STC835-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC835-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 17001-22-13-000-2020-00163-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 12 de enero de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jhon Fredy Bernal Arias contra el Juzgado Tercero de Familia de esta capital; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Procuradur\u00eda Judicial para Asuntos de Familia, la Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Caldas y las partes del proceso ejecutivo de alimentos radicado 2018-00334. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Esta Sala, ha decidido, como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor involucrado en el asunto bajo estudio, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que, contra el tutelante cursa en el Juzgado Tercero de Familia de Manizales proceso ejecutivo de alimentos en favor de su hijo menor de edad XXXX, asunto promovido por Mariana S\u00e1nchez Cardona. <\/p>\n
El juzgado libr\u00f3 mandamiento de pago por un valor de \u00ab$3\u2019433.727,18., por cuotas alimentarias adeudadas\u00bb; y, posteriormente, decret\u00f3 el embargo de un porcentaje del salario del demandado con el fin de cubrir la cuota alimentaria mensual y descontar la suma adeudada por dicho concepto. <\/p>\n
Adujo el actor que, el 5 de febrero de 2020 solicit\u00f3 la reducci\u00f3n de dicho porcentaje debido a que \u00abexced\u00eda el permitido por la ley\u00bb, requerimiento que \u00ab[le] fue negado\u00bb, adem\u00e1s de que le enviaron \u00abuna liquidaci\u00f3n de la deuda aumentada considerablemente sin tener en cuenta los descuentos hechos por la medida cautelar\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide que se solicite al Juzgado Tercero de Familia de Manizales, \u00ab(\u2026) enviar informaci\u00f3n exacta y verdadera, que no tienda a desfavorecer a la parte demandada. Pues de $3\u2019433.727,18., como deuda al 23 de abril de 2019, y a pesar de la medida cautelar desde el mes de diciembre de 2019, para febrero 5 de 2020 la deuda hab\u00eda aumentado a $5\u2019701.339,18 (\u2026) que se tenga en cuenta las pruebas del dinero enviado a la parte demandante entre los meses de noviembre de 2018 y octubre de 2019 (\u2026) ordenar al Juzgado Tercero de Familia presentar estado de cuenta a la fecha, adjuntando todos los datos que en mi derecho solicito\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Tercero de Familia de Manizales, tras efectuar un recuento de lo acontecido en el juicio en cuesti\u00f3n, sostuvo que, contrario a lo afirmado por el quejoso, la solicitud de reducci\u00f3n del porcentaje de embargo salarial \u00abfue resuelta favorablemente por auto del 5 de febrero de 2020, disponi\u00e9ndose la disminuci\u00f3n del porcentaje del embargo decretado del 30% al 16,66% de todos los ingresos que percibe como empleado de la Constructora Essenza SAS (\u2026)\u00bb. De otro lado, agreg\u00f3 que, \u00absolo hasta el pasado 27 de noviembre, el se\u00f1or Jhon Fredy Bernal Arias radic\u00f3 a trav\u00e9s del Centro de Servicios Judiciales Civil Familia, derecho de petici\u00f3n en el que solicita se le informe el capital adeudado, teniendo en cuenta los abonos y cu\u00e1nto hace falta para cancelar la deuda, a lo que adjunt\u00f3 recibos de consignaciones de noviembre de 2018 a octubre de 2019 en favor de la se\u00f1ora Mariana Cardona y Mar\u00eda Jos\u00e9 Bernal\u00bb, al respecto, manifest\u00f3 que, comoquiera que dicha petici\u00f3n est\u00e1 directamente relacionada con el objeto de litis, \u00abno existe transgresi\u00f3n alguna al derecho fundamental de petici\u00f3n (\u2026)\u00bb, as\u00ed como tampoco al debido proceso por la falta de resoluci\u00f3n, pues \u00abproceder\u00e1 a resolver de fondo la petici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. El Procurador 15 Judicial II de Familia, indic\u00f3 que el proceder del despacho accionado estuvo acorde con el \u00abostensible incumplimiento del tutelante frente a su hijo\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que el tutelante pretende a trav\u00e9s del derecho de petici\u00f3n proponer excepciones que en el momento procesal oportuno no formul\u00f3. <\/p>\n
3. La se\u00f1ora Mariana Cardona S\u00e1nchez, vinculada, demandante en el proceso de alimentos referido, se\u00f1al\u00f3 que Bernal Arias fue notificado a su direcci\u00f3n en la ciudad de Manizales (ya que se desconocen los datos de residencia en C\u00facuta); y que el juzgado, atendiendo su petici\u00f3n dispuso la reducci\u00f3n del porcentaje de embargo, considerando que aqu\u00e9l tiene otros hijos a su cargo. <\/p>\n
4. La defensora de familia adscrita al despacho accionado, manifest\u00f3 que ning\u00fan derecho le ha vulnerado al tutelante y que, en todo caso, el porcentaje del embargo del salario de aqu\u00e9l fue disminuido seg\u00fan lo pidi\u00f3 el pasado 14 de septiembre de 2020, y que, de todas maneras, tiene la posibilidad de solicitar la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo al precisar que lo deprecado por el tutelante \u00abno corresponde a un derecho de petici\u00f3n sino a una solicitud dentro del curso de un proceso judicial, por lo cual no se debe aplicar las normas del derecho de petici\u00f3n sino las que rit\u00faan el procedimiento judicial\u00bb; y que, teniendo en cuenta ello, de todas formas \u00abno [se] evidenci\u00f3 una tardanza injustificada en su proceder que permitiera abrir la puerta del resguardo constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el querellante, insistiendo en lo manifestado en el escrito inicial; en tal sentido, insiste en que la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito no se encuentra conforme con lo que ha cancelado y lo descontado con la medida cautelar, es decir, que se omitieron \u00abtener en cuenta diecis\u00e9is mensualidades [\u2026] entre noviembre de 2018 y octubre de 2019 realic\u00e9 doce consignaciones y un pago en efectivo a las partes demandantes [\u2026] a la fecha estoy a la espera de la aceptaci\u00f3n como prueba y que se tengan en cuenta para la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema planteado. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Tercero de Familia de Manizales vulner\u00f3 la prerrogativa denunciada por el quejoso al no dar respuesta a la petici\u00f3n radicada el 27 de noviembre de 2020 en la que requiere se le informe el saldo actual de la deuda alimentaria y, con detalle, se indiquen los valores que ha descontado con el dinero embargado de su salario; y, que se tengan en cuenta dichas sumas para la liquidaci\u00f3n final del cr\u00e9dito. <\/p>\n
2. El derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
La garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica, detenta estirpe fundamental e implica la facultad de obtener respuesta pronta en condiciones id\u00f3neas; por ello, al haberse presentado una solicitud en inter\u00e9s particular, surge el derecho a obtener un pronunciamiento de fondo. Sobre el tema la Corte ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita\u00bb (CSJ STC de 19 de marzo. 2014, Rad. 00053-01, reiterado en STC1336 13 feb de 2015). <\/p>\n
En otra ocasi\u00f3n la Sala indic\u00f3 que: \u00ab(\u2026) el derecho de petici\u00f3n supone para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante\u00bb (CSJ STC, 10 dic. 2012, rad. 00120-01, reiterada en STC3233-2018, 8 mar. 2018, rad. 00005-01, entre otras). <\/p>\n
3. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, entre otras) <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
As\u00ed, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si la solicitud cuya respuesta se reclama, concierne o no un asunto vinculado a la litis y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente, por las razones expuestas. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. En el sub examine, como bien lo coligi\u00f3 la magistratura a quo, no puede predicarse vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda contenida en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica, considerando que el requerimiento en cuesti\u00f3n tiene v\u00ednculo intr\u00ednseco con el proceso ejecutivo de alimentos que se cuestiona, comoquiera que en \u00e9l, adem\u00e1s de solicitar informaci\u00f3n acerca del valor adeudado en la actualidad, reclam\u00f3 la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, teniendo en cuenta las sumas cubiertas con el embargo del salario del ac\u00e1 actor; por lo que, conforme se expuso en los precedentes jurisprudenciales destacados, no resulta viable el mecanismo constitucional deprecado para tal efecto. <\/p>\n
En ese orden, no puede prosperar la demanda, toda vez que el gestor del amparo no se encontraba habilitado para pretender, mediante el escrito petitorio, que el despacho tutelado respondiera sobre un asunto propio del juicio en los t\u00e9rminos previstos y seg\u00fan lo establecido en la normativa que reglamenta la prerrogativa supralegal aludida \u2013 art\u00edculo 14, Ley 1437 de 2011 \u2013 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015 \u2013; dicho de otra manera, no emerge afectaci\u00f3n de aqu\u00e9lla conforme los presupuestos generales de esa regulaci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, los cuestionamientos sobre los casos sometidos a la competencia del juez ordinario deben ser resueltos, pero a trav\u00e9s de los procedimientos estatuidos, lo que quiere decir que, la falta de aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n previamente mencionada, no constituye en el presente evento raz\u00f3n para conceder el amparo solicitado. <\/p>\n
4.2. Al margen de lo anterior, y como lo que debe analizarse frente a este tipo de reclamaciones es la posible incursi\u00f3n en mora judicial por la falta de resoluci\u00f3n, es preciso indicar que, en este caso, para la Sala tal situaci\u00f3n no se presenta, pues, considerando la fecha en que fue radicado el memorial aludido \u2013 27 de noviembre de 2020 \u2013 y la de la interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela \u2013 11 de diciembre de 2020 \u2013 no transcurri\u00f3 un t\u00e9rmino excesivo o desproporcionado que amerite ineludiblemente la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, es necesario que se verifique que con la mora se genere un perjuicio irremediable que haga necesaria la protecci\u00f3n, aspecto que ni siquiera fue alegado por el quejoso. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se impone confirmar la declaratoria de improcedencia de la salvaguarda, porque resulta inviable el derecho petici\u00f3n dentro de un tr\u00e1mite judicial; no obstante, sin perjuicio de ello, conforme lo verificado en estas diligencias, el t\u00e9rmino que transcurri\u00f3 entre la radicaci\u00f3n del escrito petitorio y la demanda de tutela, no luce excesivo como para denunciar de \u00e9ste una posible incursi\u00f3n en mora judicial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
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