STC817-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC817-2021 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 7 de diciembre de 2020, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra al Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Augusto Becerra, el Ministerio P\u00fablico y la Defensor\u00eda del Pueblo, ambos Regional Risaralda, la Alcald\u00eda y Personer\u00eda Municipal de Pereira y la Cooperativa Creafam, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular iniciada por el tutelante frente a la \u00faltima entidad referida, radicada bajo el n\u00famero 2019-00147-00. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor exige la protecci\u00f3n de su prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente lesionada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n
Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga promovi\u00f3 el decurso materia de esta salvaguarda, ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, quien la instruy\u00f3 bajo el radicado N\u00ba 2019-00147-00. <\/p>\n
Asegura el actor que ha solicitado \u201cinfructuosamente\u201d, la liquidaci\u00f3n de las \u201ccostas [y] agencias en derecho\u201d as\u00ed como la cesi\u00f3n de las primeras a favor de Augusto Becerra. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar al estrado fustigado: i) \u201cliquidar las agencias en derecho\u201d dentro del asunto cuestionado y ii) aceptar su solicitud de \u201ccesi\u00f3n de costas\u201d a favor de Augusto Becerra. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. La c\u00e9lula judicial confutada remiti\u00f3 copia digitalizada de la acci\u00f3n popular N\u00ba 2019-00147, para que obre en la presente salvaguarda. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo, Regional de Risaralda, manifest\u00f3 su incompetencia para adelantar las pretensiones del censor; precis\u00f3, adem\u00e1s, no haber vulnerado las prerrogativas invocadas por aqu\u00e9l. <\/p>\n
3. El Personero Delegado en Medio Ambiente y Urbanismo de Pereira, demand\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. La Alcald\u00eda de Pereira indic\u00f3 atenerse a lo probado por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
5. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento, por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda reclamada, por ausencia de las conductas endilgadas a la autoridad querellada. Al respecto, precis\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]e las piezas procesales incorporadas al proceso, surge evidente que el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga ninguna actividad ha desplegado en el tr\u00e1mite en el que encuentra lesionados sus derechos, para obtener se liquiden las costas procesales y se admita su cesi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cEse pasivo comportamiento impide otorgar la tutela reclamada porque el juez constitucional no puede desconocer las formas propias de cada juicio y adoptar por este excepcional medio de protecci\u00f3n decisiones que deben ser resueltas al interior del proceso, escenario normal previsto por el legislador para tal cosa, por los funcionarios competentes para ello (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el libelista, sin exponer los argumentos de disenso. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El auxilio se concreta en establecer si el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira vulner\u00f3 las garant\u00edas superiores de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, al omitir \u201cliquidar las costas\u201d y ordenar la \u201ccesi\u00f3n\u201d de las mismas a Augusto Becerra, dentro de la acci\u00f3n popular N\u00ba 2019-00147-00, que se adelanta contra la Cooperativa Creafam. <\/p>\n
2. De entrada se advierte el fracaso del resguardo, dada la inexistencia de desafuero en la gesti\u00f3n de la titular del estrado encausado, pues, si bien el 26 de julio de 2020, el quejoso present\u00f3 un escrito realizando diferentes manifestaciones, entre ellas, la de \u201cceder las costas\u201d a favor de Augusto Becerra, la misma no ha podido ser atendida por la falladora accionada, en raz\u00f3n de las diferentes intervenciones del actor en el tr\u00e1mite del proceso. <\/p>\n
N\u00f3tese, una vez proferida la sentencia de primera instancia, el quejoso interpuso recurso de apelaci\u00f3n y, por tal raz\u00f3n, el expediente fue remitido al superior el 5 de marzo de 2020, para lo de su cargo. <\/p>\n
Posteriormente, el 17 de agosto de la misma anualidad, el censor present\u00f3 memorial desistiendo del remedio vertical, petici\u00f3n aceptada por el ad quem mediante providencia del 1\u00ba de septiembre siguiente, ordenando devolver el expediente al juzgado de origen, el 8 de septiembre de 2020. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que el asunto se halla pendiente de definici\u00f3n, en cuanto a la liquidaci\u00f3n de las costas, por parte del a quo (art. 366 del C.G.P.) y, es en esa etapa donde deber\u00e1 proveerse sobre la viabilidad de ceder tales emolumentos, conforme lo exige el memorialista. <\/p>\n
Por tanto, como al juez constitucional le est\u00e1 vedado anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos que le corresponde zanjar al juzgador natural, se refuerza el fracaso de la protecci\u00f3n exigida, m\u00e1xime si, como se expuso, la posible tardanza de la juzgadora en definir lo peticionado, obedece a las m\u00faltiples intervenciones del querellante en el decurso. <\/p>\n
El auxilio, por tanto, resulta prematuro porque, se insiste, el asunto que impulsa al gestor a hacer uso de este amparo est\u00e1 todav\u00eda a la espera de ser solucionado. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
4. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
2 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
3 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
4 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
5 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
6 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
7 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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