STC863-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC863-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2020-00352-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 18 de enero de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Jos\u00e9 Vega Bracamonte contra el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada, en tanto no ha tramitado ni resuelto una solicitud que present\u00f3 para obtener copia de documentos atinentes a medida cautelar decretada en un pleito que estuvo a su cargo. <\/p>\n
2. Expuso que \u00abmediante correo electr\u00f3nico oficial\u00bb, el 23 de noviembre de 2020 present\u00f3 petici\u00f3n al Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena, para que, en relaci\u00f3n con el folio de \u00abmatr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 060-16768\u00bb, se le expidiera \u00abcopia de (\u2026): 1. Oficio 678 del 02 de mayo de 1.991, correspondiente a la anotaci\u00f3n Nro. 007, [y] 2. Oficio 421 del 03 de marzo de 1.995, correspondiente a la anotaci\u00f3n Nro. 010\u00bb, y que a la fecha de interposici\u00f3n de la querella (15 de diciembre de 2020), \u00abno he recibido respuesta alguna por parte del juzgado accionado\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse ordene al Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena, otorgarme respuesta de fondo a lo solicitado en la petici\u00f3n elevada el 23 de noviembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El funcionario encartado, tras expresar que \u00abel c\u00famulo de [solicitudes] desde el levantamiento de la suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos judiciales se han ido atendiendo en orden cronol\u00f3gico de recepci\u00f3n en el buz\u00f3n del correo institucional\u00bb, afirm\u00f3 que como el interesado no suministr\u00f3 la informaci\u00f3n pertinente, \u00absolo hasta el d\u00eda de hoy [18 de diciembre de 2020], y habiendo allegado [con el] escrito de tutela un n\u00famero de abonado celular, el Citador del juzgado (\u2026), se comunic\u00f3 con \u00e9l y \u00e9ste le inform\u00f3 que se refer\u00eda a un proceso de divorcio de la se\u00f1ora Zaida Barraza Moreno y que lo que realmente quiere es la copia del proceso\u00bb. Que a partir de ah\u00ed, el empleado busc\u00f3 \u00aben los libros radicadores (\u2026), y encuentra el proceso de Divorcio con radicaci\u00f3n # 13-001-31-10-00-1994-04007-00, [de] Carlos Costa Barraza contra Zaida Barraza Moreno, y revisando la lista de procesos terminados enviados al archivo general ubicado en el Barrio La Carolina, [lo hall\u00f3] depositado en el saco # 29 [lo cual le inform\u00f3] telef\u00f3nicamente [al petente]\u00bb, y como de la oficina de archivo el actor \u00abpuede obtener las copias que requiere\u00bb, por \u00abhecho superado\u00bb la tutela es improcedente. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al considerar \u00abque en el marco de los procesos judiciales, las peticiones que se interpongan dentro de estos, se rigen por las normas y los t\u00e9rminos aplicables al proceso\u00bb, y no obstante ello, \u00abel juzgado accionado ya tramit\u00f3 la solicitud del accionante, tal como consta en el informe rendido por el citador que se alleg\u00f3 como prueba, en el cual se le ponen de presente al actor la ubicaci\u00f3n del expediente, con su n\u00famero de saco, que se encuentra en el archivo general y que si desea obtener copia del mismo, debe presentar la solicitud ante dicha dependencia\u00bb; por tanto, \u00abha desaparecido la actuaci\u00f3n generadora de la alegada vulneraci\u00f3n [y] se evidencia una carencia actual de objeto por hecho superado\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el promotor del resguardo, aduciendo que no se ha atendido lo solicitado, ya que \u00abla informaci\u00f3n suministrada telef\u00f3nicamente el d\u00eda 18 de diciembre del 2020 (\u2026), resulto ser err\u00f3nea (\u2026), dado que en comunicaci\u00f3n [obtenida] el d\u00eda 12 de enero de 2021 (\u2026), la jefe de archivo central inform\u00f3 que los oficios solicitados no se encontraban dentro del proceso mencionado por el [juzgado]\u00bb, lo que corrobor\u00f3 porque \u00abme fue remitido dicho proceso por archivo central, [oficina] que tambi\u00e9n me inform\u00f3 (\u2026) que a nombre de Zaida Barraza Moreno Vs Carlos Costa Barraza, existe otro proceso y que lo m\u00e1s probable sea que dentro de este, se hallen los oficios solicitados\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00abel d\u00eda 13 y 15 de enero [de 2021], puse en conocimiento [del Juzgado] el error en la informaci\u00f3n, para que me fuera suministrado el n\u00famero del proceso correcto (\u2026), sin embargo, (\u2026) nuevamente pas\u00f3 por alto mi solicitud\u00bb, y por ello, \u00abla vulneraci\u00f3n al derecho invocado no ha cesado, dado que la respuesta otorgada (\u2026), no fue de fondo, congruente ni mucho menos VER\u00cdDICA\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena, vulner\u00f3 el derecho fundamental de petici\u00f3n, al no haber brindado pronta y efectiva soluci\u00f3n a la petici\u00f3n para que se le expida copia de piezas procesales correspondientes al juicio seguido ante ese despacho judicial. <\/p>\n
2. Del derecho de petici\u00f3n y en particular del invocado ante autoridades judiciales. <\/p>\n
Esta prerrogativa est\u00e1 concebida en el art\u00edculo 23 de la Carta Magna con la categor\u00eda de fundamental, en la medida que se garantiza a toda persona para que se dirija ante las autoridades y eventualmente ante los particulares, para obtener, sin sujeci\u00f3n al sentido, respuesta oportuna y de fondo a la cuesti\u00f3n que por ese medio se le plantea. Al respecto, se ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el derecho de petici\u00f3n \u201cno s\u00f3lo implica la potestad de elevar peticiones respetuosas a las autoridades; envuelve adem\u00e1s la necesidad de que se brinde una respuesta adecuada y oportuna -que no formal ni necesariamente favorable- dentro del marco de imparcialidad, eficacia y publicidad que caracteriza al Estado Social de Derecho… El derecho de petici\u00f3n supone para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante\u201d (Ver, entre otras, Sentencias de 31 de octubre de 1997, 8 de mayo de 2000 y 28 de septiembre de 2004)\u00bb (CSJ STC, 10 dic. 2012, rad. 00120-01, citada entre otras en STC12424-2017, 17 ago. 2017, rad. 00061-01). <\/p>\n
Atinente a las peticiones ante los jueces, desde el precedente constitucional contenido en la sentencia T-290 de 1993, esta Corte ha reiterado que, en principio, su tratamiento no se sujeta a los t\u00e9rminos consagrados para las peticiones de car\u00e1cter administrativo, puesto que su invocaci\u00f3n para que el juez haga o deje de hacer determinada actuaci\u00f3n dentro de la actividad jurisdiccional, o para que impulse y resuelva el asunto bajo su conocimiento, \u00abse rigen por principios, reglas y normas determinadas previamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, leyes y c\u00f3digos, seg\u00fan la jurisdicci\u00f3n, especialidad y procedimiento a las cuales deba sujetarse el conflicto, los cuales deben ser acatados por el juez y los intervinientes\u00bb (CSJ STC, 22 jun. 2004, rad. 00012-01), y que la desatenci\u00f3n a esos deberes y obligaciones implica vulnerar las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Empero, si la naturaleza de la petici\u00f3n var\u00eda, la afectaci\u00f3n de ese derecho s\u00ed podr\u00eda tener cabida, en tanto que, a los jueces \u00abs\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n (\u2026), cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000, exp. T-4822 y T-4867)\u00bb (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 01784-01, citada, entre otras, en STC6751-2018, 24 may. 2018, rad. 00069-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con base en las anteriores premisas, examinados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y su cotejo con la informaci\u00f3n proporcionada por los intervinientes, la Sala revocar\u00e1 el fallo desestimatorio de primera instancia y en su lugar otorgar\u00e1 el auxilio deprecado, porque al no haberse dado soluci\u00f3n de fondo al pedimento planteado por el accionante, se mantiene la afectaci\u00f3n que motiv\u00f3 la presente querella, por ende, es infundada la resoluci\u00f3n bajo la figura de \u00abhecho superado\u00bb que avizor\u00f3 el tribunal a-quo. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente es necesario precisar que la petici\u00f3n formulada por el hoy querellante ante el accionado el 23 de noviembre de 2020, no estaba encaminada a impulsar ni a que se resolviera alg\u00fan asunto de car\u00e1cter litigioso, porque adem\u00e1s de que el proceso al que refiere ya se encuentra terminado, el solicitante no es parte ni adujo su calidad de tercero reconocido en dicho pleito, sino que evidenci\u00f3 inter\u00e9s como ciudadano de cara a una medida cautelar de embargo sobre el predio con \u00abmatr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 060-16768\u00bb, cuyo decreto fue comunicado por ese despacho en el a\u00f1o 1991 y su cancelaci\u00f3n en 1995. <\/p>\n
Por consiguiente, la cuesti\u00f3n a definir por el funcionario no es de orden jurisdiccional al interior del juicio que implique obedecer a las oportunidades y formas previamente establecidas en el estatuto procesal general, sino una dirigida a la obtenci\u00f3n de actos de car\u00e1cter administrativo, como lo es la de gestionar el desarchive del expediente de un proceso terminado, y autorizar, si lo considera procedente, la expedici\u00f3n de las piezas procesales solicitadas por el actor. <\/p>\n
Aunado a lo que sobre el particular se describi\u00f3 en el anterior ac\u00e1pite, la procedencia o no de un derecho de petici\u00f3n frente a autoridades judiciales, tambi\u00e9n est\u00e1 ligado a si la contienda se encuentra activa y por ende pendiente de impulso, o si por el contrario ya no lo est\u00e1, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si las solicitudes realizadas por las partes o terceros dentro de un proceso judicial en curso refieren a asuntos relacionados con la cuesti\u00f3n litigiosa o con su procedimiento, es claro que no constituyen una petici\u00f3n independiente que amerite pronunciamiento distinto a aquel que corresponde a su funci\u00f3n jurisdiccional, por ello, aunque se invoque como sustento el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica, el juez no est\u00e1 obligado a responder con sujeci\u00f3n a las previsiones normativas de orden administrativo, sino observando las reglas del juicio que conoce y con absoluto respeto al debido proceso\u00bb (CSJ STC203-2017, 19 ene. 2017, rad. 00673-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Lo anterior significa que adem\u00e1s de que la petici\u00f3n proviene de persona ajena a la controversia ordinaria, y que por tanto no tiene libre acceso al proceso para conocer las actuaciones que pudiera darse a trav\u00e9s de las notificaciones que rigen su tr\u00e1mite, el expediente se halla en archivo definitivo porque ya se declar\u00f3 su terminaci\u00f3n, por tanto, lo solicitado s\u00f3lo es dable si el funcionario judicial atiende adecuadamente el derecho de petici\u00f3n invocado. <\/p>\n
3.2. En las condiciones que acaban de describirse, la respuesta dada por el funcionario accionado, que en suma correspondi\u00f3 a remitirse al informe rendido por el empleado que se encarg\u00f3 para responder, no es precisa y menos puede ser efectiva, porque, en primer lugar, parte de una afirmaci\u00f3n que no se ajusta a la realidad, pues mientras se asegura que \u00absolo hasta el d\u00eda de hoy [18 de diciembre de 2020], y habiendo allegado [con el] escrito de tutela un n\u00famero de abonado celular, el Citador del juzgado (\u2026), se comunic\u00f3 con \u00e9l y \u00e9ste le inform\u00f3 que se refer\u00eda a un proceso de divorcio de la se\u00f1ora ZAIDA BARRAZA MORENO\u00bb, la Sala observa que los datos sobre n\u00famero telef\u00f3nico y direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico se\u00f1alados en la demanda tutelar, son los mismos que se indicaron en la petici\u00f3n del 23 de noviembre de 2020, por ende, conocidos desde el principio. <\/p>\n
En segundo lugar, se le inform\u00f3 al peticionario que el asunto por el que indagaba, correspond\u00eda al \u00abproceso de Divorcio con radicaci\u00f3n # 13-001-31-10-00-1994-04007-00, [de] Carlos Costa Barraza contra Zaida Barraza Moreno [el cual estaba en] la lista de procesos terminados enviados al archivo general ubicado en el Barrio La Carolina de [Cartagena], depositado en el SACO # 29\u00bb, y a esa oficina fue remitido para \u00abobtener las copias que requiere\u00bb. No obstante, el juzgado no se detuvo a revisar que la petici\u00f3n claramente refer\u00eda a medida cautelar decretada por ese despacho y comunicada a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos con \u00abOficio 678 del 02 de mayo de 1.991\u00bb, esto es, mucho antes de la radicaci\u00f3n del divorcio al que remitieron al actor. <\/p>\n
De ah\u00ed que, a la fecha actual, no se haya acreditado que al accionante se le haya solucionado la situaci\u00f3n que dio origen a esta queja constitucional, al punto que en sede de impugnaci\u00f3n asever\u00f3 que a\u00fan con la colaboraci\u00f3n brindada por \u00abla jefe de archivo central\u00bb, y tras haber verificado la foliatura del expediente en menci\u00f3n, no encontr\u00f3 los documentos requeridos para su reproducci\u00f3n, y que, seg\u00fan la funcionaria del archivo, \u00aba nombre de Zaida Barraza Moreno Vs Carlos Costa Barraza, existe otro proceso y que lo m\u00e1s probable sea que dentro de este, se hallen los oficios solicitados\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
As\u00ed, es evidente la transgresi\u00f3n al derecho fundamental de petici\u00f3n del tutelante por parte del juzgado, toda vez que siendo lo requerido un asunto de car\u00e1cter administrativo, no ha desplegado la actividad pertinente para resolver de manera pronta, congruente y efectiva, tanto la ubicaci\u00f3n del expediente donde constan los documentos cuyas copias depreca el interesado, el cual, seg\u00fan el certificado de tradici\u00f3n allegado por el impugnante (anotaciones 6 y 10), es el contentivo de \u00abproceso de separaci\u00f3n de cuerpos de Zaida Barraza Zaida [contra] Carlos Costa Barraza\u00bb, pues en ese pleito fue donde el 2 de febrero de 1991 se libr\u00f3 el oficio de embargo. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, por cuanto se mantiene latente la situaci\u00f3n que motiv\u00f3 esta acci\u00f3n, se impone revocar el fallo desestimatorio de primera instancia que declaraba la carencia de objeto por hecho superado, para en su lugar amparar el derecho fundamental de petici\u00f3n del demandante, y con ello impartir orden para que cese la vulneraci\u00f3n existente desde antes de entablar la presente acci\u00f3n. En ese sentido, se dispondr\u00e1 que la autoridad judicial convocada, dentro del t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, si no lo ha hecho antes, proceda a gestionar el desarchivo del expediente que corresponda, y resolver con prontitud y eficiencia la solicitud que elev\u00f3 el reclamante el 23 de noviembre de 2020. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia impugnada, y en su lugar, CONCEDE la tutela al derecho fundamental de petici\u00f3n que invoc\u00f3 Carlos Jos\u00e9 Vega Bracamonte. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA al Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena, que en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, contado desde la notificaci\u00f3n de la presente providencia, si no lo ha hecho antes, gestione lo pertinente para obtener el desarchivo del expediente al cual hace relaci\u00f3n los documentos a que alude el accionante, y tras ello, con observancia en lo esbozado en precedencia, resuelva de fondo la petici\u00f3n elevada el 23 de noviembre de 2020. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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