STC824-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC824-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2020-00053-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 16 de diciembre de 2020, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga en la salvaguarda promovida por Lorena Arcos Arag\u00f3n y Arley Stiven Landazury frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Segundo Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito, as\u00ed como la Alcald\u00eda Distrital, todos de esa \u00faltima ciudad, con ocasi\u00f3n del amparo constitucional propuesto por los aqu\u00ed actores contra la autoridad territorial referida. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores exigen la protecci\u00f3n de las prerrogativas al m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, presuntamente conculcadas por la autoridad jurisdiccional acusada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Los quejosos incoaron, cada uno, acci\u00f3n de tutela contra la Alcald\u00eda Distrital de Buenaventura, quien fungi\u00f3 como su empleador, con el fin de obtener el pago oportuno de sus salarios, causados entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. Acotan que ese ente los nombr\u00f3 en su planta global en diciembre de 2019, en el cargo de auxiliar administrativo a Landazury Arboleda y, como profesional universitario, a Arcos Arag\u00f3n. <\/p>\n
Dichos amparos fueron tramitados por el Juzgado Segundo Civil Municipal de la misma ciudad y, en sentencias de 26 de marzo de 2020, aquel estrado accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n deprecada, ordenando, el desembolso de los valores adeudados a los aqu\u00ed querellantes. <\/p>\n
Manifiestan los inicialistas que esta salvaguarda est\u00e1 dirigida contra \u201cactuaciones judiciales por omisi\u00f3n\u201d y no contra las sentencias de tutela mencionadas, pues, aducen, el fallador de segundo grado revoc\u00f3 las decisiones emitidas por el a quo, sin haberles notificado el auto mediante el cual \u201cavoc\u00f3 conocimiento de la impugnaci\u00f3n\u201d, circunstancia que, en su sentir, les impidi\u00f3 intervenir y solicitar la pr\u00e1ctica de pruebas en esa instancia. <\/p>\n
3. Imploran, por tanto, dejar sin efecto \u201cla actuaci\u00f3n judicial\u201d cuestionada y, en su lugar, ordenar al despacho vinculado enterarlos del prove\u00eddo antes se\u00f1alado, para as\u00ed restablecer sus garant\u00edas constitucionales violentadas. <\/p>\n
4. Mediante providencia de 10 de junio de 2020, esta Sala declar\u00f3 la nulidad del tr\u00e1mite inicial del resguardo y, orden\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga reponer la actuaci\u00f3n, disponiendo la vinculaci\u00f3n del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y convocados <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura, advirti\u00f3 no haber conocido de las salvaguardadas aqu\u00ed referenciadas, pues, explic\u00f3, los casos objeto de las mismas hicieron \u201cparte de una tutelat\u00f3n\u201d impulsada por diferentes personas contra la Alcald\u00eda Distrital de Buenaventura, por la suspensi\u00f3n de sus contratos laborales; sin embargo, reitera, las impetradas por los aqu\u00ed censores, no correspondieron a su despacho. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma urbe se opuso a la prosperidad del resguardo, por cuanto los libelistas no demostraron la ocurrencia de un fraude que hiciera posible la invalidaci\u00f3n del fallo emitido. Se\u00f1al\u00f3, adem\u00e1s, lo pretendido por aqu\u00e9llos, es reabrir un debate concluido en un tr\u00e1mite anterior. <\/p>\n
3. La Alcald\u00eda Distrital de Buenaventura pidi\u00f3 desestimar el amparo, al considerar que ya un juez constitucional hab\u00eda resuelto las pretensiones de los aqu\u00ed petentes, con relaci\u00f3n al pago de los \u201csalarios\u201d exigidos. <\/p>\n
4. El Juzgado Segundo Civil Municipal, precis\u00f3 desconocer la decisi\u00f3n emitida en segunda instancia respecto a los fallos impugnados, pues, afirma, no ha sido notificado. <\/p>\n
Con todo, defendi\u00f3 su actuaci\u00f3n y precis\u00f3 que concedi\u00f3 el resguardo invocado, al considerar vulnerado el m\u00ednimo vital de los promotores, por tanto, adujo, la all\u00ed accionada deb\u00eda pagar los d\u00edas laborados hasta cuando les fue notificada a los actores la cesaci\u00f3n de los contratos. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda, tras determinar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o estamos frente a alguna de las hip\u00f3tesis que permita la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n contra la acci\u00f3n de tutela, ya que los quejosos tuvieron conocimiento del auto que admiti\u00f3 su demanda, y de los fallos de primera y segunda instancia, de tal suerte que no se vislumbra vulneraci\u00f3n alguna de sus derechos, concretamente al debido proceso (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 Lorena Arcos Arag\u00f3n, sin exponer los argumentos de disenso. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Desde la g\u00e9nesis de la acci\u00f3n de tutela, certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Sala ha advertido la improcedencia de los auxilios formulados frente a actuaciones del mismo linaje por contarse con herramientas id\u00f3neas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional. <\/p>\n
Las equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al veredicto de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto. <\/p>\n
En lo atinente a este espec\u00edfico tema, esta Corte ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
2. Con todo, se resalta, la jurisprudencia ha aceptado la viabilidad de auxilios como el presente, cuando la determinaci\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela es producto de un fraude o si se reprochan actos anteriores o posteriores a esa providencia, lesivos del debido proceso. <\/p>\n
As\u00ed, en el pronunciamiento SU-627 de 2015, el Alto Tribunal Constitucional acot\u00f3: <\/p>\n
\u201c4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un [tr\u00e1mite] de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
\u201c4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
\u201c4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad (\u2026) con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201c4.6.3. Si la acci\u00f3n (\u2026) se dirige contra actuaciones [constitucionales] diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
\u201c4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
\u201c4.6.3.2. Si [la queja] acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
3. Expuesto lo anterior, se colige el fracaso del amparo, pues si bien los censores aclaran en el libelo genitor que la salvaguarda est\u00e1 dirigida contra \u201cactuaciones judiciales por omisi\u00f3n\u201d y no contra las sentencias de tutela emitidas por el fallador del circuito denunciado, y que, su reparo se cimenta en la falta de notificaci\u00f3n del auto mediante el cual esa autoridad \u201cavoc\u00f3 conocimiento de la impugnaci\u00f3n, dado que con ello se les impidi\u00f3 intervenir y solicitar la pr\u00e1ctica de pruebas en segunda instancia, lo cierto es, ese supuesto \u201cdeber\u201d, por el que se duelen los libelistas, no se encuentra contemplado en el Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se hace oportuno transcribir lo se\u00f1alado en el referido precepto normativo frente a la impugnaci\u00f3n y su tr\u00e1mite: <\/p>\n
\u201c(\u2026) ARTICULO 31. IMPUGNACION DEL FALLO. Dentro de los tres d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n el fallo podr\u00e1 ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad p\u00fablica o el representante del \u00f3rgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato. <\/p>\n
Los fallos que no sean impugnados ser\u00e1n enviados al d\u00eda siguiente a la Corte Constitucional para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
\u201cARTICULO 32. TRAMITE DE LA IMPUGNACION. Presentada debidamente la impugnaci\u00f3n el juez remitir\u00e1 el expediente dentro de los dos d\u00edas siguientes al superior jer\u00e1rquico correspondiente. <\/p>\n
\u201cEl juez que conozca de la impugnaci\u00f3n, estudiar\u00e1 el contenido de la misma, cotej\u00e1ndola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petici\u00f3n de parte, podr\u00e1 solicitar informes y ordenar la pr\u00e1ctica de pruebas y proferir\u00e1 el fallo dentro de los 20 d\u00edas siguientes a la recepci\u00f3n del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, proceder\u00e1 a revocarlo, lo cual comunicar\u00e1 de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmar\u00e1. En ambos casos, dentro de los diez d\u00edas siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitir\u00e1 el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n (\u2026)\u201d (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
Se reitera, en ninguno de sus apartes, la norma otrora transcrita, establece que el juez a quien le es remitida la impugnaci\u00f3n deba proferir un auto avocando conocimiento de la misma y, adem\u00e1s, comunicarlo a las partes. En consecuencia, la omisi\u00f3n aqu\u00ed endilgada al fallador de segundo grado no constituye desafuero ni lesiona las garant\u00edas de los solicitantes. <\/p>\n
4. Fortalece la improsperidad del actual reclamo, el hecho de contar a\u00fan los petentes con la revisi\u00f3n del fallo de tutela de segunda instancia y el mecanismo de insistencia, escenarios id\u00f3neos para controvertir los argumentos aducidos por el juzgador querellado con los cuales revoc\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida para, en su lugar, denegar el auxilio deprecado por aqu\u00e9llos, pues el expediente deber\u00e1 ser enviado a la Corte Constitucional, para surtir el grado jurisdiccional asignado a esa corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Esta Corte, en un asunto similar sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [H]a de reiterarse la posici\u00f3n de la Sala acerca de la improcedencia de la tutela para cuestionar las actuaciones y decisiones originadas en el marco de otro proceso de id\u00e9ntico linaje constitucional, ya que de lo contrario se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u2018(\u2026) Se agrega que, tras revisarse la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional, se encontr\u00f3 que (\u2026) el expediente fue enviado a la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional, estando pendiente de que se decida si va a ser revisado o no. (\u2026) De modo que como el tr\u00e1mite censurado se encuentra a la espera de la eventual revisi\u00f3n, el hoy accionante puede manifestar all\u00e1 su inconformidad o acudir ante dicha Corporaci\u00f3n \u201ce insistir en su selecci\u00f3n, para que, de ser el caso, en ese escenario se analicen cada uno de los aspectos en los que funda la presente queja\u201d (sentencia de 6 de marzo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2008-00489-01) (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Folios 1 al 7; Expediente digital\u201c11. Sentencia.pdf\u201d. <\/p>\n
2 CSJ. STC de 22 de agosto de 2008, exp. 01317-00. <\/p>\n
3 CSJ. STC de 25 de junio de 2012, exp. 5400122130002012-00069-01; reiterada el 16 de agosto de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-01773-00. <\/p>\n
4 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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