STC896-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC896-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2020-00371-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 de diciembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa misma urbe, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la sociedad Audifarma S.A., la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo, y, la Alcald\u00eda de Bogot\u00e1 D.C., as\u00ed como las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, al haber aplicado el canon 317 del C\u00f3digo General del Proceso, en el marco de la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida contra Audifarma S.A., con radicado No. 2016-00488-00. <\/p>\n
2. Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, i) \u00abaplicar el derecho sustancial teniendo en cuenta que el accionante no es abogado\u00bb; ii) \u00abcontinuar con la acci\u00f3n popular\u00bb; iii) declarar la nulidad del auto que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito\u00bb; iv) \u00abdigitalizar el expediente\u00bb; y, v) \u00abvincular al delegado en la acci\u00f3n popular, para que pruebe c\u00f3mo garantiz\u00f3 el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado se limit\u00f3 a manifestar el inconforme, que obra como demandante \u00aben la acci\u00f3n popular [identificada con el radicado] 66001 31 03 003 2016 00488 00, donde la juez aplic\u00f3 [el] art. 317 CGP, violando abiertamente (\u2026) la ley aut\u00f3noma 472 de 1998\u00bb, circunstancia que, en su sentir, vulnera la garant\u00eda invocada. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Alcald\u00eda de Bogot\u00e1, la Secretar\u00eda Distrital de Gobierno de la capital, la Defensor\u00eda del Pueblo, Audifarma S.A. y la Procuradur\u00eda Regional de Risaralda, coincidieron en alegar su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que no han conculcado garant\u00eda esencial alguna al actor, m\u00e1xime cuando ninguna injerencia han tenido en el asunto de marras. <\/p>\n
b.) El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira inform\u00f3, que ya el accionante hab\u00eda promovido en anterior oportunidad otra salvaguarda por los mismos hechos descritos en la presente; adem\u00e1s, por intermedio de su Secretaria, adem\u00e1s de remitir la copia digital del expediente de la acci\u00f3n popular objeto de an\u00e1lisis, puso de presente respecto a la acci\u00f3n popular blanco de las s\u00faplicas y del tema aqu\u00ed alegado, que \u00abel Magistrado Octavio Augusto Tejeiro, resolvi\u00f3 [un asunto similar] en la sentencia STC10332-2020, el pasado 23 de noviembre\u00bb. <\/p>\n
c.) A su turno, el Banco Davivienda S.A. pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n reclamada por improcedente, habida cuenta que el tr\u00e1mite censurado se ha \u00abdesarrollado dentro de los t\u00e9rminos legales previstos y en cumplimiento de sus funciones por el despacho accionado\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir, en lo fundamental, que \u00e9sta emerge temeraria, toda vez que comporta identidad de causa, partes y pretensiones respecto de otra queja del mismo linaje promovida en pret\u00e9rita oportunidad por el aqu\u00ed accionante frente al estrado judicial criticado, motivo por el que declar\u00f3 la improcedencia de la demanda de amparo objeto de an\u00e1lisis, y, en consecuencia, \u00abconden\u00f3 en costas\u00bb al gestor por \u00abla suma de un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u00bb a favor del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor se mostr\u00f3 inconforme frente al anterior fallo, exigiendo que se revoque la \u00abcondena\u00bb proferida en su contra por el a quo constitucional, \u00abtal como lo ha ordenado\u00bb la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, puesto que se \u00abdebi\u00f3 abrirse incidente\u00bb (fl. 52, \u00eddem). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Siguiendo los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en los procesos para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, en virtud precisamente del principio de autonom\u00eda que le otorga la Constituci\u00f3n a las autoridades judiciales. Sin embargo, en el evento en que el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado ha hecho uso de los medios de protecci\u00f3n judicial a su alcance, y no cuenta con ninguno otro que le permita conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a los motivos que originaron la impugnaci\u00f3n, se advierte de manera anticipada que la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, teniendo en cuenta que tal lo expuso el a quo constitucional, el asunto que se somete hoy a estudio coincide con el sentenciado por esa esta Sala de Casaci\u00f3n Civil mediante fallo STC10332 del 23 de noviembre del a\u00f1o pasado dentro de la salvaguarda con Rad. 11001020300020200312500, habida cuenta que los \u00abhechos, partes y pretensiones\u00bb se identifican y circunscriben a la acci\u00f3n popular identificada con el consecutivo 2016-00488-00. <\/p>\n
Y es que basta un cotejo simple para concluir, que el pedimento ahora expuesto ya fue all\u00ed resuelto, esto es, la inaplicaci\u00f3n del art. 317 del Estatuto Procesal vigente, sobre lo cual en su momento resolvi\u00f3 la Corte, que no pod\u00eda estudiarse de fondo por el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez, puesto que \u00abdesde el 29 de julio de 2019 – fecha de la \u00faltima actuaci\u00f3n en el litigio fustigado -, hasta la radicaci\u00f3n del auxilio el 10 de noviembre del a\u00f1o que avanza, transcurrieron trece (13) meses y doce (12) d\u00edas; y desde el auto de \u2018terminaci\u00f3n\u2019 (17 sep. 2018) dos (2) a\u00f1os, un (1) mes y veinticuatro (24) d\u00edas, es decir, corri\u00f3 un periodo superior al que esta Corporaci\u00f3n ha estimado como razonable para su proposici\u00f3n. <\/p>\n
De otra parte, el disconforme no adujo ni acredit\u00f3 alguna circunstancia que le impidiera reclamar tempestivamente la protecci\u00f3n de las prerrogativas que estima conculcadas con ocasi\u00f3n de lo dictaminado por el estrado querellado, lo que impide que la Sala descienda al fondo de los reparos que plante\u00f3 en este escenario. <\/p>\n
3. De este modo, advierte la Sala que el auxilio rogado por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga es improcedente, dado que est\u00e1 plenamente demostrado que en pret\u00e9rita oportunidad el aqu\u00ed interesado ya present\u00f3 otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza respecto de los mismos hechos y derechos cuya protecci\u00f3n hoy demanda, sin diferencia sustancial alguna. <\/p>\n
Al punto, la Sala ha se\u00f1alado en otras oportunidades, que cuando \u00abla demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u00bb (ver recientemente en CSJ STC2289-2019). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, no cabe duda que la condena en costas que le fue impuesta al se\u00f1or Javier El\u00edas por el Tribunal Superior de Pereira \u2013Sala Civil Familia, es consecuencia de lo previsto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, raz\u00f3n por la cual, con independencia de que se comparta o no \u00edntegramente aqu\u00e9l razonamiento, a esta Sala no le est\u00e1 permitido entrar a modificar o revocar lo resuelto, m\u00e1xime cuando, evidentemente, han sido m\u00faltiples los pronunciamientos proferidos con ocasi\u00f3n de s\u00faplicas del mismo linaje, que han sido interpuestas por el quejoso. <\/p>\n
En reciente pronunciamiento donde se resolvi\u00f3 la misma inconformidad aqu\u00ed tra\u00edda por el gestor, la Sala indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abEl correctivo dispuesto por el tribunal constitucional a quo, se ratificar\u00e1, pues el mismo deviene de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, y se funda en el actuar temerario del accionante, muchas veces comprobado por esta Sala. El inciso final de la citada regla ense\u00f1a: \u201cSi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u201d (\u2026) Al margen de lo expresado en otros resguardos, donde esta Corporaci\u00f3n ha concedido la protecci\u00f3n frente a quejas de iguales perfiles, por no agotarse un tr\u00e1mite previo al imponer una sanci\u00f3n pecuniaria1, en este caso s\u00ed resulta procedente el correctivo enunciado aun cuando no se surti\u00f3 un incidente para definirlo, pues es palmaria la intenci\u00f3n del promotor de insistir en impetrar esta acci\u00f3n sin justificaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Ahora, si bien esta Sala, en pret\u00e9ritas ocasiones, ha revocado las sanciones impuestas a Arias Id\u00e1rraga al no vislumbrar, en su proceder, mala fe o dolo, en esta oportunidad, atendiendo al apabullante volumen de amparos impulsados por el aludido sujeto que por causa de temeridad han sido desestimados, considera la Corte no s\u00f3lo procedente sino tambi\u00e9n imperiosa la aplicaci\u00f3n de medidas de esta clase, tras constatar su desatenci\u00f3n frente a los continuos llamamientos hechos por la judicatura para que cesara la presentaci\u00f3n de auxilios por las mismas cuestiones (\u2026) No hay lugar, por tanto, a tramitar incidente para imponer sanciones en este asunto, por cuanto, como qued\u00f3 explicitado, es reiterativo el proceder del petente en hacer uso de este mecanismo, desatendiendo los constantes requerimientos de la administraci\u00f3n de justicia para que modere la interposici\u00f3n de salvaguardas, quedando acreditado, sin lugar a dudas, su conducta temeraria\u00bb (STC023-2020). <\/p>\n
5. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la \u00abcondena en costas\u00bb impuesta por temeridad, prevista en el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, se asemeja a una multa o sanci\u00f3n, al respecto ha dicho que: <\/p>\n
\u00abTrat\u00e1ndose de la tutela, la parte final del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, no establece en forma paralela las costas Y la temeridad, sino que identifica \u00e9sta con aquellas, as\u00ed debe ser la lectura de tal norma porque, entre otras cosas, dicha interpretaci\u00f3n es coherente con el car\u00e1cter p\u00fablico, informal, gratuito de la tutela. <\/p>\n
Significa lo anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse de costas cuando se incurri\u00f3 en temeridad; lo que se castiga es la temeridad como expresi\u00f3n del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener raz\u00f3n, de mala f\u00e9 se instaura la acci\u00f3n. Y quien tasa las \u00abcostas\u00bb es el Juez de tutela porque el inciso final del art\u00edculo 25 del decreto 2591\/95 se refiere a \u00e9l (algo muy distinto ocurre en la situaci\u00f3n consagrada en el primer inciso del mismo art\u00edculo en el cual lo principal son los perjuicios). <\/p>\n
Fuera de la temeridad no puede existir otro factor cuantificable en la liquidaci\u00f3n de estas costas y hubiera sido m\u00e1s apropiado emplear la expresi\u00f3n multa por temeridad, puesto que, en la moderna ciencia procesal las \u00abcostas\u00bb responden a factor objetivo y la temeridad a lo subjetivo\u00bb (Resalta la Sala, CC T-443\/95; citada en CSJ STC5621-2019). <\/p>\n
En este orden de ideas, no era necesario entonces que se agotara un tr\u00e1mite previo para que el Juez constitucional lo sancionara pecuniariamente por el abuso del mecanismo de tutela, mucho menos un incidente, como as\u00ed lo sugiere el aqu\u00ed interesado, pues en asuntos similares se ha considerado, que \u00aben este caso s\u00ed resulta procedente dicho correctivo aun cuando no se surti\u00f3 un decurso incidental para definirlo. <\/p>\n
Lo aducido porque, de un lado, como lo esgrimi\u00f3 el a quo constitucional, han sido incontables las oportunidades en las cuales se ha negado la pretensi\u00f3n del censor esbozada en id\u00e9nticos t\u00e9rminos frente a la Defensor\u00eda del Pueblo, advirti\u00e9ndosele, en todos los casos, que su actuar contrar\u00eda la moralidad procesal, evidencia un abuso del derecho y se revela como temerario. <\/p>\n
No obstante, aqu\u00e9l ha continuado erigiendo la misma acusaci\u00f3n respecto de ese ente sin explicitar razones para justificarse o allegar prueba alguna que lo excuse, incluso, en este espec\u00edfico asunto, ciment\u00f3 su impugnaci\u00f3n reiterando los reproches contra la autoridad mencionada y se\u00f1alando la ausencia de prueba de su mala fe, cuando los expedientes contentivos de los m\u00faltiples amparos contra la Defensor\u00eda del Pueblo dan cuenta de lo contrario. <\/p>\n
Y, de otro, por cuanto, esta Sala, para decursos como el presente, se acoge desde ahora a lo considerado por su hom\u00f3loga Laboral en la sentencia STL6749-2016 de 16 de noviembre de 2016\u00bb (citada en CSJ STC5621-2019). <\/p>\n
6. De acuerdo con lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA DUQUE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. STC de 1\u00b0 de diciembre de 2016, exp. 11001-22-03-000-2016-02342-01 <\/p>\n
<\/p>\n
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