilizarse a modo de instancia paralela a las previstas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo antedicho, se ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del amparo, advirtiendo que m\u00e1s all\u00e1 de la incuria advertida por el sentenciador de primer grado, lo resuelto por la autoridad querellada al dar curso al nuevo aval\u00fao presentado previo al remate, no es producto de un subjetivo criterio que configure defecto susceptible de correcci\u00f3n a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con las precisiones explicadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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