STC899-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC899-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00364-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de diciembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular con Rad. No. \u00ab660013103003 2015 01328 00\u00bb. <\/p>\n
Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de la mentada prerrogativa, que se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira: (i) decretar \u00abla nulidad del auto que termin\u00f3 la acci\u00f3n popular\u00bb; (ii) \u00abconsignar en derecho con radicados completos, las acciones populares donde han aplicado y confirmado desistimiento t\u00e1cito [y] todos los radicados de acciones populares donde ha desistido a voluntad de las renuentes acciones populares\u00bb; (iii) \u00abdigitali[zar] todo lo actuado en la acci\u00f3n popular [y] se las reenv\u00ede al correo electr\u00f3nico a fin que obre en acci\u00f3n penal y en acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por error judicial\u00bb; (iv) \u00abconsign[ar] la norma legal que les permite o permiti\u00f3 aplicar desistimiento t\u00e1cito en una acci\u00f3n de raigambre constitucional\u00bb; (v) \u00abaport[ar] un listado de todas las acciones populares que dormitan en su despacho, incluyendo las acciones populares presentadas en el a\u00f1o 2015 donde no pudo aplicar desistimiento t\u00e1cito\u00bb; y, (vi) vincular a las Salas Disciplinaria y Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, para que aporten copia de las quejas y acciones disciplinarias presentadas contra el juez accionado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que dentro de la acci\u00f3n constitucional en comento, el Juzgado accionado \u00abilegalmente\u00bb decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de ese asunto por desistimiento t\u00e1cito, pese a que, seg\u00fan se indic\u00f3 en la acci\u00f3n popular \u00ab66001310300320150045001, en auto fechado 11 de diciembre de 2017 al consignar\u2026 no aplica CGP, ya que la acci\u00f3n se inici\u00f3 en vigencia de la Ley 1395 de 2010, es decir en el a\u00f1o 2015, por lo que no es aplicable el C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, situaci\u00f3n que, en su sentir, conculc\u00f3 la garant\u00eda invocada. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Alcald\u00eda de Cali pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
b.) El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 el expediente del proceso cuestionado. <\/p>\n
c.) La Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda manifest\u00f3, ni tener competencia para resolver la solicitud del gestor. <\/p>\n
d.) Por su parte, la Defensor\u00eda del Pueblo del Valle del Cauca inform\u00f3, que no ha recibido ninguna solicitud del accionante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras advertir que \u00abal repasar lo sucedido en esta acci\u00f3n popular, refulge la improcedencia del amparo, por la falsedad de los hechos planteados en la demanda, si bien, ese asunto, en la actualidad, est\u00e1 en tr\u00e1mite, inclusive, ya se hab\u00eda corrido traslado para alegar, y lo \u00faltimo que sucedi\u00f3 es que la titular del despacho neg\u00f3 una solicitud del actor para que se declarara impedida, y, en consecuencia, de conformidad con el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 143 del CGP, orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente a esta Corporaci\u00f3n (\u2026). Son improcedentes las dem\u00e1s pretensiones frente al juzgado, comoquiera que no aparecen peticiones en los t\u00e9rminos que aqu\u00ed se plantean, en el expediente que fue remitido. Tambi\u00e9n son improcedentes las peticiones dirigidas a la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo, pues tampoco est\u00e1 acreditado que el accionante les hubiera solicitado a esas autoridades lo que mediante esta acci\u00f3n de tutela exige ordenarles\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor replic\u00f3 el anterior fallo, para lo cual expres\u00f3 que \u00abes m\u00e1s que curioso que la acci\u00f3n popular se haya terminado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Como se ha repetido de manera reiterada la acci\u00f3n de tutela, fue instituida por el Constituyente de 1991 con un car\u00e1cter netamente subsidiario o residual, que comporta que la solicitud de amparo no se abra paso cuando la persona presuntamente agraviada o amenazada en sus derechos constitucionales fundamentales, dispone o tuvo a su disposici\u00f3n en su momento otros medios de defensa judicial, salvo que aqu\u00e9lla se utilice como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. En el presente caso, el accionante se duele, concretamente, porque el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira decret\u00f3 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito de la acci\u00f3n popular con Rad. No. \u00ab60013103003 2015 01328 00\u00bb. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas digitalmente al presente tr\u00e1mite, la Sala advierte que la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, debido a que la supuesta vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso del gestor es inexistente, habida cuenta que, si bien el gestor se queja porque el Despacho accionado aplic\u00f3 las previsiones del art. 317 del C.G. del P. al interior de la acci\u00f3n popular identificada con el consecutivo No. \u00ab2015 01328 00\u00bb, revisado el expediente de la misma se advierte que all\u00ed no se tom\u00f3 tal decisi\u00f3n, sino que el asunto se encuentra en tr\u00e1mite, al punto que el 8 de septiembre del a\u00f1o pasado se realiz\u00f3 la audiencia de pacto de cumplimiento; el 28 de octubre siguiente se neg\u00f3 la solicitud del gestor para que el juzgado cognoscente se declara impedido para seguir conociendo de la acci\u00f3n, y en consecuencia, el 17 de noviembre de 2020 se remiti\u00f3 el decurso al superior funcional \u00abpara los efectos indicados en el art\u00edculo 143 inciso 3 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, donde se encuentra a la fecha; as\u00ed las cosas, para la Corte no existe acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna por parte del Despacho accionado que amerite la intervenci\u00f3n excepcional e impostergable del juez de tutela. <\/p>\n
Al respecto, en un caso de similares perfiles al de ahora la Sala consider\u00f3 que \u00ab[a]nte eventos como el narrado, el resguardo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, porque lo cierto que \u00e9stos no fueron infringidos por el accionado. <\/p>\n
De esta manera, queda en evidencia la conducta del convocante, en hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, pues, invocar hechos infundados e inexistentes como soporte de su reclamo, no solo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los Jueces encargados de resolver el caso, en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por la cual el Constituyente implement\u00f31 la acci\u00f3n de tutela\u00bb (CSJ STC2177-2020). <\/p>\n
Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado, que \u00abel objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026). As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u201d, ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d\u00bb (T-130 2014). <\/p>\n
4. Por otra parte, frente a las solicitudes del actor encaminadas a que se le exija al Juzgado accionado (i) \u00abconsignar en derecho con radicados completos, las acciones populares donde ha aplicado y confirmado desistimiento t\u00e1cito [y] todos los radicados de acciones populares donde ha desistido a voluntad de las renuentes acciones populares\u00bb (ii) \u00abconsign[ar] la norma legal que les permite o permiti\u00f3 aplicar desistimiento t\u00e1cito en una acci\u00f3n de raigambre constitucional\u00bb; y (iii) \u00abaport[ar] un listado de todas las acciones populares que dormitan en su despacho, incluyendo las acciones populares presentadas en el a\u00f1o 2015 donde no pudo aplicar desistimiento t\u00e1cito\u00bb, basta con se\u00f1alar que el presente mecanismo est\u00e1 instituido para la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, m\u00e1s no para prop\u00f3sitos informativos como los pretendidos por aqu\u00e9l. <\/p>\n
5. Finalmente, en lo que tiene que ver con el pronunciamiento reclamado por el gestor para que la autoridad judicial criticada proceda a \u00abdigitali[zar] todo lo actuado en la acci\u00f3n popular [y] se las reenv\u00ede al correo electr\u00f3nico a fin que obre en acci\u00f3n penal y en acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por error judicial\u00bb, y que el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda aporte copia de las quejas administrativas y acciones disciplinarias presentadas contra el juez accionado, cabe precisarle, como lo ha hecho esta Colegiatura en innumerables pronunciamientos, que le corresponde a \u00e9ste dirigir directamente sus peticiones ante dichas autoridades, dada la residualidad y el car\u00e1cter subsidiario que caracteriza la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
6. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece: \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
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