STC891-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC891-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00362-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 3 de diciembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con las decisiones proferidas en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular promovida por Leandro Giraldo contra una de las sucursales de Bancolombia S.A., con radicado No. 2015-01274-00, tr\u00e1mite en el que fue reconocido como coadyuvante. <\/p>\n
Por tal motivo pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando i) al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, \u00abcontinuar [e]l tr\u00e1mite de acci\u00f3n popular\u00bb, y que \u00abdigitalice todo (\u2026) lo actuado en la acci\u00f3n popular y lo env\u00ede al correo q[ue] aport[a]\u00bb; y, ii) a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, y, a la Defensor\u00eda Regional del Pueblo de Risaralda, que \u00abprueben como actuaron en derecho\u00bb en el citado asunto. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del asunto aduce en compendio, que pese a lo dispuesto en los art\u00edculos 5\u00b0 y 6\u00b0 de la Ley 472 de 1998, el Juzgado cognoscente \u00abaplic[\u00f3] sin reparo alguno DESISTIMIENTO T\u00c1CITO\u00bb dentro del citado juicio, figura procesal que, dice, es \u00abINAPLICABLE EN ACCI\u00d3N POPULAR\u00bb, y, aunque solicit\u00f3 correr traslado al Ministerio P\u00fablico, se hizo caso omiso, situaciones que, en su criterio, justifican la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, remiti\u00f3 el link de acceso al expediente digitalizado que contiene la acci\u00f3n constitucional motivo de queja. <\/p>\n
b. El Defensor del Pueblo Regional de Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias, pues \u00abno es el organismo competente para adelantar las pretensiones del accionante\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 el amparo reclamado, por incumplir con el requisito de la inmediatez, pues el actor censura la decisi\u00f3n adiada 1\u00ba de agosto de 2018, es decir \u00abtranscurrieron m\u00e1s de dos a\u00f1os desde cuando se dict\u00f3 la providencia en la que encuentra (\u2026) lesionados sus derechos, sin que haya actuado con la urgencia y prontitud con que ahora demanda el amparo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante replic\u00f3 el fallo, se\u00f1alando argumentos similares a los expuestos en el escrito de tutela. <\/p>\n
1. Trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga est\u00e1 encaminada, concretamente, frente al prove\u00eddo dictado el 1\u00ba de agosto de 2018 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, a trav\u00e9s del cual resolvi\u00f3, \u00abNO REPONER\u00bb la decisi\u00f3n adiada 25 de junio de ese mismo a\u00f1o, por medio de la cual dispuso \u00abdecretar el desistimiento t\u00e1cito\u00bb de la acci\u00f3n popular por promovida por Leandro Giraldo contra una de las sucursales de Bancolombia S.A., tr\u00e1mite en el que aqu\u00e9l act\u00faa como coadyuvante, pues seg\u00fan su dicho, dicha figura resulta inaplicable. <\/p>\n
3. Sin embargo, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias digitales, se observa que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, por incumplir con el presupuesto de la prontitud que lo gobierna, toda vez que la determinaci\u00f3n que defini\u00f3 de fondo sobre la terminaci\u00f3n de la controversia por desistimiento t\u00e1cito data del 1\u00ba de agosto de 2018, mientras que se acudi\u00f3 al amparo constitucional s\u00f3lo hasta el 11 de noviembre de 2020, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurrieron m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que mantuvo lo resuelto en punto de la aplicaci\u00f3n de lo previsto por el legislador en el art\u00edculo 317 del C.G. del P., sin que el inconforme solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que consideran hoy vulnerados con tal determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
Sobre este aspecto, reiteradamente se ha puntualizado, que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC2007-2020). <\/p>\n
4. De otra parte frente a la solicitud del actor encaminada a que se le exija al Juzgado convocado, \u00abdigitalizar todas\u00bb las acciones populares, basta con se\u00f1alar que, no obra prueba en el plenario de que \u00e9ste haya elevado dicha solicitud ante la autoridad convocada. <\/p>\n
5. Finalmente, en lo que tiene que ver con el pronunciamiento reclamado por el gestor frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, cabe precisarle, como lo ha hecho esta Colegiatura en innumerables pronunciamientos, que le corresponde a \u00e9ste dirigir directamente sus peticiones ante dichas autoridades, dada la residualidad y el car\u00e1cter subsidiario que caracteriza la acci\u00f3n de tutela, pues tal como lo inform\u00f3 la citada Colegiatura, el actor, no ha elevado queja alguna contra la funcionaria convocada, por el tr\u00e1mite acaecido en la acci\u00f3n popular que ahora critica, pues \u00abadem\u00e1s de que la tutela no fue instituida con ese prop\u00f3sito sino para garantizar los derechos fundamentales, el promotor puede presentar esa denuncia directamente ante los organismos competentes, eso s\u00ed, asumiendo las consecuencias de su obrar\u00bb (reiterada recientemente en CSJ STC9513-21019). <\/p>\n
6. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se ratificar\u00e1 el fallo criticado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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