STC866-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC866-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2020-00521-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 18 de diciembre de 2020, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Luis Carlos Gonz\u00e1lez Camacho contra la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, el Juzgado Promiscuo Municipal de Lebrija y Yolanda Pinilla Linares. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al trabajo, salud, seguridad social, vida digna, m\u00ednimo vital y debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que trabaj\u00f3 como escribiente, en provisionalidad, en el Juzgado Promiscuo Municipal de Lebrija, hasta el 24 de noviembre de 2020, ya que Yolanda Pinilla Linares fue nombrada en propiedad, porque, supuestamente, hac\u00eda parte de la lista de elegibles para el cargo. <\/p>\n
Sin embargo, refiri\u00f3 que \u00abrevisando la p\u00e1gina de la rama judicial, encontr\u00e9 la Resoluci\u00f3n 3021 del veintitr\u00e9s (23) de mayo de dos mil diecis\u00e9is (2016), expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, [en la cual] se resolvi\u00f3, aceptar la renuncia de la se\u00f1ora Yolanda Pinilla Linares (\u2026) al proceso de selecci\u00f3n convocado mediante Acuerdo 2462 [y] excluir a la misma\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, \u00abel nombramiento en propiedad de la se\u00f1ora Pinilla (\u2026) carece de todo fundamento\u00bb, lo que sugiere \u00abque no ten\u00eda un mejor derecho para solicitar en propiedad dicho nombramiento, si tenemos en cuenta que la misma hab\u00eda renunciado, siendo aceptada dicha renuncia por el \u00f3rgano competente\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 afirmando que es sujeto de especial protecci\u00f3n, habida cuenta que, \u00abdesde los 11 a\u00f1os de edad, estoy diagnosticado con Epilepsia\u00bb, por lo que requiere de un salario estable para sufragar el costo de sus medicamentos. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3, en resumen, que \u00abse ordene mi reintegro al cargo de escribiente que desempe\u00f1aba en provisionalidad en el Juzgado Promiscuo Municipal de Lebrija, Santander\u00bb y \u00abse ordene reconocerme los emolumentos salariales (sic) o dineros dejados de percibir por causa del Acuerdo CSJSAA20-61, de fecha veintiuno (21) de octubre del a\u00f1o en curso, expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Yolanda Pinilla Linares manifest\u00f3 que \u00abdebo dejar en claro que para acceder al cargo que actualmente ocupo en el Juzgado Promiscuo Municipal de Lebrija, no he llegado a utilizar la mala fe o del fraude a la ley. Que particip[\u00e9] de buena fe en la convocatoria efectuada por el Consejo Seccional de la Judicatura y obtuve el puntaje para ocupar el puesto 66 de la lista de elegibles con 517.53 puntos\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, recalc\u00f3 que \u00abal existir [otros] medios de defensa, como el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de car\u00e1cter laboral, el accionante debe acudir a estos remedios procesales, son \u00e9stos los que deben preferirse y no la utilizaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela para tales efectos\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Lebrija precis\u00f3 que \u00abes cierto que se recibi\u00f3 en este Juzgado correo electr\u00f3nico del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander que conten\u00eda el Acuerdo CSJSAA20-61 de fecha veintiuno (21) de octubre del a\u00f1o en curso, donde se remit\u00eda lista de elegibles para el cargo de escribiente del Juzgado, apareciendo como \u00fanica postulante la se\u00f1ora Yolanda Pinilla Linares, raz\u00f3n por la cual, en cumplimiento del citado acuerdo, la suscrita funcionaria nombr\u00f3 en propiedad a la mencionada ciudadana, mediante la Resoluci\u00f3n No.001 del trece (13) de noviembre del mismo a\u00f1o, y su posesi\u00f3n se llev\u00f3 a cabo el pasado 24 de noviembre del a\u00f1o en curso, desplazando el nombramiento en provisionalidad del accionante, sin que fuera necesario emitir resoluci\u00f3n adicional sobre aquella situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que, \u00abcon dicha actividad, la suscrita funcionaria no ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales alegados por el actor, toda vez que mi actuaci\u00f3n se ha regido dentro del marco de la legalidad, pues no soy quien elabora las listas de elegibles, ni soy la persona que efect\u00faa los tr\u00e1mites administrativos sobre el particular, soy solo la nominadora a quien le asiste el deber de cumplir el mandato del Consejo Seccional de la Judicatura, quien remiti\u00f3 la mencionada lista y orden\u00f3 su nombramiento en propiedad\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo declar\u00f3 la improcedencia del amparo, porque \u00abno le asiste raz\u00f3n al accionante en sus afirmaciones, pues la Resoluci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LEBRIJA (S) nombr\u00f3 en propiedad a la se\u00f1ora YOLANDA PINILLA LINARES en el cargo de ESCRIBIENTE MUNICIPAL NOMINADO, desplazando el nombramiento en provisionalidad del accionante, s\u00ed fue motivada dentro del marco de la legalidad y en cumplimiento de la provisi\u00f3n de los cargos de carrera, verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, sin que dicha actuaci\u00f3n pueda ser considerada como violatoria de los derechos fundamentales del promotor, a pesar de generar su desvinculaci\u00f3n laboral\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, agreg\u00f3 que \u00abno se precisan mayores argumentos para concluir que el amparo rogado en este sentido deviene abiertamente improcedente, en la medida que todo cuanto alega el quejoso a trav\u00e9s de este escenario judicial puede ser materia de discusi\u00f3n ante la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa, en uso de los medios de control dispuestos por el ordenamiento jur\u00eddico trat\u00e1ndose de la presunta ilegalidad de actos administrativos como los cuestionados en esta ocasi\u00f3n, de suerte que no puede el Juez de tutela suplantar al Juez natural de controversias como la del sub judice, en grosero desconocimiento del principio de subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades enjuiciadas vulneraron las prerrogativas fundamentales del accionante, teniendo en cuenta que, en su criterio, su desvinculaci\u00f3n del cargo de escribiente en provisionalidad se dio de forma irregular, toda vez que la persona que lo ocup\u00f3 en propiedad, supuestamente, no har\u00eda parte de la lista de elegibles de la cual se design\u00f3. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que dicho instrumento, dada su naturaleza excepcional, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir al remedio constitucional previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica (a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable). <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en STC4972-2019, 24 abr.). <\/p>\n
Bajo esta perspectiva, la acci\u00f3n de tutela no es, por v\u00eda general, el escenario id\u00f3neo para controvertir actuaciones administrativas, puesto que para ello el legislador previ\u00f3 diversas acciones ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, salvo aquellos eventos en los que el auxilio constitucional tenga cabida como mecanismo transitorio, lo cual impone verificar, con suficiencia, que los medios ordinarios de defensa no resultan eficaces. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, advierte esta Sala que habr\u00e1 de ratificarse el fallo desestimatorio del tribunal a quo, pues deviene claro que el resguardo no supera el an\u00e1lisis del presupuesto de subsidiariedad previamente referido, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que la demanda de tutela se dirige, esencialmente, contra los actos administrativos mediante los cuales la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander habr\u00eda adelantado el tr\u00e1mite de selecci\u00f3n y provisi\u00f3n de la lista de elegibles para el cargo de escribiente que el memorialista ocupaba en provisionalidad, porque, en su criterio, acaecieron varias irregularidades que tornar\u00edan ilegal el nombramiento en propiedad de la se\u00f1ora Pinilla, cuestiones que deber\u00e1n ser dirimidas en la instancia pertinente, cuyo control corresponde a los jueces contenciosos administrativos. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corte ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(…) las inconformidades que surjan de los procesos p\u00fablicos de selecci\u00f3n, por las reglas all\u00ed instituidas, deben atacarse en la jurisdicci\u00f3n correspondiente a trav\u00e9s del camino establecido para el efecto, esto es, la acci\u00f3n de nulidad ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa (CSJ STC, 20 Feb. 2013, Rad. 2012-00100-01), que es el escenario natural donde es posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que [se] hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que la actora discuta el derecho que reclama\u00bb (CSJ STC, 25 abr. 2012, rad. 00257-01, reiterada en STC795-2016, 1 feb.). <\/p>\n
As\u00ed, el convocante cuenta con los medios de control respectivos en dicha jurisdicci\u00f3n especializada para plantear las inconformidades expuestas en esta sede excepcional (v. gr. nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho, seg\u00fan sea el caso), claro est\u00e1, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de los requisitos propios de la respectiva acci\u00f3n (v. gr, t\u00e9rmino de caducidad). <\/p>\n
De esta manera, adem\u00e1s de ser id\u00f3neos dichos mecanismos de defensa, tambi\u00e9n resultan eficaces, dada la posibilidad de solicitar medidas cautelares, de acuerdo con lo normado en el art\u00edculo 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), herramienta que el precedente de esta Corporaci\u00f3n ha reconocido como: <\/p>\n
\u00ab(…) suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado (\u2026) la alegaci\u00f3n de la inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb (CSJ STC4654-2016, 15 abr.). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado, habida cuenta que no se satisface el requisito de subsidiariedad que caracteriza la acci\u00f3n de tutela, pues el reclamante cuenta con otro mecanismos procesales para hacer valer sus s\u00faplicas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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