STC857-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC857-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2020-00360-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 9 de diciembre de 2020, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n\u00b0 (2015-01405-00), as\u00ed como la Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda y el Procurador Delegado en Acciones Populares. <\/p>\n
ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada en el curso de la acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2015-01405-00), en la cual intervino como coadyuvante de Leandro Giraldo. <\/p>\n
2. En sustento de sus suplicas, el querellante indic\u00f3 que la autoridad convocada dio por terminado el asunto referido por desistimiento t\u00e1cito, pese a que es una \u00ab(\u2026) figura inaplicable en [la] acci\u00f3n popular(\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordenase al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira: \u00ab[i]Se ORDENE nulidad del auto que termino la acci\u00f3n popular. [ii]. SE ordene a los tutelados consignar en derecho con radicados completos, las acciones populares donde han aplicado y confirmado desistimiento t[\u00e1]acito[.] [iii]Se ordene a los tutelados consignar todos los radicados de acciones populares donde he DESISTIDO A VOLUNTAD de las renuentes a[cciones] populares ante la mora judicial y el incumplimiento sistem\u00e1tico (sic) de los t\u00e9rminos de ley en a[cciones] populares[.] [iv].Se ordene a la juez aquuo (sic) q[ue] digitalice todo lo actuado en la a[cci\u00f3n] popular, incluyendo tutelas de existir y me las reenvie[\u00e9] al correo electr\u00f3nico a fin q[ue] obre en acci\u00f3n penal y en acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por herror[error] judicial. Como las copias le[a]s requiero para acci\u00f3n penal, no me pueden cobrar dinero alguno como lo ha pretendido la aquuo (sic) para cumplir mi requerimiento pedido en esta tutela[.] [v] Se ORDENE en tutela a los TUTELADOS, q[ue] consignen en derecho la norma LEGAL q[ue] les permite o permiti\u00f3 aplicar desistimiento t[\u00e1]acito en una acci\u00f3n de raigambre CONSTITUCIONAL con normas propias y aut\u00f3noma[s] [,] adem\u00e1s de ser de impulso oficioso y OBLIGATORIO de los juzgadores, art 5, 6 [de la] ley 472 de 1998 a fin q[ue] obre en acci\u00f3n penal y en reparaci\u00f3n directa por herror[error] judicial, ya q[ue] lo he solicitado y no responden[.] [vi] SE(sic) vincule al procurador delegado en acciones populares y al defensor delpueblo (sic) en Pereira Rda (sic) a fin q[ue] prueben y demuestren en derecho como garantizaron art 29 CN en la acci\u00f3n popular tutelada hoy y probaran q[ue] cumplen [la] ley 734 de 2002. Se les requiera[e] q[ue] aporten copias de lo q[ue] en derecho [h]ayan realizado en esta acci\u00f3n popular a fin q[ue] obre en acci\u00f3n penal [vii] Se vincule al [C]consejo [S]seccional [de la] [J]judicatura [S]sala [D]dis[c]iplinaria y sala administrativa a fin q[ue] aporten copia de todas mis quejas y acciones disiciplinarias (sic) presentadas en cualquier fecha contra la juez y contra el Tribunal sscf (sic) de Pereira, consignando para todas y cada una de ellas, lo ocurrido en derecho y cuando desidira (sic) en derecho. Esto a fin q[ue] obre en acci\u00f3n penal. [viii] Se Vincule al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA a fin q[ue] aporten copias de todas mis acciones de cumplimiento presentadas contra [J]jueces [C]civiles [de] [C]circuito de Pereira rda (sic) en cualquier fecha y consignaraan (sic) su decisi\u00f3n en derecho, referente a las acciones de cumplimiento. [ix] Se solicita copias de todas las acciones de cumplimiento a fin [de] que obre en acci\u00f3n penal. [x]SE ORDENE a la juez que aporte unlistado (sic) completo de todas las acciones populares q[ue] dormitan (sic) en su despacho incluyendo las acciones populares presentadas en el a\u00f1o 2015 donde no pudo aplicar desistimiento t[\u00e1]acito ya q[ue] la HCSJ (sic) SCC (sic) le ordeno aplicar [el] art 5 [de la] ley 472 de 1998 y a[\u00fa]un siguen dormitando (sic) largos periodos est\u00e9riles (sic) de tiempo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS. <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira manifest\u00f3 que la acci\u00f3n popular termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito mediante auto de fecha 25 de junio de 2018, siendo notificado por estado el d\u00eda siguiente a esta fecha. A\u00f1adi\u00f3 que en el mes de agosto de 2018 el expediente fue archivado. <\/p>\n
2. La Alcald\u00eda de Medell\u00edn, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. El Procurador Regional de Risaralda, pidi\u00f3 de igual manera ser apartado aludiendo que \u00abla controversia en cuesti\u00f3n es ajena a esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. El Defensor del Pueblo Regional de Risaralda refiri\u00f3 \u00abno ser el organismo competente para llevar a cabo las pretensiones del accionante\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada sentencia, para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 \u00abPido no se permita cristalizar un da\u00f1o irreparable por exceso ritual manifiesto pido se garantice [el] art 29 cn (sic), ya q[ue] se viola abiertamente [los] art[\u00edculos] 5, 6, 84 [de la] ley 472 d[e] 1998\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior, si el juzgado convocado vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante al \u00abaplicar el desistimiento t\u00e1cito en la acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2015-01405-00) en contradicci\u00f3n de las normas que regulan en la materia\u00bb. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Efectuado el an\u00e1lisis a los argumentos de la queja constitucional y con vista en la informaci\u00f3n suministrada por los intervinientes, la Sala encuentra que la sentencia desestimatoria de primera instancia ser\u00e1 respaldada, puesto que, la salvaguarda implorada por el accionante desatiende el requisito que viene de comentarse para la protecci\u00f3n que se invoca. <\/p>\n
Lo anterior, debido a que la providencia objeto de censura data del 2 de agosto de 2018, en tanto que la presente tutela se radic\u00f3 el 17 de noviembre de 2020, de acuerdo con el acta de reparto digital, es decir, superado ampliamente el plazo establecido jurisprudencialmente como razonable para acudir al resguardo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el eventual afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a determinaciones judiciales. <\/p>\n
Al respecto se ha dicho: \u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691-00). <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con la queja frente al Juzgado Tercero Civil de Circuito de Pereira por, supuestamente, no atender las distintas peticiones presentadas, no hay constancia de que hubiera elevado dichas solicitudes a esa autoridad, de ah\u00ed que no se le puede atribuir ninguna violaci\u00f3n de los derechos del promotor. <\/p>\n
En igual sentido, frente a la reclamaci\u00f3n contra la Procuradur\u00eda, la Defensor\u00eda del Pueblo, el Consejo Seccional de la Judicatura y el Tribunal Administrativo de Risaralda, ente otros, el gestor no demostr\u00f3 que hubiera acudido ante las referidas entidades o que se encuentren peticiones pendientes por resolver, por lo que tampoco se puede establecer la ocurrencia de un evento transgresor de sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, el querellante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el presupuesto de la inmediatez y, as\u00ed mismo no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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