STC854-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC854-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2020-00357-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 7 de diciembre de 2020, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2015-01314). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada en el curso de la precitada acci\u00f3n popular en la cual funge como accionante. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que en el proceso de la referencia \u00abdonde los tutelados aplicaron sin reparo alguno DESISTIMIENTO T[\u00c1]CITO, figura existente en CGP e INAPLICABLE EN ACCI[\u00d3]N POPULAR; AL SER ACCI[\u00d3]N ESPACIAL (sic) CON ETAPAS Y T[\u00c9]RMINOS REGULADOS EN LEY 472 de 1998, BIOLANDO (sic) art 29 CN, art 5 [de la] ley 472 de 1998 y OLBIDANDO (sic) q (sic) el CGP, solo aplica en civil, agrario, familia, laboral, siempre q (sic) exista vac[\u00ed]o en la ley y que NO SE OPONGA A LA NATUTAREZA DE LA MISMA\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3 que \u00abSe ordene continuar al tr[\u00e1]mite de acci\u00f3n popular y se decrete NULIDAD del auto por el cual se termin[\u00f3] anormalmente la acci\u00f3n popular, a fin de no exceder la denegaci\u00f3n al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, por exceso ritual manifiesto y violaci\u00f3n art 29 CN (\u2026) correr traslado al procurador delegado en a[cci\u00f3n] popular a fin q act[\u00fa]e en derecho y garantice [el] art 29 CN, (\u2026) SE ORDENE a la tutelada juez q digitalice todo, todo lo actuado en la acci\u00f3n popular y lo env[\u00ed]e al correo q aporto en esta tutela (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Defensor del Pueblo Regional del Atl\u00e1ntico manifest\u00f3 que previa verificaci\u00f3n \u00abno se registra petici\u00f3n, solicitud o atenci\u00f3n alguna a nombre del [a]ccionante anteriormente mencionado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Procurador Regional de Risaralda, argument\u00f3 que la situaci\u00f3n presentada en el tr\u00e1mite de la demanda es ajena a esa entidad y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Alcald\u00eda de Barranquilla a trav\u00e9s de apoderado, adujo falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira sin hacer pronunciamiento alguno, se limit\u00f3 a remitir el expediente objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
El tribunal a quo calific\u00f3 la actuaci\u00f3n de temeraria, al considerar que, \u00abesta acci\u00f3n de tutela, es id\u00e9ntica a la identificada con el radicado 66001221300020180110501, en la que la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, mediante la sentencia STC707-2019, resolvi\u00f3 negarla comoquiera que, para cuando se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito en ese asunto, el 25 de julio del 2018, se estimaba razonable la aplicaci\u00f3n de dicha norma en las acciones populares. Entre esta y aquella demanda, hay absoluta identidad de partes, objeto y causa\u00bb., raz\u00f3n por la cual declar\u00f3 improcedente la v\u00eda constitucional e impuso condena en costas al peticionario. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00abAsimismo, son improcedentes las peticiones dirigidas a que se digitalice el expediente, o frente al \u201cdelegado\u201d de la Procuradur\u00eda entiende esta Sala, pues tampoco est\u00e1 acreditado que el accionante les hubiera solicitado a esas autoridades lo que mediante esta acci\u00f3n de tutela les exige\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el convocante reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial, agregando que \u00abSE REVOQUE LA SANCI[\u00d3]N A MI CONTRA YA Q (sic) NO EXISTI[\u00d3] TEMERIDAD Y MENOS MALA FE (\u2026) EL AUTO ILEGAL NO ATA A[\u00da]N EN FIRME Y POR ELLO PIDO AMPARAR MI ACCI[\u00d3N A FIN Q (sic) NO SE CRISTALICE UN DA\u00d1O IRREPARABLE POR EXCESO RIRUAL (sic) MANIFIESTO\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente si, el querellante act\u00fao en temeridad y, de superarse lo anterior, si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en la acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2015-01314), al haber terminado presuntamente, el asunto por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
2. La temeridad en el ejercicio de la tutela. <\/p>\n
El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. rad. 00294-00). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. Revisadas las diligencias, advierte esta Sala que el sub ex\u00e1mine se enmarca en la anterior hip\u00f3tesis, teniendo en cuenta que el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga promovi\u00f3, en 2018, un amparo de id\u00e9nticos contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, mediante el cual busc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, presuntamente conculcado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en tanto, habr\u00eda dado por terminada la acci\u00f3n constitucional de la referencia por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
En efecto, con decisi\u00f3n de 29 de noviembre de 2018, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la precitada localidad al resolver la primera instancia constitucional, concedi\u00f3 el resguardo aduciendo que \u00abla funcionaria incurri\u00f3 en defecto sustantivo, al aplicar la figura procesal del desistimiento t\u00e1cito contemplada en el art\u00edculo 317 del CGP, lo que no es procedente en acciones populares, dada la naturaleza constitucional y oficiosa de la misma la cual est\u00e1 dirigida a proteger derechos e intereses colectivos\u00bb y, en punto a la pretensi\u00f3n para que el Procurador Delegado en Acciones Populares \u00abprobara qu\u00e9 hizo a fin de evitar la vulneraci\u00f3n al debido proceso\u00bb, adujo que \u00abse torna improcedente por incumplirse el presupuesto de la subsidiariedad, pues la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 consagrada para tramitar esta clase de solicitudes, las cuales deben ser elevadas directamente por el mismo interesado\u00bb. <\/p>\n
Al ser impugnada la anterior determinaci\u00f3n, esta Sala de Casaci\u00f3n, mediante fallo STC707-2019, 30 ene., revoc\u00f3 esa resoluci\u00f3n y, en su lugar, deneg\u00f3 el amparo, bajo las siguientes premisas: <\/p>\n
6. En relaci\u00f3n con la solicitud formulada frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, basta se\u00f1alar que el gestor de considerarlo necesario puede exponer esas inquietudes y pedimentos directamente ante aquella, a trav\u00e9s de los mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para ello, no siendo este instrumento el camino para emprender indagaciones que el supuesto afectado debe promover sin mediaci\u00f3n de terceros y, claro, asumiendo la responsabilidad que conlleva. <\/p>\n
Conforme con ello, es claro para esta Sala que las s\u00faplicas son id\u00e9nticas, y su prop\u00f3sito primordial es cuestionar la juridicidad de la decisi\u00f3n adoptada por el despacho enjuiciado en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito de la acci\u00f3n popular precitada. <\/p>\n
En las anteriores condiciones, como la nueva acci\u00f3n corresponde al reflejo del injustificado ejercicio realizado en un asunto esencialmente similar, no es posible su replanteamiento porque \u00abadmitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 00517-01, reiterada, entre otras, en STC7704-2017, 1\u00ba jun. 2017, rad. 00275-01). <\/p>\n
3.2. Ahora, tras avalar la improcedencia de la acci\u00f3n cuando se ha interpuesto una nueva en la que coinciden partes, causa y pretensiones u objeto, lo cual dimana de lo previsto en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, seg\u00fan el cual \u00ab[c]uando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb, surge el tema de la sanci\u00f3n impuesta como consecuencia del comportamiento temerario del convocante. <\/p>\n
Esto, porque al mantenerse id\u00e9ntica aspiraci\u00f3n y los mismos presupuestos cardinales que motivan ambas quejas constitucionales, se constituye un paralelismo de acciones que estructuran un supuesto de abuso y exceso en el ejercicio del auxilio; concretamente, el inciso final del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991 reprocha ese proceder, se\u00f1alando que \u00ab[s]i la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u00bb. <\/p>\n
Espec\u00edficamente, al abordar un caso propuesto por el ac\u00e1 accionante, en el que tambi\u00e9n alegaba que, previamente a imponer la sanci\u00f3n que en este caso fue de un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente, deb\u00eda surtirse el tr\u00e1mite de un incidente, la Corte advirti\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora bien, al margen de lo expresado en otros resguardos, donde esta Corporaci\u00f3n ha concedido la protecci\u00f3n frente a quejas de iguales perfiles, por no agotarse un tr\u00e1mite previo a imponer una sanci\u00f3n pecuniaria por temeridad (STC de 1\u00ba de diciembre de 2016, rad. 2016-02342-01), en este caso s\u00ed resulta procedente la sanci\u00f3n enunciada aun cuando no se surti\u00f3 un decurso incidental para definirlo. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto esta Sala en pret\u00e9ritas oportunidades ha convalidado la fijaci\u00f3n de ese tipo de correctivos al se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga, tras constatar su desatenci\u00f3n a los continuos llamamientos hechos por la judicatura para que cesara la presentaci\u00f3n de auxilios de forma temeraria (\u2026)\u00bb (CSJ STC15038-2017, 21 sep. 2017, rad. 00811-01). <\/p>\n
En otro pronunciamiento, la Sala destac\u00f3: \u00abla denominada \u00abcondena en costas\u00bb en sede de tutela, al denegarse el resguardo por el proceder temerario de su promotor, ha sido avalado por la Corte Constitucional, autoridad que al revisar algunos asuntos ha dispuesto directamente tal condena, entre otros, en los radicados T-280\/98 y T-117\/02\u00bb, y puntualiz\u00f3 que \u00abatendiendo a lo expuesto por la jurisprudencia constitucional, se tiene que la nominada \u00abcondena en costas\u00bb impuesta por el Tribunal a quo ante la acreditada temeridad del accionante respecto a las acciones de tutela formuladas contra la Defensor\u00eda del Pueblo, las que tambi\u00e9n esta Sala en repetidas oportunidades ha considerado temerarias, se asemeja a una multa o sanci\u00f3n\u00bb (CSJ STC11363-2017, 2 ago. 2017, rad. 00451-02). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, sostuvo: <\/p>\n
\u00abAhora, el recurrente no suministr\u00f3 ninguna explicaci\u00f3n que excusara esa conducta a fin de liberarlo de la \u201cmulta\u201d, sin que el que manifestara en el libelo introductorio: \u201cBajo la gravedad del juramento manifiesto que SI he presentado acci\u00f3n igual con los mismos hechos y derechos los cuales considero violados, pero me creo con derecho de ciudadano de pedir se ampare mi acci\u00f3n constitucional\u201d [folio 3], permita evadir la \u201csanci\u00f3n\u201d, pues lo que evidencia esa afirmaci\u00f3n es que cuando compareci\u00f3 a esta justicia, era consciente de la \u201ctemeridad de la acci\u00f3n\u201d, y aun as\u00ed decidi\u00f3 radicar un \u201cnuevo ruego\u201d con desconocimiento que el Tribunal de Pereira en veredicto de 27 de septiembre de 2018 lo neg\u00f3. <\/p>\n
Aunque la \u201cCorte Constitucional\u201d tambi\u00e9n ha apuntado que la (\u2026) actuaci\u00f3n no es temeraria \u2018cuando\u2026 [a] pesar de existir dicha duplicidad, el ejercicio de las acciones de tutela se funda (i) en la ignorancia del accionante; (ii) el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensi\u00f3n, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la existencia extrema de defender un derecho (sentencia T-280\/2017). <\/p>\n
Es claro, que la persistencia del inconforme de cara a la vulneraci\u00f3n de sus \u201cderechos\u201d no encuadra en ninguno de esos eventos, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que Javier El\u00edas es un \u201cdemandante recurrente\u201d y, por tanto, mal podr\u00eda invocar ignorancia de las reglas de esta \u201cacci\u00f3n constitucional\u201d. <\/p>\n
(\u2026) Las anteriores apreciaciones bastan para descartar la aplicaci\u00f3n del precedente de la Sala Penal hom\u00f3loga, am\u00e9n que \u201clas determinaciones adoptadas por v\u00eda de tutela son \u2018inter partes [y] que no [tienen] la virtualidad de extender sus efectos a la situaci\u00f3n que [se] plantea en relaci\u00f3n con [el interesado] en este tr\u00e1mite\u201d (CSJ STC, 22 may. 2009, rad. 00124-01, reiterada en STC14817-2018)\u00bb (CSJ STC036-2019, 14 ene. 2019, rad. 2018-01111-01). <\/p>\n
En consecuencia, como el ejercicio de la salvaguarda debe ser razonable y ponderado para evitar un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia, en este evento se estructura una circunstancia que genera el fracaso de la solicitud, e implica, como acaba de verse, que tambi\u00e9n deba convalidarse la sanci\u00f3n impuesta al gestor por obrar con temeridad. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se impone confirmar la improcedencia del amparo, en tanto esta queja resulta temeraria, pues es el reflejo de un ejercicio repetido en un asunto, esencialmente id\u00e9ntico, replanteando un tema que ya hab\u00eda sido sometido al escrutinio y definici\u00f3n del juez constitucional, y no se suscita variaci\u00f3n alguna que permita reabrir el debate jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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