STC897-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC897-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00370-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 de diciembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con las decisiones proferidas en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida contra una de las sucursales de la Fundaci\u00f3n de la Mujer, con radicado No. 2015-01162-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, \u00abcontinuar [e]l tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular\u00bb, que \u00abdigitalice todo (\u2026) lo actuado en la acci\u00f3n popular y se [l]e brinden copias aut\u00e9nticas\u00bb; y, que \u00ab[se] vincule al delegado en esta acci\u00f3n popular a fin que pruebe en derecho como garantizo el debido proceso en esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del asunto aduce en compendio, que pese a lo dispuesto en los art\u00edculos 5\u00b0 y 6\u00b0 de la Ley 472 de 1998, el Juzgado cognoscente \u00abaplic[\u00f3] desistimiento t\u00e1cito\u00bb al citado juicio, figura procesal que \u00abNOOOO aplica para acciones populares\u00bb, y aunque interpuso \u00abreposici\u00f3n, apelaci\u00f3n, s\u00faplica, insistencia (\u2026) nulidad\u00bb, se hizo caso omiso, situaci\u00f3n que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, se limit\u00f3 a enviar el link de acceso al expediente digitalizado que contiene la acci\u00f3n constitucional motivo de queja. <\/p>\n
b. El Defensor del Pueblo Regional de Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias, pues \u00abno es el organismo competente para adelantar las pretensiones del accionante\u00bb. <\/p>\n
c. El Procurador Regional del mentado departamento puntualiz\u00f3, fundamentalmente, que su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, (\u2026) en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba, convocado previamente por el Juez\u00bb. <\/p>\n
d. El Director Jur\u00eddico de la Secretar\u00eda de Gobierno de Bogot\u00e1, aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, tras advertir que el actor no le endilga de manera alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n en su contra. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 el amparo reclamado, tras advertir, en lo fundamental, que \u00e9sta <\/p>\n
emerge temeraria, toda vez que comporta identidad de causa, partes y pretensiones respecto de otra queja del mismo linaje promovida en pret\u00e9rita oportunidad por el aqu\u00ed accionante frente al estrado judicial criticado, motivo por el que declar\u00f3 la improcedencia de la demanda de amparo objeto de an\u00e1lisis, y en consecuencia, \u00abconden\u00f3 en costas\u00bb al gestor por \u00abla suma de un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u00bb a favor del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Siguiendo los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en los procesos para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, en virtud precisamente del principio de autonom\u00eda que le otorga la Constituci\u00f3n a las autoridades judiciales. Sin embargo, en el evento en que el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado ha hecho uso de los medios de protecci\u00f3n judicial a su alcance, y no cuenta con ninguno otro que le permita conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a los motivos que originaron la impugnaci\u00f3n, se advierte de manera anticipada que la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, teniendo en cuenta que tal lo expuso el a quo constitucional, el asunto que se somete hoy a estudio coincide con el sentenciado por esta misma Sala en STC6578-2019, habida cuenta que los \u00abhechos, partes y pretensiones\u00bb se identifican, en tanto que ambos se circunscriben a la acci\u00f3n popular identificada con el consecutivo 2015-01162-00. <\/p>\n
Y es que basta un cotejo simple para arribar a la conclusi\u00f3n que, el pedimento ahora expuesto ya fue resuelto en la salvaguarda en comento, esto es, la terminaci\u00f3n del aludido juicio por aplicaci\u00f3n de lo previsto en el art. 317 del C.G. del P., sobre lo cual en su momento se consider\u00f3 que <\/p>\n
\u00abAtinente a los otros dos juicios populares, es decir, los individualizados con los n\u00fameros 2015-01162 y 2015-01155, el reproche no prospera, porque no se otea irregularidad alguna capaz de socavar la legalidad de los prove\u00eddos de 25 de junio de 2018, en cuya virtud el sentenciador recriminado dio por terminadas dichas diligencias por \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d. <\/p>\n
Conviene precisar que si bien esta Sala vari\u00f3 recientemente su postura en torno al desistimiento t\u00e1cito decretado en acciones populares, se\u00f1alando su improcedencia, dicho pronunciamiento no se extiende al caso estudiado. <\/p>\n
Lo acotado por cuanto, (i) la juez atacada concluy\u00f3 el pleito con la figura enunciada y resolvi\u00f3 no reponer esa decisi\u00f3n, cuando el otrora criterio de esta Corte no hab\u00eda sido modificado; y (ii) porque los efectos interpartes de las decisiones de tutela s\u00f3lo tienen aplicaci\u00f3n en asuntos id\u00e9nticos y respecto de circunstancias f\u00e1cticas posteriores a su proferimiento. <\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo 4 de la Ley 169 de 1896 la Corte puede variar su doctrina si juzga err\u00f3neas las decisiones anteriores, o apartarse de ella cuando las circunstancias lo exijan o lo estime necesario para adecuar sus criterios al Estado Constitucional y Social de Derecho o para proteger las garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
De tal modo que el juez se puede separar de una doctrina exponiendo clara y razonadamente los fundamentos jur\u00eddicos que justifican su decisi\u00f3n. En el sublite, esta Corte se apart\u00f3 de su doctrina hasta entonces vigente, exponiendo los motivos ilustrativos y demostrativos para ello. <\/p>\n
Sin embargo, un cambio no puede generar sobresaltos, ambivalencias, crisis, desestabilizando un sistema jur\u00eddico o la situaci\u00f3n social de un pa\u00eds o de una comunidad, aniquilando lo ya juzgado y sentenciado. No. Por la seguridad jur\u00eddica y la confianza leg\u00edtima se impone la prudencia y el respeto al pasado y a lo finiquitado, cuando no est\u00e1 en juego la libertad del ser humano. Por esta raz\u00f3n la doctrina ahora adoptada no procura menoscabar los derechos adquiridos con justo t\u00edtulo ni sembrar el desconcierto. <\/p>\n
Por tanto se dejar\u00e1 intacta la situaci\u00f3n consolidada al estar ya sentenciada con cosa juzgada, pues de removerse quedar\u00eda incursa en causal de nulidad, consistente en \u201c(\u2026) reviv[ir] un proceso legalmente concluido (\u2026) \u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la nueva doctrina, esto es, la tesis consistente en inaplicar el desistimiento t\u00e1cito solo es procedente darle vigor en asuntos de este linaje desde su adopci\u00f3n el 1\u00ba de diciembre de 2018, seg\u00fan se dej\u00f3 sentado en decisi\u00f3n STC 236-2019.\u00bb. <\/p>\n
3. De este modo, advierte la Sala que el auxilio rogado por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga es improcedente, dado que est\u00e1 plenamente demostrado que en pret\u00e9rita oportunidad ya present\u00f3 otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza respecto de los mismos hechos y derechos cuya protecci\u00f3n hoy demanda, sin diferencia sustancial alguna. <\/p>\n
Al punto, la Sala ha se\u00f1alado en otras oportunidades lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab[L]a demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u00bb (ver recientemente en CSJ STC2289-2019). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, no cabe duda que la condena en costas que le fue impuesta al se\u00f1or Javier El\u00edas por el Tribunal Superior de Pereira \u2013Sala Civil Familia, es consecuencia de lo previsto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, raz\u00f3n por la cual, con independencia de que se comparta o no \u00edntegramente aqu\u00e9l razonamiento, a esta Sala no le est\u00e1 permitido entrar a modificar o revocar lo resuelto, m\u00e1xime cuando han sido m\u00faltiples los pronunciamientos proferidos con ocasi\u00f3n de s\u00faplicas del mismo linaje que han sido interpuestas por el quejoso. <\/p>\n
En reciente pronunciamiento donde se resolvi\u00f3 la misma inconformidad aqu\u00ed tra\u00edda por el gestor, la Sala indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abEl correctivo dispuesto por el tribunal constitucional a quo, se ratificar\u00e1, pues el mismo deviene de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, y se funda en el actuar temerario del accionante, muchas veces comprobado por esta Sala. El inciso final de la citada regla ense\u00f1a: \u201cSi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u201d (\u2026) Al margen de lo expresado en otros resguardos, donde esta Corporaci\u00f3n ha concedido la protecci\u00f3n frente a quejas de iguales perfiles, por no agotarse un tr\u00e1mite previo al imponer una sanci\u00f3n pecuniaria1, en este caso s\u00ed resulta procedente el correctivo enunciado aun cuando no se surti\u00f3 un incidente para definirlo, pues es palmaria la intenci\u00f3n del promotor de insistir en impetrar esta acci\u00f3n sin justificaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Ahora, si bien esta Sala, en pret\u00e9ritas ocasiones, ha revocado las sanciones impuestas a Arias Id\u00e1rraga al no vislumbrar, en su proceder, mala fe o dolo, en esta oportunidad, atendiendo al apabullante volumen de amparos impulsados por el aludido sujeto que por causa de temeridad han sido desestimados, considera la Corte no s\u00f3lo procedente sino tambi\u00e9n imperiosa la aplicaci\u00f3n de medidas de esta clase, tras constatar su desatenci\u00f3n frente a los continuos llamamientos hechos por la judicatura para que cesara la presentaci\u00f3n de auxilios por las mismas cuestiones (\u2026) No hay lugar, por tanto, a tramitar incidente para imponer sanciones en este asunto, por cuanto, como qued\u00f3 explicitado, es reiterativo el proceder del petente en hacer uso de este mecanismo, desatendiendo los constantes requerimientos de la administraci\u00f3n de justicia para que modere la interposici\u00f3n de salvaguardas, quedando acreditado, sin lugar a dudas, su conducta temeraria\u00bb (CSJ STC023-2020). <\/p>\n
5. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la \u00abcondena en costas\u00bb impuesta por temeridad, prevista en el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, se asemeja a una multa o sanci\u00f3n, al respecto ha dicho que: <\/p>\n
\u00abTrat\u00e1ndose de la tutela, la parte final del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, no establece en forma paralela las costas Y la temeridad, sino que identifica \u00e9sta con aquellas, as\u00ed debe ser la lectura de tal norma porque, entre otras cosas, dicha interpretaci\u00f3n es coherente con el car\u00e1cter p\u00fablico, informal, gratuito de la tutela. <\/p>\n
Significa lo anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse de costas cuando se incurri\u00f3 en temeridad; lo que se castiga es la temeridad como expresi\u00f3n del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener raz\u00f3n, de mala f\u00e9 se instaura la acci\u00f3n. Y quien tasa las \u00abcostas\u00bb es el Juez de tutela porque el inciso final del art\u00edculo 25 del decreto 2591\/95 se refiere a \u00e9l (algo muy distinto ocurre en la situaci\u00f3n consagrada en el primer inciso del mismo art\u00edculo en el cual lo principal son los perjuicios). <\/p>\n
Fuera de la temeridad no puede existir otro factor cuantificable en la liquidaci\u00f3n de estas costas y hubiera sido m\u00e1s apropiado emplear la expresi\u00f3n multa por temeridad, puesto que, en la moderna ciencia procesal las \u00abcostas\u00bb responden a factor objetivo y la temeridad a lo subjetivo\u00bb (Resalta la Sala, CC T-443\/95; citada en CSJ STC5621-2019). <\/p>\n
En este orden de ideas, no era necesario entonces que se agotara un tr\u00e1mite previo para que el Juez constitucional lo sancionara pecuniariamente por el abuso del mecanismo de tutela, mucho menos un incidente, como as\u00ed lo sugiere el aqu\u00ed interesado, pues en asuntos similares se ha considerado que: <\/p>\n
\u00aben este caso s\u00ed resulta procedente dicho correctivo aun cuando no se surti\u00f3 un decurso incidental para definirlo. <\/p>\n
Lo aducido porque, de un lado, como lo esgrimi\u00f3 el a quo constitucional, han sido incontables las oportunidades en las cuales se ha negado la pretensi\u00f3n del censor esbozada en id\u00e9nticos t\u00e9rminos frente a la Defensor\u00eda del Pueblo, advirti\u00e9ndosele, en todos los casos, que su actuar contrar\u00eda la moralidad procesal, evidencia un abuso del derecho y se revela como temerario. <\/p>\n
No obstante, aqu\u00e9l ha continuado erigiendo la misma acusaci\u00f3n respecto de ese ente sin explicitar razones para justificarse o allegar prueba alguna que lo excuse, incluso, en este espec\u00edfico asunto, ciment\u00f3 su impugnaci\u00f3n reiterando los reproches contra la autoridad mencionada y se\u00f1alando la ausencia de prueba de su mala fe, cuando los expedientes contentivos de los m\u00faltiples amparos contra la Defensor\u00eda del Pueblo dan cuenta de lo contrario. <\/p>\n
Y, de otro, por cuanto, esta Sala, para decursos como el presente, se acoge desde ahora a lo considerado por su hom\u00f3loga Laboral en la sentencia STL6749-2016 de 16 de noviembre de 2016\u00bb (citada en CSJ STC5621-2019). <\/p>\n
6. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se ratificar\u00e1 el fallo criticado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. STC de 1\u00b0 de diciembre de 2016, exp. 11001-22-03-000-2016-02342-01 <\/p>\n
<\/p>\n
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