STC823-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC823-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00397-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 14 de diciembre de 2020, dictada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n de la \u201cacci\u00f3n popular\u201d con radicado N\u00ba 2015-01364, iniciada por Leandro Giraldo contra Bancolombia. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, presuntamente transgredido por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n
Leandro Giraldo inco\u00f3 el decurso materia de esta salvaguarda, con el objeto de lograr la asignaci\u00f3n de un \u201c(\u2026) profesional y gu\u00eda int\u00e9rprete de planta permanente (\u2026), para garantizar la atenci\u00f3n a ciudadanos sordos, sordociegos e hipoac\u00fasicos (\u2026)\u201d, en una de las instalaciones de la entidad Bancolombia, ubicada en la ciudad de Magangu\u00e91. <\/p>\n
El 16 de junio de 2016, el Juzgado Tercero Civil del Circuito convocado admiti\u00f3 el decurso censurado2. <\/p>\n
En veredicto de 2 de diciembre de 2016, la funcionaria instructora reconoci\u00f3 a Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, aqu\u00ed actor, como coadyuvante del demandante, en el juicio reprochado3. <\/p>\n
Posteriormente, en el a\u00f1o 2018, la juez de la causa requiri\u00f3 al interesado para que adelantara las gestiones necesarias de notificaci\u00f3n a la compa\u00f1\u00eda bancaria demandada4. <\/p>\n
En determinaci\u00f3n de 25 de junio de 2018, la servidora accionada decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito del juicio debatido, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso5. <\/p>\n
Inconforme el precursor con esa providencia, formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n6. <\/p>\n
El 2 de agosto de 2018, la funcionaria encargada no repuso la decisi\u00f3n confutada7. <\/p>\n
Manifiesta el gestor que la juez cognoscente \u201c(\u2026) termin\u00f3 ilegalmente (\u2026)\u201d la contienda reprochada, pues, seg\u00fan afirma, dicha sanci\u00f3n procesal es \u201c(\u2026) inaplicable en acciones populares (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
3. Exige, por tanto, ordenarle a la falladora denunciada i) decretar la \u201cnulidad\u201d de la terminaci\u00f3n del juicio; ii) consignar el radicado de las acciones populares concluidas por desistimiento t\u00e1cito; y iii) digitalizar el expediente debatido; y, al Ministerio P\u00fablico y a la Defensor\u00eda del Pueblo, demostrar su gesti\u00f3n en el litigio9. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de la accionada y vinculados <\/p>\n
1. La Alcald\u00eda Municipal de Magangu\u00e9 adujo que, en el asunto cuestionado por el petente, esa entidad territorial no ha vulnerado las garant\u00edas superiores de aqu\u00e9l y, por tanto, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva10. <\/p>\n
2. El Defensor del Pueblo \u2013 Regional Bol\u00edvar se\u00f1al\u00f3 que la presente salvaguarda, se torna improcedente respecto de las pretensiones del tutelante, pues, \u201c(\u2026) la causa que genera [el] presunto da\u00f1o, no es imputable (\u2026)\u201d a esa dependencia11. <\/p>\n
3. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento, por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional no accedi\u00f3 al resguardo implorado, tras estimar que la tutela incumpl\u00eda los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, por cuanto, <\/p>\n
\u201c(\u2026) la decisi\u00f3n mediante la cual se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, fue notificada el 26 de junio del 2018, es decir hace ya m\u00e1s de dos a\u00f1os que eso sucedi\u00f3, motivo suficiente para declarar su improcedencia, porque la trasgresi\u00f3n que se denuncia, si es que existi\u00f3, no es actual ni inminente. <\/p>\n
Y no solo por lo que ata\u00f1e a la negativa en impulsar el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular, sino en los dem\u00e1s aspectos, comoquiera que ninguna solicitud ha elevado el accionante al Juzgado para que proceda como aqu\u00ed reclama. <\/p>\n
Asimismo, son improcedentes las peticiones dirigidas a la Defensor\u00eda del Pueblo y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, pues tampoco est\u00e1 acreditado que el accionante les hubiera solicitado a esas autoridades lo que mediante esta acci\u00f3n de tutela les exige (\u2026)\u201d12. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el suplicante, sin exponer los argumentos de su inconformismo13. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La controversia estriba en determinar si con los pronunciamientos de 25 de junio y 2 de agosto de 2018, proferidos por la funcionaria enjuiciada, se vulneraron las garant\u00edas superiores del censor, pues, en el primero, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n anormal de la acci\u00f3n popular criticada por desistimiento t\u00e1cito y, en el segundo, resolvi\u00f3 mantener inc\u00f3lume esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre este aspecto esta Sala, reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d14. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, si el promotor se demor\u00f3 para incoar la salvaguarda constitucional, su descuido per se es suficiente para descartar la existencia de una conducta anormal en la actuaci\u00f3n confutada y con repercusi\u00f3n directa en la garant\u00eda fundamental invocada como soporte de tal amparo. <\/p>\n
3. Aunado a lo expuesto, es necesario resaltar la inexistencia de irregularidad en la gesti\u00f3n criticada, pues, la contienda debatida finiquit\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito, al no cumplir el solicitante con el enteramiento de la entidad bancaria demandada. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, la providencia comentada adquiri\u00f3 firmeza y car\u00e1cter de cosa juzgada, generando en los sujetos procesales involucrados certeza sobre la finalizaci\u00f3n del litigio cuestionado, situaci\u00f3n que no puede ser variada por esta v\u00eda residual, por cuanto ello ir\u00eda en desmedro de las prerrogativas de aquellos. <\/p>\n
En lo atinente al principio de confianza leg\u00edtima, ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [P]rocura garantizar a las personas que ni el Estado ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jur\u00eddico, pero que al compararlas, resulten contradictorias15\u201d, ya que el proceder inicial puede generar leg\u00edtimas expectativas en los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia, que deben ser respetadas (\u2026)\u00bb (auto de 4 de febrero de 2008, exp. 2002-00537-00) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, sin perjuicio de reafirmar que las normas procesales son de orden p\u00fablico y de interpretaci\u00f3n estricta, existen casos excepcionales en las que la determinaci\u00f3n de una autoridad judicial genera una expectativa leg\u00edtima en el particular respecto del mantenimiento de una situaci\u00f3n determinada o sobre la manera como una solicitud debe ser planteada ante los jueces, circunstancia \u00e9sta en la que la administraci\u00f3n de justicia no puede con posterioridad adoptar decisiones contradictorias, desconociendo las expectativas que dicho particular, de buena fe, se haya formado. Por esa raz\u00f3n, se ha se\u00f1alado, por ejemplo, que las consecuencias de un error judicial no pueden afectar negativamente a la parte procesal que lo padece al punto de socavar su derecho a la defensa o el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u201d (sentencia de 18 de diciembre de 2012, exp. 00119-01) (\u2026)\u201d16. <\/p>\n
3.1. Se precisa, si bien esta Sala vari\u00f3 su postura en torno al desistimiento t\u00e1cito decretado en acciones populares, se\u00f1alando su improcedencia17, dicho pronunciamiento no se extiende al ahora estudiado. <\/p>\n
Lo acotado, por cuanto, (i) la juez atacada concluy\u00f3 el pleito con la figura enunciada cuando la otrora tesis de esta Corte no hab\u00eda sido modificada, lo cual ocurri\u00f3 hasta el 1\u00ba de diciembre de 201818 y (ii) porque los efectos interpartes de las decisiones de tutela s\u00f3lo tienen aplicaci\u00f3n en asuntos id\u00e9nticos y respecto de situaciones f\u00e1cticas posteriores a su proferimiento. <\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo 4 de la Ley 169 de 1896, la Corte puede modificar su doctrina en el evento de que juzgue err\u00f3neas determinaciones anteriores, o apartarse de ella si las circunstancias lo exigen o se estima necesario para adecuar sus criterios al Estado Constitucional y Social de Derecho o para proteger las garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
De tal modo que el juez, al separarse de una doctrina, lo debe hacer exponiendo clara y razonadamente los fundamentos jur\u00eddicos que justifican su decisi\u00f3n. En el caso, esta Corte se apart\u00f3 de su doctrina hasta entonces vigente, exponiendo los motivos ilustrativos y demostrativos para ello. <\/p>\n
Sin embargo, un cambio no puede generar sobresaltos, ambivalencias, crisis, desestabilizando un sistema jur\u00eddico o el entorno social de un pa\u00eds o de una comunidad, aniquilando lo ya juzgado y sentenciado. No. Por la seguridad jur\u00eddica y la confianza leg\u00edtima se impone la prudencia y el respeto al pasado y a lo finiquitado, cuando no est\u00e1 en juego la libertad del ser humano. Por esta raz\u00f3n lo ahora acogida no procura menoscabar los derechos adquiridos con justo t\u00edtulo ni sembrar el desconcierto. <\/p>\n
En consecuencia, se dejar\u00e1n intactas las actuaciones consolidadas al estar falladas con cosa juzgada, que de removerse quedar\u00edan incursas en causal de nulidad, consistente en \u201c(\u2026) reviv[ir] un proceso legalmente concluido (\u2026)19\u201d. Adem\u00e1s, se empez\u00f3 a dar aplicaci\u00f3n a la actual doctrina desde el 1\u00b0 de diciembre de 2018 en sentido gen\u00e9rico. <\/p>\n
4. Tocante a las solicitudes del petente dirigidas a lograr el suministro de los radicados de \u201c(\u2026) las acciones populares que han terminado por desistimiento t\u00e1cito; digitalizar el expediente debatido; y al Ministerio P\u00fablico y a la Defensor\u00eda del Pueblo demostrar su gesti\u00f3n en el litigio (\u2026)\u201d, la salvaguarda tampoco prospera, porque el quejoso puede acudir al estrado cognoscente y elevar las peticiones que estime, directamente y, sin intermediaci\u00f3n alguna, por cuanto, lo deprecado desborda las facultades de esta Sala como juez constitucional. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196921, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d22, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio23. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia24, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales25; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas26. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por los anteriores argumentos, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese, mediante mensaje de datos o correo electr\u00f3nico, lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Consultado en: Secci\u00f3n Consulta de Procesos de la p\u00e1gina web de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
2 Ibidem. <\/p>\n
3 Ibidem. <\/p>\n
4 Ibidem. <\/p>\n
5 Ibidem. <\/p>\n
ART\u00cdCULO 317. DESISTIMIENTO T\u00c1CITO. El desistimiento t\u00e1cito se aplicar\u00e1 en los siguientes eventos: <\/p>\n
1. Cuando para continuar el tr\u00e1mite de la demanda, del llamamiento en garant\u00eda, de un incidente o de cualquiera otra actuaci\u00f3n promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenar\u00e1 cumplirlo dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes mediante providencia que se notificar\u00e1 por estado. <\/p>\n
Vencido dicho t\u00e9rmino sin que quien haya promovido el tr\u00e1mite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendr\u00e1 por desistida t\u00e1citamente la respectiva actuaci\u00f3n y as\u00ed lo declarar\u00e1 en providencia en la que adem\u00e1s impondr\u00e1 condena en costas. <\/p>\n
6 Ibidem. <\/p>\n
7 Ibidem. <\/p>\n
9 Ibidem. <\/p>\n
10 Folio 1; Cuaderno \u201c19.Respuesta Alcald\u00eda Municipal de Magangu\u00e9\u201d. <\/p>\n
11 Folios 1 y 2; Cuaderno \u201c15. Respuesta Defensor\u00eda\u201d. <\/p>\n
12 Folios 1 al 5; Cuaderno \u201c28. 66001221300020200039600 inmediatez\u201d. <\/p>\n
13 Folio 1; Cuaderno \u201c26. Memorial Impugnaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
14 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00 <\/p>\n
15 Corte Constitucional. Sentencia C-836 de 2001. <\/p>\n
16 CSJ. Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2014, exp. 76001220300020130056101. <\/p>\n
17 CSJ. Civil. Sentencia STC14483 de 7 de noviembre de 2018. <\/p>\n
18 CSJ. Civil. Sentencia STC236 de 21 de enero de 2019. <\/p>\n
19 Tal como lo consagraba el numeral 3\u00b0 del art. 140 del CPC, hoy 2\u00b0 de la regla 133 del CGP. <\/p>\n
20 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
21 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
22 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
23 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
24 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
25 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
26 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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