STC895-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC895-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00363-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de diciembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular instaurada por el actor y Leandro Giraldo, contra Bancolombia S.A., con Rad. No. 2015-01344-00. <\/p>\n
Reclama entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira: (i) \u00abnulidad del auto que termin\u00f3 la acci\u00f3n popular\u00bb; (ii) \u00abconsignar en derecho con radicados completos, las acciones populares donde han aplicado y confirmado desistimiento t\u00e1cito\u00bb; (iii) \u00abconsignar todos los radicados de acciones populares donde he desistido a voluntad de las renuentes a[cciones] populares ante la mora judicial y el incumplimiento sistem\u00e1tico de los t\u00e9rminos de ley en a[cciones] populares\u00bb; (iv) \u00abdigitalice todo lo actuado en la a[cci\u00f3n] popular, incluyendo tutelas de existir y [s]e las reenv\u00ede al correo electr\u00f3nico a fin q[ue] obre en acci\u00f3n penal y en acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por error judicial\u00bb; (v) \u00abaporte un listado completo de todas las acciones populares q[ue] dormitan en su despacho incluyendo las acciones populares presentadas en el a\u00f1o 2015 donde no pudo aplicar desistimiento t\u00e1cito\u00bb; (vi) \u00abconsignen en derecho la norma legal q[ue] les permite o permiti\u00f3 aplicar desistimiento t\u00e1cito en una acci\u00f3n de raigambre CONSTITUCIONAL con normas propias y aut\u00f3noma adem\u00e1s de ser de impulso oficioso y OBLIGATORIO de los juzgadores\u00bb; (vii) al \u00abProcurador Delegado en Acciones Populares\u00bb; al Defensor del Pueblo Regional Pereira, que \u00abprueben y demuestren en derecho c\u00f3mo garantizaron art 29 CN en la acci\u00f3n popular tutelada hoy y probaran q[ue] cumplen ley 734 de 2002\u00bb; (viii) a las Salas Administrativa y Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, que \u00abaporten copia de todas [sus] quejas y acciones disciplinarias presentadas en cualquier fecha contra la juez y contra el Tribunal (\u2026) de Pereira, consignando para todas y cada una de ellas, lo ocurrido en derecho y cu\u00e1ndo decidir\u00e1 en derecho\u00bb; y (ix) al Tribunal Administrativo de ese departamento, que \u00abaporten copias de todas mis acciones de cumplimiento presentadas contra jueces civiles circuito de Pereira\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para respaldar su queja, expone en s\u00edntesis, que el Juzgado accionado decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional en comento por desistimiento t\u00e1cito, figura que, afirma, no es aplicable a los tr\u00e1mites de esa naturaleza, m\u00e1xime cuando se \u00abinici\u00f3 en vigencia de la ley 1395 de 2010\u00bb, por lo que estima se conculc\u00f3 la garant\u00eda invocada. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Defensor\u00eda del Pueblo de la Regional Risaralda pidi\u00f3 ser desvinculada del presente tr\u00e1mite, ya que \u00abno [es] el organismo competente para adelantar las pretensiones del accionante\u00bb. <\/p>\n
b.) El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira alleg\u00f3 el link del expediente de la acci\u00f3n popular cuestionada. <\/p>\n
c.) En el expediente digital remitido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Pereira, no obran m\u00e1s respuestas de los vinculados al presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras advertir que \u00abes evidente la falta de inmediatez con la que se promueve el amparo, si, como se puede ver en las copias remitidas por el Juzgado, la controversia sobre el desistimiento t\u00e1cito, qued\u00f3 clausurada desde el 3 de agosto del 2018, cuando se notific\u00f3 el auto mediante el cual decidi\u00f3 el juzgado no reponer la decisi\u00f3n que en ese sentido hab\u00eda tomado11;motivo suficiente para declarar su improcedencia, porque la trasgresi\u00f3n que se denuncia, si es que existi\u00f3, no es actual ni inminente\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor replic\u00f3 el anterior fallo, para lo cual expres\u00f3 que \u00abes falso q[ue] exista violaci\u00f3n a la inmediatez, ya q[ue] desde el auto ilegal se present\u00f3 todo tipo de recurso conocido y por conocer, pero nada prosper\u00f3\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela de cara a las decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso, cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la existencia de causal de procedencia del amparo, la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla y la prontitud del reclamo. La misma fuente ha precisado que se incurre en causal de procedencia del amparo cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo, y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad; es decir, cuando la decisi\u00f3n judicial sea el producto de la arbitrariedad de aquel. <\/p>\n
2. En el presente caso, el accionante se duele, concretamente, de los autos del 25 de junio y 2 de agosto, ambos de 2018, mediante los cuales el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular promovida por el actor y Leandro Giraldo contra Bancolombia S.A., con Rad. No. 2015-01344-00, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 317 del C.G. del P. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas digitalmente al presente tr\u00e1mite, la Sala advierte que la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, toda vez que se incumple con el presupuesto general de la prontitud que gobierna este tipo de acciones, si en cuenta se tiene que la \u00faltima de las decisiones cuestionadas data del 2 de agosto de 2018, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 11 de noviembre de 2020, esto es, m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os despu\u00e9s, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n frente a la rese\u00f1ada determinaci\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se acot\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo bastante significativo \u20132 a\u00f1os, sin que el tutelante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con la misma, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del mencionado presupuesto, seg\u00fan el cual, el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que \u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ, STC3043-2020). <\/p>\n
4. De otro lado, en lo que tiene que ver con las pretensiones y los pronunciamientos reclamados por el gestor frente al Despacho accionado, al \u00abProcurador Delegado en Acciones Populares\u00bb, al Defensor del Pueblo Regional Risaralda, a las Salas Administrativa y Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, y, al Tribunal Administrativo de ese Departamento, basta con decir, como lo ha hecho esta Colegiatura en innumerables pronunciamientos, que le corresponde a \u00e9ste dirigir directamente sus peticiones ante dichas autoridades, dada la residualidad y el car\u00e1cter subsidiario que caracteriza la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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