STC898-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC898-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00341-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 de diciembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, y la Defensor\u00eda del Pueblo, ambas de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculada la parte pasiva y dem\u00e1s intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccional y administrativas convocadas, en el marco de la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida contra la sucursal de la empresa Audifarma S.A. ubicada en \u00abla calle 105 No. 14-140\u00bb de la ciudad de Pereira, radicada con el No. 2019-00438-00. <\/p>\n
Exige entonces, para la protecci\u00f3n de la aludida prerrogativa, que se ordene al Juzgado Quinto Civil del Circuito de la mentada ciudad, \u00abnotifi[car] la [citada] acci\u00f3n al accionado\u00bb conforme con lo expuesto en la sentencia de tutela proferida por la Corte Suprema de Justicia dentro del radicado No. \u00ab76111221300020200014701\u00bb, y en caso que entere las dem\u00e1s actuaciones de ese mismo linaje por estados, \u00abenvi\u00e9 en ese mismo estado el link q[ue] contenga la acci\u00f3n popular en su integridad a fin de garantizar [el] art[\u00edculo] 29 [de la] CN\u00bb; adem\u00e1s, que se ordene a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y laborales, y, a la Defensor\u00eda del Pueblo, ambas de la misma localidad, que \u00abpresenten acciones legales a fin de garantizar[l]e [el debido proceso] y hacer q[ue] la falladora cumpla [los] art[\u00edculos] 5, 6 [de la] ley 472 de 1998\u00bb1. <\/p>\n
2. En apoyo de tales pretensiones se limit\u00f3 a manifestar, que la titular del aludido estrado judicial se reh\u00fasa a dar aplicaci\u00f3n a los preceptos atr\u00e1s demarcados, sin que adem\u00e1s, los citados organismos estatales realicen alg\u00fan tipo de actuaci\u00f3n para que ello ocurra al interior de la acci\u00f3n popular referida en l\u00edneas precedentes, todo lo cual, asegura, le lesiona el derecho ius fundamental invocado, raz\u00f3n por la que debe ser acogido el reclamo que promueve a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n2. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Procurador Provincial de Pereira, luego de hacer referencia a las competencias que tiene asignadas ese ente de control en la Ley 472 de 1998, solicit\u00f3 exonerar de responsabilidad a dicho organismo, por cuanto que ha cumplido sus funciones en cada una de las acciones populares de las cuales ha sido notificado, no siendo una de ellas la mencionada por el actor3. <\/p>\n
b. El Defensor del Pueblo de la citada ciudad pidi\u00f3 ser desvinculado de la presente actuaci\u00f3n, toda vez que no tiene injerencia alguna en lo pretendido por el accionante4. <\/p>\n
c. El Personero Delegado en Medio Ambiente y Urbanismo de dicha urbe tambi\u00e9n reproch\u00f3 su citaci\u00f3n al diligenciamiento, por cuanto que el tutelante no le enrostra ning\u00fan acto transgresor de derechos fundamentales5. <\/p>\n
d. La Juez Quinto Civil del Circuito de esa capital se opuso al \u00e9xito del resguardo implorado, tras manifestar que \u00aben la actualidad el proceso se encuentra legalmente terminado toda vez que mediante auto del 6 de marzo del [2020], se declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado y se rechaz\u00f3 la misma por agotamiento de la jurisdicci\u00f3n, orden\u00e1ndose en la misma fecha su archivo\u00bb6. <\/p>\n
e. Los dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar frente a la queja expuesta contra la juez acusada, que la misma \u00abcarece de relevancia constitucional\u00bb, ya que el litigio objeto de controversia \u00abse encuentra terminado desde el 6 de marzo del 2020\u00bb, por lo que las pretensiones elevadas contra dicha funcionaria carecen de sentido; as\u00ed como las direccionadas contra la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo de Pereira, pues \u00abtampoco est\u00e1 acreditado que el accionante les hubiera solicitado a esas autoridades lo que mediante esta acci\u00f3n de tutela exige ordenarles\u00bb7. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante se mostr\u00f3 inconforme con lo resuelto, tras esgrimir que \u00abla cosa juzgada no es absoluta sino relava y si la 1 acci[\u00f3]n nada ampara, procede la [a]cci[\u00f3]n popular\u00bb8. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, el cual se encuentra regulado en el Decreto 2591 de 1991, cuya procedencia est\u00e1 ligada a los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable y no se tengan, est\u00e9n en tr\u00e1mite o se hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, cuando se promueve esta acci\u00f3n tuitiva contra una decisi\u00f3n adoptada por una autoridad judicial, la jurisprudencia constitucional ha decantado una serie de requisitos, hoy llamados, causales de procedibilidad, que posibilitan el estudio de fondo del asunto y que se subdividen en gen\u00e9ricas y espec\u00edficas9. Las primeras, atinentes a que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela, mientras que las segundas, alusivas a vicios o defectos denominados: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada por el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, de entrada se anuncia la ratificaci\u00f3n del fallo opugnado, pues de acuerdo con los soportes adosados a las presentes diligencias se observa, que el amparo solicitado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que, como bien lo anot\u00f3 el Juez de tutela de primer grado, la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida contra la citada sucursal de la empresa Audifarma S.A. de la ciudad de Pereira, radicada con el No. 2019-00438-00, fue terminada y ordenado su archivo mediante prove\u00eddo proferido el 6 de marzo de 2020 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, por lo que las supuestas omisiones denunciadas por el actor frente a las autoridades accionadas, sin duda devienen inexistentes. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, como lo pretendido por el tutelante resulta inveros\u00edmil, es indudable que la presente acci\u00f3n constitucional deviene improcedente, dado que ning\u00fan sentido tiene que el juez constitucional estudie las quejas elevadas por \u00e9ste en relaci\u00f3n con unos hechos que no han podido tener ocurrencia, pues, como antes se dijo, el proceso objeto de debate se encuentra terminado y archivado; luego, entonces, mal puede exig\u00edrsele a la juez y a las entidades acusadas que realicen actuaciones dentro de un asunto que se encuentra finiquitado. <\/p>\n
4. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone respaldar, como al inicio se indic\u00f3, el fallo de tutela refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 De acuerdo con la demanda de tutela acopiada al expediente en copia digital que contiene la actuaci\u00f3n surtida en primera instancia. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Informe remitido por la misma senda a esta Corte. <\/p>\n
4 Cit. <\/p>\n
5 Ib\u00eddem. <\/p>\n
6 Ob. <\/p>\n
7 Decisi\u00f3n anexa al archivo digital antes comentado. <\/p>\n
8 Cit. <\/p>\n
9 Consultar al respecto, C.C. SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20. <\/p>\n
<\/p>\n
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