STC894-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC894-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00365-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 3 de diciembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Procurador Delegado para Asuntos Civiles y Laborales correspondiente, as\u00ed como la parte pasiva y dem\u00e1s intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con las providencias proferidas el 26 de julio y 17 de septiembre de 2018, en el marco de la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida contra Audifarma S.A., radicada con el No. 2016-00642-00. <\/p>\n
Exige entonces, para la protecci\u00f3n de su debido proceso, i) decretar la \u00abnulidad del AUTO q[ue] termin[\u00f3] la [citada] acci\u00f3n popular\u00bb, y que como consecuencia de lo anterior, se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, ii) \u00abcontinuar [su] tr[\u00e1]mite\u00bb, iii) \u00abdigitali[zar] todo lo actuado\u00bb, y, v) que \u00ab[l]e brinde copias aut[\u00e9]nticas\u00bb del expediente; y, por \u00faltimo, v) que se ordene al Procurador Delegado para Asuntos Civiles y Laborales de la misma ciudad, \u00abpr[obar] en derecho c[\u00f3]mo garantiz[\u00f3] el debido proceso en [dicho] litigio\u00bb1. <\/p>\n
2. En apoyo de tales pretensiones se limit\u00f3 a manifestar, que con la primera de las determinaciones criticadas el aludido estrado judicial dio por terminada la actuaci\u00f3n referida l\u00edneas atr\u00e1s por desistimiento t\u00e1cito, lo que, dice, viola \u00abABIERTA Y TAJANTEMENTE [los art\u00edculos] 5, 6 [de la] ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998\u00bb, ya que dicha figura procesal no aplica en esa especie de juicio, y pese a recurrir lo resuelto a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, la juez acusada confirm\u00f3 lo resuelto y \u00abnunca tramit[\u00f3 la] alzada\u2026 y menos dio tramite a la QUEJA que debi\u00f3 tramitar [conforme con el] art[\u00edculo] 318 CGP\u00bb, as\u00ed como la \u00abNULIDAD pedida\u00bb, lo que, asegura, le lesiona el derecho ius fundamental invocado, raz\u00f3n por la que debe ser acogido el reclamo que promueve a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n2. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Procurador Regional de Risaralda, luego de hacer referencia a las competencias que tiene asignadas ese ente de control en la Ley 472 de 1998, solicit\u00f3 exonerar de responsabilidad a dicho organismo, por cuanto que ha cumplido sus funciones en cada una de las acciones populares de las cuales ha sido notificado3. <\/p>\n
b. El Defensor del Pueblo del citado departamento pidi\u00f3 ser desvinculado de la presente actuaci\u00f3n, toda vez que con la queja expuesta con la demanda de tutela no se le endilga acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna vulneradora de la garant\u00eda superior invocada por el accionante4. <\/p>\n
c. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, se limit\u00f3 a memorar las actuaciones que se desplegaron con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular objeto de controversia constitucional, remitiendo un link para su consulta5. <\/p>\n
d. La Alcald\u00eda de la citada capital por intermedio de apoderado judicial igualmente solicit\u00f3 ser apartado del tr\u00e1mite, por cuanto que el accionante no se duele de alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n enrostrada a esa entidad6. <\/p>\n
e. Los dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar que no atiende el requisito general de procedibilidad de la inmediatez, toda vez que las pruebas allegadas al expediente \u00abacreditan que: a) la citada determinaci\u00f3n fue proferida el [26 de julio de 2018]; b) en su contra el actor interpuso recursos de \u201creposici\u00f3n, apelaci\u00f3n, s\u00faplica, insistencia\u201d y c) mediante prove\u00eddo del [17 de septiembre siguiente] se decidi\u00f3 no reponer aquel auto\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo indic\u00f3, en relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n elevada contra el Procurador Delegado para Asuntos Civiles y Laborales de Pereira, que igualmente el reclamo era improcedente, ya que \u00abla acci\u00f3n de amparo est\u00e1 dise\u00f1ada para proteger derechos fundamentales concretos y no para elevar esa clase de peticiones\u00bb7. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante se mostr\u00f3 inconforme con lo resuelto, \u00fanicamente en relaci\u00f3n con la terminaci\u00f3n anormal de la acci\u00f3n popular objeto de debate, al esgrimir que \u00abel auto ilegal, AUN EN FIRME, no ata, tal como ocurre en este curioso y espacial caso\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abs[\u00ed] present[\u00f3] todo tipo de recurso frente al auto ilegal (\u2026) siendo as[\u00ed], pido no se permita se consume un da\u00f1o irreparable, por exceso ritual manifiesto\u00bb8. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, el cual se encuentra regulado en el Decreto 2591 de 1991, cuya procedencia est\u00e1 ligada a los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable (inmediatez) y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n (subsidiariedad). <\/p>\n
Ahora, cuando se promueve esta acci\u00f3n tuitiva contra una decisi\u00f3n adoptada por una autoridad judicial, la jurisprudencia constitucional ha decantado una serie de requisitos, hoy llamados, causales de procedibilidad, que posibilitan el estudio de fondo del asunto y que se subdividen en gen\u00e9ricas y espec\u00edficas9. Las primeras, atinentes a que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela, mientras que las segundas, alusivas a vicios o defectos denominados: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte al motivo de disenso esgrimido en la impugnaci\u00f3n formulada por el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, de entrada se anuncia la ratificaci\u00f3n del fallo refutado, pues de acuerdo con los soportes adosados a las presentes diligencias se observa, que el amparo solicitado frente a las providencias por medio de las cuales la Juez Tercero Civil del Circuito de Pereira resolvi\u00f3, en su orden, declarar la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular promovida por el accionante contra la empresa Audifarma S.A., radicada con el No. 2016-00642-00, por desistimiento t\u00e1cito; y, no reponer la anterior decisi\u00f3n, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que no atiende el presupuesto de procedibilidad general de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la \u00faltima de esas decisiones, data del 17 de septiembre de 2018, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 solo hasta el 10 de noviembre de 202010, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo, por lo que queda establecido que la pretensi\u00f3n dirigida contra las demarcadas determinaciones no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se puede verificar, transcurri\u00f3 un tiempo significativo -2 a\u00f1os, 1 mes y 24 d\u00edas, sin que el accionante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera vulnerados con dichas actuaciones, lo que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto antes mencionado, el cual impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que <\/p>\n
\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC9333-2020). <\/p>\n
3. Ahora bien, aunque se soslayara el anterior requisito en aras de ser garantistas, lo cierto es que para el momento en que se emitieron las decisiones censuradas el criterio hermen\u00e9utico imperante en la Sala era el de aceptar ese modo de terminaci\u00f3n anormal del proceso en esa clase de litigio, razonamiento que luego vari\u00f3 a partir del fallo de tutela adoptado el 7 de noviembre de 2018 (STC14483-2018), y que hoy se mantiene, de manera que se torna imposible remover una situaci\u00f3n ya consolidada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 De acuerdo con la demanda de tutela acopiada al expediente en copia digital remitido a esta Corporaci\u00f3n v\u00eda correo institucional. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Informe remitido por la misma senda a esta Corte. <\/p>\n
4 Cit. <\/p>\n
5 Ib\u00eddem. <\/p>\n
6 Ob. <\/p>\n
7 Decisi\u00f3n anexa al archivo digital antes comentado. <\/p>\n
8 Cit. <\/p>\n
9 Consultar al respecto, C.C. SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20. <\/p>\n
10 Ante esta Corte, quien la remiti\u00f3 el 17 de noviembre siguiente por competencia al Tribunal de instancia, luego de haber dejado sin efecto lo actuado. <\/p>\n
<\/p>\n
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