STC818-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC818-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00391-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 9 de diciembre de 2020, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas Leandro Giraldo, la Alcald\u00eda de Tocancip\u00e1, la Procuradur\u00eda y Defensor\u00eda del Pueblo de Bogot\u00e1, el Procurador Doce Judicial II de Asuntos Civiles y la Defensor\u00eda del Pueblo, Regional Risaralda, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular iniciada a Bancolombia S.A., radicada bajo el n\u00famero 2015-01444-00, y en la cual actu\u00f3 como coadyuvante el aqu\u00ed promotor. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n
Leandro Giraldo, coadyuvado por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, inici\u00f3 acci\u00f3n popular contra Bancolombia S.A., sucursal Tocancip\u00e1, ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, quien la instruy\u00f3 bajo el radicado N\u00ba 2015-01444-00. <\/p>\n
Asegura el actor que el estrado encausado termin\u00f3 \u201cilegalmente\u201d por \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d el decurso cuestionado, figura que, en su criterio, es inaplicable a este tipo de asuntos. <\/p>\n
Afirma que, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en otro asunto de similar linaje, determin\u00f3 improcedente aplicar el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso a la acci\u00f3n popular all\u00e1 promovida, por cuanto la misma hab\u00eda sido iniciada en vigencia de la Ley 1395 de 20101. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, ordenar al estrado accionado: i) decretar la nulidad del auto mediante el cual dispuso la terminaci\u00f3n de la causa, ii) indicar las acciones populares a las que se ha aplicado y confirmado el \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d, as\u00ed como aqu\u00e9llas donde \u00e9l ha \u201cdesistido a voluntad\u201d y, las presentadas en el 2015, \u201cdonde no pudo aplicar el desistimiento t\u00e1cito [por disposici\u00f3n] de la HCSJ SCC (sic)\u201d y iii) digitalizar las actuaciones en su totalidad y enviarle copia aut\u00e9ntica de las mismas. <\/p>\n
Asimismo, demanda vincular i) al Procurador Delegado y al Defensor del Pueblo, en Pereira, con el prop\u00f3sito de mostrar su gesti\u00f3n en el litigio; y ii) al Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Disciplinaria y Sala Administrativa, junto con el Tribunal Administrativo de Risaralda, para que alleguen copia de todas las \u201cquejas, acciones disciplinarias y de cumplimiento\u201d por \u00e9l presentadas contra los jueces civiles del circuito de Pereira. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. La c\u00e9lula judicial cuestionada remiti\u00f3 el expediente N\u00ba 2015-01444 digitalizado, para que obre en la presente salvaguarda. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo, Regional Bogot\u00e1, manifest\u00f3 no ser sujeto procesal en el referido asunto, circunstancia que le impide hacer pronunciamiento alguno frente a los hechos. <\/p>\n
3. La Defensor\u00eda del Pueblo, Regional de Risaralda, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, pues afirm\u00f3 no ser el organismo competente para adelantar las pretensiones del censor. <\/p>\n
4. El Procurador 12 Judicial II para Asuntos Civiles implor\u00f3 negar el amparo por desconocimiento de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. El primero, por cuanto la decisi\u00f3n atacada, a trav\u00e9s de este mecanismo, fue proferida en 2018; y, el segundo, toda vez que el actor no acredit\u00f3 haber presentado las respectivas peticiones a cada una de las autoridades cuestionadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente la salvaguarda por incumplimiento del requisito de inmediatez. Al respecto, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [T]ranscurrieron m\u00e1s de dos a\u00f1os desde cuando se dict\u00f3 la providencia en la que encuentra el citado se\u00f1or lesionados sus derechos, sin que haya actuado con la urgencia y prontitud con que ahora demanda el amparo y no se evidencia la existencia de una justa causa que explique los motivos por los que permiti\u00f3 que el tiempo transcurriera sin promover la acci\u00f3n ya que ninguna consideraci\u00f3n al respecto hizo en la demanda con la que se inici\u00f3 el proceso que permit\u00eda deducirla (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el libelista, insistiendo en los argumentos de disenso esbozados en el escrito genitor. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisprudencia constitucional de esta Corte ha demandado la necesidad de verificar la existencia de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad como requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, previo a efectuar otro estudio sobre el fondo del asunto debatido, de manera que, a falta de alguna de las aludidas exigencias, se negar\u00e1 el ruego tuitivo. <\/p>\n
2. El auxilio se concreta en establecer si el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira vulner\u00f3 las garant\u00edas superiores de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, al decretar el \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d estipulado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, dentro de la acci\u00f3n popular iniciada por Leandro Giraldo coadyuvado por el aqu\u00ed gestor, contra Bancolombia S.A. sucursal Tocancip\u00e1, radicada bajo el N\u00ba 2015-01444. <\/p>\n
3. De entrada, se advierte la improsperidad del amparo por inobservancia del presupuesto de inmediatez, pues, auscultado el expediente, se evidencia que la c\u00e9lula judicial confutada, mediante auto de 25 de junio de 2018, decret\u00f3 el \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d, determinaci\u00f3n recurrida por el censor a trav\u00e9s del remedio horizontal; no obstante, el 2 de agosto de 2018, dicho estrado, mantuvo su decisi\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, desde ese momento y hasta el 11 de noviembre de 2020, fecha en la cual el gestor formul\u00f3 la salvaguarda, han transcurrido m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os, tiempo que supera, ampliamente, el t\u00e9rmino de seis (6) meses establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Por consiguiente, si el impulsor se demor\u00f3 en incoar la s\u00faplica constitucional, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad atacada y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3.1. Se precisa, si bien esta Sala vari\u00f3 su postura en torno al desistimiento t\u00e1cito decretado en acciones populares, se\u00f1alando su improcedencia3, dicho pronunciamiento no se extiende al ahora estudiado. <\/p>\n
Lo acotado, por cuanto, (i) la juez atacada concluy\u00f3 el pleito con la figura enunciada cuando la otrora tesis de esta Corte no hab\u00eda sido modificada, lo cual ocurri\u00f3 hasta el 1\u00ba de diciembre de 20184 y (ii) porque los efectos interpartes de las decisiones de tutela s\u00f3lo tienen aplicaci\u00f3n en asuntos id\u00e9nticos y respecto de situaciones f\u00e1cticas posteriores a su proferimiento. <\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo 4 de la Ley 169 de 1896, la Corte puede modificar su doctrina en el evento de que juzgue err\u00f3neas determinaciones anteriores, o apartarse de ella si las circunstancias lo exigen o se estima necesario para adecuar sus criterios al Estado Constitucional y Social de Derecho o para proteger las garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
De tal modo que el juez, al separarse de una doctrina, lo debe hacer exponiendo clara y razonadamente los fundamentos jur\u00eddicos que justifican su decisi\u00f3n. En el caso, esta Corte se apart\u00f3 de su doctrina hasta entonces vigente, exponiendo los motivos ilustrativos y demostrativos para ello. <\/p>\n
Sin embargo, un cambio no puede generar sobresaltos, ambivalencias, crisis, desestabilizando un sistema jur\u00eddico o el entorno social de un pa\u00eds o de una comunidad, aniquilando lo ya juzgado y sentenciado. No. Por la seguridad jur\u00eddica y la confianza leg\u00edtima se impone la prudencia y el respeto al pasado y a lo finiquitado, cuando no est\u00e1 en juego la libertad del ser humano. Por esta raz\u00f3n lo ahora acogida no procura menoscabar los derechos adquiridos con justo t\u00edtulo ni sembrar el desconcierto. <\/p>\n
En consecuencia, se dejar\u00e1n intactas las actuaciones consolidadas al estar falladas con cosa juzgada, que de removerse quedar\u00edan incursas en causal de nulidad, consistente en \u201c(\u2026) reviv[ir] un proceso legalmente concluido (\u2026)5\u201d; de modo que la nueva doctrina se aplicar\u00e1 desde su adopci\u00f3n el 1\u00ba de diciembre de 2018 en sentido gen\u00e9rico. <\/p>\n
4. Por otra parte, debe se\u00f1alarse, respecto a la petici\u00f3n del querellante en torno a la \u201cdigitalizaci\u00f3n\u201d del litigio acusado, se tiene, revisadas las pruebas adosadas a esta tramitaci\u00f3n, se constat\u00f3 que la falladora criticada, mediante providencia de 2 de agosto de 2018, le inform\u00f3 a Arias Id\u00e1rraga que, una vez cancelara las expensas necesarias, se proceder\u00eda a la expedici\u00f3n de las piezas procesales y copias por \u00e9l requeridas; sin embargo, examinadas las actuaciones, no se evidencia el cumplimiento de la carga a \u00e9l impuesta. <\/p>\n
5. Se destaca, la s\u00faplica del actor tendiente a lograr informaci\u00f3n del juzgado censurado, respecto a indicar las acciones populares donde ha aplicado y confirmado el \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d, as\u00ed como aqu\u00e9llas en las cuales \u00e9l ha \u201cdesistido a voluntad\u201d y, las presentadas en el 2015, \u201cdonde no pudo aplicar el desistimiento t\u00e1cito [seg\u00fan lo ordenado] por la HCSJ SCC (sic)\u201d, debe plantearla ante dicha autoridad, directamente; adem\u00e1s, se trata de requerimientos que desbordan el objeto de esta senda constitucional, destinada a la defensa de los derechos sustanciales, de acuerdo con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
6. Ahora bien, tampoco procede el amparo demandado en relaci\u00f3n con el Procurador Delegado y al Defensor del Pueblo en Pereira, para que prueben la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el cumplimiento de la Ley 734 de 2002, dentro del juicio criticado, por cuanto nada le impide al promotor peticionar tal gesti\u00f3n ante esas autoridades, lo cual, no se observa, hubiese hecho. <\/p>\n
Sobre el citado requisito, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
En consecuencia, queda en evidencia la conducta del censor, en hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, pues, invocar hechos infundados e inexistentes como sustento de su reclamo, no solo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los Jueces encargados de resolver el caso, en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por la cual el Constituyente implement\u00f37 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En lo pertinente, se requiere al accionante para que cese la proposici\u00f3n de auxilios sustentados en circunstancias \u201cinfundadas e inexistentes\u201d, pues con ello no hace m\u00e1s que contribuir con la congesti\u00f3n judicial distrayendo la actividad jurisdiccional de la recta y cumplida administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, frente al ruego de vincular al Tribunal Administrativo, el Consejo Seccional de la Judicatura y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Risaralda, se ratifica la improcedencia de ese pedimento, conforme lo sostuvo el a quo constitucional en el auto a trav\u00e9s del cual avoc\u00f3 conocimiento del resguardo, decisi\u00f3n donde expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) No se accede a la vinculaci\u00f3n (\u2026) como quiera que en el escrito de tutela no se advierte hecho del que se pueda inferirse que por acci\u00f3n u omisi\u00f3n hayan incurrido en lesi\u00f3n de derecho fundamental alguno del que sea titular el demandante; por el contrario, las solicitudes que se formulan frente a esas corporaciones se dirigen \u00fanicamente a preconstituir la prueba para un proceso penal, circunstancia que no justifica su intervenci\u00f3n en este asunto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
8. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos8 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19699, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d10, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
8.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio11. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
8.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia12, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales13; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas14. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
9. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1Expediente 660013101003-2015-00450-01 Decisi\u00f3n del 11 de diciembre de 2017. M.P. Jaime Alberto Saraza N. <\/p>\n
2 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
3 CSJ. Civil. Sentencia STC14483 de 7 de noviembre de 2018. <\/p>\n
4 CSJ. Civil. Sentencia STC236 de 21 de enero de 2019. <\/p>\n
5 Tal como lo consagraba el numeral 3\u00b0 del art. 140 del CPC, hoy 2\u00b0 de la regla 133 del CGP. <\/p>\n
6 CSJ. STC de 23 de febrero de 2007, exp. 02068-01. <\/p>\n
7 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece: \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
9 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
10 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
11 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC818-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC818-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00391-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 9 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53694","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53694","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53694"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53694\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53694"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53694"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53694"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}