STC820-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC820-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2020-00392-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 14 de diciembre de 2020, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular con radicaci\u00f3n n\u00ba 2015-01156, impulsada por el aqu\u00ed gestor respecto de la Fundaci\u00f3n de la Mujer -Sucursal Carrera 6 #7-65 de Ramiriqu\u00ed (Boyac\u00e1)-. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente lesionadas por la autoridad querellada. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, expone que dentro del caso materia de este auxilio, el estrado criticado dio por terminado el proceso aplicando la figura del \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d prevista en el precepto 317 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201ce inaplicable en acci\u00f3n popular, al ser especial, con etapas y t\u00e9rminos regulados en la Ley 472 de 1998\u201d. <\/p>\n
Critica, por otra parte, la falta de vinculaci\u00f3n del Delegado de la Procuradur\u00eda para esos asuntos, pese a su solicitud en tal sentido. <\/p>\n
3. En lo medular, implora invalidar la decisi\u00f3n que finiquit\u00f3 la controversia, ordenar la digitalizaci\u00f3n del expediente y conminar al <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. La c\u00e9lula judicial querellada remiti\u00f3 copia electr\u00f3nica de la actuaci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
2. El Ministerio P\u00fablico, la Defensor\u00eda del Pueblo -Regional Risaralda- y la Alcald\u00eda de Ramiriqu\u00ed realzaron su falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Deneg\u00f3 la salvaguarda, al encontrar insatisfecho el requisito de inmediatez, pues la providencia fustigada data de hace m\u00e1s de dos a\u00f1os y no se evidencia circunstancia capaz de justificar la tardanza en la solicitud de amparo. <\/p>\n
Los dem\u00e1s pedimentos fueron desestimados por no haber sido elevados a las autoridades competentes antes de acudir a este mecanismo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La instaur\u00f3 el quejoso, sin exponer el fundamento de su disenso con el contenido de la decisi\u00f3n del a quo constitucional. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga busca que por esta especial senda se anule la providencia de 25 de junio de 2018, a trav\u00e9s de la cual se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del litigio por \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d; se ordene la digitalizaci\u00f3n del expediente, as\u00ed como la verificaci\u00f3n de las determinaciones adoptadas por el \u201ctribunal\u201d, en relaci\u00f3n con la figura jur\u00eddica en comento, en \u00e9ste y otros procesos de la misma naturaleza. <\/p>\n
2. En lo ata\u00f1edero al primero de los motivos del reproche, es clara su improsperidad, por haber incurrido el gestor en temeridad, porque promovi\u00f3 un anterior auxilio en donde debati\u00f3 lo concerniente a la inaplicabilidad, al decurso confutado, de las previsiones del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso1. <\/p>\n
La Corte ha desestimado ruegos como el presente, si: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
2.1. As\u00ed, se observa que, mediante sentencia de 10 de octubre de 2018, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira deneg\u00f3 el auxilio reclamado por el querellante frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, en relaci\u00f3n con la acci\u00f3n popular N\u00ba 2015-01156, donde el promotor, al igual que ahora, rebati\u00f3 terminaci\u00f3n anormal del litigio, con fundamento en lo establecido en el mencionado canon 317. <\/p>\n
Impugnado el citado fallo constitucional, fue ratificado por esta Corte en la providencia STC14624 de 9 de noviembre de 2018. En aquella oportunidad, esta Corporaci\u00f3n, consider\u00f3 inviable la protecci\u00f3n invocada, por cuanto, <\/p>\n
\u201c(\u2026) Revisadas las copias del expediente contentivo de la \u201cacci\u00f3n popular\u201d3, es claro, ambas determinaciones, la de 25 de junio y 1\u00ba de agosto de 2018, se apoyaron en el incumplimiento del aqu\u00ed gestor respecto de la carga de notificar a la demandada y avisar a la comunidad de la iniciaci\u00f3n de las diligencias, impuestas en auto de 25 de abril anterior, donde se le concedi\u00f3 un t\u00e9rmino de treinta d\u00edas para ello, en atenci\u00f3n a lo previsto en el canon 317 del Estatuto Procesal. <\/p>\n
\u201cDel examen atento de dichas providencias, fulge inexistente la trasgresi\u00f3n denunciada, porque no se muestran apartadas del ordenamiento jur\u00eddico y no constituyen afrenta a las prerrogativas superiores del interesado. <\/p>\n
\u201cM\u00e1s a\u00fan, las decisiones all\u00ed adoptadas est\u00e1n en consonancia con lo sentenciado por esta Corporaci\u00f3n, quien repetidamente ha hecho hincapi\u00e9 en la aplicabilidad de la anotada figura en los juicios del linaje del aqu\u00ed criticado. <\/p>\n
En sentencia del 18 de septiembre pasado4, la Corte dijo: <\/p>\n
2.2. Incluso, en dicha providencia, la Corte le record\u00f3 al querellante la posibilidad de iniciar nuevamente la acci\u00f3n popular, por cuanto <\/p>\n
\u201c(\u2026) al tratarse de prerrogativas de car\u00e1cter irrenunciable e imprescriptible, no les son aplicables las sanciones derivadas de la figura jur\u00eddica en comento. <\/p>\n
De modo que, si el hecho da\u00f1oso o amenazante persiste, el tutelante puede acudir a la administraci\u00f3n de justicia a solicitar las respectivas medidas de protecci\u00f3n, a trav\u00e9s de una nueva acci\u00f3n popular. (CSJ STC3633, 15 mar. 2017. Rad. 2017-00029-01)\u201d5. <\/p>\n
2.3 De este modo, fulge evidente que no hay lugar a acoger la actual petici\u00f3n, pues el asunto aqu\u00ed ventilado fue ya alegado en el ruego otrora deprecado y frente a \u00e9l se emitieron las determinaciones referenciadas en antelaci\u00f3n, adversas a los intereses del impulsor. <\/p>\n
3. Las dem\u00e1s s\u00faplicas del libelista, se tornan improcedentes porque no acredit\u00f3 haber elevado solicitud alguna ante las autoridades cuyo pronunciamiento reclama. <\/p>\n
Al respecto, ha dicho la Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el fallador constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
Aunado a ello, ning\u00fan sentido tendr\u00eda ordenar la vinculaci\u00f3n del Procurador Delegado para Acciones Populares a la queja colectiva n\u00ba 2015-01156, cuando, como qued\u00f3 visto, \u00e9sta se encuentra finiquitada desde hace m\u00e1s de dos a\u00f1os, sin que exista constancia de la interposici\u00f3n de otra acci\u00f3n similar, actualmente en curso. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado Parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, permite, no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, se convalidar\u00e1 la determinaci\u00f3n examinada, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por lo razonado en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u201c(\u2026) El desistimiento t\u00e1cito se aplicar\u00e1 en los siguientes eventos: <\/p>\n
1. Cuando para continuar el tr\u00e1mite de la demanda, del llamamiento en garant\u00eda, de un incidente o de cualquiera otra actuaci\u00f3n promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenar\u00e1 cumplirlo dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes mediante providencia que se notificar\u00e1 por estado. <\/p>\n
Vencido dicho t\u00e9rmino sin que quien haya promovido el tr\u00e1mite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendr\u00e1 por desistida t\u00e1citamente la respectiva actuaci\u00f3n y as\u00ed lo declarar\u00e1 en providencia en la que adem\u00e1s impondr\u00e1 condena en costas. <\/p>\n
El juez no podr\u00e1 ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando est\u00e9n pendientes actuaciones encaminadas a consumar las medidas cautelares previas. <\/p>\n
2 CSJ. STC de 13 de febrero de 2013, exp. 00168-00; reiterada el 20 de marzo de 2013, 680122130002012-00517-01. <\/p>\n
3 Vistas en el medio magn\u00e9tico adjuntado a folio 34. <\/p>\n
4 STC12118-2018, exp. 2018-00532-01. <\/p>\n
5 STC12118-2018, exp. 2018-00532-01. <\/p>\n
6 CSJ STC, 1\u00b0 nov. 2012, rad. 2012-00210-01. <\/p>\n
7 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
8 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
9 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
10 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3o de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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