STC865-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC865-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2020-00279-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el 30 de septiembre de 20201, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alejandro Vargas Escobar, contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 y Segundo Promiscuo Municipal de Cajic\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n\u00b0 2016-00262. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, salud, vida, \u00abderecho a la paz (\u2026) tranquilidad\u00bb, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas al proferir los fallos de primera y segunda instancia, en virtud del juicio de responsabilidad civil n\u00b0 2016-00262, seguido en contra del Condominio Balcones de Buena Vista PH. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del presente auxilio: <\/p>\n
2.1. Luis Alejandro Vargas Escobar, promovi\u00f3 el citado proceso, pretendiendo que el extremo pasivo fuera condenado al pago de los perjuicios ocasionados a causa de la tala de \u00e1rboles efectuada en el predio n\u00ba 12, de su propiedad, sin su autorizaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cajic\u00e1, quien mediante providencia de 28 de agosto de 2019 declar\u00f3 probadas las excepciones de m\u00e9rito de falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, y ausencia de responsabilidad extracontractual propuestas por el demandado. <\/p>\n
2.3. Frente a la anterior determinaci\u00f3n, Vargas Escobar formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, no obstante, el 7 de mayo de 2020, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 confirm\u00f3 el fallo. <\/p>\n
2.4. Inconforme con los citados prove\u00eddos, el accionante acude en tutela para censurar, en general, la valoraci\u00f3n probatoria impartida por los juzgadores, pues en su criterio \u00ab(\u2026) no le dio valor probatorio debido a la inspecci\u00f3n judicial practicada (\u2026) como tampoco (\u2026) al dictamen del perito (\u2026) al interrogatorio de parte (\u2026) junto con la prueba documental consistente en el documento p\u00fablico (\u2026) expedido por la CAR (\u2026) y que da certeza de que no es cierto (\u2026) de que no se prob\u00f3 la culpa del condominio demandado por la tala de \u00e1rboles en [su] propiedad\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo \u00abse declaren nulas absolutamente y se revoquen las decisiones contenidas en la sentencia de primera instancia, 28 de agosto de 2019 (\u2026) y sentencia de segunda instancia dictada con fecha de 7 de mayo de 2020\u00bb, proferidas por los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal de Cajic\u00e1, y Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, respectivamente, y que en su lugar, \u00abse proceda a dictar la sentencia que en derecho corresponde condenando al demandado (\u2026) como responsable de la tala de \u00e1rboles y de la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios ocasionados\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Copropiedad Balcones de Buena Vista PH, por conducto de apoderado, se opuso a la prosperidad del resguardo, destacando que \u00abel proceder del Juzgado accionado ha sido ajustado a derecho respetuoso en todo momento de las normas procesales y sustanciales que regulan las actuaciones en que es parte el accionante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La titular del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cajic\u00e1 defendi\u00f3 su proceder y asegur\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n judicial cuestionada por el actor fue debidamente motivada, es decir, con clara y suficiente exposici\u00f3n de las razones que le dieron sustento a las determinaci\u00f3n (sic) adoptada, sin que, por ende, sea dable afirmar que se antepuso un criterio caprichoso o arbitrario de parte de este estrado judicial, que careciera por completo de fundamento objetivo a tal punto que pudiera enmarcarse dentro de las denominadas v\u00edas de hecho, lesivas de derechos fundamentales del accionante, o que diera paso a alguna de las dem\u00e1s causales espec\u00edficas de procedibilidad a las que se ha venido refiriendo reiteradamente la jurisprudencia constitucional\u00bb. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3, que \u00aben observancia de los principios o criterios de la autonom\u00eda e independencias judiciales, no resultan de recibo los argumentos esgrimidos por el promotor del amparo. Lo anterior, por cuanto al revisar el escrito de tutela presentado por la apoderada judicial del ciudadano LUIS ALEJANDRO ESCOBAR, se advierte que, en el fondo, plantea simplemente su discrepancia con los fundamentos en que se ha apoyado el Juzgado para proferir la sentencia de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Juez Segunda Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, afirm\u00f3 que \u00ab(\u2026) [l]a decisi\u00f3n adoptada en segunda instancia aplic\u00f3 las normas sustanciales que regulan esta clase de acciones, se sustent\u00f3 en criterios jurisprudenciales suficientemente decantados, partiendo de un an\u00e1lisis en conjunto y bajo las reglas de la sana cr\u00edtica del acervo probatorio, el cual, como se indic\u00f3 en la sentencia fue bastante pobre, incumpliendo, el hoy accionante con su carga probatoria, que no puede suplir esta funcionaria. Como se indic\u00f3, la decisi\u00f3n no pod\u00eda sustentarse con fundamento en una sola prueba, o con aquellas, que en segunda instancia se pretendi\u00f3 introducir de manera extempor\u00e1nea, decisi\u00f3n contra la cual, no fue interpuesto recurso\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo argumentando que \u00ab(\u2026) en las consideraciones y conclusiones de los juzgados accionados en sus sentencias, no se advierte capricho o arbitrariedad que deba ser sometida a control constitucional, pues del material probatorio allegado al proceso permiti\u00f3 a los jueces de conocimiento considerar que el accionante no cumpli\u00f3 con la carga probatoria de demostrar que por orden del demandado se llev\u00f3 a cabo la tala de \u00e1rboles en el predio de propiedad del demandante\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte actora reiterando lo aducido en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 transgredi\u00f3 las prerrogativas reclamadas por el promotor al dictar, en sede de apelaci\u00f3n, el fallo de 7 de mayo de 2020 en virtud del juicio de responsabilidad civil extracontractual n\u00b0 2016-00262. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, en la medida en que, si bien el reclamo involucra la providencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cajic\u00e1, el 28 de agosto de 2019, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Sala que el auxilio se torna improcedente, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Razonabilidad de la providencia acusada. <\/p>\n
Al examinar la sentencia sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el 7 de mayo anterior, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 confirm\u00f3 el fallo de primer grado, que declar\u00f3 probadas las excepciones de m\u00e9rito denominadas falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, y ausencia de responsabilidad civil extracontractual, proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cajic\u00e1 el 28 de agosto de 2019, en virtud del precitado juicio, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n denunciada por la querellante, en raz\u00f3n a que la referida providencia se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable. <\/p>\n
En efecto, para llegar a la anterior determinaci\u00f3n la prenombrada autoridad se refiri\u00f3 a las probanzas allegadas a las diligencias, tales como: (i) el documento expedido por la CAR; y, (ii) los testimonios de Juan Carlos Lozano, y Alejandro Coca, entre otros. <\/p>\n
Seguidamente, consider\u00f3 que \u00ab(\u2026) [a]nalizadas las pruebas en conjunto no fue posible establecer que la tala de los \u00e1rboles plantados en el lote de propiedad del demandante, se llev\u00f3 a cabo por orden de la administraci\u00f3n del condominio, ninguno de los testigos hace referencia a tal hecho, como se aprecia, se hizo menci\u00f3n a los podados en el lote contiguo, el n\u00famero 11. Ahora, pretender, como lo hace la actora, que las afirmaciones del actor por s\u00ed solas sean prueba suficiente, no resulta pertinente, porque como bien es sabido, a nadie le es permitido hacerse su propia prueba\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3, que \u00ab[e]n casos como el que es materia de nuestro estudio, la parte demandante ten\u00eda necesidad de probar sus argumentos, pues el peso de la prueba no depende de afirmar o negar un hecho, sino de la obligaci\u00f3n que ten\u00eda de demostrar el fundamento de cuanto argument\u00f3 con miras a obtener una decisi\u00f3n acorde con sus aspiraciones jur\u00eddicas. Por eso es por lo que la carga de la prueba se traduce en la obligaci\u00f3n que tiene el juez de considerar como existente o inexistente un hecho, seg\u00fan que una de las partes le ofrezca o no la demostraci\u00f3n de su existencia o inexistencia\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo transcrito, no se observa el desafuero jur\u00eddico enrostrado por el accionante, por el contrario, la providencia censurada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, e independientemente de que esta Sala especializada la proh\u00edje, no puede tildarse de abiertamente caprichosa para que sea objeto de ataque en sede constitucional, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Frente a las cr\u00edticas formuladas por v\u00eda de tutela sobre la forma en que los jueces efect\u00faan la valoraci\u00f3n de las pruebas, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 abr. 2016, rad. 00052-01); y, de otro, que, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 abr. 2016, rad. 00696-00). <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
Observa la Corte que las discrepancias tra\u00eddas por el gestor en esta oportunidad son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por el demandante en el tr\u00e1mite ordinario es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de la autoridad accionada y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que le fue adversa, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n tuitiva pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En el presente caso, el promotor enfila su disertaci\u00f3n a insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo al interior del proceso de responsabilidad civil por los funcionarios competentes, en virtud de las atribuciones conferidas en el ordenamiento, es decir, lo que contienen en s\u00ed sus argumentos no es otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La intenci\u00f3n del querellante es imponer a toda costa su personal apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, por encima del criterio de los juzgadores ordinarios, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una nueva revisi\u00f3n de instancia, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida, toda vez que las consideraciones expuestas por la autoridad acusada en la providencia a trav\u00e9s de la que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n incoado contra el fallo que desestim\u00f3 las pretensiones en el juicio n\u00b0 2016-00262 son razonables, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el auxilio implorado puesto que esta excepcional senda constitucional es improcedente como instancia adicional para reabrir debates legalmente concluidos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 No obstante, que la sentencia de primera instancia fue impugnada por la parte actora el 13 de octubre de 2020, s\u00f3lo hasta el 26 de enero hoga\u00f1o fueron recibidas en esta Corporaci\u00f3n las diligencias para surtir el respectivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
7 <\/p>\n
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